Eduardo Torres Montes

Expediente 583/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
583/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Torres Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de diecinueve de julio de la presente anualidad (foja 31), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que: Se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de cinco días que se concedió al quejoso y a su defensor público para que dieran cumplimiento a la prevención realizada en auto de veinte de junio del año en curso (fojas 21-23), transcurrió sin que se hubiese realizado. En ese sentido, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y, por consiguiente, se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control.

  3. Principal

    Defensor público federal acepta cargo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por ********************, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de trece de junio del año en curso (foja 12), manifiesta que acepta y protesta el cargo de defensor público del aquí quejoso privado de la libertad ********************. En consecuencia, se le tiene aceptando y protestando el cargo mencionado; asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el oficio de cuenta, así como autorizando para tales efectos (en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo) a********************; y ********************, por así haberlo solicitado. Asimismo, se le tiene señalando correos electrónicos para cuestiones no procedimentales; en el entendido de que dichos medios podrán usarse para cuestiones procesales, en casos de excepción, siempre y cuando exista imposibilidad para entablar comunicación con el promovente por los medios tradicionales y en beneficio de la prontitud de la tramitación del presente juicio constitucional; lo que deberá ordenarse al actuario judicial a través del acuerdo correspondiente y en la diligencia respectiva certificarse dicha situación. Además, como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que su nombre de usuario (********************), se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture el campo necesario para la consulta electrónica al referido profesionista. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Hágase del conocimiento del quejoso que le fue asignada para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo al defensor público federal ********************. III. Realización de notificaciones en el presente asunto. Hágasele del conocimiento al quejoso ******************** y a su defensor público federal ********************, que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente al impetrante o a su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a. /J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." IV. Prevención. En principio debe decirse que el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver contradictorios relativos a normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, como presupuesto para el ejercicio de la acción constitucional, se requiere que las vulneraciones a derechos fundamentales tengan origen o sean producto de actos de autoridad, entendiendo por estos aquellos que son dictados, ejecutados, o tratan de ejecutar la voluntad del Estado, a través de cualquier órgano o ente. En el caso particular, el ocurso que se provee se advierte que el promovente en el cuerpo de su escrito, solicita la destitución de su abogado particular y la designación de un defensor público, así como el traslado voluntario a cualquier centro federal más cercano a la Ciudad de México, lo anterior, para estar "más cercas de su familia", aunado a que el centro de reclusión donde se encuentra "no se da abasto" para atender sus padecimientos. Sin embargo, las peticiones -en los términos formulados- no involucran un acto de autoridad susceptible de ser analizado en la vía constitucional. En esa tesitura, con el objeto de desentrañar la pretensión e intención del promovente en su solicitud, y para que este tribunal pueda acordar lo procedente; requiérase al defensor público federal a efecto de que, a la brevedad, se entreviste con su defendido y de manera coordinada (a efecto de evitar expresiones o desahogos contradictorios), esto es, en un solo escrito y, en el plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les hagan del presente proveído, cumplan con lo que a continuación se detalla: a) Precisen si lo que desean promover es una demanda de amparo; caso en el cual deberán dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, es decir, habrán de indicar en primer lugar que acto se reclama en esta instancia constitucional. b) Deberán relatar bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, esto es, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto impugnado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente. c) Asimismo, deberán precisar cuál o cuáles autoridades se señalan como responsables. d) O si por el contrario, lo que pretende es un escrito libre de petición a alguna autoridad judicial, para solicitar su traslado del centro de reclusión en donde se encuentra a uno diverso más cercano a la Ciudad de México. En este punto, es importante que se aclare al quejoso, que el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece la figura del traslado voluntario, de ahí que, éste puede solicitarse a petición de parte ante la autoridad competente, y en caso, de que su solicitud no fuera acordada conforme a sus intereses, puede interponer el medio de impugnación previsto en dicha legislación. Se apercibe al quejoso y a su defensor que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo.

  4. Principal

    Se agrega razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para notificar al defensor público federal Víctor Hugo Mejía Ávila del quejoso privado de la libertad Eduardo Torres Montes, el proveído de trece de junio del año en curso (foja 12), a través de cual se le requiere para que acepte y proteste el cargo conferido. En consecuencia, envíese oficio a la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para que por su conducto notifique el proveído de trece de junio del año en curso, al defensor público federal Víctor Hugo Mejía Ávila en la inteligencia de que deberá remitir a este órgano jurisdiccional, dentro de los tres días siguientes a su recepción, constancia de la que se advierta dicha circunstancia. Para lo cual se adjunta copia del auto materia de notificación. Apercibida que de no contestar, así como de no dar cabal cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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