Eduardo Sandoval Vizcarra

Expediente 676/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
676/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Sandoval Vizcarra
  • EDUARDO SANDOVAL VIZCARRA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 29 DE AGOSTO DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa cumple con requerimiento. Agréguense a los autos los escritos y anexo presentados por los quejosos, mediante los cuales cumplen con los requerimientos formulados en proveído de veintiuno de agosto pasado; por tanto, se provee: II. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado: El proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el juez Décimo Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil ******************** que determinó negar la tramitación del recurso de revocación interpuesto contra el auto de quince de julio de la presente anualidad, en el que se tuvo designando como perito de la parte actora al ingeniero ******************** a efecto de valuar el bien inmueble materia de remate. Para mayor ilustración, en la resolución combatida, el juez responsable negó la tramitación del citado recurso de revocación por las consideraciones siguientes: Su objeto lo constituye anular o dejar sin efecto la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. El fin que persigue es revocar el auto recurrido para que no se ejecute la sentencia ejecutoriada emitida en el contradictorio natural. El dictado de la sentencia actualiza el principio de cosa juzgada, motivo por el cual el recurso de revocación no puede destruir su firmeza procesal. Lo anterior, evidencia la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que: "(.) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (...)". De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Puntualizado lo anterior, se advierte que la demanda en cuestión en relación a los actos reclamados, resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza de manera indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento. En efecto, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo, dentro del procedimiento de remate, puesto que, en la resolución reclamada se negó la tramitación de un recurso de revocación contra el auto de quince de julio de la presente anualidad, en el que se tuvo designando como perito de la parte actora al ingeniero ******************** a efecto de valuar el bien inmueble materia de remate; por lo que es claro que no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que no se ha dictado la resolución que en forma definitiva ordena la entrega del bien rematado, menos aún se ha ordenado la entrega material del inmueble. Máxime que la resolución reclamada no guarda autonomía con respecto al procedimiento de remate, sino que está vinculada directamente con éste. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible, así como, la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que, indistintamente, en forma "definitiva" ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y, además, hubieren trascendido al sentido de la resolución. Acude en apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, visible en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011474, cuyo rubro dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Puesto que en el caso particular, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega material del bien, pues como se dijo, el acto reclamado consiste en el proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el juez Décimo Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil ******************** que determinó negar la tramitación del recurso de revocación interpuesto contra el auto de quince de julio de la presente anualidad, en el que se tuvo designando como perito de la parte actora al ingeniero ******************** a efecto de valuar el bien inmueble materia de remate; por lo que es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente en forma indudable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la licenciada María Quiroz García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2560/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa ante el licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, secretario que autoriza y da fe."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE LE REQUIRIÓ QUE CUMPLIERA CIERTOS REQUISITOS PARA ESTAR EN APTITUD DE ADMITIR O DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO QUE PROMOVIÓ.

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