Eduardo Suárez Jácome
Expediente 1150/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eduardo Suárez Jácome
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de emplazamiento de quince de noviembre del año en curso, misma que fue ordenada por auto admisorio de nueve de noviembre pasado; en atención a su contenido, se tiene por emplazada al presente juicio a Arantza Georgina Velázquez García, con el carácter de tercera interesada. Asimismo, toda vez que no señaló domicilio en ésta plaza para oír y recibir notificaciones, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de nueve de noviembre del actual, y se ordena al personal que fungen como actuarios adscritos a este juzgado hacer las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente. Agréguese a los autos el escrito signado de manera electrónica por Samuel Lara García, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En atención a su contenido, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con el nombre de usuario "Sami190", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta al promovente con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. COMUNICACIONES NO PROCESALES Ahora bien, en relación a los correos electrónicos que proporciona la autoridad oficiante, dígasele que no ha lugar a tener por autorizado ese medio alternativo para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no advertirse la existencia de alguna causa de improcedencia que resulte notoria, manifiesta e indudable, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por Eduardo Suarez Jácome; contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 1150/2023; háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIÓN AL FISCAL ADSCRITO DE LA FEDERACIÓN Con apoyo en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese intervención al Ministerio Público de la Federación, y córrasele traslado con copia de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A efecto de no vulnerar la pronta y expedita administración de justicia, conforme a lo preceptuado por el artículo 17 Constitucional, en relación con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo; atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Asimismo, en términos de los artículos 115, 116 y 117, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que dentro del PLAZO DE QUINCE DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, rinda informe justificado, en el que deberá manifestar en forma expresa y clara, si es o no cierto el acto que se le atribuye y que consiste de manera preliminar en: "RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ACTO OMISIVO Y/O INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL DEBER LEGAL Y/O ABSTENCIÓN Y/O DILACIÓN (conforme al numeral 46 del Código Procesal Civil de Veracruz) RESPECTO DE PRONUNCIARSE DE LA PROMOCIÓN SIGNADA POR EL SUSCRITO EN FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, dentro del expediente 1829/2022 de su índice, sin que hasta la fecha haya recaído acuerdo alguno." [Sic] Ello sin perjuicio que debe pronunciarse por todos los actos que se desprendan de la demanda, además de exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibidas que de no rendir su informe con justificación, se presumirá cierto el o los actos reclamados, o de no remitir las referidas constancias, en la sentencia respectiva, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no correspondan a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con su informe justificado. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se les impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Infórmese a la parte quejosa que si se devuelven los oficios, por inexistencia de las autoridades destinatarias, en su caso, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, requiérase a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este juzgado cuando se haya actualizado alguna causa de sobreseimiento; por tanto, de ser el caso, deberán remitir de inmediato copias certificadas de las constancias respectivas. Apercibidas de que en caso de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta hasta trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión, en razón de que en términos del artículo 128 fracción I de la Ley de Amparo, salvo lo dispuesto en el diverso artículo 127 de la propia Ley, éste solo puede abrirse cuando lo solicite el quejoso, y en el caso, éste no fue solicitado expresamente, ni se trata de un acto que de consumarse sea físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO Ahora, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene en su carácter de tercero interesado a Arantza Georgina Velázquez García, quien tiene su domicilio ubicado en Calle Fraternidad número 1092, entre Zamora y Othón, de la Colonia Unidad Veracruzana, de esta Ciudad de Veracruz. En consecuencia, se comisiona a cualesquiera de las personas que fungen como actuarios, para que conforme al artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se sirva emplazar al presente juicio a la citada tercera interesada en el domicilio mencionado en líneas precedentes, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, por así disponerlo el artículo 27, inciso a) de la Ley de Amparo, a quien conforme al apartado 27, fracción II, de la citada Ley de Amparo, deberá requerirla para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; sin que para ello se requiera de previo acuerdo que así lo ordene. De igual forma, para el caso de que el actuario adscrito al juzgado en comento, no pueda realizar la diligencia en los días y horas que señala el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; con apoyo en lo establecido en el diverso 282 del citado código, se le habilita en días y horas inhábiles a efectuar la notificación de mérito. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Se faculta como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Evangelina Cerecedo Del Ángel y Samuel Lara García, puesto que sí acreditan la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Y, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la ley en la materia, ténganse como autorizada a Wendi Julissa Juárez Vela, pues no se encuentra registrado dentro del sistema mencionado en el párrafo que antecede. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta zona conurbada, cierto y exacto para tal efecto. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con el nombre de usuario "VELWEN97", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la parte aquí quejosa con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así como autorizar para recibir las notificaciones vía electrónicas. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL" LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, en su caso, se les tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
.... en esta fecha se notifica a la parte quejosa por medio de vía electrónica y a los ofendidos V/216/2021 Y O/217/2021 POR MEDIO DE LISTA LA RESOLSOLUCIÓN DEL DIA de hoy que a la letra dice:.SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1326/2021. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa ******************** promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-27). SEGUNDO. Mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se señaló fecha para la audiencia constitucional (fojas 35-39). Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se recibió oficio del Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, por medio del cual proporcionó los domicilios donde podrían ser emplazados las terceros interesados de identidad resguardada O/215/2021 y O217/2021 y la víctima V216/2021 por lo que se ordenó aperturar cuaderno de sigilo a fin de acordar lo conducente respecto al emplazamiento de los mismos (fojas 71-73) mismo que se apertura en dicha fecha y se ordenó el emplazamiento de dichos terceros (fojas 1-8 cuaderno de sigilo). El quince de marzo de dos mil veintidós se emplazó al tercero interesado de identidad resguardada O/215/2021 (fojas 24-32 cuaderno de sigilo). Por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintidós se ordenó emplazar a juicio por edictos a los terceros interesados Joel Armas Balderas (victima) y José Joel Armas Ramírez (ofendido) (fojas 370-371) mismos que fueron publicados los días doce, veintiuno y treinta junio de dos mil veintitrés (fojas 388-396). Asimismo, se hace constar que los terceros interesados no comparecieron a juicio. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 44-46 y 103) y el emplazamiento de los terceros interesados (fojas 24-32 cuaderno de sigilo y fojas 388-396) se llevó a cabo la audiencia constitucional (foja 401 y 402). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, ya que se trata de actos dictados dentro de un proceso penal, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales del gobernado tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) pues se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: a) El auto de legalización de la detención decretada el seis de diciembre de dos mil veintiuno. b) El auto de vinculación a proceso de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del proceso penal 162/2021, del índice del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, Veracruz, en contra de ******************** por su probable participación del hecho que la ley señala como delito de ******************** cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada 216/2021. c) La identificación administrativa (ficha signalética) en contra del aquí quejoso. Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado consistente en c) la identificación administrativa a través de la toma de la ficha signalética del quejoso, que se atribuye a las autoridades responsables 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y 2. Director del Centro de Reinserción Social "Morelos", ambas con residencia en Cosamaloapan, Veracruz Lo que se estima de esa manera en manera que la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado como se advierte del contenido del mismo (fojas 44-46). Y si bien a la diversa autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social "Morelos", con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, al no rendir su informe justificado en término, por auto de dos de marzo de dos mil veintidós se le tuvieron por ciertos los actos reclamados, y en el mismo se le solicitaron copias certificadas de todas las constancias que acrediten el acto reclamado (fojas 82-83) remitiendo oficio o boleta de diez de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Juez de Control donde se le comunicó al auto de vinculación a proceso (fojas 103-104) omitiendo manifestar algo respecto de la identificación administrativa a través de la toma de la ficha signalética del quejoso, empero al tratarse de una autoridad ejecutora y al haber negado la diversa autoridad responsable el acto reclamado, por lo que no es dable considerar cierto el acto reclamado. Negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa, aportando medio de convicción alguno a efecto de demostrar la existencia de lla identificación administrativa (ficha signalética). Por ende, tomando en consideración que la negativa antes señalada no fue desvirtuada, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a la autoridad citada en los párrafos que anteceden por el referido acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se cita en de acuerdo a lo estipulado en el artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de las determinaciones reclamadas (fojas 44-46). Lo que se corrobora, dado que dicho juzgador remitió los registros audiovisuales compulsados en un disco DVD que contienen las resoluciones combatidas (foja 53) asimismo constan medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." También son ciertos los actos atribuidos al 2. 2. Director del Centro de Reinserción Social "Morelos", con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, en virtud de que por auto de dos de marzo de dos mil veintidós se le tuvieron por ciertos los actos reclamados, y en el mismo se le solicitaron copias certificadas de todas las constancias que acrediten el acto reclamado (fojas 82-83) remitiendo oficio o boleta de diez de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Juez de Control donde se le comunicó al auto de vinculación a proceso (fojas 103-104). QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Regularidad constitucional del CONTROL DE LA DETENCIÓN reclamado. Por técnica jurídica, se analiza en primer orden la determinación que calificó de legal la detención del imputado quejoso en el proceso penal de origen. En el caso, se califica de infundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso en su demanda de amparo contra el destacado acto reclamado; por ende, se impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. Premisas normativas Para explicar los motivos por los cuales se califican de esa manera los motivos de disenso de la parte quejosa, se considera oportuno establecer las siguientes premisas normativas. El artículo 16, constitucional, en la parte que interesa, establece lo que a continuación se transcribe: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley". De la norma constitucional reproducida, se obtiene que, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese contexto, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva. Además, se desprende que la flagrancia se actualiza: a). Cuando se detiene al imputado en el momento de la comisión del delito; b). Cuando inmediatamente después de la realización de los hechos delictuosos es perseguida material e ininterrumpidamente; o bien, c). Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito. Por su parte, los artículos 146 y 147, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito; o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente; o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización". "Artículo 147. Detención en caso de flagrancia Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a su disposición." De una interpretación sistemática de los citados dispositivos, se desprende que la flagrancia se actualiza en la detención de una persona cuando: I. Es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo, en virtud que: a) sea sorprendida cometiéndolo y es perseguida material e ininterrumpidamente; o b) sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Hasta aquí las anteriores premisas. Antecedentes Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen a la calificación de legal de la detención del imputado (registro audio-visual): 1). A las 11:07 del seis de diciembre de dos mil veintiuno, se abrió la audiencia en que se individualizó a las partes: fiscal, asesor jurídico, licenciado Luis Enrique Villalobos Antonio; quien dijo contar con cédula profesional número 11572948, expedida por la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como licenciado en derecho, el Investigado ********************; asimismo a las (11:10) el juez de control le preguntó al investigado si desea que lo asista como su defensor particular el licenciado que se encontraba en la sala contestando que sí, quien aceptó y protestó el cargo conferido. Ahora bien, para verificar si el defensor particular del ahora imputado se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, de la consulta que el día de hoy se realiza en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, se advierte que existe registrada la cédula profesional expedida por esa dependencia a favor Luis Enrique Villalobos Antonio con número 11572948, para ejercer la carrera de licenciado en derecho. A las 11:11 el Juez le cuestiona al investigado sus derechos y le contestó que sí, y le pregunta a la defensa si ya le corrieron traslado con copia de la carpeta de investigación contestando que sí. 2). A las 11:12 la fiscalía solicitó al Juez de Control calificara de legal la detención del investigado, exponiendo los motivos, así como los datos de prueba con los que contaba, pues al respecto señaló como segmento fáctico lo siguiente: El tres de diciembre de dos mil veintiuno, cuando elementos de la Unidad Especializada en Combate al secuestro Herón Campomanes Landa y Margarito Román Veracruz, y los elementos Roberto Carlos Bravo Martínez y Cándido Aguilar Vázquez, se encontraban realizando actos derivados de la investigación referente a la denuncia del secuestro de la víctima de identidad resguardada 216/2021 efectuado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, en el rancho ubicado en la localidad Tilapa, municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, acuden a las inmediaciones de la Ciudad de Cosamaloapan, arribando a la Delegación Regional de la Policía Ministerial, entrevistándose con el Comandante Primero para coordinar tareas de investigación, asimismo aproximadamente a las veintiún horas de ese día el Delegado les hace del conocimiento que había recibido un reporte de emergencia del 911 en el cual le reportaron hechos posiblemente relacionados con la privación de la libertad mencionando que en las Lomas Negras también conocido como Lomas del Carmen tenían una persona plagiada a una persona y que por las noches los plagiarios la tripulaban en una moto. Ante el conocimiento de esos hechos ambas coordinaciones se coordinaron para corroborar el reporte recibido. Por ello, los elementos a las veintiún horas con treinta minutos, salen de la Delegación, pasando por varias localidades, y que en Lomas Negras, dieron dos recorridos para corroborar el reporte recibido, y que aproximadamente a las veintidós cuarenta y cinco horas observan del lado izquierdo una luz como si fuera de una motocicleta a una distancia de noventa metros y la tuvieron a una distancia de treinta metros, que esta avanzaba por el camino principal y como los elementos se encontraban a bordo a una camioneta oficial marca Hilux, el elemento Roberto Carlos Bravo Martínez fue quien encendió las luces altas con la finalidad de observar a los tripulantes de la motocicleta, lo que generara que estos tomaran con dirección a Loma de Carmen, les marcaron el alto, encendiéndoles las luces para que detuvieran la marcha, que no realizaron, refiriendo los elementos que la motocicleta la tripulaban tres personas, y que aceleró la marcha el conductor lo que generó una persecución de aproximadamente noventa metros hasta que detuvo su marcha, observando los elementos policiacos, que la persona que tripulaba la motocicleta intentaba bajarse, pero que se lo impedía la persona que venía detrás de él, y que el otro que venía de segundo copiloto corrió hacia un portón que este momentos antes había abierto dándose a la fuga, advirtiendo que la persona que venía en medio se encontraba esposada de las manos, señalando esta última persona al conductor de la motocicleta como una de las personas que lo tenían privado de su libertad y como el que lo estaba trasladando a otro lugar con la finalidad de matarlo, por lo que detienen materialmente a ******************** a las veintidós cincuenta horas de ese día (hasta aquí los hechos fácticos narrados). Los datos de prueba que expuso la representación social para justificar la legalidad de la detención, esencialmente son: el informe policial homologado signado por los elementos captores, concatenado con el oficio de puesta a disposición de tres de diciembre de dos mil veintiuno. Precisó la fiscalía que la detención del investigado se practicó en el supuesto de flagrancia que se contempla en la fracción I, del artículo 146, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a cuando la persona es detenida al momento en que está cometiendo un delito. El hecho ilícito por el cual se intervino y detuvo al investigado lo es el de ******************** previsto en el artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro. Finalmente, previo debate entre la defensa del imputado y el órgano investigador, el Juez de Control determinó calificar de legal su detención. Hasta aquí los antecedentes. Subsunción En el caso concreto, a juicio del suscrito juzgador constitucional, en la detención a que fue sometido el quejoso, se actualiza el supuesto de flagrancia, dado que se aprecia que ésta ocurrió en términos del numeral 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, de lo expuesto en la audiencia respectiva por el juez de control, se aprecia que correctamente calificó de legal la detención del quejoso por el hecho que la ley señala como el delito de ******************** previsto en el artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, conforme a la hipótesis que se prevé en el numeral 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para concluir ello, el juez responsable expuso: que de la dinámica de los hechos se advierte que el señor ******************** fue detenido el tres de diciembre de dos mil veintiuno a las veintidós horas con cincuenta minutos, en la localidad Lomas Negras del Municipio de Chacaltianguis, Veracruz, al momento de estar privando de la libertad resguardada identificada como 216/2021 a bordo de una motocicleta que conducía, siendo ayudado por un segundo sujeto activo que también iba a bordo de la motocicleta, a la víctima la traían esposada de las manos, por lo que los elementos aprehensores al ver que llevaban a la víctima privada de su libertad, les dan alcance, huyendo el segundo sujeto activo, y detienen materialmente al investigado ******************** y liberan a la víctima, lo cual actualiza la hipótesis de flagrancia que se prevé en el numeral 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Con base en las consideraciones de la autoridad, se estima que es infundado el concepto de violación que vierte el quejoso en su demanda de amparo, en el sentido que en la detención no se actualizó el supuesto de flagrancia se contempla en el artículo 146, fracción I, del código adjetivo de la materia, dado que no fue detenido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que señalan los elementos ministeriales, ya que fue detenido el tres de diciembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las doce del día, después de que estuvo trabajando con su padre en la parcela ubicada en la localidad Pepeapa, municipio de Chacaltianguis, Veracruz, cuando iba a bordo de su motocicleta, a ver a su pareja en su trabajo. Lo anterior es así, porque se observa que el juez responsable de manera acertada destacó que la detención del implicado se debió a que fue intervenido al momento en que el quejoso tenía privado de la libertad a la persona de identidad resguardada identificada como 216/2021 a bordo de una motocicleta que conducía, siendo ayudado por un segundo sujeto activo que también iba a bordo de la motocicleta, a la víctima la traían esposada de las manos. En ese sentido, como bien lo adujo la autoridad responsable, la defensa no aportó elemento objetivo para acreditar su dicho en el sentido de que ******************** fue detenido en lugar y momento distinto al que aduce la Fiscalía, ya que si bien la defensa señala que del Registro Nacional de Detención que se levantó, se advierte que esta se llevó acabo a las 10:50 de la mañana del tres de diciembre de dos mil veintiuno, lo cierto es que los datos proporcionados por la Representación Social la detención se llevó a cabo a las 10:50 horas de la noche del tres de diciembre de dos mil veintiuno, y puesto a disposición a las 2:50 horas del cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, de lo que se colige un error por cuanto hace al formato que se utilizó en el Registro Nacional de Detenciones, sin que esto trascienda al resultado de la detención, al tratarse de un error de forma que no desvirtúa el hecho de que se detuvo en flagrancia al imputado al momento de estar cometiendo el hecho con apariencia de delito. Y si bien se observa que el imputado alegó que fue objeto de tortura por parte de los agentes de la autoridad al momento de su detención, lo cierto es que ello no pasó desapercibido por el juzgador responsable, ya que acertadamente ordenó dar vista con dichos hechos alegados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que en ejercicio de sus atribuciones, inicie la correspondiente carpeta de investigación contra los elementos policiacos denunciados; de allí, que la autoridad responsable cumplió con su obligación contenida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por identidad de razón sirve de respaldo a lo anterior, la tesis I.9o.P.115 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Primer Circuito, que se lee: "ACTOS DE TORTURA. SI DE LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO O DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE ADVIERTE QUE PUDO HABER SIDO VÍCTIMA DE AQUÉLLOS DURANTE SU DETENCIÓN, ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA QUE ACTÚE DE ACUERDO CON SUS FACULTADES LEGALES, AUN CUANDO SE PRODUZCA EL FALLECIMIENTO DE AQUÉL EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o., establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, así como de las garantías para su protección; en razón de lo anterior, es obligación de sus autoridades, en el ámbito de su competencia, procurar la protección de los derechos humanos, entre los que se encuentran, la prohibición de la tortura y la protección a la integridad personal, previstos en los artículos 22 y 29 de la Constitución Federal, por lo que no se trata de un deber exclusivo de las autoridades que deban investigar o juzgar el caso de quien refiera haber sido víctima de dicha vulneración. En esa tesitura, cualquier órgano jurisdiccional encargado de administrar justicia que en su marco de actuación tenga noticia o advierta, ya sea porque el inculpado lo declare ante él, o de las propias constancias de autos se desprenda, que aquél pudo haber sido víctima de posibles actos de tortura durante su detención, lo obliga a dar vista al Ministerio Público de su adscripción, para que éste actúe de acuerdo con sus facultades legales, aun cuando se produzca el fallecimiento de aquél en alguna de las etapas del procedimiento, ya que el deceso de la probable víctima de tortura, no impide ni hace impertinente ordenar la aludida vista, en razón de que además de que en su vertiente de delito, la tortura es imprescriptible debido a su gravedad, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones para ser perseguida e investigada, por lo que su vigencia no puede alterarse aun con la pérdida de la vida de la víctima; máxime que pudiera existir la posibilidad de que dicho deceso fuera consecuencia de los probables actos de tortura que se le hubieran inferido y, por ende, que se materializara una circunstancia distinta de reparación hacia los deudos del occiso, por el probable responsable del delito, o el propio Estado, en términos del artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Empero, como bien lo estimó el Juez de Control responsable, a pesar de que el quejoso aduzca que fue torturado durante su detención, ello no incide para calificarla, al menos a ese momento como ilegal, pues para determinar si hubo tortura o no, es necesario contar con la investigación de la Representación Social o con alguna recomendación que emita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero por el momento al no estar debidamente comprobada la tortura, dicho argumento no puede ser utilizado para calificar de ilegal la detención. Por ello es válido legal y constitucionalmente calificar de legal la detención del quejoso, en su hipótesis de flagrancia que contempla la multicitada fracción I, del numeral 146, del código en cita, dado que del informe policial homologado verbalizado por la fiscalía en la audiencia respectiva, se advierte que éste fue intervenido precisamente al tener privado de la libertad a la persona de identidad resguardada identificada como 216/2021 a bordo de una motocicleta que conducía, siendo ayudado por un segundo sujeto activo que también iba a bordo de la motocicleta, a la víctima la traían esposada de las manos. Sobre ese parámetro, se puede concluir válidamente que es correcta la determinación del juez responsable al calificar de legal la detención del quejoso, pues como lo señaló, éste fue detenido al momento de estar privando de la libertad resguardada identificada como 216/2021 a bordo de una motocicleta que conducía siendo ayudado por un segundo sujeto activo que también iba a bordo de la motocicleta, a la víctima la traían esposada de las manos, por lo que los elementos aprehensores al ver que llevaban a la víctima privada de su libertad, les dan alcance, huyendo el segundo sujeto activo, y detienen materialmente al investigado ********************Por tanto, contrario a lo que aduce el solicitante del amparo, la resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial de origen, que calificó de legal la detención del directo quejoso, no transgrede derecho constitucional alguno en su perjuicio. Conclusión En ese sentido, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso, respecto del destacado acto reclamado. SÉPTIMO. Constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado. En el caso, se estiman infundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso en torno al auto de vinculación que combate, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del inciso a), fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo. Lo anterior conlleva a negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se exponen. MARCO JURÍDICO Premisas sobre auto de vinculación a proceso En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, ahora sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: A). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos del disco compacto DVD enviado por el juez responsable, a saber: 1). Continuando con la audiencia inicial (luego de haberse calificado de legal la detención del investigado) a las: 12:14 horas del citado seis de diciembre de dos mil veintiuno, el juez concedió el uso de la voz a la fiscalía, misma que formuló imputación contra el investigado, donde citó los hechos con los cuales, a su criterio, se respalda la misma y respecto de los hechos que la ley señala como el delito de ******************** previsto en el artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro. 12:26 horas El juez preguntó al imputado si le habían quedado claros los hechos atribuidos a su persona o si necesitaban alguna aclaración o precisión, quien contestó que sí entendió la imputación, asimismo le preguntó a la defensa si necesitaba una aclaración de la imputación contestó que no. 12:27 horas El juez preguntó al imputado si deseaba declarar en ese momento, así como que antes de responder, podía consultarlo con su defensor; a lo que éste manifestó que era su deseo declarar, por ello procedió a declarar en ese momento 12:29 horas Ante ello, previo uso de la voz que se concedió a su favor, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso del imputado respecto del delito de ******************** previsto en el artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro. 13:07 horas El juez preguntó al imputado en qué plazo deseaba que se resolviera su situación jurídica; quien previa consulta con su defensor, eligió que se hiciera en el término ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, por ello el juez, atendiendo a la decisión del imputado, autorizó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica y fijó a partir de las once horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno, para continuar con la audiencia inicial. 2). En la audiencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, a las: 13:07 el juez declaró el inicio de la continuación de la audiencia y pidió a las partes presentes se individualizaran: el fiscal, asesor jurídico, defensor particular Luis Enrique Villalobos Antonio, imputado ********************13:07 horas La defensa que se admitan como datos de prueba el testimonio de Lorena Durán Martínez, ******************** Mónica González Martínez y Genaro González Aguilar desahogo 13:30 horas Una vez que llevó acabo el debate entre la defensa, fiscalía y asesor jurídico en cuanto a la admisión de dichos testimonios, el Juez aduce que la defensa ofertó cuatro testigos que van a referirse sobre un mismo punto esto es, que el imputado ******************** no fue detenido en la forma como señalan los elementos aprehensores, lo cual es sobre abundante, por lo cual solicita a la defensa seleccione a dos, por lo que la defensa señala a ********************y ********************admitiendo el juez dichos datos de pruebas, desahogándose dichas testimoniales. 14:02 horas En uso de la voz que se concedió a la Fiscalía en la que reiteró su solicitud a vinculación a proceso, a lo cual se apegó el asesor jurídico, la defensa dio contestación a la solicitud de vinculación a proceso, formulando sus respectivos alegatos; la fiscalía contestó lo alegado por la defensa, a lo cual se apegó el asesor jurídico y reiteró su solicitud de vinculación a proceso. 15:13 horas El juez de control declara cerrado el debate y, resolvió la situación jurídica del imputado, decretando al final de su exposición, esto es a las 15:46 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO contra el hoy quejoso ******************** respecto del delito ******************** previsto en el artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro en agravio de la víctima de identidad resguardada 216-2021 -Esta determinación constituye uno de los actos reclamados en este juicio de amparo-. SUBSUNCIÓN En la especie, se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Que se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Dentro de las constancias que obran en el expediente, se advierte la copia auténtica de la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en la que la Juez de Control responsable dictó el referido auto de vinculación a proceso (fojas 89-92). Lo que además se constata con la reproducción del disco de la videograbación de la audiencia respectiva ante la mencionada autoridad (foja 53) con lo que también se cumple lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. En relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Federal, 55, 56, de la constitución veracruzana, 133, fracción I, 134, 315, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47, fracción I, 48, fracción I, 50, 161, 186 y 187, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; tomando en consideración que citó que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en los municipios de Carlos A. Carrillo y Chacaltianguis, Veracruz, donde aquélla ejerce su jurisdicción. Pero además, se advierte que el juez de control del fuero común responsable, es competente para conocer los hechos ilícitos puesto a su consideración en términos de lo que dispone el artículo 23, párrafo segundo, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, al no encontrarse en alguno de los supuestos que se contemplan en el primer párrafo del aludido numeral. Sirve de respaldo a lo anterior, la jurisprudencia PC.II. J/4 P (10a.) del Pleno del Segundo Circuito, que se lee: "SECUESTRO. LAS AUTORIDADES DEL FUERO COMÚN ESTÁN AUTORIZADAS VÁLIDAMENTE PARA APLICAR LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA. El 4 de mayo de 2009 se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se otorgaron facultades al Congreso de la Unión para que expidiera una ley de carácter general en materia de delincuencia organizada y de secuestro, con la intención de unificar los tipos penales previstos en el Código Penal Federal y en los ordenamientos sustantivos penales de las entidades federativas, a fin de que la Federación y los Estados se coordinaran en la lucha contra dichos ilícitos. Ahora bien, como resultado de lo anterior, se emitió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establece en su artículo 23, párrafo primero, la competencia originaria del fuero federal para conocer de dicho ilícito cuando: a) Se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; b) Se apliquen las reglas de competencia contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Código Federal de Procedimientos Penales; o, c) El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o su relevancia social. En cambio, del segundo párrafo de dicho precepto deriva que en los supuestos no contemplados en los puntos anteriores, serán competentes las autoridades del fuero común; de ahí que con base en los criterios de vigencia del referido numeral, resulta incuestionable que a partir de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, las autoridades estatales son competentes para conocer y resolver respecto de los delitos de secuestro y por tanto, están autorizadas válidamente para aplicar la mencionada legislación general, fuera de los casos de competencia de la Federación." De allí, que se satisface dicho requisito. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el seis de diciembre de dos mil veintiuno, durante la audiencia inicial, el imputado eligió que su situación jurídica se resolviera en ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, se observa que en la continuación de la audiencia inicial esto es el diez de diciembre de dos mil veintiuno, a las 15:46 horas el juez responsable determinó vincular a proceso al imputado respecto del hecho que la ley señala como el delito de ********************. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, y resolvió la situación jurídica del imputado sin exceder del plazo citado elegido. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del registro audiovisual (a las 12:14 horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno) se desprende que en la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación contra el hoy quejoso por su intervención probable en los hechos determinados por la ley como el delito de ********************. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción del registro audiovisual se desprende que en la audiencia inicial de seis de diciembre de dos mil veintiuno, el imputado decidió declarar en ese acto (lo que sucedió a las 12:27 horas) así como en la continuación de la audiencia inicial el diez de diciembre de dos mil veintiuno (a las 15:07 horas). 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que el Juez responsable, al dictar contra el ahora quejoso el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de ********************, previsto en el artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, en agravio de la víctima de identidad resguardada 216-2021, lo realizó considerando únicamente los hechos expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la vinculación a proceso. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que la juez responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público formuló imputación y solicitó vincular a proceso el aquí quejoso, clasificó jurídicamente los hechos en el delito de ********************, donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de su comisión, como se aprecia tanto de la videograbación, como de su transcripción por escrito. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. b) FONDO 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que el juez de control acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso el Ministerio Público y, con los mismos, consideró que se advertían datos que establecían que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de ********************. Lo que realizó considerando los siguientes datos de prueba reseñados por la fiscalía: 1. Asesoría de Gestión de Crisis que llevó acabo la Unidad Especializada en Combate al Secuestro al ofendido 215/2021 (hermano de la víctima directa). 2. Noticia Criminal de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, donde la asesora de gestión de crisis pone del conocimiento la privación de la libertad de la víctima directa 216/2021, así como las llamadas de exigencia por su liberación, autorizándose por parte del ofendido que se realicen los operativos de seguimiento de pago y las diligencias correspondientes. 3. Entrevista al ofendido 215/2021 (hermano de la víctima directa) de la que se obtiene que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno (un día después de que la víctima fuese privada de la libertad) se comenzaron a recibir las llamadas de exigencia por la cantidad de cuatro millones y medio de pesos, cantidad que fue bajando al transcurrir los días, hasta llegar a la exigencia de un millón de pesos. 4. Entrevista de la víctima directa 216/2021 de la víctima directa) quien refirió que fue secuestrado en el rancho ubicado en la localidad de Tilapa, municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, en el que se encontraba trabajando junto con su hijo de identidad reservada 217/2021, cuando seis sujetos del sexo masculino que portaban armas de fuego irrumpieron en el rancho, amagándolos y llevándose a la víctima, subiéndolo a una camioneta Durango que era conducida por ******************** quien fue identificado por la víctima directa 216/2021, posteriormente fue llevado a una casa donde lo tuvieron privado de su libertad hasta el tres de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en la cual fuese liberado por los Policías Ministeriales, cuando ******************** conducía una motocicleta acompañado otra persona, en la que transportaba a la víctima directa, señalando la víctima en su entrevista que lo habían sacado del lugar de cautiverio para matarlo ya que le dijeron que no habían podido juntar la cantidad de dinero que pedían por su rescate. 5. Entrevista al ofendido 217/2021 (hijo de la víctima directa) quien narra la forma en que ocurrió el hecho de la privación de la libertad de su padre, y las llamadas de exigencia por la liberación de su padre. 6. Dictamen 5081 de lesiones de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por el doctor Miguel Palacios Díaz, en el que refiere las lesiones de la víctima directa 216/2021, esto es edemas en manos y pies por la utilización de instrumentos para someterlo, esto es edemas por inactividad en brazos y muñecas por fricción. 7. Dictamen 4316/2021 de valoración psicológica de la víctima directa 216/2021 suscrito por el Perito Psicólogo Diego Alfredo Rodríguez Dorantes, el que se desprende la afectación emocional con motivo de los hechos denunciados, presentando desconfianza en el entorno, hostilidad, y que necesita de diez a cuarenta sesiones de terapia para poder superar el evento delictivo. 8. Dictamen 4320/2021 de valoración psicológica en el que se advierte la valoración psicológica del ofendido 217/2021 (hijo de la víctima directa) suscrito por el Perito Psicólogo Diego Alfredo Rodríguez Dorantes. 9. Dictamen 4319/2021 de valoración psicológica en el que se advierte la valoración psicológica del ofendido 215/2021 (hermano de la víctima directa) suscrito por el Perito Psicólogo Diego Alfredo Rodríguez Dorantes. 10. Dictamen 4304/2021 de fecha cinco de diciembre de dos mil veintiuno, en el que la perito Clara Castro Flores analiza un celular LG propiedad del ofendido 215/2021 (hermano de la víctima directa) en el que se advierten diversas llamadas telefónicas entrantes por partes de diversos números telefónicos mencionados por la fiscalía, llamadas que tenían el objeto de exigir un rescate, dato de prueba que se concatena con la Asesoría de Gestión de Crisis que llevó acabo la Unidad Especializada en Combate al Secuestro al ofendido 215/2021 (hermano de la víctima directa). Tales datos de prueba, como lo dijo el juez de control responsable y, con lo que además comulga este Juzgador Federal, permiten establecer que: El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos (circunstancia de tiempo) la víctima directa de identidad resguardada 216/2021 fue privada de la libertad en el rancho ubicado en la localidad de Tilapa, municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz (circunstancia de lugar) lugar en el que se encontraba trabajando junto con su hijo de identidad reservada 217/2021, cuando seis sujetos del sexo masculino que portaban armas de fuego irrumpieron en el rancho en donde se encontraba la víctima de identidad resguardada 216/2021, amagándolos y llevándose a la víctima, subiéndolo a una camioneta Durango que era conducida por ******************** quien fue identificado por la víctima directa 216/2021, posteriormente fue llevado a una casa donde lo tuvieron privado de su libertad hasta el tres de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en la cual fue liberado por los Policías Ministeriales al detener en flagrancia al imputado mientras conducía una motocicleta acompañado de un segundo sujeto activo, en la que transportaba a la víctima de identidad resguardada, señalando la víctima en su entrevista que lo habían sacado del lugar de cautiverio para matarlo ya que le dijeron que no habían podido juntar la cantidad de dinero que pedían por su rescate (circunstancias de modo). Además, se advierte que, acertadamente, la autoridad responsable explicó que esos hechos tenían la apariencia del delito de ********************, previsto en el artículos 9, fracción I, inciso a), 10 fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro,, pues los enunciados datos de prueba dan cuenta que varios sujetos (seis) participaron en la privación de la libertad de la víctima de identidad reservada, con el propósito de obtener para sí un rescate a cambio de su liberación. En el entendido que esos hechos, como bien lo concluyó la autoridad responsable, se realizaron: b) por un grupo de dos o más personas (en el caso, cinco) y, c) con uso de violencia, pues como se expuso, dicho plagio se llevó a cabo cuando en un primer momento seis sujetos activos sometieron a la víctima y lo amagaron con el uso de la fuerza y uso de armas de fuego, así como que cuando fue liberado de los policías ministeriales tenía esposas. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, el juez de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, hacen patente la posibilidad o probabilidad de que el imputado, de manera conjunta, cometió los hechos que se consideran delictuosos. Conclusión a la que llegó luego de tomar en consideración los señalamientos firmes y categóricos de los elementos de la Policía Ministerial y de los elementos de la UECS quienes elaboraron el Informe Policial Homologado, en los que se contienen los hechos acontecidos el tres de diciembre de dos mil veintiuno en la Localidad de Lomas Negras, Municipio de Chacaltianguis, Veracruz, de la detención en flagrancia de la detención de ******************** en donde ubican la motocicleta la cual era conducida por él, acompañado por un segundo sujeto, quienes llevaban a la víctima esposada y privada de su libertad. Lo que objetivamente la autoridad responsable adminiculó con la Entrevista de la víctima directa 216/2021, en contra de ******************** como la persona que iba conduciendo la motocicleta, por lo que el señalamiento de la víctima se corrobora con el dicho de los Policías que llevaron la detención el flagrancia. Material de convicción que se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que el imputado, cometió de manera conjunta los hechos que la ley considera como el delito de ********************. Además, en cuanto a los argumentos de la defensa, respecto a que dentro de las llamadas telefónicas de exigencia que se recibieron en el celular del ofendido, en ninguna de esas llamadas se advierte el número de teléfono de su defendido ******************** por lo que no se puede acreditar su participación en el delito de ********************; fue acertado que la autoridad responsable adujera que como lo precisó la fiscalía en su intervención, esto no quiere decir que no se haya ubicado al imputado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pue además la forma de intervención que se le endilga al sujeto activo no es como de los que haya realizado llamadas de exigencia, sino que se le atribuye haber conducido un vehículo en el que fue trasladada la víctima hasta el lugar del cautiverio y también se le atribuye conducir una motocicleta en la cual se transportaba a la víctima cuando pretendían privar de la vida. En ese sentido, como lo refiere el Juez de Control, por cuanto hace a las conductas desplegadas por ******************** las mismas obedecen al Condominio Funcional del Hecho, esta figura se refiere a que múltiples sujetos activos realizan diversas funciones o conductas que tienen un mismo fin ilícito: mantener privada de la libertad a la víctima. Estas múltiples funciones son específicas van desde la preparación o planeación de la privación de la libertad, la privación en sí, las llamadas de exigencia, los cuidados durante el cautiverio, el cobro del rescate, la liberación de la víctima, etc. Concluyendo que existe un universo de conductas que se despliegan por los sujetos activos que tienen el fin de privar de la libertad a la víctima, por lo que independientemente si llamó o no llamó ******************** para realizar las llamadas de exigencia, lo cierto es que se ubica como la persona que conducía los vehículos en los cuales se transportó a la víctima. También resulta acorde, que en la audiencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, cuando la defensa propuso como datos de prueba el testimonio de Lorena Durán Martínez, ******************** Mónica González Martínez y Genaro González Aguilar, y una vez que llevó acabo el debate entre la defensa, fiscalía y asesor jurídico en cuanto a la admisión de dichos testimonios, el Juez aduce que la defensa ofertó cuatro testigos que van a referirse sobre un mismo punto esto es, que el imputado ******************** no fue detenido en la forma como señalan los elementos aprehensores, lo cual es sobre abundante, por lo cual solicita a la defensa seleccione a dos, por lo que la defensa señala a ********************y ********************admitiendo el juez dichos datos de pruebas, desahogándose dichas testimoniales, lo cual el suscrito juzgador lo estima correcto, ya que no se obtiene dato que en su caso hiciera indispensable que las cuatro personas rindieran testimonio sobre un solo hecho, por ende, los conceptos de violación en cuanto al tema resultan infundados, máxime que en la audiencia del seis de diciembre el Juez de control responsable ya había calificado de legal la detención. En esa misma idea, estuvo correcto que el Juez de Control descartara los testimonios de ********************y ******************** los que como se asentó fueron ofrecidos por la defensa para desvirtuar la forma en que la Fiscalía afirma que fue detenido ********************Ya que ********************adujo que estaba trabajando en la tienda donde es propietaria cuando vio al señor ******************** siendo aproximadamente las diez o diez y media de la mañana quien llegó a comprar unas cosas y ella le cobró. Por su parte, ********************señaló que estaba en la parcela trabajando en la siembra lugar al que llegó a las siete de la mañana, que también llegó ******************** y su papá, y que estos salieron del lugar como a las once horas con treinta minutos, antes de que el testigo saliera de la parcela y que le consta que ******************** no ha cometido ilícitos porque siempre han trabajado juntos cortando la caña. Concluyendo la autoridad responsable que los testigos no abundan más, no les consta si ******************** fue detenido o no, no apreciaron cuando los policías ministeriales lo detuvieron o dónde ocurrió esta detención, por lo que la teoría de la defensa particular de que su defendido fue detenido en circunstancias de modo, tiempo y lugar distintas a las que aduce la fiscalía no se encuentra corroborada. Por otra parte, en sus conceptos de violación el quejoso aduce que no se le corrió traslado a su defensa con el teléfono celular y las grabaciones del mismo en donde se hicieron las llamadas de exigencia; empero como correctamente adujo la autoridad responsable es necesario establecer que por su naturaleza, no se le puede correr traslado con el teléfono a la defensa pues no se trata de un documento, refiriéndole que dicha evidencia quedaba a vista de la defensa para cuando desee consultarla, requiriendo en ese acto a la Fiscalía para que permitiera a la defensa el acceso en todo momento al celular. Luego, el material de convicción aludido se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que el imputado cometió de manera conjunta con otros sujetos, los hechos que la ley considera como el delito de ********************. También fue acertado que la autoridad responsable ubicara la participación del imputado en la hipótesis que señala el numeral 13, fracción III, del Código Penal Federal, es decir, los que lo realicen conjuntamente, y a título de dolo, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. En ese sentido, se estima que, contrario a lo sostenido por el quejoso en su demanda de amparo, como quedó evidenciado en esta sentencia, la Fiscalía aportó una serie de datos de prueba que constituyen indicios razonables que apuntan a que el imputado, probablemente cometió de manera conjunta el ilícito atribuido, sin que resulte necesario que el Ministerio Público demuestre, en esta fase procesal, la plena certeza de que se ha cometido un delito y la plena responsabilidad de aquélla, dado que ese ejercicio sólo es exigible para el dictado de una sentencia. Así, en el presente caso, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó el juez de control, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que el imputado cometió el delito atribuido, a título de dolo, sin que pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo cuestionar la validez. CONCLUSIÓN De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por la parte quejosa cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación, en donde en el estándar probatorio es flexible y no rígido. Lo que además encuentra respaldo en la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la autoridad responsable, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió el Ministerio Público en la audiencia inicial, de los que consideró que se establecía que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y existía la probabilidad de que el imputado lo cometió; aquí sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.) de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que, en las relatadas circunstancias, el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenido en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad en el acto reclamado que deba declararse de oficio, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto reclamado y por las autoridades responsables, conforme a las razones dadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ******************** contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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