Eduardo Suárez Jácome

Expediente 39/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
39/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Suárez Jácome

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Samuel Lara García, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que de auto admisorio de veinte de enero del año en curso se advierte que únicamente está autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, pues que al momento de presentarse la demanda de amparo no acreditó tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como consecuencia de ello que tenga las facultades de promover a nombre de la parte quejosa. No obstante a lo anterior, atento a las manifestaciones que realiza el promovente en el sentido de que, a la fecha ha quedado registrado ante el referido Sistema de registro, dígasele que, de ser el caso, corresponde directamente a la parte quejosa señalarlo de nueva cuenta como autorizado de su parte, de conformidad al artículo 12 de la Ley de Amparo y en los términos que a su interés legal convenga. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Eduardo Suárez Jácome, en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con dicho extremo, remítanse estos autos, original y copia del escrito que se provee, así como un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 39/2023 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, y turnado ese mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, la parte quejosa, ********************promovió juicio de amparo contra del acto que más adelante se precisará (fojas 1-12). SEGUNDO. Admisión. Por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto del acto reclamado por la niña promovente (fojas 193-200) y se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo en los términos propuestos, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercero interesada ********************, misma que fue emplazada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 207-208). Asimismo se hace constar que la tercero interesada no se apersonó a juicio. Mediante proveído de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 210-211). Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (fojas 220-221). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción II, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: "La resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil ******************** por el titular del juzgado responsable, en la que se declaró parcialmente fundado el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada (aquí quejoso) que regraduó el porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la actora (aquí tercera interesada del 25% (veinticinco) al 15% (quince) por ciento de las percepciones del deudor alimentario. Acto notificado por lista de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional el propio cinco de diciembre de dos mil veintidós (foja 139 del tomo de prueba). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 210). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 131-139 Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Definida la certeza del acto reclamado, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa presentó su demanda de garantías de forma extemporánea al no interponerse la misma dentro de los plazos marcados en la propia ley. MARCO NORMATIVO. Los numerales, fracciones y tesis señalados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica y sistemática de los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si éste no se promueve dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, según corresponda, y que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual debe contarse a partir del día siguiente al que se actualice cualquiera de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 18 de la mencionada ley, a saber: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Cabe señalar que las reglas de temporalidad señaladas tienen aplicabilidad al caso, pues no se reclama una norma general, no se trata de una sentencia definitiva en un proceso penal, ni de un asunto que pueda afectar derechos agrarios de núcleos de población ejidal, ni comunal. Del mismo modo, el acto señalado como reclamado no se encuentra contemplado en la hipótesis que señala la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor que dispone: "cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Así pues, en aplicación del marco jurídico previamente establecido, el suscrito encuentra que en el caso la demanda se promovió extemporáneamente. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil ******************** (Tomo I cuaderno de pruebas) que remitió la autoridad responsable: 1). El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, ******************** por propio derecho y en representación de su menor hija con identidad reservada, a través de las iniciales********************, promovió juicio ordinario civil en el cual demandó de ******************** entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su oportunidad una definitiva a favor de la promovente, así como el pago de una pensión alimenticia provisional y en su oportunidad definitiva en favor de la menor******************** (fojas 1-8 del tomo de prueba). 2). Demanda turnada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz; el cual en auto de esa misma fecha acordó: admitir y radicar la citada demanda con el número de juicio ********************; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional del cincuenta por ciento (50 %) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como empleado de la Comisión Federal de Electricidad, Coordinación Corporativa Nuclear (central Nucleoeléctrica Laguna Verde) a favor de la menor de identidad reservada con las iniciales******************** y de su madre; asimismo, se ordenó emplazar a juicio al demandado (fojas 10-12 del tomo probatorio). 3). El demandado fue emplazado por comparecencia de seis de octubre de dos mil veintidós (foja 15 del tomo probatorio) posteriormente, dado que se justificó que la menor de identidad reservada con las iniciales******************** se encontraba bajo el resguardo de su padre (quien tiene el carácter de demandado) se dejó sin efectos la pensión provisional decretada a favor de la infante, subsistiendo la decretada a favor de la concubina del demandado, consistente en el 25% (veinticinco por ciento) de las percepciones del deudor alimentario (foja 16 del cuaderno probatorio). 4) Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, ********************contestó la demanda instaurada en su contra, e hizo valer recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional fijada y ofreció diversos medios de prueba para sustentar su petición; contestación de demanda y recurso que se tuvieron por recibidos mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, dejándose a la vista de la parte actora por el plazo de tres días (fojas 33-105 del cuaderno probatorio). 5). El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se recibió escrito signado por la actora ******************** desahogando la vista que se le diera con el escrito de reclamación, y mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se turnaron los autos para resolver el recurso planteado (fojas 106, 111-129 del tomo de prueba) 6). El cinco de diciembre de dos mil veintidós, el juez instructor resolvió: declarar parcialmente fundada la reclamación, se regraduó el monto de la pensión provisional inicialmente fijada a favor de la promovente, del 25% (veinticinco por ciento) al 16% (dieciséis por ciento) del salario y salario extraordinario que percibe el deudor alimentario (fojas 131 a 139 del tomo de prueba) determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora, como ya quedó asentado, de las constancias del expediente ******************** del índice del Juzgado responsable se advierte que la resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, la cual constituye el acto reclamado, fue notificada a las partes por medio de lista de esa propia fecha (foja 139 del cuaderno de prueba). Forma de notificación prevista en el numeral 74, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y que resulta aplicable al no tratarse, el citado acuerdo, de alguno de los supuestos previstos en el artículo 81 del citado cuerpo de leyes. Asimismo, con relación a la citada forma de notificación, el código procesal en comento señala en sus dispositivos 77, párrafo segundo y 78, que la notificación podrá hacerse de forma personal a los interesados o sus representante si acuden al local del Juzgado con ese objeto, ya sea el mismo día o al día siguiente que se dictó la resolución correspondiente y en caso de no hacerlo así, se tendrá por hecha la notificación y surtirá todos sus efectos legales al siguiente día de su publicación por lista o estrados en el órgano jurisdiccional. De ahí que, en todo caso, el plazo para interponer el juicio de garantías en contra de dicha resolución comenzó a correr desde el siete de diciembre de dos mil veintidós (día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación por lista) y feneció el día veintisiete de diciembre de ese mismo año, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, ya que son inhábiles por corresponder a sábados y domingos. De ahí que si el quejoso promovió su demanda de garantías el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, resulta evidente que dicha petición de garantías resulta extemporánea. Así se confirma que el plazo de quince días con que contaba el quejoso para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado, transcurrió del siete al veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, sin contar los días inhábiles antes señalados; por ende, al treinta de diciembre de dos mil veintidós, en que se presentó la demanda de amparo, ya se encontraba vencido dicho plazo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. Debiendo resaltarse que aun cuando los periodos vacacionales para los Juzgados de Primera Instancia en el periodo vacacional de invierno para el año dos mil veintidós abarcaron, según la circular Número 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, resultante la Sesión Extraordinaria de cinco de enero de dos mil veintidós, se designaron del doce de diciembre de dos mil veintidós al tres de enero de dos mil veintitrés, y del once de enero al uno de febrero de dos mil veintitrés; tal circunstancia no eximía al promovente de presentar su demanda de amparo en tiempo y forma. Lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la citada circular número 1, en los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de la materia familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno; en los recintos judiciales que conozcan de asuntos familiares, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar; en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados (en la ciudad de Veracruz hay Juez Octavo, Juez Décimo, Juez Décimo Segundo y Juez Décimo Cuarto, todos de Primera Instancia, Especializados en Materia de Familia) las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar; y las labores de los juzgados en materia familiar no se interrumpirán durante las vacaciones. Al efecto, resulta conveniente transcribir en lo que interesa, el contenido de los citados numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dicen lo siguiente: "Artículo 194. Los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de las materias penal o familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno. En los recintos judiciales que conozcan de asuntos de familia, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar. Al reanudarse las labores, el secretario dará inmediata cuenta al juez de los asuntos urgentes que haya conocido para el efecto de su continuación procesal. El personal de guardia disfrutará de sus vacaciones en las fechas que fije el Consejo de la Judicatura. (.) "Artículo 195. Las labores de los Juzgados en Materias Penal y Familiar no se interrumpirán durante las vacaciones. En Materia Civil, se suspenderán el trámite procesal y los términos judiciales hasta que se reanuden dichas labores, con observancia de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en materia de términos judiciales." Asimismo, de la citada Circular 1, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de seis de enero de dos mil veintidós, en el apartado de acuerdo, punto primero, fracción IX, se advierte lo siguiente: "IX.- En materia familiar, de conformidad con los numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se interrumpirán las labores durante las vacaciones, por lo que, en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados, en congruencia con los numerales 194 y 195 antes citados, las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar. Informando a esta dependencia con toda oportunidad, en relación al personal de guardia asignado que cubrirá el periodo vacacional, para efecto de control.". Lo anterior, brinda soporte a la resolución que al efecto se emite, en el sentido de que aun cuando el Juzgado responsable hubiera gozado su periodo vacacional en el primero de los mencionados periodos, ello de ninguna forma hubiera impedido que el quejoso presentara su demanda de amparo, pues al efecto estuvo en posibilidad de acudir ante el juzgado de guardia en caso de estimarlo necesario para la formulación de su demanda; y al no haberlo hecho así, es claro que para cuando presentó su libelo de garantías, esto es, el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, lo hizo en forma extemporánea. Sin que pase inadvertida que la citada fecha se encuentra dentro del citado periodo vacacional pues conforme al marco anterior no se advierte impedimento para presentar la respectiva demanda dentro del plazo de ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Del mismo modo, guarda relación, por las razones que la informan, la tesis de Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA. CUANDO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DIAS EN QUE LAS RESPONSABLES GOZAN DE VACACIONES. Para realizar el cómputo del término al que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe contarse el tiempo en que los empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz disfrutan del período vacacional, si consta que durante ese período quedó una sala de guardia, ya que no debe perderse de vista lo que dispone el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en el sentido de que: "En el Tribunal Superior de Justicia, funcionará durante los dos períodos de vacaciones una sala de guardia integrada por un Magistrado de cada una de las Salas regulares y un secretario, para el despacho de los asuntos urgentes, personal que será designado por el Magistrado presidente y que posteriormente hará uso de sus vacaciones. Se consideran asuntos urgentes los casos de desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público; los referidos a demandas de amparo ...". No es óbice para lo antes expuesto, que en el presente asunto se encuentre involucrado una cuestión de alimentos, puesto que ello no implica que por tal circunstancia deban desatenderse las reglas de procedencia del juicio de amparo. Guarda relación por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Lo resaltado es propio de esta resolución. Asimismo, resulta importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." De ahí que aun cuando en el caso operara en favor del quejoso algún caso de excepción a la causal invocada, el referido proveído no podría ser analizado desde la perspectiva de sus consecuencias de manera desligada de la resolución que le dio origen. CONCLUSIÓN. En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, en lo que ve al acto reclamado analizado en el presente considerando. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada, la sentencia engrosada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Eduardo Suárez Méndez; en atención a su contenido, téngase al promovente, haciendo diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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