Eduardo Saucedo Mendieta

Expediente 751/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
751/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Saucedo Mendieta
  • EDUARDO SAUCEDO MENDIETA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de diez de junio de dos mil veintidós por el que se determinó desechar la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de junio de dos mil veintidós. Parte quejosa cumple prevenciones. La parte quejosa, Eduardo Saucedo Mendieta, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Marco Antonio Saucedo Mendieta y Maribel Paleta Díaz, cumple las prevenciones que le fueron formuladas en proveído del veintiuno de abril de dos mil veintidós, en atención a lo siguiente: Mediante acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, se tuvo al justiciable exhibiendo copia certificada del poder para pleitos, cobranzas y actos de administración que otorgaron Marco Antonio Saucedo Mendieta y Maribel Paleta Díaz, a su favor, contenido en el instrumento notarial número noventa y dos mil quinientos cincuenta y tres. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al impetrante aclarando que las autoridades responsables son el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y el Diligenciario de su adscripción. En el escrito de cuenta, bajo protesta de decir verdad, el quejoso precisa que la resolución emitida en el expediente 1606/2019, que impugnó mediante el recurso de reclamación, fue el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se determinó llamar a juicio a Sebastiana Ramírez Mendieta, a través de quien legalmente represente su sucesión, toda vez que se le debe dar la oportunidad de hacer valer sus derechos en el juicio de origen. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, precisa que en la sentencia interlocutoria de quince de marzo de dos mil veintidós que resolvió el referido recurso de reclamación [acto reclamado], se ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario de Sebastiana Ramírez Mendieta, quedando intocadas las actuaciones practicadas por quienes intervinieron en el litigio. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, se advierten los datos siguientes: Parte quejosa. Eduardo Saucedo Mendieta, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Marco Antonio Saucedo Mendieta y Maribel Paleta Díaz. Autoridades responsables. Juez y Diligenciario adscritos al juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Acto reclamado. Resolución interlocutoria de quince de marzo de dos mil veintidós dictada en el expediente 1606/2019, por la que se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable dejó insubsistente el auto de citación para sentencia y ordenó la reposición del procedimiento para el único efecto de integrar al juicio a la sucesión de Sebastiana Ramírez Mendieta, por considerar que se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario, pero quedando intocadas las actuaciones practicadas por quienes ya intervinieron en el litigio. Desechamiento. Atento a lo anterior, del análisis integral del escrito inicial y sus aclaratorios, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En el caso, un primero motivo de improcedencia notoria y manifiesta consiste en que la presentación de la demanda se realizó fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XIV, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." Del primero de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 17 de la ley de la materia establece claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días; en el entendido que existen casos de excepción, como por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Finalmente, el artículo 18 establece tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Finalmente, el artículo 19 establece cuáles son los días que se consideran hábiles para la promoción y substanciación del juicio de amparo. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. En el presente caso, se actualiza la primera hipótesis en virtud de que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la resolución reclamada se le notificó el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por lo que el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe realizarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la dicho acuerdo. Por tanto, si dicha notificación se realizó el dieciséis de marzo, surtió sus efectos el diecisiete siguiente, y el referido plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para impugnar los actos reclamados, transcurrió del dieciocho de marzo al ocho de abril de dos mil veintidós, como se pone de manifiesto en el siguiente cuadro: MARZO 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 15 Se emite resolución reclamada 16 Se notifica 17 Surte efectos 18 Día 1 19 (Día inhábil) 20 (Día inhábil) 21 (Día inhábil) 22 Día 2 23 Día 3 24 Día 4 25 Día 5 26 (Día inhábil) 27 (Día inhábil) 28 Día 6 29 Día 7 30 Día 8 31 Día 9 ABRIL 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 10 2 (Día inhábil) 3 (Día inhábil) 4 Día 11 5 Día 12 6 Día 13 7 Día 14 8 Día 15 9 (Día inhábil) 10 (Día inhábil) 11 12 Se recibió demanda ante la OCC En esas condiciones, si el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del dieciocho de marzo al ocho de abril de dos mil veintidós, y la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, hasta el doce de abril del año en curso, es evidente que su presentación resulta extemporánea y, por ese motivo, el acto reclamado fue consentido tácitamente. No se soslaya que la parte quejosa presentó su demanda de amparo indirecto el siete de abril de dos mil veintiuno ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, ya que la presentación de la demanda ante alguna autoridad diversa a la competente para reconocer y tramitar el juicio de amparo, no interrumpe el plazo para su promoción. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1282, Tomo XXVI, Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en agosto de 2007, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." Asimismo, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 75, Tomo VII, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación en Enero de 1991, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ANTE QUIEN DEBE PRESENTARSE. Tratándose de amparo indirecto, el artículo 114 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece que se pedirá ante el Juez de Distrito, pero no señala ante quien corresponde presentar la demanda. Por lo tanto, como ninguna disposición señala que pueda presentarse ante la autoridad responsable, si a pesar de ello el quejoso lo hace, no puede estimarse promovido el amparo en la fecha en que fue indebidamente presentado ante una autoridad a la que la ley no faculta para recibirlo, sino que tendrá que considerarse como fecha de presentación la del día en que la demanda llegó a conocimiento del Juez de Distrito." Derivado de lo anterior y dado que la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, hasta el doce de abril del año en curso, tal como lo revela el sello que consta en el ofició que remitió la autoridad señalada como responsable, debe concluirse que resulta extemporánea la presentación de la demanda, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía la parte quejosa para impugnarlo, dado que la autoridad responsable no tenía obligación de remitirla inmediatamente, pues como ya se dijo se trataba de una demanda dirigida a un Juez de Distrito, por tanto, la carga procesal para la presentación de la demanda corresponde a la parte quejosa, no así de la autoridad responsable. Acto reclamado no es de imposible reparación. Sin perjuicio de lo anterior, un segundo motivo para considerar el desechamiento de la demanda propuesta, consiste en que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Incluso, en relación con la improcedencia del juicio de amparo contra actos intraprocesales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que puede desecharse una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto". En el caso, de los antecedentes narrados por la parte quejosa se desprende lo siguiente: Que en el juicio de nulidad de juicio concluido que promovió la parte quejosa y que se radicó en el expediente 1606/2019, del índice del juzgado responsable, se desahogaron las pruebas aportadas por las partes y se turnaron los autos para dictar sentencia. Sin embargo, mediante auto de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable determinó dejar insubsistente ese auto y reponer el procedimiento para el único efecto de integrar al juicio a la sucesión de Sebastiana Ramírez Mendieta, por considerar que se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario, pero quedando intocadas las actuaciones practicadas por quienes ya intervinieron en el litigio. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación, el que se resolvió en la interlocutoria del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el sentido de declararlo infundado y confirmar el auto recurrido, la cual consiste en el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, se colige que los efectos de la resolución reclamada, únicamente se traducen en confirmar el auto que ordenó llamar a juicio a Sebastiana Ramírez Mendieta, a través de quien represente su sucesión, a fin de que deduzca sus derechos en el juicio de origen y con ello se encuentre debidamente entablada la litis para dictar sentencia definitiva; por tanto, no puede considerarse que la interlocutoria reclamada actualice la hipótesis de procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, ya que no actualiza una afectación de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, sino que, en todo caso, sólo podría afectar derechos procesales. En efecto, debe destacarse que de lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se desprende que la reposición del procedimiento decretada por el juez no tuvo por finalidad dejar insubsistentes las actuaciones practicadas en el juicio de origen, sino únicamente llamar al procedimiento a la referida sucesión, esto es, únicamente tiene por finalidad integrar la litis. En esas condiciones, se estima que la resolución reclamada no genera un daño de imposible reparación a la parte quejosa, pues basta que se llame a juicio a la sucesión de Sebastiana Ramírez Mendieta, y se le dé oportunidad de emprender la defensa que considere oportuna, para que el procedimiento de origen se vuelva a ubicar en un estado procesal que permita emitir la sentencia correspondiente, en la que de ser favorable al interés de la parte quejosa, haría irrelevante la violación que pretende combatir en este juicio, o en caso contrario, estará en posibilidad de impugnar esa sentencia a través del medio ordinario relativo, y en su caso, a través del juicio de ampro directo en el que combata tal actuación como una violación procesal. Ahora, no resulta obstáculo el restante contenido de la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." Sin embargo, dicho criterio resulta inaplicable al presente caso, ya que se sustenta en dos premisas; la primera, consistente en que se hubiera emitido una sentencia y el tribunal de alzada la dejara insubsistente para ordenar la reposición del procedimiento, y la segunda, que dicha actuación se consideró impugnable a través del juicio de amparo indirecto, por actualizar una violación en grado predominante o superior, precisamente por dejarse insubsistente la sentencia de primer grado. Sin embargo, en el presente caso, no se ha emitido una sentencia definitiva; pero principalmente, porque la premisa relativa a la violación en grado predominante o superior, ya no resulta útil para considerar la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues aun cuando en la ejecutoria de la que emanó dicho criterio, se analizó el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a su reforma del dos mil once, lo cierto es que el citado criterio se sustentó en que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento es un acto de imposible reparación por afectar a las partes en grado predominante o superior, tal como se pone de manifiesto con la transcripción de la ejecutoria relativa, que en la conducente dice: "(.) En la especie, se actualiza la última hipótesis descrita, la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente la litisconsorcio pasiva necesaria, es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues en virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, eventualmente, ser inútil." Sin embargo, como ya se ha dicho, la regla relativa a los actos en juicio que afectan a las partes en grado predominante o superior, ya fue superada por la definición que se establece en la Ley de Amparo vigente, la cual prevé que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, tal como se estableció en la jurisprudencia 37/2014, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Apoya lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En esas condiciones, se estima improcedente el juicio de amparo promovido en contra de la interlocutoria de quince de marzo de dos mil veintidós dictada en el expediente 1606/2019, por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, en la que confirmó el auto que ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de llamar al juicio a la sucesión de Sebastiana Ramírez Mendieta, con el fin de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, ya que como ha quedado precisado, no produce en la parte quejosa una violación material y directa a sus derechos fundamentales, sino en su caso, sólo implica una afectación a derechos adjetivos o procesales, sin desdoro del retardo que se pudiera generar para la emisión de la sentencia correspondiente, ya que ésta no actualiza violación alguna al principio de justicia pronta, por lo que tampoco se justifica la procedencia del presente juicio, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, por haberse presentado la demanda fuera de los plazos previstos para promoción del juicio de amparo indirecto, aunado a que también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, ya que la resolución reclamada no afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Eduardo Saucedo Mendieta, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Marco Antonio Saucedo Mendieta y Maribel Paleta Díaz. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Sise). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ..VII. DECISIÓN 30. En atención a las consideraciones expuestas y a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento a los artículos 17 constitucional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según corresponda, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y Actuario de su adscripción, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: 1) Emita el acuerdo correspondiente en la que señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ... de su índice, el cual deberá ser dentro de los plazos establecidos en la ley laboral. 2) Se notifique a las partes en el juicio laboral de origen el proveído correspondiente en la que señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ... Luego, en auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto y se requirió a las responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Mediante proveídos de cuatro y treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla informando las gestiones realizadas dentro del juicio laboral de origen ... a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo que nos atañe. Posteriormente, en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 6977/2022 de la autoridad responsable, Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual remitió copia certificada del auto de doce de abril de dos mil veintidós en el juicio primigenio ..., del cual se obtiene lo siguiente: ............ Declaró infundado el incidente de previo y especial pronunciamiento de Nulidad de Notificaciones. Desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, pronunciándose respecto de la procedencia y preparación de cada una de ellas. Posteriormente, en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 7968/2022 de la autoridad responsable, Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual remitió copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes en el juicio primigenio ..., por cuanto hace al auto de doce de abril pasado. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haber: Desahogado de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ...; y, Notificado a las partes del juicio primigenio. De esta manera, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Autoridad devuelve oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Consultora Jurídica General en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; visto su contenido, se provee: Téngase a la autoridad oficiante devolviendo el oficio 15477/2022 dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que refiere que la representación de la mencionada autoridad responsable corresponde a la Secretaría de Economía. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Se reexpide oficio. Atento a lo anterior, se ordena reexpedir el oficio 15477/2022 dirigido al PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR CONDUCTO DE LA DIRECTORA DE CAMARAS EMPRESARIALES Y DESARROLLO REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA (Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025. Col. San Jerónimo Aculco, Alcaldía Magdalena Contreras. C.P. 10400, Ciudad de México), que fue devuelto a fin de que la autoridad tenga conocimiento de la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

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