Eduardo Sánchez Hernández

Expediente 2217/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2217/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Sánchez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Se remiten los cuadernos incidentales al archivo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído del doce de agosto de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido, por tanto, se provee lo siguiente. Tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva; por tanto, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Se devuelve expediente al archivo. Finalmente, toda vez que el presente juicio fue sustraído del archivo de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, devuélvase al mismo para su resguardo. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. ? Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de la Titular de la Dirección Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, a través de su representación; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo , se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo(s) en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que menciona en el comunicado que se provee. ? Se levanta reserva. Ahora, visto el estado de autos, toda vez que mediante proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve este juzgado, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada y la prueba testimonial ofrecida por el quejoso, hasta en tanto se contara con el informe justificado, y toda vez que esto ya sucedió, al respecto en obvio de mayores dilaciones, se levanta la reserva en mención y se provee al respecto: Emplazamiento de tercera interesada. El artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario a él. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como tercera interesada a ***, no obstante, carece de esta calidad, en virtud de que no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el precepto legal en cuestión. ? Se provee sobre pruebas de la parte quejosa. Por otra parte de autos se advierte que mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de este juzgado, el quejoso ***, ofreció la prueba testimonial la cual fue presentada oportunamente de conformidad con el artículo 119 de Ley de Amparo . En consecuencia, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba testimonial ofrecida por el quejoso ***, la cual se desahogará al tenor del interrogatorio inserto en el escrito presentado en este juzgado el nueve de diciembre del año en curso. En consecuencia, córrase traslado a las partes con la copia simple del mismo, para que puedan, si es su deseo, ampliarlo por escrito en un plazo de tres días, o en su caso, podrán formular repreguntas al verificarse la audiencia. Requiérase a la parte quejosa -oferente de la prueba- para que el día y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional, presente a sus testigos con identificación oficial vigente , apercibiéndola que de no hacerlo, se declarará desierta la prueba en cuestión, en su perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE PRESENTACION DE LOS TESTIGOS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA SU DESAHOGO, FACULTA AL JUEZ DE DISTRITO PARA DECLARARLA DESIERTA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, se desprende en primer lugar que la información testimonial se desahoga en la audiencia constitucional, y en segundo lugar que el oferente debe aportar los elementos necesarios para ello, como lo es exhibir el interrogatorio respectivo al momento de anunciarla y presentar a los testigos al celebrarse la audiencia constitucional. El único caso de excepción en términos del artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, es cuando éste al anunciar la prueba manifiesta su imposibilidad para lograr su comparecencia, debiéndose señalar su domicilio respectivo, para que el juez de Distrito tenga la obligación de citarlos, con el apercibimiento correspondiente. Siendo así, la circunstancia de que no se hubiera prevenido al oferente para que presentara a sus testigos en la audiencia constitucional, ello no quiere decir que el a quo al declararla desierta actúe en forma rigorista, sino atento a lo previsto en el citado artículo 151 de la Ley de Amparo . ? Diferimiento. En tal sentido, con fundamento en el artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles." Finalmente, se fijan para su celebración las doce horas con veinte minutos del siete de enero de dos mil veinte. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Se reserva proveer sobre prueba testimonial. Visto el escrito del quejoso ***, mediante el cual ofrece la prueba testimonial a cargo de ***; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y resérvese acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Notifíquese.

  4. Incidental

    Agréguese a los presentes autos el oficio 510.E.-21528 únicamente para que obre como corresponda, sin que haya lugar a realizar mayor proveído, toda vez que mediante auto de veintiocho de noviembre pasado se tuvo por recibida esa comunicación oficial y se proveyó lo conducente. Por otra parte, el Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado de Puebla, hoy Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informa las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remite las constancias que así lo acreditan, solicita se requiera a la parte quejosa exhiba ciertas documentales y solicita prórroga para dar total cumplimiento a los efectos del fallo protector. Efectos del fallo protector. En el fallo protector se concedió el amparo, para los efectos siguientes: [1] La Delegada Estatal de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado, deje insubsistente el procedimiento administrativo que concluyó con la resolución del siete de junio del dos mil diecisiete, por la que se determinó la baja de la quejosa del padrón activo de familias beneficiarias. [2] La protección constitucional debe comprender también que la responsable otorgue a la quejosa los apoyos que hubiera dejado de percibir desde el siete de junio del dos mil diecisiete a la fecha en que se tenga por cumplimentada la presente sentencia, pues sólo de este modo se restituye en su integridad a las peticionaria de amparo en el derecho fundamental transgredido. [3] En el entendido que lo concluido en este fallo, no impide a la autoridad responsable iniciar otro procedimiento tendente a verificar si la quejosa actualmente cumple o no los criterios de elegibilidad del programa social Prospera, Programa de Inclusión Social, o el que actualmente lo hubiera sustituido en atención a las nuevas políticas sociales, siempre que en respeto a la garantía de previa audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, le notifique a la quejosa el inicio del procedimiento en su contra, le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa, y le permita alegar lo que a su derecho convenga. [4] En la inteligencia que para dar plena operatividad a ese derecho, las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que la parte quejosa comprenda las consecuencias del inicio del procedimiento administrativo de baja y la forma en que podrá defenderse, para lo cual deberán verificar que cuente, desde un inicio, con asistencia jurídica y, en todo momento, brindarle la posibilidad de defenderse con facilidad y sin tener que comprometer los pocos recursos que tiene a su alcance para satisfacer sus necesidades básicas. [5] Finalmente, dada la conclusión anterior, la Subdirectora de Atención Operativa de Prospera Programa de Inclusión Social en el Estado, deberá dejar sin efectos el oficio DEPP/1859/18, al haberse concluido que debe quedar insubsistente el procedimiento administrativo de origen." Del informe remitido, se desprende que la autoridad responsable: a) Dejó sin efectos la resolución de siete de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente administrativo AOCE21-D03C-010-17-00926, a través del cual se había decretado la baja de la quejosa María Araceli Pozos Hernández de PROSPERA Programa de Inclusión Social. b) Dejó sin efectos el oficio DEPP/1859/18 del catorce de junio de dos mil dieciocho dictado por la Subdirectora de Atención Operativa de PROSPERA. c) Identificó a la familia de María Araceli Pozos Hernández con tres integrantes y procedió a su reactivación en el padrón de beneficiarios. d) Solicitó a Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) la emisión y entrega de una nueva tarjeta bancaria a la quejosa bajo la modalidad de canal abierto, a fin de que una vez confirmada su entrega, sean dispersados los apoyos retroactivos correspondientes. e) Informó que se encuentra en proceso el cálculo de los apoyos monetarios retroactivos, correspondientes al componente alimentario, desde el bimestre que causó baja del programa, septiembre-octubre de 2017 (bimestre operativo noviembre-diciembre de 2018) hasta el bimestre de corresponsabilidad julio-agosto de 2018 (bimestre operativo noviembre-diciembre de 2018) siento este último el bimestre con el que concluyó el ejercicio fiscal 2018. f) De igual forma, informó que para realizar la cuantificación del componente educativo, es necesario que la quejosa exhiba la documentación comprobatoria que acredité el último nivel y grado escolar cursado por el integrante becario, previamente registrado de la familia; y, g) Finalmente, que por cuanto hace a la emisión de apoyos de enero de 2019 hasta la fecha de reactivación, se procederá a la emisión de apoyos retroactivos de la Beca Bienestar Familias de Educación Básica de los bimestres enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio de 2019, bimestres que se dispersaron durante el Ciclo Escolar 2018-2019, así como los apoyos correspondientes del Ciclo Escolar 2019-2020, conforme a la documentación que exhiba la quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que ... Se reserva proveer lo relativo a la prórroga solicitada por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento al fallo protector, hasta en tanto la parte quejosa desahogue el requerimiento que le fue formulado previamente; o bien, transcurra el plazo concedido para tal efecto.

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