Eduardo Sánchez Sánchez

Expediente 30/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
30/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Sánchez Sánchez
  • Víctor Águila Anel
  • Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, Tlaxcala.
  • Rafael Zambrano Cervantes, Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado el trece del mes y año en curso en el recurso de inconformidad 13/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, agréguese copia certificada de la misma al expediente en que se actúa para los efectos legales procedentes. Ahora, tomando en consideración que en dicha sentencia se declaró infundado el recurso de inconformidad 13/2021 interpuesto en contra de la determinación de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto y que de autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, ya que este asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/ghm

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de abril de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso Eduardo Sánchez Sánchez, en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno dictado en el expediente en que se actúa, mismo que se registró con el número 13/2021. Atento a lo anterior, una vez que se resuelva dicho recurso, agréguese copia certificada de la resolución correspondiente, para lo efectos legales a que haya lugar. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 126), la parte mencionada en primer término realizó manifestaciones, las cuales este tribunal colegiado tuvo por presentadas en auto de quince de febrero de dos mil veintiuno (foja 140). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder a ******************** la protección constitucional para los efectos siguientes: "1) Deje insubsistente el laudo reclamado. 2) Ordene la reposición del procedimiento a partir del auto admisorio de la demanda laboral, y requiera al actor para que precise la acción que plantea, así como las prestaciones y los hechos constitutivos de la misma. 3) También lo requiera para que presente el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, esto es, el correspondiente al cuatrimestre previo a la presentación de la demanda laboral. 4) Hecho lo anterior, continúe con la secuela procesal como en derecho corresponda" (foja 77). Además, ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********************, promovió amparo adhesivo en el que se negó la protección de la justicia federal solicitada. Ahora, del examen de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado advierte lo siguiente: 1. En auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, la responsable llevó a cabo los actos que a continuación se citan (foja 91): a) Dejó insubsistente el laudo de treinta de octubre de dos mil diecinueve. b) Ordenó la reposición del procedimiento y con fundamento en los artículos 733, 735 y 738 de la Ley Federal del Trabajo, como se indicó en la ejecutoria de mérito, requirió a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles precisara por escrito de forma clara y congruente la acción que plantea, así como las prestaciones y los hechos constitutivos de la misma. c) También requirió al actor presentara el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, esto es, el correspondiente al cuatrimestre previo a la presentación de la demanda laboral, lo anterior con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento con lo indicado en el punto 2 y 3 en el término indicado, tendrá por perdido su derecho. 2. Mediante oficio ********************, remitió copias certificadas de las constancias de notificación realizada a las partes del citado acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, de las que se desprende que respecto del actor se llevó a cabo el veintiséis del mes y año en cita (fojas 97 a 100). 3. En auto de diez de noviembre de dos mil veinte, la responsable señaló que la parte actora no cumplió con los requerimientos formulados (precisados en el punto uno), en consecuencia, tuvo por perdido su derecho, lo que asentó para los efectos legales procedentes y ordenó turnar los autos para que se realizara el proyecto de laudo correspondiente (foja 106). 4. Previa solicitud de prórroga, el cinco de febrero de dos mil veintiuno la junta dictó nuevo laudo en el que absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas (fojas 119 a 124). Como se advierte, la autoridad responsable acató los efectos del fallo protector, al dejar insubsistente el laudo reclamado, ordenar la reposición del procedimiento para que el actor precisara la acción planteada, las prestaciones y los hechos constitutivos de la misma; además, para que presentara el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, esto es, el correspondiente al cuatrimestre previo a la presentación de la demanda laboral; y, finalmente, continuó con la secuela procesal procedente. Sin que lo manifestado por el quejoso ******************** en el escrito mediante el cual desahogó la vista que se le dio con las actuaciones de la autoridad responsable lleve a este Tribunal a una conclusión diversa. Lo anterior se afirma porque el impetrante del amparo asevera que la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje no dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que dice el veintinueve de octubre de dos mil veinte presentó el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro; que precisó la acción que promovió, consistente en el otorgamiento de la pensión de invalidez definitiva; y, que los escritos correspondientes contienen el sello de recepción de la responsable, lo que afirma tiene que ver con la consideración que expone la junta en el laudo que finalmente dictó relativa a que ******************** no dio cumplimiento al citado requerimiento (fojas 132 a 139). Manifestaciones las anteriores que no pueden ser analizados en esta resolución, en la que se examina el correcto cumplimiento de la sentencia de amparo; en su caso, el quejoso puede hacerlas valer en un nuevo amparo, toda vez que se trata de actuaciones que forman parte de la secuela procesal que llevó a cabo la autoridad responsable después de dar cumplimiento al fallo protector, es decir, posterior a que dejó insubsistente el laudo reclamado y requirió al actor para que presentara el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro, y precisara la acción, así como las prestaciones y los hechos constitutivos de la misma. Por tanto, lo manifestado por el quejoso al contestar la vista que se le dio con las constancias que remitió la junta responsable, no modifica la conclusión a la que arriba este Tribunal de tener por cumplida la ejecutoria de amparo. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Queja

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, ********************, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 326), realizando manifestaciones la primera de las mencionadas (foja 342). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinte de junio de dos mil diecinueve, este órgano colegiado resolvió conceder a ********************, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos (fojas 158 vuelta a 160 frente): ".1. Que la responsable deje insubsistente la sentencia impugnada.- 2. Emita otra en el que reitere: a) El análisis que hizo de las excepciones y defensas planteadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como demandada en el juicio de origen.- b) Lo considerado respecto a la nulidad de los convenios de ocupación previa de diecisiete de julio de dos mil ocho.- c) La nulidad del avalúo maestro ********************, con número secuencial ********************.- d) La improcedencia de las prestaciones adicionales, consistentes en la desocupación y entrega de las superficies de ********************hectáreas que conforman las ******************** del ejido de ********************, con todos sus frutos y accesiones, así como la rehabilitación de las citadas parcelas a su estado original agrícola, consistente en retirar y limpiar el material depositado, rellenar y nivelar la superficie con una capa de tierra fértil y cultivable para volverla apta para la agricultura.- e) La condena al pago legal y justo por concepto de expropiación.- f) La determinación de que es procedente el pago indemnizatorio de las percepciones agrícolas que producían las parcelas, correspondientes a las cosechas de ******************** dejadas de obtener en dos ciclos agrícolas al año, debido a la construcción de la ampliación de la carretera, desde el diecisiete de julio de dos mil ocho, hasta que quede debidamente cumplimentada la sentencia, pero que dichas prestaciones quedan inmersas en el pago de daños y perjuicios.- g) La nulidad absoluta de los escritos de diecisiete de julio de dos mil ocho.- h) La condena a la Secretaría demandada al pago, a favor del actor, de la indemnización por concepto de expropiación, previo avalúo que al efecto realice el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.- 3. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria: a) Al pronunciarse sobre la procedencia del pago de bienes distintos a la tierra, considere que existen pruebas en el juicio, de las que se advierte su existencia; y, por ende, condene a la demandada al pago de dicha prestación; en la inteligencia que se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la elaboración de un nuevo avalúo para cuantificar la indemnización por concepto de expropiación; por lo que dicho organismo, debe analizar la evidencia existente sobre los bienes distintos a la tierra afectados, y emita una determinación en torno a la valuación sobre los mismos.- Siendo que, de considerarse en ese documento, que los bienes en comento debían cuantificarse en una cantidad mayor a la pagada al ejidatario; lo conducente es que se realice a favor del actor, en la etapa de ejecución, el entero de la diferencia correspondiente; considerando el pago que previamente ya había recibido.- b) En relación a la condena por daños y perjuicios, prescinda de considerar que éstos se generan a partir de la fecha de presentación de la demanda agraria, esto es, del quince de diciembre de dos mil nueve, y hasta que se realice el pago indemnizatorio.- c) Funde y motive su determinación en cuanto al plazo que debe concederse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que culmine con el procedimiento expropiatorio de las parcelas del ejidatario; explicando la adecuación la hipótesis normativa al caso concreto." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que realizó lo siguiente: I. Mediante proveído de tres de julio de dos mil diecinueve dejó insubsistente la sentencia reclamada de siete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 167 y 168). II. El cinco de agosto de dos mil diecinueve dictó nueva sentencia (fojas 173 a 216). III. No obstante, este órgano colegiado, mediante resolución de quince de enero de dos mil veinte, determinó que la responsable incurrió en un defecto al pretender dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ello con base en las siguientes consideraciones torales (fojas 260 vuelta a 263): "IV. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en la ejecutoria de amparo se estableció lo siguiente: "III. Supliendo la deficiencia de la queja a favor del impetrante, en términos del artículo 79, fracción IV, inciso b) de la Ley de Amparo, se determina lo siguiente. Debe tenerse en cuenta que en el fallo reclamado, la responsable estableció que procede condenar a la Secretaría demandada para que dentro del improrrogable término de ciento veinte días hábiles, contados a partir de que cause ejecutoria la sentencia, concluya el procedimiento expropiatorio respecto del área de la parcela del actor que resultó afectada (fojas 1314 y 1321 del expediente agrario). Al respecto, debe destacarse que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone el deber que tienen todas las autoridades, incluidas las jurisdiccionales, de fundar y motivar sus actos. Dicho precepto es del texto siguiente: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.)" Desde el punto de vista formal, tal exigencia implica que invoquen los fundamentos jurídicos de su decisión y expongan las razones, causas particulares y motivos concretos que tuvieron en cuenta para emitir su resolución. Desde el punto de vista material, es necesario que existan adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para lo cual deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162 del Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Evidentemente, la satisfacción en primer orden de la exigencia formal de fundamentación y motivación, es necesaria para cerciorarse de su cumplimiento material por parte de la autoridad jurisdiccional, pues de otra manera no se podría determinar si existe adecuación de los motivos aducidos y las normas aplicables. No obstante, si bien la responsable citó el artículo 191 de la Ley Agraria, para fundamentar la decisión de conceder el referido plazo a la demandada; lo cierto es que no expuso las razones por las que ese precepto normativo es aplicable a la determinación en comento, esto es, omitió hacer referencia sobre la adecuación de la hipótesis legal aludida y el caso concreto. Es decir, a pesar de haber citado el multireferido numeral, también debe estimarse que no basta con tal acción, sino que es indispensable que se esgriman las consideraciones por la que el dispositivo normativo es aplicable a la decisión analizada. Siendo pertinente destacar que este tribunal colegiado no se encuentra facultado para abordar tal aspecto soslayado por la responsable, pues ello implica sustituirse en facultades que son propias de ésta, motivo por el cual, lo que en el caso procede es el reenvío del asunto a dicha autoridad, ello a fin de que, subsane la violación formal en que incurrió y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo conducente. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada 1a. I/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de enero de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, ya que los principios federal, de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos; por tanto, ante la omisión lo que procede es el reenvío y no la sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que al emitirse una nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión. El tribunal de amparo debe considerar que a medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas. Por tanto, los jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes." Por tanto, el amparo se concedió para el efecto siguiente: "c) Funde y motive su determinación en cuanto al plazo que debe concederse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que culmine con el procedimiento expropiatorio de las parcelas del ejidatario; explicando la adecuación la hipótesis normativa al caso concreto." Como se observa, en este aspecto la protección constitucional fue otorgada para que la responsable fundara y motivara su determinación en cuanto al plazo que debe concederse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que culmine con el procedimiento expropiatorio de las parcelas del ejidatario; asimismo, para que explicara la adecuación a la hipótesis normativa al caso concreto. Sin embargo, se advierte que el tribunal agrario incurrió en defecto al pretender dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues en el nuevo fallo que emitió, en lugar de fundar y motivar el plazo otorgado a la demandada y entidades públicas vinculadas al cumplimiento a fin de que culminaran con el procedimiento expropiatorio de las parcelas, es patente que ahora arriba a una determinación distinta, toda vez que, con fundamento en los artículos 70 y 77 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, otorgó a la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes un término de ciento veinte días, para que realice el pago de la indemnización, conforme al monto que resulte del avalúo al valor comercial, y una vez cubierto deberá proceder a la inmediata desincorporación de la superficie de terreno ejidal afectado; asimismo, puntualizó que no existe necesidad de que se lleva a cabo el procedimiento expropiatorio, pues ordenar que se inicie el mismo a ningún fin práctico conduciría, lo cual fundó en los artículos 191 de la Ley Agraria y 420 del Código Federal del Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a dicha legislación." IV. Con base en lo anterior, se requirió a la responsable para que dejara insubsistente la sentencia de cinco de agosto de dos mil diecinueve y, en su lugar, dictara otra, en la cual acatara los lineamientos del fallo protector. V. La responsable, mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia reclamada de cinco de agosto de dos mil diecinueve (fojas 279 y 280). VI. Posteriormente, el treinta y uno de enero de dos mil veinte dictó nueva sentencia, en la cual estableció lo siguiente: 1. Reiteró las determinaciones que se precisan en los incisos que a continuación se mencionan: a) El análisis que hizo de las excepciones y defensas planteadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como demandada en el juicio de origen, pues, al respecto, estableció (fojas 297 vuelta a 299 vuelta): - La demandada opone las siguientes excepciones: las que derivan de los hechos asentados por la accionante a la que le corresponde probar los extremos de su pretensión, la que se derive del hecho de que al actor corresponde probar los extremos de su pretensión, la de plus petitio, la derivada del hecho consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, la de improcedencia de la vía y la acción, la que se deriva del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, la excepción de litispendencia, la de no afectación al interés jurídico, la de sine actione agis, la de falta de acción y derecho; excepciones que no son otra cosa que la negación simple de la acción y el derecho de la parte actora para hacer valer sus pretensiones, lo cual tiene el efecto de arrojar a éste la carga de la prueba y obliga a la responsable a examinar todos los elementos constitutivos de la acción, lo cual será materia del estudio de fondo del asunto (foja 298 y vuelta). - La excepción de obscuridad de la demanda deviene improcedente (fojas 298 vuelta y 299). - En cuanto a las excepciones denominadas "plus petición" y "mutati libeli", respecto de la primera no existe exceso en las pretensiones que fundamentan los reclamos del actor y, por lo que se refiere a la segunda, es improcedente (foja 299). - Las excepciones de falta de legitimación procesal pasiva, falta de legitimación pasiva, falta de legitimación procesal activa, falta de legitimación activa, la denominada "no afectación al interés jurídico", así como la de actos consentidos, serán analizadas al resolver el fondo del asunto (foja 299). - La excepción de prescripción del derecho resulta improcedente (foja 299 vuelta). - La excepción que derivada del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta inoperante (foja 299 vuelta). b) Declaró la nulidad absoluta de los convenios de ocupación previa de diecisiete de julio de dos mil ocho (fojas 306 a 310). c) Declaró la nulidad del avalúo maestro ********************, con número secuencial ******************** (fojas 311 vuelta y 312). d) Determinó que son improcedentes las prestaciones consistentes en la desocupación y entrega de las superficies de ******************** hectáreas que conforman las ******************** del Ejido de ********************, con todos sus frutos y accesiones, así como la rehabilitación de las citadas parcelas a su estado original agrícola, consistente en retirar y limpiar el material depositado, rellenar y nivelar la superficie con una capa de tierra fértil y cultivable para volverla apta para la agricultura (fojas 312 y 313). e) Estableció condena al pago legal y justo por concepto de expropiación, pues determinó que la ocupación previa subsiste por tratarse de un hecho continuado (fojas 312 vuelta a 313 vuelta). f) Determinó que es procedente el pago indemnizatorio de las percepciones agrícolas que producían las parcelas, correspondientes a las cosechas de ******************** dejadas de obtener en dos ciclos agrícolas al año, debido a la construcción de la ampliación de la carretera, desde el diecisiete de julio de dos mil ocho, hasta que quede debidamente cumplimentada la sentencia, pero que dichas prestaciones quedan inmersas en el pago de daños y perjuicios (fojas 322 y vuelta). g) Declaró la nulidad absoluta de los escritos de diecisiete de julio de dos mil ocho (foja 322 vuelta). 2. Determinó que es procedente el pago de bienes distintos de la tierra, consistente en una ******************** que se localizaba dentro de la parcela ******************** que deberá realizarse al valor comercial, pues consideró que su existencia quedó acreditada en autos con el expediente ejidal integrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; luego, precisó que no se soslaya el pago realizado al Ejidatario actor por la cantidad de $********************; sin embargo, atendiendo a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales debe elaborar un nuevo avalúo para cuantificar la indemnización correspondiente, lo conducente es que dicho organismo, analice la evidencia existente sobre los bienes distintos a la tierra afectados, y emita una determinación en torno a la valuación sobre los mismos; de igual manera, precisó que, de considerarse en ese documento que los bienes en comento debían cuantificarse en una cantidad mayor a la pagada al ejidatario, lo conducente es que se realice a favor del actor, en la etapa de ejecución, el entero de la diferencia correspondiente, considerando el referido pago que previamente ya había recibido (fojas 321 a 322). 3. Respecto a la condena por daños y perjuicios, prescindió de considerar que éstos se generan a partir de la fecha de presentación de la demanda agraria, esto es, del quince de diciembre de dos mil nueve y hasta que se realice el pago indemnizatorio; esto es así, pues condenó a cubrirlos desde el diecisiete de julio de dos mil ocho y hasta que se realice el pago indemnizatorio (fojas 316 y 317). 4. Fundó y motivó su determinación en cuanto al plazo que debe concederse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que culmine con el procedimiento expropiatorio de las parcelas del ejidatario, pues al respecto expuso (fojas 318 a 321): a) En la declaración quinta y cláusula octava de los convenios de ocupación previa afectados de nulidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió como fin inmediato para la ocupación de las tierras afectadas con la construcción y ampliación de la carretera federal ********************, a iniciar ante la Secretaría de la Reforma Agraria el procedimiento expropiatorio de las tierras afectadas, y que a la fecha no lo ha hecho. b) Por lo que las ********************, ubicadas en el ejido de ******************** Estado de ********************, siguen perteneciendo al régimen ejidal y no al régimen de propiedad privada, ni a la Federación en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, como lo pretende la parte demandada, pues en la declaración número dos relativa a "Las Partes" contenida en cada uno de los convenios declarados nulos se asentó que: ".ESTE INSTRUMENTO NO ALTERA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LA SUPERFICIE MOTIVO DE LA OCUPACIÓN PREVIA, HASTA EN TANTO SEA EMITIDO EL DECRETO EXPROPIATORIO.; por lo cual es obvio que las tierras, objeto de ocupación por parte de la demandada, aunque a la fecha satisfacen una causa de utilidad pública como es la citada vía de comunicación carretera, dichas tierras como bienes ejidales aún no han sido formal y legalmente desincorporadas de ese régimen por decreto expropiatorio y mediante el pago de la indemnización correspondiente a favor de ********************, en términos de lo previsto por los artículos 94 y 96 de la Ley Agraria así como del 60 al 65 y 70 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de noviembre de dos mil doce. c) Ante tal circunstancia, la Secretaría demandada deberá iniciar, tramitar y concluir el procedimiento expropiatorio en un término de ciento veinte días hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 191 de la Ley Agraria. d) No se soslaya que los citados ordenamientos legales no establecen el término concedido para concluir el procedimiento de expropiación, pero es de tomar en consideración los trámites administrativos que deberán realizar las Secretarías de Estado en el ámbito de sus atribuciones para su debido acatamiento, como lo son el avalúo correspondiente, el decreto expropiatorio, las notificaciones, el pago de los bienes expropiados, entre otras gestiones. e) Es de tomar en consideración que el presente juicio inició desde el quince de diciembre de dos mil nueve, esto es, hace más de nueve años, en tanto que la ocupación de las parcelas aconteció el diecisiete de julio de dos mil ocho, por lo cual es justo que la expropiación se lleve a cabo dentro de un término prudente, atendiendo al artículo 17 de la Constitución Federal. f) Aunado a ello resulta imprescindible dar certeza jurídica a las partes involucradas en este controvertido, y estimando que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes, Secretaría de la Reforma Agraria, está obligada a cumplir y hacer cumplir las medidas decretadas en una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, como lo son los Tribunales Agrarios, en ejercicio de sus atribuciones, pues el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, implica garantizar a los gobernados la plena ejecución de las sentencias de los tribunales, siendo los servidores públicos los obligados a su inmediato acatamiento, hayan o no intervenido en el juicio, en el cumplimiento de sus atribuciones para desahogar el procedimiento expropiatorio, la elaboración del proyecto de decreto expropiatorio, su refrendo y una vez expedido éste por el ejecutivo federal, a su ejecución, a fin de asegurar que la afectación de tierras ejidales se realice con estricto apego a la ley, y esa Secretaría tiene expresamente conferida la facultad de ejecutar las resoluciones emitidas por los órganos de justicia agraria y proveer lo necesario para su debido cumplimiento, pues estimar que es posible soslayar un mandato jurisdiccional vinculante para una autoridad, sin ejercer del todo las atribuciones que le son conferidas por el orden jurídico, sería imposible ejercer la rectoría del Estado en la materia, en aras del interés general, a través de los órganos del poder público competentes; conclusión que es compatible con el principio de legalidad, según el cual no cabe la interpretación extensiva ni la analogía para prorrogar la competencia de órgano del poder público alguno. g) De ahí se estima que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes, Secretaría de la Reforma Agraria, se encuentra vinculada al acatamiento de la sentencia que se pronuncia, no obstante que no haya sido parte en el juicio agrario, en virtud de que corresponde a esta dependencia el desahogo del procedimiento expropiatorio, la elaboración del proyecto de decreto expropiatorio, el refrendo de éste y una vez expedido el decreto expropiatorio por el ejecutivo federal, y su ejecución, sin que ello, de ningún modo, implique violación a sus derechos. h) Lo procedente es condenar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la persona que legalmente la represente, para que inicie, tramite y concluya el procedimiento expropiatorio ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes, Secretaría de la Reforma Agraria, respecto de las ********************, ubicadas en el ejido de ******************** Estado de ********************, concediendo conjuntamente a ambas Secretarías un término de ciento veinte días hábiles para que concluyan el referido procedimiento expropiatorio, contados a partir de que la sentencia cause estado. 5. Sin embargo, se advierte que el tribunal agrario incurrió en defecto al pretender dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello es así, pues conforme a uno de los efectos establecidos en la ejecutoria, precisado en el punto 2, inciso h), la responsable quedó constreñida a reiterar: "h) La condena a la Secretaría demandada al pago, a favor del actor, de la indemnización por concepto de expropiación, previo avalúo que al efecto realice el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales." En la sentencia emitida el cinco de agosto de dos mil diecinueve, el tribunal agrario determinó condenar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice el pago a favor del actor del monto de la indemnización correspondiente a las superficies de ******************** hectáreas correspondientes a las ********************, respectivamente, atendiendo a su valor comercial, esto es, el que tenían las tierras al ser afectadas cuando se ocuparon ilegalmente, siendo esas las fechas a las que se deberán retrotraer los avalúos, sin considerar las edificaciones sobrevenidas, sin perder de vista que el valor que se les otorgue deberá actualizarse al momento de su liquidación; asimismo, del monto que resulte se le deberán descontar las cantidades de $********************, correspondiente a la parcela ******************** con superficie de ******************** hectáreas y $******************** correspondiente al pago de la parcela ******************** con superficie de ******************** hectáreas, las cuales sumadas resultan $********************(fojas 206 vuelta y 207). Empero, la responsable, al emitir la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, no reiteró esa determinación, sino que, apartándose de los lineamientos del fallo protector, estableció que, tocante a la prestación reclamada por el actor, consistente en que se condene a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al pago legal y justo por concepto de expropiación de las superficies de ******************** y ******************** hectáreas correspondientes a las parcelas de las cuales es titular el actor, pago que deberá efectuarse a valor comercia actual, es de estimarse que tal prestación deviene procedente, habida cuenta que la obra de carretera ya está concluida y funcionando (foja 317). VII. Enseguida, se analizan las manifestaciones vertidas por el quejoso mediante escrito presentado en este Tribunal Colegiado de Circuito el veintiséis de febrero de dos mil veinte. a) De la nueva sentencia emitida por la responsable se advierte que incurrió en una indebida fundamentación y motivación. b) Para efectos de imponer un plazo a la demandada, a fin de cumplir con la condena impuesta, la responsable se apoya en los artículos 420 y 191 de la Ley Agraria; sin embargo, como el propio tribual agrario lo expone, tales dispositivos no contemplan un plazo tan excesivo como el de ciento veinte días. c) La responsable, de forma ilegal, concede un plazo excesivo para cumplir con lo ordenado en la sentencia, pese a que sostiene que la justicia debe ser pronta y expedita. d) Aunado a lo anterior, los razonamientos vertidos por el tribunal agrario para motivar su determinación resultan incongruentes y contradictorios con el plazo excesivo de ciento veinte días concedido a la demandada para dar cumplimiento a la condena que le fue impuesta. e) Lo anterior es así, porque la autoridad reconoce que han transcurrido más de diez años desde que se afectaron las parcelas del quejoso; plazo en que la demandada ya debería haber presentado la solicitud de expropiación ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ésta, a su vez, debió haber avanzado en el procedimiento expropiatorio. Sin embargo, esos argumentos expuestos por la parte quejosa son tendentes a controvertir aspectos de forma y fondo relacionados con la nueva decisión de la responsable de otorgar a la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes un término que no exceda de ciento veinte días, para que inicie, tramite y concluya el procedimiento expropiatorio ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaría de la Reforma Agraria. Empero, tales aspectos no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo, pues en ésta se concedió la protección constitucional para que la responsable subsanara vicios formales de fundamentación y motivación respecto de la determinación de otorgar a la demandada un plazo de ciento veinte días para que culminara el procedimiento expropiatorio de las parcelas del ejidatario. Por tanto, los argumentos que expone la parte quejosa no pueden ser analizados en esta resolución, en la que únicamente es dable examinar el correcto cumplimiento de la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, Décima Época, página 717, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." En ese orden, tales manifestaciones resultan infundadas. Consecuentemente, resulta inconcuso que la responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se le requiere para que deje insubsistente la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte y, en su lugar, dicte otra, en la que acate los lineamientos del fallo protector. Para lo cual deberá reiterar la condena impuesta a la Secretaría demandada al pago, a favor del actor, de la indemnización por concepto de expropiación, previo avalúo que al efecto realice el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Esto es, tal como lo había establecido en la sentencia emitida el cinco de agosto de dos mil diecinueve, donde el tribunal agrario determinó condenar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice el pago a favor del actor del monto de la indemnización correspondiente a las superficies de ******************** hectáreas correspondientes a las ********************, respectivamente, atendiendo a su valor comercial, esto es, el que tenían las tierras al ser afectadas cuando se ocuparon ilegalmente, siendo esas las fechas a las que se deberán retrotraer los avalúos, sin considerar las edificaciones sobrevenidas, sin perder de vista que el valor que se les otorgue deberá actualizarse al momento de su liquidación; asimismo, del monto que resulte se le deberán descontar las cantidades de $********************, correspondiente a la parcela ******************** con superficie de ******************** hectáreas y $********************, correspondiente al pago de la parcela ******************** con superficie de ******************** hectáreas, las cuales sumadas resultan $********************(fojas 206 vuelta y 207). Debiendo informar a este tribunal, en el término de tres días, su acatamiento, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se procederá conforme al precepto mencionado en primer lugar. Por su idea jurídica, se invoca, en lo conducente, la tesis número 2a. VIII/2014 (10a.), con registro 2005473, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1520, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos., se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada

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