Eduardo Sánchez Sánchez
Expediente 466/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Eduardo Sánchez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, once de mayo de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 102), la parte mencionada en primer término realizó manifestaciones, las cuales este tribunal colegiado tuvo por presentadas en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós (foja 114). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno este Órgano Colegiado resolvió conceder a Eduardo Sánchez Sánchez la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Dicte un nuevo fallo en el que tomando en cuenta todas las constancias existentes en autos, como es la demanda, contestación y medios de convicción ofrecidos por las partes, así como el marco jurídico aplicable, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis y ratificada por el Estado Mexicano el treinta de marzo de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil ocho, así como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pudiéndole servir de parámetro el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción resuelva la litis planteada por las partes." (foja 79). En parte de la sentencia se determinó: "En efecto, lo que constituye objeto de estudio en esta sentencia es determinar si procede o no la acción con fundamento en el artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, lo procedente es que la autoridad responsable, tomando en cuenta todas las constancias existentes en autos, como es la demanda, contestación y medios de convicción ofrecidos por las partes, así como el marco jurídico aplicable, incluso considerando que el trabajador sustentó la acción en la discapacidad que dice presentar, tome en cuenta el hecho de que nuestro país es parte integrante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis y ratificada por el Estado Mexicano el treinta de marzo de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil ocho, así como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, resuelva la litis planteadas por las partes. En consecuencia, atendiendo al estudio realizado, los conceptos de violación materia de análisis, en suplencia de la deficiencia de la queja, son fundados" (foja 78). Ahora, del examen de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado advierte lo siguiente: 1. En auto de trece de enero de dos mil veintidós, la responsable dejó insubsistente el laudo de siete de mayo de dos mil veintiuno (foja 92) y ordenó turnar los autos al proyectista a efecto de dictar uno nuevo. 2. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitió el nuevo fallo (fojas 98 a 101), en el que con libertad de jurisdicción, resolvió: a) La litis se establece para determinar y resolver, si como lo afirma el actor de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo tiene derecho a que la patronal lo reincorpore en otro empleo compatible con sus aptitudes de acuerdo con su capacidad residual física debido a la incapacidad que padece que proviene de un riesgo no profesional. b) La moral demandada Saint Gobain América Operadora Sociedad Anónima de Capital Variable, sustituto patronal de Saint Gobain Vetrotrex Operadora Sociedad Anónima se Capital Variable, tiene la carga probatoria para determinar la inexistencia del despido injustificado. c) Por otra parte, por cuanto hace al Instituto Mexicano del Seguro Social, la carga probatoria es para el actor de probar vínculo laboral alguno (foja 99). d) Una vez que asignó las cargas probatorias, la autoridad responsable analizó todas las pruebas allegadas por las partes (foja 99 y 100). e) En este sentido, condenó a la moral demandada a reinstalar al actor en su centro de trabajo como Supervisor de Producción, en términos del artículo 498 de la Ley Federal del Trabajo; al pago de los salarios caídos o vencidos a partir de la fecha de presentación de la demanda, esto es el dos de febrero de dos mil once, a la fecha de la reinstalación del actor a su centro de trabajo; al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, tomando en cuenta la excepción de prescripción en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; y, ordenó la apertura del incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la citada ley, a fin de determinar la cuantía total de las prestaciones (foja 101). Como se advierte, la autoridad responsable dejó insubsistente el laudo reclamado y con libertad de jurisdicción dictó uno nuevo en el que tomando en cuenta las constancias existentes en autos, así como el hecho de que el actor sustentó la acción en la discapacidad que dijo presentar, de manera fundada y motivada resolvió la litis planteada por las partes, declarando procedente la acción. Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que la junta no hiciera referencia al marco jurídico mencionado en la sentencia de amparo (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), toda vez que, de cualquier manera, el laudo materia de estudio está fundado en la legislación que la autoridad laboral consideró aplicable. En consecuencia, la sentencia de amparo fue debidamente cumplida. Por otro lado, el quejoso, al contestar la vista que se les otorgó con las constancias remitidas por la autoridad responsable, afirma que la sentencia de amparo no está cumplida, toda vez que la junta omitió tomar en cuenta que en un laudo anterior quedó determinado el salario ($390.55), mismo que no fue controvertido por la patronal, por lo que sostiene que es el que se debe considerar para la cuantificación de las prestaciones, aun dejando subsistente la determinación de la apertura del incidente de liquidación, pero que además deben considerarse los incrementos correspondientes; y, finalmente, que el pago de vacaciones y aguinaldo debe ser por todo el tiempo hasta que sea reinstalado (fojas 108 y 109). Lo que plantea el inconforme no puede ser materia de estudio en esta determinación, toda vez que lo único que es objeto de pronunciamiento es si los efectos para los que se concedió la protección constitucional fueron debidamente acatados, lo que en el caso fue así; en tanto que, los conceptos a los que se refiere fueron determinados en ejercicio de la libertad de jurisdicción que se le otorgó. De lo anterior, se insiste, puede concluirse que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 102), la parte mencionada en primer término realizó manifestaciones, las cuales este tribunal colegiado tuvo por presentadas en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós (foja 114). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno este Órgano Colegiado resolvió conceder a Eduardo Sánchez Sánchez la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Dicte un nuevo fallo en el que tomando en cuenta todas las constancias existentes en autos, como es la demanda, contestación y medios de convicción ofrecidos por las partes, así como el marco jurídico aplicable, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis y ratificada por el Estado Mexicano el treinta de marzo de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil ocho, así como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pudiéndole servir de parámetro el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción resuelva la litis planteada por las partes." (foja 79). En parte de la sentencia se determinó: "En efecto, lo que constituye objeto de estudio en esta sentencia es determinar si procede o no la acción con fundamento en el artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, lo procedente es que la autoridad responsable, tomando en cuenta todas las constancias existentes en autos, como es la demanda, contestación y medios de convicción ofrecidos por las partes, así como el marco jurídico aplicable, incluso considerando que el trabajador sustentó la acción en la discapacidad que dice presentar, tome en cuenta el hecho de que nuestro país es parte integrante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis y ratificada por el Estado Mexicano el treinta de marzo de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil ocho, así como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, resuelva la litis planteadas por las partes. En consecuencia, atendiendo al estudio realizado, los conceptos de violación materia de análisis, en suplencia de la deficiencia de la queja, son fundados" (foja 78). Ahora, del examen de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado advierte lo siguiente: 1. En auto de trece de enero de dos mil veintidós, la responsable dejó insubsistente el laudo de siete de mayo de dos mil veintiuno (foja 92) y ordenó turnar los autos al proyectista a efecto de dictar uno nuevo. 2. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitió el nuevo fallo (fojas 98 a 101), en el que con libertad de jurisdicción, resolvió: a) La litis se establece para determinar y resolver, si como lo afirma el actor de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo tiene derecho a que la patronal lo reincorpore en otro empleo compatible con sus aptitudes de acuerdo con su capacidad residual física debido a la incapacidad que padece que proviene de un riesgo no profesional. b) La moral demandada Saint Gobain América Operadora Sociedad Anónima de Capital Variable, sustituto patronal de Saint Gobain Vetrotrex Operadora Sociedad Anónima se Capital Variable, tiene la carga probatoria para determinar la inexistencia del despido injustificado. c) Por otra parte, por cuanto hace al Instituto Mexicano del Seguro Social, la carga probatoria es para el actor de probar vínculo laboral alguno (foja 99). d) Una vez que asignó las cargas probatorias, la autoridad responsable analizó todas las pruebas allegadas por las partes (foja 99 y 100). e) En este sentido, condenó a la moral demandada a reinstalar al actor en su centro de trabajo como Supervisor de Producción, en términos del artículo 498 de la Ley Federal del Trabajo; al pago de los salarios caídos o vencidos a partir de la fecha de presentación de la demanda, esto es el dos de febrero de dos mil once, a la fecha de la reinstalación del actor a su centro de trabajo; al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, tomando en cuenta la excepción de prescripción en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; y, ordenó la apertura del incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la citada ley, a fin de determinar la cuantía total de las prestaciones (foja 101). Como se advierte, la autoridad responsable dejó insubsistente el laudo reclamado y con libertad de jurisdicción dictó uno nuevo en el que tomando en cuenta las constancias existentes en autos, así como el hecho de que el actor sustentó la acción en la discapacidad que dijo presentar, de manera fundada y motivada resolvió la litis planteada por las partes, declarando procedente la acción. Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que la junta no hiciera referencia al marco jurídico mencionado en la sentencia de amparo (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), toda vez que, de cualquier manera, el laudo materia de estudio está fundado en la legislación que la autoridad laboral consideró aplicable. En consecuencia, la sentencia de amparo fue debidamente cumplida. Por otro lado, el quejoso, al contestar la vista que se les otorgó con las constancias remitidas por la autoridad responsable, afirma que la sentencia de amparo no está cumplida, toda vez que la junta omitió tomar en cuenta que en un laudo anterior quedó determinado el salario ($390.55), mismo que no fue controvertido por la patronal, por lo que sostiene que es el que se debe considerar para la cuantificación de las prestaciones, aun dejando subsistente la determinación de la apertura del incidente de liquidación, pero que además deben considerarse los incrementos correspondientes; y, finalmente, que el pago de vacaciones y aguinaldo debe ser por todo el tiempo hasta que sea reinstalado (fojas 108 y 109). Lo que plantea el inconforme no puede ser materia de estudio en esta determinación, toda vez que lo único que es objeto de pronunciamiento es si los efectos para los que se concedió la protección constitucional fueron debidamente acatados, lo que en el caso fue así; en tanto que, los conceptos a los que se refiere fueron determinados en ejercicio de la libertad de jurisdicción que se le otorgó. De lo anterior, se insiste, puede concluirse que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiocho de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo el quejoso Eduardo Sánchez Sánchez; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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