Eduardo Salomon Tovar Anaya
Expediente 2482/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2482/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2022
Partes del expediente
- Eduardo Salomon Tovar Anaya
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, al TERCERO INTERESADO José Cruz Espinoza Flores, LA SENTENCIA con fecha de engrose TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, por la cual se resolvió lo siguiente: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1566/2022; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós y turnado a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, -----, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El uno de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se registró con el número 1566/2022; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridades residentes en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: El auto de uno de julio de dos mil veintidós, que resuelve el incidente de imposibilidad de cumplimiento de laudo, relativo a la reinstalación de la parte actora, dentro del juicio laboral 1439/2018-B1. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 35 de autos). Cobra aplicación en el caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 1439/2018-B1 (fojas 46 a 64 de autos), remitidas por la citada autoridad responsable como apoyo de su informe justificado; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, párrafo segundo, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes relevantes del caso. El trece de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dictó resolución en el juicio laboral 1439/2018-B3, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "[.] PRIMERA.- El actor JOSE CRUZ ESPINOZA FLORES, acreditó sus acciones y la demandada O.P.D. SECRETARIA DE SALUD JALISCO, justificó en parte sus excepciones, en consecuencia; SEGUNDA.- SE CONDENA a la demandada O.P.D. SECRETARIA DE SALUD JALISCO al otorgamiento del nombramiento definitivo y a la reinstalación en el puesto de ABATIZADOR, en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando, hasta antes del despido injustificado del que fue objeto el actor del presente juicio, se CONDENA a la entidad demandada al pago de SALARIOS, desde el 14 de julio del año 2017 al 14 de julio del año 2018, y si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha cumplimentado el laudo, se pagará también al servidor público los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago, lo anterior en términos del numeral 23 de la ley de la materia, se CONDENA, a la entidad pública demandada, al reconocimiento de la antigüedad desde el 01 de febrero del año 2008 y hasta el 14 de julio del año 2017, se CONDENA al pago de AGUINALDO, por el año 2017 del 01 de enero del año 2017 (sic) al 14 de julio de dos mil diecisiete y las que se sigan generando hasta el cabal cumplimiento con la presente resolución, se CONDENA, a la entidad demandada al pago de VACACIONES por el periodo del 01 de enero del 2016 al 14 de julio del año 2017, se CONDENA, al pago de PRIMA VACACIONAL por el periodo del 01 de enero del año 2016 al 14 de julio del año 2017 y hasta el cabal cumplimiento con la presente resolución, se CONDENA a la demandada a que proporcione servicios médicos de calidad en favor del actor, se CONDENA a la entidad demandada a que entere las aportaciones correspondientes, ante el Instituto de pensiones del estado de Jalisco, en favor del actor de presente juicio, desde el 01 de febrero del año 2008 y hasta el cabal cumplimiento con la presente resolución, se CONDENA, a la entidad demanda (sic) a que entere las aportaciones ante la el (sic) infonavit, desde el 01 de febrero del año 2008 al 14 de julio del año 2017 y hasta el cabal cumplimiento con la presente resolución, se CONDENA, al pago de SALARIOS DEVENGADOS del 01 al 15 de enero del año 2017, se CONDENA, al pago de 9 horas extras de forma semanal, por el periodo del 13 de julio del año 2016 al 13 de julio del año 2016, se CONDENA al pago de días de descanso obligatorio, el último año sábados y domingos de las 8 a las 14 horas desde el 16 de julio del año 2016 al 09 de julio del año 2017, se CONDENA, al pago de quinquenio correspondiste (sic) a 5 días de salario, del 14 de julio del año 2016 al 14 de julio del año 2017, se CONDENA, al pago de descanso anual extraordinario de 12 días, el cual se pagaba en el mes de diciembre correspondiente al 2016 y parte proporcional del 2017 es decir del 01 de enero del año 2016 al 14 de julio del año 2017, se CONDENA, a la entidad demandada, al pago del DIA DEL TRABAJADOR DE LA SECRETARIA DE SALUD por la cantidad de $1,300.00 Pesos, lo anterior se asienta para todos los efectos legales a que haya lugar y en términos del numeral 136 de la ley de la materia. TERCERA.- SE ABSUELVE a la entidad demandada del pago de premio de puntualidad, de asistencia, permanencia, estímulo económico de productividad, así como estímulo anual por asistencia perfecta, se ABSUELVE a la entidad demandada del pago de la hora extra excedentes a las primeras 9 semanales, se ABSUELVE del pago de PRIMA DOMINICAL por el periodo del 16 de julio del año 2016 al 09 de julio del año 2017, lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo número 179/2020, emitida por la Autoridad superior el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer circuito, lo anterior se asienta para todos los efectos legales a que haya lugar y en términos del numeral 136 de la ley de la materia." [.]". QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Luego, al no existir causal de improcedencia que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, ni que las partes hayan hecho valer, procede ahora el análisis del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, página 830, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan ineficaces, cuyo examen se realizará en orden diverso al hoy propuesto y conforme con la técnica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. La parte quejosa aduce, en síntesis, que se vulnera en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse inobservado los principios de legalidad, seguridad jurídica, congruencia y exhaustividad, por lo siguiente: a) La resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, debido a que la responsable no razonó ni justificó jurídicamente con base en qué elementos desechó de plano el incidente de imposibilidad jurídica de cumplimiento de laudo solicitado, con lo que se transgredió el patrimonio y la autonomía de la entidad pública quejosa. b) Además, que no se encuentra debidamente motivada dicha resolución, en razón de que no justificó la causa de su proceder, pues debió precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas del por qué desechó de plano el incidente. c) Asimismo, que carece de congruencia debido a que no se atendieron las causas particulares de su decisión, sin expresar las consideraciones sobre las cuales versó su determinación. d) Que la responsable se extralimitó en sus funciones, al desechar de plano el incidente de imposibilidad jurídica de cumplimiento de laudo, sin pronunciar un razonamiento lógico jurídico del cual se pueda considerar que la resolución reclamada se encuentra apegada a derecho, o que es congruente con los dispositivos legales aplicables al caso. e) De igual manera, que fue omisa en señalar por qué desechó de plano el incidente sin hacer un análisis de las circunstancias particulares que fueron expresadas. f) Además, que no realizó un estudio pertinente y completo respecto a los elementos a considerar para determinar la improcedencia, por lo que su argumento carece de congruencia y exhaustividad. g) Que la responsable pretende llevar a cabo una resolución sin antes analizar minuciosa y detalladamente la trascendencia o afectación que conlleva dicho acto impositivo, y sin tomar en consideración lo ocurrido a lo largo del procedimiento. h) Que la interpretación que la responsable efectuó en su resolución es incorrecta, dado que la quejosa no pretendía incumplir con el laudo; por el contrario, solicitó su cumplimiento a través de su derecho de optar por la indemnización. A fin de evidenciar lo infundado de los conceptos de violación sintetizados en los incisos a, b, c, d y f que preceden, conviene traer a contexto el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales, en lo que aquí interesa, establecen lo siguiente: "[.] Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" El primer precepto en cita establece el derecho humano fundamental de audiencia, el cual se refiere a la ineludible obligación a cargo de las autoridades de que, previamente al dictado de un acto, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Lo anterior, con la finalidad de brindar al gobernado la seguridad de que los actos privativos se emitan con total y estricto acatamiento a las normas legales, conforme al debido proceso, y no en modo autoritario. Sobre el particular, el Máximo Tribunal del País ha establecido que el respeto al derecho fundamental de audiencia se traduce en otorgar al justiciable la posibilidad de defensa previamente al acto de privación de sus propiedades, posesiones o derechos, para lo cual, tendrán que seguirse las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en la necesidad de notificar al gobernado el inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de alegar; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Por otra parte, el artículo 16 de la Carta Magna, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica de los ciudadanos. Luego, para que se cumpla con el imperativo constitucional en mención, relativo a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, éste debe de cumplir con los siguientes requisitos: a) Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). b) Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). c) Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Entonces, el derecho de legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como uno de los elementos esenciales el que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados, esté debidamente fundamentado y motivado. En caso de que las autoridades no dieran cumplimiento a lo anterior, se vulneraría el derecho fundamental de legalidad, y se estaría dejando en estado de indefensión al gobernado al no asegurarle la prerrogativa de defensa ante un acto que no cumple con los requisitos legales necesarios. Las anteriores consideraciones, se encuentran inmersas en la jurisprudencia de Tesis: 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, registro 176546, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Además, lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 204 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 166, del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Tomando en consideración lo señalado, y analizada que es la incidencia de génesis planteada por la aquí quejosa, y que se desechó de plano el uno de julio de dos mil veintidós, se advierte que la autoridad responsable sí fundó y motivó la determinación adoptada. En efecto, de las constancias del procedimiento de origen, se desprende que la demandada, aquí quejosa, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, manifestó la imposibilidad y su negativa para reinstalar al trabajador actor en el puesto de "ABATIZADOR", debido a que, adujo, tenía un nombramiento temporal por tiempo determinado; por tanto, era eventual; por lo cual solicitó que el tribunal responsable acordara lo conducente de conformidad a lo establecido en los artículo 947, 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, no obstante que la aquí quejosa fue condenada a reinstalar al trabajador actor, mediante el laudo emitido en el juicio de origen, el trece de octubre de dos mil veintiuno. Al respecto, el tribunal de origen, por acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, desechó de plano el incidente de imposibilidad jurídica de cumplimiento al laudo debido a que la demandada no reunió ni acreditó los requisitos necesarios contemplados en los supuestos de los artículos 48, 49, 50 y 947 de la Ley Federal del Trabajo supletoria de la Ley Burocrática del Estado de Jalisco; lo anterior, pues la aquí quejosa fue omisa en presentar medios de prueba, durante el procedimiento, para acreditar la imposibilidad que manifestó para reinstalar al actor en su puesto de trabajo, y con ello acreditar que era trabajador eventual y que se encontraba en el supuesto previsto en el artículo 49, fracción V, de la ley obrera, para que el patrón quedara eximido de la obligación de la reinstalación a que fue condenado, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 de la misma legislación. La omisión mencionada se corrobora al realizar un análisis del escrito de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el cual la parte aquí quejosa manifestó su imposibilidad y negativa para reinstalar al trabajador actor, así como del contenido del laudo ejecutoriado, de los cuales se advierte que la parte quejosa no ofreció medio de convicción alguno a fin de acreditar su dicho y con ello actualizar la hipótesis del artículo 49, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, tal y como lo adujo la responsable. En ese sentido, conviene traer a contexto el contenido del artículo en mención, el cual textualmente establece: "Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; III. En los casos de trabajadores de confianza; IV. En el servicio doméstico; y V. Cuando se trate de trabajadores eventuales." Del numeral transcrito se advierte, en lo que al caso interesa, que el patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 de la misma Ley Federal del Trabajo, en caso de que el trabajador sea eventual. Partiendo de lo previsto en dicho numeral, se estima correcto que la autoridad responsable haya analizado, en primer término, la procedencia de la incidencia planteada por la parte patronal, a partir de la acreditación de la imposibilidad que manifestó la aquí peticionaria para reinstalar a la actora -tercera interesada-; por lo cual, al no haber acreditado su dicho, esto es, que la trabajadora ocupaba un puesto eventual, resulta inconcuso la improcedencia decretada en la resolución que ahora se combate. Por lo expuesto, contrario a lo que alega la quejosa, se estima que la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada. En relación con lo anterior se tiene que, adverso a lo alegado por la parte quejosa, la figura de insumisión al arbitraje y la diversa de la negativa de acatar el laudo relativo, no están previstas en la ley burocrática jalisciense y, por su naturaleza y alcance, son inaplicables supletoriamente los artículos 49 y 947 de la Ley Federal del Trabajo. La aplicación supletoria de las leyes está condicionada al cumplimiento de diversos requisitos, de los cuales destaca la existencia de una omisión o vacío legislativo que haga necesaria dicha aplicación de normas, para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que pueda atender a cuestiones que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto dicen así: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Tomo: 2, Marzo de 2013. Tesis: 2a./J. 34/2013. (10ª) Página: 1065.) Pues bien, el fundamento constitucional de la indemnización prevista en la fracción II del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, lo constituye el artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", por lo que se deja a la ley reglamentaria la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador, cuando se exima al patrón de la obligación de reinstalar a un trabajador por tiempo indeterminado. Lo anterior en la inteligencia de que solo quedará eximido de la obligación de reinstalar, cuando se actualice alguno de los supuestos de excepción a la estabilidad en el empleo, previstos en el artículo 49 de la ley laboral, para lo cual deberá promover la insumisión al arbitraje o la negativa a acatar el laudo, en términos del diverso 947 de esa ley. En tal virtud, el artículo 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, es inaplicable, supletoriamente, a la ley burocrática estatal, ya que en ésta no se prevé la posibilidad de eximir al Estado-patrón de reinstalar a determinados trabajadores, a cambio de una indemnización, siendo dichas figuras jurídicas necesarias para el pago de la indemnización relativa, ya que de la ley burocrática sólo se advierte el reconocimiento del derecho del trabajador, separado injustificadamente, a ser reinstalado o a recibir la indemnización constitucional y, en ambos casos, al pago de salarios caídos. En consecuencia, el artículo 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, al atender a cuestiones jurídicas que el legislador jalisciense no tuvo la intención de establecer en la ley burocrática local, es inaplicable supletoriamente a ésta. Por otra parte, los conceptos de violación sintetizados en los incisos e y g, devienen inoperantes, en virtud de que la aptitud de dichas alegaciones se hacen depender de los motivos de disenso sintetizados en los incisos a, b, c, d y f, desestimados previamente, donde sostiene la quejosa que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada. Se afirma lo anterior, debido a que, al considerarse que la resolución reclamada sí contiene una debida fundamentación y motivación respecto al desechamiento del incidente planteado por la aquí promovente, resulta inconcuso que la responsable está imposibilitada para entrar al estudio de la cuestión planteada, pues para que ello acontezca, primero debía resultar procedente tal incidencia, lo cual, como se vio en párrafos previos, no aconteció, debido a que la parte patronal no acreditó que el trabajador era eventual; por ende, los conceptos de violación sintetizados en los incisos e y g, que ahora se atienden, deben seguir la misma suerte que aquellos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, abril de 2005, página 1154, Novena Época, de registro 178784, cuyo rubro u texto son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR EN LO ARGUMENTADO EN SUSTANCIALMENTE OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." Finalmente, el diverso concepto de violación sintetizado en el inciso h, resulta inoperante, porque parte de una premisa errónea. Se afirma lo anterior, pues lo que la quejosa pretende con el incidente planteado es realizar un cumplimiento sustituto por medio de la indemnización y no incumplir con el laudo. Sin embargo, basta imponerse del contenido de la resolución que constituye el acto combatido, para advertir que el tribunal de origen atendió adecuadamente el contenido del citado numeral 49, puesto que con base en éste declaró que, para que el patrón quede eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 de la misma legislación obrera, conforme lo solicitó la parte patronal, primero debe acreditar su dicho, esto es, que el puesto que ocupaba la actora era eventual, conforme al supuesto de la fracción V del precepto citado en primer término. Por tanto, como se indicó, el motivo de disenso en estudio resulta inoperante al partir de una premisa falsa. Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 3, página 1326, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.". Máxime que se han calificado también como inoperantes los conceptos de violación que se formulan en contra de actos que se originaron en una resolución anterior a la reclamada, y que no fueron combatidos, por lo que deben entenderse consentidos tácitamente y, por ende, el derecho a reclamarlos en el juicio de amparo se encuentra precluido. Como se ha señalado, en el presente caso se controvierte el acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1439/2018-B3, en que se desechó de plano el incidente de imposibilidad jurídica de cumplimiento de laudo, hecho valer por la demandada, aquí quejosa. Actuación que derivó de otra que fue consentida. Para comprobar tal aserto se precisa que, como se expuso, el trece de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Estado de Jalisco dictó laudo condenatorio en el que ordenó la reinstalación de la parte actora en el juicio de origen. En ese sentido, no debe perderse de vista que el laudo no es materia de la presente reclamación constitucional. Lo anterior da noticia de que la parte quejosa, al no controvertir ante un Tribunal Colegiado el laudo condenatorio, consintió lo ahí resuelto, lo que ocasionó que quedara firme esa decisión. Bajo esa perspectiva, el acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, aquí controvertido, en realidad, derivó de una decisión previa, tácitamente consentida, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Ello es así porque, se reitera, la intención de la quejosa es no reinstalar a la parte actora y, en su caso, otorgarle una indemnización, decisión que, como se expuso, consintió cuando no impugnó el laudo de trece de octubre de dos mil veintiuno. Luego, si la parte solicitante estaba en desacuerdo con dicha resolución definitiva, le correspondía impugnarla hasta la última instancia pertinente y oponerse a lo ahí decidido; por tanto, es precisamente esa resolución -ahora firme- la que impacta en su esfera de derechos fundamentales( y no la ahora controvertida porque éste solo constituye una derivación de la determinación consentida. Todo lo anterior demuestra que la promovente consintió tácitamente la determinación de la autoridad responsable al ordenar la reinstalación de la parte actora en su puesto de trabajo. Por tanto, se reitera, su concepto de violación se estima inoperante, puesto que el peticionario consintió tácitamente ese actuar. En consecuencia, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal, máxime que no se observa cuestión alguna que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo; se SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a -----, contra el acto reclamado al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por los motivos y fundamentos expuestos en el último de los considerandos de la presente sentencia. Notifíquese personalmente -
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Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se adscribió a la juez Alva Miranda Ramírez como titular de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, hágase de conocimiento a las partes con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación de conformidad con los artículos 51 de la Ley de Amparo y 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. A sus autos el comunicado que remite la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región de Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo que nos ocupa en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/1159/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la emisión de la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, en cumplimiento al auxilio encomendado a este órgano. Hágase del conocimiento de las partes dicha determinación dejando constancia de tal circunstancia, sin que se acuse recibo a la autoridad oficiante por así solicitarlo. Se notifica vía electrónica a la PARTE QUEJOSA, la sentencia dictada con fecha de engrose de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, en el expediente auxiliar 404/2022-I, la cual dice: Se resuelve.- PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fábrica de Tequila Tlaquepaque, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra las autoridades responsables y por los actos reclamados que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO.- Devuélvase el juicio de amparo 819/2022 al juzgado de origen, sin que sea necesario que dicho órgano jurisdiccional acuse recibo de esta sentencia y de sus autos una vez que los reciba; en términos del sexto considerando de la presente resolución. TERCERO.- Háganse las anotaciones que correspondan en el libro electrónico respecto del envío del expediente de origen y archívese el expediente electrónico auxiliar que derivó del juicio de amparo que ahora se resuelve, de conformidad con lo establecido en el último considerando de esta resolución.
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Vista la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que, en sesión ordinaria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza Alva Miranda Ramírez, a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de noviembre siguiente. Lo anterior, hágase de conocimiento a las partes con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación de conformidad con los artículos 51 de la Ley de Amparo y 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado MC1/4575/2022, signado por el secretario general del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada de la actuación de nueve de noviembre de dos mil veintidós en la que la responsable resolvió el incidente de planilla de liquidación planteado en los autos del juicio laboral ********************. La cual se ordena agregar al sumario sin mayor acuerdo sustancia, merced que el quince de noviembre del año en curso se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector al haberse proveído idéntica información como la que se recibe en este auto.
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Zapopan, Jalisco, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que, en sesión ordinaria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza Alva Miranda Ramírez, a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de noviembre siguiente. Lo anterior, hágase de conocimiento a las partes con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación de conformidad con los artículos 51 de la Ley de Amparo y 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ".SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por sí o a través del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal en Encarnación de Díaz, Jalisco, tienen el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53, fracción XIV, 73, fracción VI, 79, fracción III, 80, 87, fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el precepto en cita, esto es, que no se le aplique en lo presente y en lo futuro la norma declarada inconstitucional, hasta en tanto se encuentre vigente; y, 2. Devolver a ******************** la cantidad de la manera siguiente: Quejoso Recibo oficial Concepto y fracción Cantidad pagada Cuota mínima fija Cantidad a devolver Jenice Benjamín Picazo Martínez A 57125946 10105 $5,731.00 $516.00 $5,215.00 Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la parte quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dicha fracción e inciso, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en el recibo oficial de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante comunicado PFE-DCHE-JA-36277, que signa el Subprocurador Fiscal del Estado de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado, actuando en representación de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, informó los trámites administrativos que debían realizarse a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, toda vez que allegó copia certificada del oficio PFE-DCHE-JA 36279-22, dirigido a la Directora de Servicios al Contribuyente, para que informará la actualización de la cantidad a devolver a la parte quejosa. Por lo que, se solicitó el cálculo de actualizaciones por la cantidad de $5,215.00 (Cinco mil doscientos quince pesos 00/100 moneda nacional), ingresada por concepto del derecho previsto en el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022. Con el oficio PFE-DCHE-JA-39617, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del contra-recibo número ******************** que ampara la actualización por la cantidad de $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional), así como la notificación realizada a la parte quejosa, sin que en la recepción de dicho comunicado, haya comparecido a recoger el título de crédito, mismo que se encuentra a su disposición de las oficinas de la autoridad mencionada. Con lo anterior, en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, toda vez que la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, atendió los efectos para los cuales se concedió el amparo; pues se demostró que emitió una determinación en la cual se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación que impone el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, y como consecuencia, se ordenó devolver al quejoso ******************** la cantidad $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional), misma que se encuentra actualizada, para tal efecto allegó copia certificada del contra-recibo número ********************, así como la notificación realizada a la parte quejosa. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Alva Miranda Ramírez, Jueza Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. AMR/DUH/hmre
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