Eduardo Rodríguez Magdaleno
Expediente 98/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2018
Partes del expediente
- Eduardo Rodríguez Magdaleno
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de dos de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a dos de febrero de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Eduardo Rodríguez Magdaleno por propio derecho y en representación de su menor hija Ximena Rodríguez Juárez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Encarnación de Díaz, Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 98/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Ahora, de acuerdo con los artículos 3 y 5° del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) , 107, del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y, el artículo 3 de la Ley de Amparo , todas las demandas, promociones, recurso, escrito u oficio que envíen en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin podrá utilizarse certificado digital de firma electrónica. Luego, resulta evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, de la Ley de amparo, fracción XXIII, en relación con el numeral 6° del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que no contiene la firma electrónica del promovente, por lo que procede desechar la demanda de garantías. Al respecto dichos artículos refieren: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la lectura de último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directo interesado, salvo en excepción de que se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Al efecto, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"; Principio que reproduce el diverso artículo 6o. de la propia Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales y, cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. En el caso, de la demanda de amparo promovida vía electrónica, no contiene el certificado digital de firma electrónica (FIREL) del quejoso Eduardo Rodríguez Magdaleno; por lo que carece de ese medio de identificación que suple la expresión de voluntad por medio de la firma autógrafa. Resultan aplicables las tesis del contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SE PRESENTA MEDIANTE EL USO DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA DISTINTA DE LA REGULADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (FIREL), AQUÉLLA NO PUEDE TENER EL EFECTO DE SER EQUIVALENTE A LA AUTÓGRAFA, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. De los artículos 2o., 3o. y 175 de la Ley de Amparo se advierte que en el juicio de amparo es posible presentar la demanda correspondiente con el uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo directo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada en los tribunales ordinarios; sin embargo, la condicionaron a la suscripción de un convenio entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo locales y a que: a) Aquél proporcione al órgano respectivo los programas informáticos necesarios; b) Los tribunales referidos reconozcan a la FIREL como el principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos; y, c) La Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y el tribunal respectivo, emitan una declaratoria al respecto, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Periódico Oficial de la entidad política correspondiente. Por tanto, si quien se considere agraviado con alguna sentencia que admita amparo directo, presenta su demanda mediante una firma electrónica distinta de la denominada FIREL, aquélla no puede tener el efecto de ser equivalente a la autógrafa para la procedencia del juicio, aun cuando la autoridad responsable certifique su recepción, ya que aceptar ese acto como válido, implicaría analizar los requisitos de admisibilidad de un juicio federal a la luz de normas y mecanismos locales inaplicables. Esta circunstancia no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues nada impide a los particulares presentar su demanda por escrito, ante la imposibilidad jurídica y material de hacerlo electrónicamente " "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe". (Tesis I 4º. T.59 L, consultable en la página 1049, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito). "DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN SIN FIRMA NO SE SUBSANA EXHIBIENDO EN LA REVISIÓN EL DOCUMENTO FIRMADO QUE, SE DICE, ES EL QUE PRETENDIÓ PRESENTARSE, PERO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL OFICIAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA, SE ENTREGÓ AL PROMOVENTE EN LUGAR DEL ACUSE DE RECIBO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, de manera que si éste se presenta sin firma, debe desecharse. Esta deficiencia no se subsana y, por tanto, no procede revocar el desechamiento, exhibiendo en el recurso de revisión el que se dice es el documento firmado que pretendió presentarse pero que, por un error involuntario del oficial encargado de la oficina de correspondencia, se entregó al promovente como si fuese el acuse de recibo, pues, por una parte, el quejoso o quien presenta la demanda tiene la obligación de cerciorarse de que sea la original autorizada con firma autógrafa y que el acuse de recibo correspondiente no sea ese original y, por la otra, no existe ningún otro medio de convicción que permita cuando menos presumir tales afirmaciones. (Tesis I 4o.A. 72 K, consultable en la página 2174, XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). Máxime que en el apartado de observaciones contenido en la boleta de turno de la presente demanda, se advierte que en efecto, se hizo constar que ésta carecía de firma electrónica. Lo que se robustece con la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3632, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, de la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.", Por tanto, como ya se vio la demanda presentada no cuenta con firma electrónica, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita por el interesado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad, por lo tanto la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA." IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. i. Eduardo Rodríguez Magdaleno. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda, esto es, la dirección electrónica que hubiera proporcionado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que no ha lugar a tener por señalado domicilio particular toda vez que las notificaciones, aún las de carácter personal, se realizarán vía electrónica, de acuerdo a lo solicitado por el promovente. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 24 de la invocada ley, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, así como para recibir copias certificadas por así solicitarlo expresamente. c. Respuesta a solicitudes o acuerdos derivados de la demanda. i. Autorización de consulta de expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Como lo solicita, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como del 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, al nombres de usuario Eduardorod. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente.
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