Eduardo Rocha Juárez
Expediente 607/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Eduardo Rocha Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la razón levantada por el actuario judicial adscrito a este tribunal de uno de diciembre actual, de la que se advierte que no le fue posible entregar el oficio 12547/2022 dirigido a la parte tercero interesada Titular del Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, toda vez que al constituirse en el domicilio oficial de dicha Institución, le manifestaron que no le podían recibir el mismo, ya que no se encuentra dirigido al Coordinador General de los Órganos Internos de Control de la Secretaría Pública, no obstante les hizo saber que en autos se encuentra emplazada dicha parte y que a pesar de su negativa a recibirlo, se tendría por hecha la notificación de referencia. En tales condiciones, se tiene por hecha la notificación del oficio 12547/2022.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que transcurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 607/2021, promovido por el ***************, contra la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Titular de la Tercera Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Estado de Zacatecas. Notifíquese
- Juicio de Amparo Directo
Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causa de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "CUARTO. Improcedencia del juicio de derechos. Es innecesario transcribir las consideraciones de la sentencia reclamada y conceptos de violación hechos valer en su contra, toda vez que no serán materia de estudio en la presente ejecutoria, ya que este Tribunal Colegiado advierte una causa de improcedencia del juicio de derechos, cuyo estudio es oficioso, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Marco normativo. Se estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene precisar que el juicio constitucional es de naturaleza extraordinaria, ya que su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio de control constitucional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales, que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquéllos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; de manera que, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla de procedencia del juicio de amparo, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de los órganos jurisdiccionales que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a solicitar la protección de la Justicia Federal, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que, son generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se han cometido en el acto o resolución combatida. Esta regla de procedencia está prevista en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en ese orden, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "[.]. "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; "[.]". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;" De los preceptos transcritos se evidencia, como imperativo constitucional y legal para la procedencia del juicio de amparo directo contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por regla general, agotar previamente el recurso ordinario establecido en la ley de la materia, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, esto es, debe cumplirse con el principio de "definitividad", salvo el caso en que la ley permita la renuncia del recurso. Por su parte, los artículos 215 y 216, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, disponen lo siguiente: "Artículo 215. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre. En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes". "Artículo 216. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes: La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, y." Los preceptos transcritos disponen que las resoluciones dictadas por los Tribunales, en las que impongan sanciones por la comisión de faltas administrativas graves, podrán ser impugnadas por los responsables a través del recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. Luego, el artículo 19, apartado A, fracción XII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, dispone lo siguiente: "Artículo 20. Las atribuciones del Pleno serán jurisdiccionales y administrativas, en los términos siguientes: Por las jurisdiccionales podrá conocer: [.] VI. De los recursos establecidos en la presente Ley y en la Ley General;" Como se observa, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones que impongan sanciones por la comisión de faltas administrativas graves, recurso del cual deberá conocer, según el artículo 20, apartado A, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Caso concreto. En el presente asunto, el acto que la parte quejosa reclama en su demanda de derechos es la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el magistrado Titular de la Tercera Sala Especializada en Responsabilidad Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. En dicha sentencia, se impuso al quejoso sanción administrativa consistente en la suspensión temporal del servicio público por el término de noventa días naturales, prevista en el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por la comisión de la falta grave de abuso de funciones, prevista y sancionada por el artículo 57 de la Ley en cita. Por tanto, en contra del fallo reclamado, procede el recurso de apelación a que se refieren los artículos 215 y 216, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del cual corresponde resolver al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, conforme a lo dispuesto en el ordinal 20, fracción VI, de la legislación que lo rige. No pasa inadvertido que el artículo 128 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, prevé que en contra de las sentencias definitivas del Tribunal no procede recurso alguno; sin embargo, en el caso, la sentencia no fue emitida por el "Tribunal", sino de manera unitaria por el Magistrado Gabriel Sandoval Lara, Titular de la Tercera Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas como autoridad resolutora de primera instancia con facultades para emitir la sentencia en términos de la Ley General. Por tanto, si el quejoso no agotó el recurso de apelación previsto en los numerales en cita, se materializa el supuesto de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Resta decir que al reclamarse una resolución respecto de la que procede un medio de impugnación, es procedente declarar, como ahora se hace, la improcedencia del juicio y no la incompetencia de este órgano jurisdiccional, en términos de la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". No es obstáculo para determinar el sobreseimiento del juicio de amparo, el hecho de que, en auto de presidencia, se hubiese admitido a trámite la demanda de derechos de que se trata, pues las determinaciones de esa naturaleza no causan estado al ser producto de un examen preliminar del asunto planteado; ya que es competencia del Pleno de este Tribunal Colegiado, el estudio definitivo sobre la precedencia de aquel medio de impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que señala: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto".". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno. Notifíquese, por lista electrónica a la parte quejosa.
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