Eduardo Pérez Córdova

Expediente 646/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
646/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Raquel Quiñones Salazar
  • Eduardo Pérez Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que fue turnado el expediente para proyecto de resolución al magistrado Pedro Guillermo Siller González Pico, quien fue readscrito, por lo que la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdo tomado en sesión de diez de mayo de dos mil veintitrés, informado por oficio SEADS/1207/2023, de la misma fecha, signado por la secretaria ejecutiva de adscripción, autorizó para desempeñar las funciones de magistrada de Circuito a la licenciada María Georgina Moreno Rivera, Secretaria de Tribunal, con efectos a partir del uno de junio del presente mes y año, hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine; en consecuencia, con fundamento en el artículo 183, de la Ley de Amparo, retúrnense los autos de este asunto a la secretaria en funciones de magistrada en cita, a fin de que se formule el proyecto de resolución correspondiente. Por otro lado, hágase saber a las partes que este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, a partir del uno de junio de dos mil veintitrés, estará integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Gustavo Alcaraz Núñez (presidente), Eduardo Antonio Loredo Moreleón, y por la licenciada María Georgina Moreno Rivera, Secretaria de Tribunal, autorizada por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de magistrada de Circuito, en los términos precisados en el párrafo precedente.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso; con tal carácter téngasele por apersonado al presente asunto y por formulados los alegatos que hace a su favor. Se tiene como nuevo domicilio designado para oír y recibir notificaciones, el que indica y por autorizados para tal efecto a quienes menciona, revocando los anteriores. Por lo que respecta a su solicitud de tener por autorizados a los licenciados Hernández Torres, Poblano Ibarra, Rojas Hernández y Rodríguez Rodarte, hágasele saber que fue acordada en auto admisorio de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Como lo solicita, se tiene por autorizados a los usuarios "lxxx" y "xxxx", para la consulta y seguimiento virtual de este expediente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21 contenido en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo; revocando la autorización anterior.

  3. Amparo en revisión

    Agréguese a los autos el oficio 9640/2023 signado por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual acusa recibo del similar, por el que se remitió testimonio de la ejecutoria y los autos de origen. Toda vez que en la ejecutoria dictada, en la materia de la revisión se modificó la sentencia recurrida, se sobreseyó en el juicio de amparo y se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

  4. Amparo en revisión

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió en consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "QUINTO. Como cuestión previa, se destaca que en el expediente del juicio de amparo unistancial de origen la parte quejosa amplió su demanda de amparo y solicitó se llamara al juicio constitucional como autoridad responsable a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, quien rindió su informe con justificación respecto al acto que se le reprocho, sin embargo, la resolutora Federal en la sentencia que se revisa no hizo pronunciamiento alguno respecto a la certeza y naturaleza de los actos atribuidos a dicha autoridad responsable. Ahora bien, tal circunstancia debe ser abordada de oficio por este Tribunal Colegiado de Circuito y corregir la incongruencia de que adolece la sentencia impugnada, en términos de lo dispuesto por el artículo 93, fracción lll, de la Ley de Amparo. En el caso concreto, de la demanda de amparo se advierte que se señaló como autoridades responsables al Director General, a la Junta Directiva y a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, de quienes se reclamó el acto consistente el pago de la pensión jubilatoria, respecto de los meses de septiembre, octubre y noviembre de do mil veintiuno, así como el pago de la primera parcialidad del aguinaldo derivada de la pensión por jubilación que debió efectuarse el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, así como a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, de quien reclamó la recomendación formulada en el Informe Específico sobre la Revisión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Zacatecas, emitido en el expediente de investigación ************** para que no se pagara el aguinaldo al no contemplarse en la Ley del ISSSTEZAC. Al respecto, este Tribunal Colegiado de Circuito considera actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, respecto al acto que los quejosos reclaman al Auditor Superior del Estado de Zacatecas, puesto que no cuentan con legitimación para controvertir el informe específico reclamado. En efecto, los citados artículos establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la última de las disposiciones transcritas se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha ley. Mientras que de los restantes artículos se desprende que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor, o por cualquier persona, en los casos previstos por la Ley de Amparo, salvaguardando dos principios fundamentales que rigen en el juicio de derechos fundamentales: el de instancia de parte agraviada y, el de agravio personal y directo. Es decir, el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, esto es, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promoverlo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido, en términos del artículo 5° de la citada legislación, como regla general. Ahora bien, las mencionadas autorizaciones y cumplimiento de los requisitos relativos, constituyen una institución procesal que se denomina legitimación procesal activa, la cual se define como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. Así, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, ya sea porque se ostente como titular de ese derecho o porque cuente con la representación legal de dicho titular, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio contar y acreditar la legitimación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.75/9717, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En la especie, tenemos que la quejosa reclama en vía de ampliación de demanda la recomendación formulada en el Informe Específico sobre la Revisión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Zacatecas, emitido en el expediente de investigación ASEINV-003/2020 por el Auditor Superior del Estado de Zacatecas. Dicho informe de investigación, según narró el Auditor Superior del Estado de Zacatecas, en su informe justificado, derivó de la denuncia formulada por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas el once de febrero de dos mil veinte, en la que le solicitó una revisión a la gestión financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas en relación a las administraciones de los Gobernadores Miguel Alejandro Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna. Razón por la cual el veinte de agosto de dos mil veinte emitió el mencionado Informe Especifico sobre la Revisión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en términos de los artículos 73 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, el que sirvió de punto de partida para determinar si existieron en la gestión administrativa de ese instituto faltas administrativas. Dicho informe básicamente concluyó: 1. Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas ha otorgado aguinaldos a pensionados, sin que exista disposición legal que así lo determine, ya que en su ley - derogada- de mil novecientos ochenta y seis no se estableció esa prestación social; 2. Que se debía suspender el pago de aguinaldos otorgados fuera del marco legal, pues constituye un esfuerzo presupuestal significativo para ese instituto; además de advertir alternativas para "fondear" el costo de esa prestación social a las nuevas generaciones de pensionados. Así, de esa fiscalización se derivaron las observaciones I) EXP-INV-ISSSTEZAC-024, Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades por Faltas Administrativas, actualmente en substanciación y 2) EXP-INV-ISSSTEZAC025, Recomendación, que se trata de una recomendación de carácter preventivo a fin de que el instituto fiscalizado precise las mejoras realizadas sobre los puntos materia de observación, las acciones emprendidas o justifique la improcedencia de los resultados. Como es de apreciarse, la indicada investigación está dirigida única y exclusivamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, no así a la generalidad de sus pensionados, muchos menos a la aquí quejosa. De ahí que se estime que ésta última no cuenta con legitimación en la causa necesaria para reclamar en esta vía de control constitucional dicha indagatoria, pues no se instruye en su contra, sino contra el citado instituto, cuyos servidores públicos que lo integran son quienes, en todo caso, podrían acudir a reclamar cualquier afectación de derechos sustantivos directa e inmediata que pudiera acontecer en su substanciación. Lo que se corrobora en base a lo previsto en los ordinales citados por el auditor responsable, 73 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Zacatecas, que disponen que, hecha la denuncia de aplicación irregular de recursos públicos y desahogada la denuncia respectiva por la Auditoria Superior del Estado, deberá promover las acciones conducentes para lograr la imputación de responsabilidades administrativas, penales y políticas que fueran necesarias; ello implica la individualización de los presuntos responsables, quienes de manera exclusiva tendrán que ser los servidores públicos de esa entidad aseguradora, no algún otro particular. De esta forma, al no ser la quejosa sujeta a fiscalización dentro del Informe Especifico sobre la Revisión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, emitido en el expediente de investigación ************** por el Auditor Superior del Estado de Zacatecas, carece de legitimación en la causa para reclamar el informe específico controvertido, dado que no es sujeta a investigación dentro de las auditorías practicadas, las que, se insiste, fueron exclusivamente efectuadas al citado instituto. En ese contexto, es que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, por no estar dirigido el acto reclamado en contra de la quejosa y, consecuentemente, no afectar su esfera jurídica, tal como lo exigen los preceptos legales enunciados. En las relatadas condiciones, al operar la causal de improcedencia aludida lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo de origen de donde deriva el presente recurso de revisión, respecto al acto reclamado al Auditor Superior del Estado de Zacatecas en términos de la fracción V, del numeral 63, de la citada legislación." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno.

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