Eduardo Rios Mendoza
Expediente 172/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Eduardo Rios Mendoza
- Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla
- EDUARDO RIOS MENDOZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de mayo, al dieciocho de junio de dos mil veintiuno, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Jueza Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (Olga Margot Cortés León), en apoyo a su informe justificado consistente en el duplicado del incidente no especificado de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva derivado del proceso penal 431/2016 de su estadística, con la que se formó el anexo I, en el presente juicio de amparo; se ordena devolver dicho legajo a la autoridad citada, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo, toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 1380 signado por la Juez Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, por medio del cual, devuelve el diverso 122-1 de veintiocho de abril del año en curso, del índice de este órgano jurisdiccional, por las razones que expone, sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de veinticuatro de mayo del año que transcurre, se ordenó reexpedir el comunicado citado con antelación, por el cual, se hizo del conocimiento del Juez Segundo de lo Penal de Puebla, que en proveído de veintiocho de abril pasado, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este sumario constitucional, e incluso ya obra agregado en autos el acuse respectivo de dicha comunicación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obran agregadas al expediente físico ni vinculadas al expediente electrónico, las constancias de notificación de los oficios 122-1, 122-2, 122-3 y 122-MPF, relativos al auto de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno -por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo- dirigidos a las autoridades responsables, autoridad tercero interesada, y agente del ministerio público de la federación. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones y acordar lo que en derecho corresponda, se ordena reexpedir de inmediato las citadas comunicaciones.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE DEFENSOR PUBLICO DEL QUEJOSO LA RESOLUCION DE 28 DE abril DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. ---. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinte de agosto de dos mil veinte, esta autoridad resolvió negar el amparo solicitado por ********************, por conducto de su defensor particular ********************, respecto de la resolución pronunciada por la 1. Jueza Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla el veintiuno de enero de dos mil veinte, en el incidente no especificado de revisión de medida cautelar de prisión preventiva derivada de la causa penal ********************de su índice, por las razones expuestas en el propio fallo. Inconforme con dicha resolución, la citada parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca ********************. Mediante ejecutoria dictada el dieciocho de marzo del actual, el citado órgano colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** en contra del acto reclamado a la Jueza Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la resolución de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictada en el incidente no especificado de revisión de medida cautelar de prisión preventiva relativo al proceso ********************, para los efectos que quedaron precisados en el considerando último de esta sentencia. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. TERCERO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesivo, interpuesto por ********************.". En tales condiciones, recibida la ejecutoria constitucional, por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, este juzgado Federal requirió a la Jueza Segundo de lo Penal del distrito judicial de Puebla, para que, dentro del término de tres días, legalmente computado, acreditara haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son: ---, como probable responsable en la comisión del delito de violación, cometido en agravio de ********************. Al respecto, medularmente estableció que si bien la fracción IX, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la prisión preventiva en ningún caso será superior a dos años, también es verdad que no excederá del tiempo máximo que como pena fije la ley al delito que motivare el proceso, con la salvedad que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado; lo que en el caso, estimó que se actualiza. Ello es así, pues analizó los factores que deben considerarse para establecer la razonabilidad para la prolongación del plazo para la prisión preventiva establecido en el mencionado precepto constitucional, a saber: la complejidad del caso; la actividad procesal del interesado; y, la conducta de la autoridad judicial; concluyendo que la dilatación del procedimiento ha sido consecuencia del derecho de defensa que prevalece en favor del inculpado, y que se considera necesaria la prolongación de la prisión preventiva, al existir temor fundado que el procesado eluda la acción de la justicia y, por ende, no se desarrolle de manera eficiente el proceso. Documentales que adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, no se desatienden las manifestaciones vertidas por ********************, defensor particular del quejoso ******************** en su escrito presentado el diecinueve de abril pasado, en la Oficialía de Partes Comunes, en torno a que la ejecutoria de amparo no está debidamente cumplida, pues aduce que las consideraciones expuestas por la jueza responsable en la resolución de trece de abril pasado, son incorrectas, por lo que se debe declarar que existe incumplimiento de la ejecutoria de amparo, por defecto y/o exceso. Sin embargo, tal y como fue explicado previamente, la jueza encargada del cumplimiento sí atendió los efectos de la ejecutoria de amparo, lo cual no se reitera, en obvio de repeticiones innecesarias; además, las consideraciones que a su arbitrio tomó en cuenta la autoridad responsable para dictar la resolución de trece de abril del año en curso, no podrían ser analizadas en este momento, al no haber sido materia de estudio en el fallo protector, pues como ya se dijo, se otorgó a la responsable plenitud de jurisdicción en su actuación, y fue en uso de esa libertad que sustentó las consideraciones que ahora se combaten; por lo que, este Juzgado Federal está impedido para analizar la legalidad o no de las razones que sustentan dicha determinación, pues en todo caso aquéllas tendrían que ser estudiadas en un diverso juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ...Notifíquese personalmente al quejoso (en el lugar de su reclusión), a su defensor particular (en el domicilio señalado para tal efecto) y a la tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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