Eduardo Olguin Hernandez

Expediente 138/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
138/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Olguin Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 137/2021 y su acumulado 138/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Edgar y Eduardo, ambos de apellidos Olguín Hernández, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto 137/2021 y prevención. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial (fojas 2 a 10), turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el mismo día, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Edgar Olguín Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que precisó en la demanda de garantías. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno (foja 11 a 19), se radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 137/2021, y se previno al quejoso para que manifestara si deseaba, o no, señalar como acto reclamado la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y como autoridad responsable al Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. SEGUNDO. Demanda de Amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto 138/2021 y prevención. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial (fojas 23 a 34), turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Eduardo Olguín Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que precisó en la demanda de garantías. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno (foja 35 a 43), se radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 138/2021, y se previno al quejoso para que manifestara si deseaba, o no, señalar como acto reclamado la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y como autoridad responsable al Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. TERCERO. Desahogo de prevenciones, acumulación, admisión y trámite del juicio. Mediante escritos presentados el veinticuatro de febrero de la presente anualidad (fojas 45 y 46) Edgar y Eduardo, ambos de apellidos Olguín Hernández, desahogaron las prevenciones aludidas, ya que expresaron que no desean señalar como acto reclamado destacado la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa ni como autoridad responsable al director del centro de reclusión correspondiente. Así, en acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno (fojas 47 a 53), se determinó lo siguiente: -Se ordenó la acumulación de los juicios de amparo 137/2021 y 138/2021 de este índice, en virtud de que se advirtió que las demandas de garantías que dieron origen a esos expedientes, se reclama la misma determinación judicial (auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra dentro de la carpeta judicial administrativa 431/2020/CHOLULA). -Se admitió a trámite el juicio, sin incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado (foja 63). CUARTO. Parte tercera interesada. En el citado auto admisorio, se reconoció el carácter como tercera interesada a María Gabriela Alejo Arcos (occisa), por conducto de su progenitora María de la Luz Arcos Aguilar, quien fue emplazada a juicio el tres de marzo de dos mil veintiuno (foja 59 y 60). Así mismo, en acuerdo de cinco de marzo de la presente anualidad (foja 166 y 167), se ordenó llamar a juicio como autoridad tercera interesada a Mónica Diaz Carvajal, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, lo que ocurrió mediante oficio el seis de marzo de dos mil veintiuno (foja 171). .... OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edgar y Eduardo, ambos de apellidos Olguín Hernández, contra los actos que reclamó del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Fernando Martínez Espinosa, consistente en la resolución pronunciada en audiencia celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial administrativa 431/2020/CHOLULA, en la parte conducente donde dictó auto de vinculación a proceso en su contra; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente a los quejosos en lugar de su reclusión; por lista a sus autorizados; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 137/2021 y su acumulado 138/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Edgar y Eduardo, ambos de apellidos Olguín Hernández, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto 137/2021 y prevención. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial (fojas 2 a 10), turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el mismo día, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Edgar Olguín Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que precisó en la demanda de garantías. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno (foja 11 a 19), se radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 137/2021, y se previno al quejoso para que manifestara si deseaba, o no, señalar como acto reclamado la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y como autoridad responsable al Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. SEGUNDO. Demanda de Amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto 138/2021 y prevención. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial (fojas 23 a 34), turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Eduardo Olguín Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que precisó en la demanda de garantías. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno (foja 35 a 43), se radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 138/2021, y se previno al quejoso para que manifestara si deseaba, o no, señalar como acto reclamado la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y como autoridad responsable al Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. TERCERO. Desahogo de prevenciones, acumulación, admisión y trámite del juicio. Mediante escritos presentados el veinticuatro de febrero de la presente anualidad (fojas 45 y 46) Edgar y Eduardo, ambos de apellidos Olguín Hernández, desahogaron las prevenciones aludidas, ya que expresaron que no desean señalar como acto reclamado destacado la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa ni como autoridad responsable al director del centro de reclusión correspondiente. Así, en acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno (fojas 47 a 53), se determinó lo siguiente: -Se ordenó la acumulación de los juicios de amparo 137/2021 y 138/2021 de este índice, en virtud de que se advirtió que las demandas de garantías que dieron origen a esos expedientes, se reclama la misma determinación judicial (auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra dentro de la carpeta judicial administrativa 431/2020/CHOLULA). -Se admitió a trámite el juicio, sin incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado (foja 63). CUARTO. Parte tercera interesada. En el citado auto admisorio, se reconoció el carácter como tercera interesada a María Gabriela Alejo Arcos (occisa), por conducto de su progenitora María de la Luz Arcos Aguilar, quien fue emplazada a juicio el tres de marzo de dos mil veintiuno (foja 59 y 60). Así mismo, en acuerdo de cinco de marzo de la presente anualidad (foja 166 y 167), se ordenó llamar a juicio como autoridad tercera interesada a Mónica Diaz Carvajal, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, lo que ocurrió mediante oficio el seis de marzo de dos mil veintiuno (foja 171). QUINTO. Cita para sentencia. En acuerdo admisorio de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 48 vuelta), la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos) se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: ... En mérito de lo expuesto, el auto de vinculación a proceso reclamado no entraña vulneración a los derechos públicos subjetivos del accionante, menos al principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, tales como los artículos: 8, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, punto 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que en esencia establecen que a toda persona a quien se le imputa un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad. Ello, porque hasta este momento, en el particular, se han cumplido con los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª/J. 24/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de 'poliédrico', en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como 'regla de trato procesal' o 'regla de tratamiento' del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Además, en su caso, será en el dictado de la sentencia cuando se esté condiciones de valorar el material probatorio, de cargo y de descargo que se desahogue en la audiencia de juicio oral, y analizar conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad que proponga el representante social, como la inocencia que alegue la defensa y verificar si dan lugar a una duda razonable que traiga como consecuencia la absolución. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." También es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el Ministerio Público sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes para condenar. En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo. De esta manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para condenar." En consecuencia, por las razones expuestas, procede negar el amparo solicitado por Edgar y Eduardo, ambos de apellidos Olguín Hernández, respecto de la resolución en la que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edgar y Eduardo, ambos de apellidos Olguín Hernández, contra los actos que reclamó del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Fernando Martínez Espinosa, consistente en la resolución pronunciada en audiencia celebrada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial administrativa 431/2020/CHOLULA, en la parte conducente donde dictó auto de vinculación a proceso en su contra; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente a los quejosos en lugar de su reclusión; por lista a sus autorizados; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado...

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