Eduardo Reyna Vega

Expediente 1020/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1020/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Reyna Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que el quejoso********************, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el trece de septiembre del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Eduardo Reyna Vega, por medio del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 1020/2021-VII, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación a lo expresado la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, tesis I.6o.C. J/19, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la integridad de la demanda y documental que se acompaña, acorde a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que se reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 01/2008, relativo al juicio de ejecución forzosa por incumplimiento de pago de pensión alimenticia, en cuyo acuerdo se fijaron las doce horas del seis de septiembre del presente año, a efecto de que los peritos realizaran los trabajos de campo necesarios e indispensables para emitir su respectivo avalúo en relación con la finca embargada en autos, cuya ejecución atribuyó tanto a la citada autoridad judicial, como a la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas y al Encargado del Despacho de la Delegación Regional de la Policía Estatal Acreditable, residentes en esta ciudad. Examinada dicha demanda en términos de lo establecido en el artículo 145, de la Ley de Amparo, este órgano de control de legalidad, estima que debe desecharse. Efectivamente, es innegable que este órgano jurisdiccional, se encuentra obligado al estudio de las causas de improcedencia, y al haberlo hecho, advierte que en el presente caso se actualiza la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se corroborará enseguida, para ello es pertinente dejar constancia que los citados numerales en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: .III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio" El primero de los preceptos citados prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, como puede advertirse, la fracción XVIII del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, se refiere a la causa de improcedencia derivada del hecho de que procedan recursos o medios de defensa ordinarios contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas en amparo, que no se agotó previamente, como sucedió en el caso a estudio, ya que en contra del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, procede el recurso de revocación en términos del artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas; por consiguiente, al no haberse interpuesto el aludido recurso de revocación que se estima como el medio de defensa idóneo de impugnación contra el citado auto, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por lo tanto, el supracitado acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, no puede estimarse como acto definitivo para efectos del juicio de garantías, en las relacionadas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Asimismo, es indiscutible que, de resultar fundado el medio de impugnación de que se trata, la consecuencia jurídica sería la revocación del acuerdo aquí reclamado. Por ello, se insiste, el acto medular que la parte quejosa tilda de inconstitucional, debió ser impugnado a través del recurso de revocación, tal como lo prevé el dispositivo legal citado, pues se encuentra contemplado en la ley, que rige el procedimiento civil de donde emana el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que, debe destacarse que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías y que se encuentran consignados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de definitividad, el cual consiste en que, para ser procedente éste, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca. En apoyo a lo anterior, y por no resultar contraria a la actual Ley de Amparo, se cita la jurisprudencia J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Al anterior punto de vista, se estima aplicable la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, establecida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, Página 902, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni la parte quejosa tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen; ni el acto reclamado no se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. Pero además, es preciso hacer hincapié que dentro del expediente 01/2008, relativo al juicio de ejecución forzosa por incumplimiento de pago de pensión alimenticia, donde se emitió la determinación que se reclama, como ya se dijo, el ahora peticionario del amparo figura como parte demandada; por ende, tiene la obligación, de vigilar su debida prosecución, para estar en posibilidades de impugnar cualquier actuación o resolución que a su juicio se aparte de los lineamientos establecidos en la propia ley de la materia, haciendo uso de los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance para ello. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia número VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Corolario a lo antes expuesto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, lo conducente es desechar de plano la demanda de garantías que nos ocupa, de conformidad con el diverso numeral 63 fracción V, del mismo cuerpo de leyes. No se soslaya que el reclamo toral del quejoso, estriba en el temor de que la diligencia ordenada en el acuerdo que constituye el acto reclamado, se pretende realizar en el inmueble que forma parte de su domicilio particular y que habita en compañía de su familia, ante el fenómeno que se está viviendo actualmente en el país, derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); empero, como ya se estableció, ello no lo exime de agotar los recursos ordinarios que para tal efecto prevén las leyes que rigen el procedimiento respectivo del cual es parte, antes de acudir a esta instancia constitucional. Pero además, porque ante la actual contingencia, distintas autoridades federales y estatales han adoptado diversas medidas concernientes a mitigar los efectos que impactarían en la salud pública del país; en ese sentido el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, publicó en el Periódico Oficial, en fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos de Seguridad Sanitaria y de Salud para la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales para contener la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado, en el cual, en su artículo Tercero, se estableció que en todos los lugares, recintos y establecimientos, públicos o privados, se deberán observar, en todo momento y de manera obligatoria, las siguientes prácticas de higiene, sana distancia y prevención: a) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; b) Las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); c) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); d) Portar cubrebocas o mascarilla facial en nariz y boca; e) Utilizar y proveer gel antibacterial para manos y superficies; y f) Mantener todas las medidas de sana distancia recomendadas por las Secretarías de Salud, tanto federal como estatal. g) Entrega de cubrebocas en las plazas públicas que de conformidad con los opertativos preventivos se determine necesario. Asimismo, que es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte público. Por ello, no obstante el sentido que se le está dando a la demanda de garantías que nos ocupa, comuníquese esta determinación a las autoridades señaladas como responsables, para que, al llevarse a cabo la diligencia donde los peritos deberán realizar los trabajos de campo necesarios e indispensables para emitir su respectivo avalúo en relación con la finca embargada en el expediente 01/2008, relativo al juicio de ejecución forzosa por incumplimiento de pago de pensión alimenticia, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se cumplan con las prácticas de higiene, sana distancia y prevención que han quedado precisadas con antelación. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda y, como lo solicita, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Estrada Abundis e Isis Abril Nájera Villanueva, con cédulas profesionales 1881644 y 8021527, debidamente capturadas en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Eduardo Reyna Vega. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal

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