Eduardo Reyna Vega
Expediente 466/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/07/2021
Partes del expediente
- Eduardo Reyna Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, y con el estado que guardan los autos del juicio de amparo 466/2021-II. Conste. El Secretario.Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento de este asunto; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 466/2021-II, promovido por la parte quejosa Eduardo Reyna Vega, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno, ante este Juzgado Federal, Eduardo Reyna Vega, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La omisión por parte de la autoridad responsable quien se abstiene de remitir los autos al tribunal de alzada para que sea sustanciado el recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado en contra de una resolución dictada dentro del expediente 601/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad, relativo a un juicio sumario civil sobre cancelación de pensión alimenticia." (Sic). Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 17 constitucionales. SEGUNDO. En auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 466/2021-II; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la autoridad responsable de remitir los autos al tribunal de alzada para que sea sustanciado el recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado en contra de una resolución dictada dentro del expediente 601/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad, relativo a un juicio sumario civil sobre cancelación de pensión alimenticia. Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación al caso, por contener razonamientos aplicables, la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, por las consideraciones que la informan, la tesis aislada número P.VI/2004, visible en la página 255 del Tomo XIX, correspondiente al mes de Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se le atribuye a la jueza Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta ciudad, toda vez que así lo refirió al rendir su informe justificado. Lo que además se acredita con las propias constancias remitidas por dicha autoridad, al emitir su comunicado. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición exprese del su dispositivo 2. Valoración a la que le es aplicable la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo establecido en la jurisprudencia número ochocientos catorce, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En relación con lo anterior, conviene dejar establecido que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Sentado lo anterior, la causa de improcedencia que se actualiza respecto del acto reclamado, es la prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el que en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Para una mejor comprensión del significado de la causal de improcedencia anteriormente transcrita, es necesario observar lo que señala la tesis visible en la página setenta y uno, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENIAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCION CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." El criterio anterior establece que para que concurra la citada causal de improcedencia, es necesario que el acto reclamado por la parte quejosa, quede insubsistente y que las cosas vuelvan al estado actual que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de tal manera, que ese acto ya no le perjudique al agraviado y pueda disfrutar del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para el caso sujeto a estudio, debe resaltarse que la quejosa se duele, en lo medular: "La omisión por parte de la autoridad responsable de remitir los autos al tribunal de alzada para que sea sustanciado el recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado en contra de una resolución dictada dentro del expediente 601/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad, relativo a un juicio sumario civil sobre cancelación de pensión alimenticia. Empero, de las constancias que obran en este cuaderno, y que fueron allegadas por la autoridad responsable, se aprecia que dicha omisión ya fue subsanada; toda vez que mediante oficio número 563, de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, la jueza Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta localidad, ordenó remitir el expediente 00601/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Alimentos, promovido por Eduardo Reyna Vega, en contra de Jesús Eduardo Reyna Escamilla, a la Secretaría General de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Nancy Liliana Báez García, en su carácter de abogada asesora de la parte demandada, en contra de la sentencia definitiva de seis de noviembre de dos mil veinte, cuyo recurso se admitió por auto de dos de diciembre de dos mil veinte en efecto devolutivo; cuya falta de pronunciamiento se dolía el amparista. A los medios de convicción aportados por la autoridad responsable, este juzgador les otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo; siendo suficientes para acreditar sin lugar a dudas las circunstancias que en ellos se contiene; entre las que se destaca, que mediante oficio número 563, de nueve de junio de dos mil veintiuno, la jueza Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta localidad, remitió el expediente 00601/2019, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Alimentos, promovido por Eduardo Reyna Vega, en contra de Jesús Eduardo Reyna Escamilla, a la Secretaría General de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Nancy Liliana Báez García, en su carácter de abogada asesora de la parte demandada, en contra de la sentencia definitiva de seis de noviembre de dos mil veinte, cuyo recurso se admitió por auto de dos de diciembre de dos mil veinte en efecto devolutivo; cuya falta de pronunciamiento se dolía el agraviado. Subsanándose con ello la omisión que en esencia generó la causa de pedir del doliente; siendo inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante lo cual, resulta procedente sobreseer el presente juicio constitucional con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Por las consideraciones que la informan, aplicables al caso concreto, se cita el contenido de la jurisprudencia número ciento tres, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal virtud, como se dijo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa. Dado el sobreseimiento decretado con base en la causal de improcedencia actualizada, es dable agregar que aun y cuando no se resolvió en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso que se dice agraviado por el acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se reitera, no es incompatible con el derecho humano de trato. Sustenta lo dicho, la tesis XVII.1o.C.T.15 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Común, página 2274, del rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Por lo antes expuesto y fundado; con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 76, y 79 de la Ley de amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio constitucional promovido por Eduardo Reyna Vega, respecto de los actos que reclamó a la jueza Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta ciudad, con base en los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del expediente en que se actúa, se desprende que mediante proveído de catorce del mes y año en curso, se tuvo por recibido y se ordenó poner a la vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta ciudad; por lo que no se cuenta con la anticipación de los ocho días establecidos en dicho numeral, a fin de que las partes se impongan del contenido del citado informe. Por tanto, a efecto de no transgredir la garantía de defensa que le asiste a las partes, además de propiciar una mejor aplicación de la ley de la materia, con la finalidad de que el juicio de amparo se constituya en un medio de control de la constitucionalidad eficaz, con fundamento en el numeral 117, párrafo segundo, de la ley de la materia, se hace necesario diferir la audiencia que se encuentra señalada para esta propia fecha y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal
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