Eduardo Ravelo Rodriguez

Expediente 8/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
8/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/02/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Ravelo Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    III. Agréguese el oficio de cuenta, enviado por la Directora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase informando sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano de los actos reclamados; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En términos de los artículos 9° y 28, fracción II, de la ley de la materia, téngase como delegados y domicilio los que se precisan en su informe. Ahora, tomando en consideración que en proveído de diez de enero actual, éste Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 8/2019-III, de donde deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, declinando la competencia en favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Morelia, Michoacán, como se encuentra ordenado en proveído de dieciocho de enero del año en curso, remítase el referido oficio, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    III. Agréguese el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido téngase acusando recibo del oficio 247, de diez de enero del año en curso, mediante el cual se remitió el juicio de amparo 8/2019-III, correspondiente al cuaderno de antecedentes en que se actúa, mediante el cual, además, informa que el juzgado de su adscripción aceptó la competencia planteada. Por otra parte, agréguense el oficio y telegrama de cuenta, enviados por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como Directora de Amparos "A", en ausencia del Secretario de Gobernación, ambos con residencia en la Ciudad de México, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase informando sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano de los actos reclamados; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En términos de los artículos 9° y 28, fracción II, de la ley de la materia, téngase como delegados y domicilio los que se precisan en sus informes. Ahora, tomando en consideración que en proveído de diez de enero actual, éste Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 8/2019-III, de donde deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, declinando la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Morelia; por tanto, tomando en consideración que con esta fecha se tiene al Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Morelia, Michoacán, informando que se aceptó el conocimiento del juicio de amparo promovido por Eduardo Ravelo Rodríguez, por conducto de sus defensores particulares, Octavio Estrada Villagómez y Mará Guadalupe García Ramos, como se encuentra ordenado en proveído de dieciocho de enero del año en curso, remítanse los referidos oficios, así como los diversos acordados en el citado proveído, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes. Por otra parte, téngase al Encargado del Despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del oficio de cuenta, devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 74/2019 orden 83/2019 del índice de este juzgado, enviado a efecto de notificar a Octavio Estrada Villagómez y María Guadalupe García Ramos, defensores particulares del quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez, el contenido del proveído de diez de enero actual, en que este juzgado se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo, lo que aconteció por medio de lista el quince de enero mencionado. Dése de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación por vía electrónica, a través del mencionado sistema. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, al no quedar materia pendiente sobre la cual resolver, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.

  3. Principal

    III. Agréguense los oficios de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Secretario de Relaciones Exteriores, residente en la Ciudad de México (por conducto del Director Jurídico Contencioso), Director del Centro Penitenciario "David Franco Rodríguez" y Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, ambos con sede en Morelia, informando sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano de los actos reclamados; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora, tomando en consideración que en proveído de diez de enero actual, éste Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 8/2019-III, de donde deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, declinando la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Morelia; por tanto, una vez que se tenga conocimiento del Juzgado al que correspondió conocer de dicho asunto, remítanse los referidos oficios a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    III. En diez de enero de dos mil diecinueve, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: a) La demanda de amparo promovida por Octavio Estrada Villagómez y María Guadalupe García Ramos, quienes se ostentan como defensores particulares del quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez, ingresada en el libro de gobierno bajo el número 8/2019-III y en el libro de gobierno con el consecutivo 308. b) Asimismo, el licenciado Mario Alvez Cuevas, secretario adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, CERTIFICA y hace constar que una vez revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", de este juzgado, se advierte que no existen diversas demandas presentadas por el referido quejoso, tal como se corrobora de la constancia que al efecto se anexa. Conste.Uruapan, Michoacán, diez de enero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Octavio Estrada Villagómez y María Guadalupe García Ramos, quienes se ostentan como defensores particulares del quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez, contra actos del Secretario de Relaciones Exteriores, con sede en la ciudad de México, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 8/2019-III, se comisiona al Secretario la revisión de integración del expediente. ACLS RECLAMADOS Y SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, los promoventes manifiestan como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Secretario de Relaciones Exteriores. 2. Secretario de Gobernación. 3. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Residentes en la Ciudad de México. 4. Coordinadora del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán. Con sede en Morelia, Michoacán. 5. Director del Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez" Mil Cumbres. Con residencia en Charo, Michoacán. De quienes se reclama: La orden de traslado del quejoso del lugar de su reclusión; esto es, del Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez" Mil Cumbres, con sede en Charo, Michoacán, a diverso centro penitenciario Federal o Estatal, con la finalidad de deportar o extraditar al quejoso de este país a Estados Unidos de América, así como su ejecución. En razón a ello, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO todo acto de traslado a diverso centro de reclusión al en que actualmente se encuentra el quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez (Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez" Mil Cumbres, con sede en Charo, Michoacán). Lo anterior, comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Por otro lado, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos que hayan dado al cumplimiento de esta medida de suspensión de plano; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes, a fin de acreditar su dicho; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal; asimismo, comuníqueseles que la violación a este mandato trae como consecuencia lo siguiente: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. En el entendido de que, la suspensión aquí otorgada, podrá ser inobservada por las autoridades penitenciarias, ante el desconocimiento que tiene este órgano jurisdiccional de los pormenores de la misma; si previo a la presente determinación está acreditado, fundada y motivadamente, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: 1. Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; 2. Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; 3. Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; 4. Peligro para los internos; 5. Seguridad del propio quejoso; 6. Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, 7. Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. Tiene sustento a lo determinado con anterioridad, la tesis siguiente: Tesis: 1a./J. 58/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2013066 1 de 1 Primera Sala Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Pag. 865 Jurisprudencia(Común) ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. La suspensión concedida no surtirá efectos si la orden de traslado ya se ejecutó con antelación a la fecha de presentación de la demanda. INCOMPETENCIA Por otro lado, de la lectura minuciosa realizada a la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso combate a través de esta vía la orden de trasladarlo del lugar en donde se encuentra recluido; esto es, del Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez" Mil Cumbres, con sede en Charo, Michoacán, a diverso centro penitenciario Federal o Estatal, con la finalidad de deportarlo o extraditarlo de este país a Estados Unidos de América, así como la ejecución de dicho acto. En tales circunstancias, previo a la admisión, desechamiento o prevención de la demanda, es necesario analizar lo relativo a la competencia de este juzgado, dado que tal circunstancia es de orden público y estudio preferente. En ese contexto, esta autoridad determina que no es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto por los motivos y consideraciones que a continuación se expondrán: Es menester precisar, que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Asimismo, el artículo 37, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Por tanto, del análisis del precepto invocado en primer término, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en aquél que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia el correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas juridicciones, que haya prevenido será el competente para conocer de la demanda de amparo; c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiere ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así también, el artículo 48 antes transcrito, estatuye que cuando ante algún Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo que sea competencia de uno diverso se declarará que carece de competencia legal de plano y lo comunicará al que estime competente. En el caso en concreto el peticionario de la tutela federal como ha quedado detallado en líneas precedentes reclama de las autoridades responsables la orden de traslado del lugar en donde se encuentra recluido que lo es el Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez" Mil Cumbres, con sede en Charo, Michoacán, a diverso centro penitenciario Federal o Estatal, con la finalidad de deportarlo o extraditarlo de este país a Estados Unidos de América, así como la ejecución de dicho acto. En consecuencia, atendiendo a las reglas que han quedado detalladas, es indudable que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en turno, órgano jurisdiccional que ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso y donde supuestamente se ordenó el traslado que se tilda de inconstitucional, actualizándose con ello la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues de la lectura integra que se realiza al libelo constitucional no se advierte que dicha orden de traslado se pretenda ejecutar en el lugar en donde esta autoridad ejerce jurisdicción. Expuesto lo anterior, este juzgador federal se declara legalmente incompetente para razón de territorio para resolver de este juicio, declinando la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en turno, por tanto, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Con este proveído y constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos leales a que haya lugar; solicitando atentamente al titular que conozca del asunto, el acuse de recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o no de la competencia que se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes. Tesis: P./J. 18/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001982 1 de 1 Pleno Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1 Pag. 17 Jurisprudencia (Común) ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Ahora, toda vez que el peticionario de amparo se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez" Mil Cumbres, con sede en Charo, Michoacán, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto al citado Eduardo Ravelo Rodríguez, en dicho centro de reclusión; asimismo notifique a los promoventes Octavio Estrada Villagómez y María Guadalupe García Ramos, quienes se ostentan como defensores particulares del agraviado, en el domicilio señalado en el escrito de demanda; esto es, en el despacho jurídico que se encuentra ubicado en calle Vicente Santa María número 1504-I, colonia Félix Ireta, en dicha ciudad capital. Con la indicación que desde este momento se habilitan días y horas inhábiles en caso de ser necesario, para la práctica de dicha diligencia; de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto.

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