Eduardo Javier Bucio López

Expediente 760/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
760/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Javier Bucio López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    I. RESULTANDO: I. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Mediante escrito recibido el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en Zacatecas, Zacatecas, turnado el mismo día al Juzgado Tercero de dicha ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:". 1.- El C. Director General del CEFERESO No. 17 "CPS. MICHOACÁN", domicilio conocido. 2.- C. Juez de Distrito, Especializado en Ejecución de Sanciones de Apatzingán, Michoacán. IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables señaladas, la omisión de dar contestación a mis peticiones para recibir atención médica con la especialidad de Psiquiatría." Acto que, a su parecer, es violatorio de los artículos 1, 8, 17 y 18 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, fue admitida a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe de ley a las autoridades responsable; se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en Zacatecas; se designó defensor para el quejoso interno; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 12 a 20). Derivado del informe justificado rendido por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, Michoacán, por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista personal a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo en señalar como diversa autoridad responsable al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, residente en Morelia, al advertirse su participación en el acto reclamado (fojas 24 a 26). Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, turnado el día siguiente al Juzgado Tercero de Distrito en dicha población, ********************, Defensor Público adscrito al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, a nombre del quejoso, promovió ampliación de la demanda de garantías, contra la autoridad y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tiene el carácter de Autoridad Responsable, además de las ya asentadas en el escrito inicial de demanda, EL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN MICHOACÁN. IV.- ACTO QUE SE RECLAMA.- Se reclama a la Autoridad señalada como responsable, la NEGATIVA DE DARLE TRÁMITE A LA CONTROVERSIA DESIGNADA COMO ********************/2023, pues dicha omisión AFECTA LOS DERECHOS HUMANOS DEL QUEJOSO, AL VIOLENTAR DE MANERA UNILATERIAL ESA SU ESFERA CONSTITUCIONAL; por lo cual, para el ahora quejoso, es que se solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal." (fojas 34 y 35). Acto que, a su parecer, es violatorio de los artículos 1, 4, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los preceptos 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 8, punto 1 y punto 2, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por proveído de vente de abril de dos mil veintitrés, fue admitida a trámite la ampliación de la demanda de amparo; se solicitó su informe de ley a la autoridad responsable; y, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en Zacatecas (fojas 36 y 37). III. INCOMPETENCIA. Seguida la secuela procesal del juicio, la Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, celebró la audiencia constitucional, declarando vistos los autos para el dictado de la resolución correspondiente, la que fue emitida el veintidós de septiembre siguiente, determinándose carecer de competencia legal, por razón de territorio, para resolver el asunto, y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, residente en esta ciudad (fojas 116 a 123). IV. AVOCA. Por cuestión de turno correspondió conocer de este asunto a este órgano jurisdiccional, por lo que en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se aceptó su conocimiento en el estado procesal en que se encontraba, registrándola en el libro de gobierno con el número ********************-VI (fojas 142 a 147); se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 156); asimismo, se ordenó notificar la radicación a las partes; asimismo, en proveído de trece del referido mes y año, se reconoció la valides de las etapas de ofrecimiento de pruebas y alegatos desahogadas por el juzgado de Distrito declinante, dentro de la audiencia constitucional celebrada el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en los autos del juicio de amparo ********************/2023, quedando vistos los autos para dictar la resolución correspondiente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, ello, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; porque el acto reclamado, aunque es omisivo, sus efectos se materializan en el lugar en donde el quejoso guarda reclusión (Buenavista Tomatlán, Michoacán). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de la demanda de amparo, del ocurso de ampliación de la misma, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De acuerdo con lo anterior, en el presente caso debe tenerse como acto reclamado: Del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán; y, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", residentes en Apatzingán y Buenavista Tomatlán, respectivamente: La omisión de dar contestación a su escrito de petición presentado ante dicho juzgado el dos de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual, interpuso controversia judicial contra la referida autoridad penitenciaria, relativa a la falta de atención médica en la especialidad de psiquiatría. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, residente en Morelia: La omisión en dar trámite y resolver, en lo conducente, la controversia judicial ********************/2023, integrada con motivo del escrito petitorio del quejoso, tendente a obtener atención médica en la especialidad de psiquiatría, por parte del centro penitenciario donde guarda reclusión. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto reclamado que el quejoso atribuyó a la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado (foja 24), sin que el peticionario de la tutela federal haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En efecto, dicha autoridad judicial precisó que si bien recibió el escrito por el cual el quejoso promovió controversia judicial contra el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con asentamiento en Buenavista Tomatlán, Michoacán, por omisión a sus peticiones encaminadas a obtener asistencia médica en la especialidad de psiquiatría, integrándose el expediente ********************; también lo es, que por auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por tratarse de cuestiones administrativas relacionadas con el internamiento del quejoso en dicho centro preventivo; por lo que mediante oficio ********************, de la misma data, le remitió el expediente correspondiente. Consecuentemente, al ser inexistente el acto reclamado por la parte quejosa a la indicada autoridad responsable, por lo que a ella se refiere, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2°.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto que le es atribuido por el promovente del amparo (foja 54). Lo que se corrobora con la documental remitida por dicho funcionario en apoyo a su informe de ley, consistente en copia auténtica de las constancias que integran la controversia ********************/2023, la cual tiene plena eficacia probatoria, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto segundo, al haber sido expedida por funcionario en ejercicio de sus atribuciones (fojas 55 a 114). Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Apéndice 19********************, Tomo VI, Quinta Época, localizable en la página 153 que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." La referida autoridad jurisdiccional, en su informe de ley, precisó que en auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la controversia planteada por el quejoso, por no advertirse condiciones para establecer que la atención médica por éste solicitada debiera brindarse de manera urgente, pasando por alto el procedimiento previsto en el artículo 113 de la Ley Nacional de Ejecución penal para las peticiones administrativas. En efecto, en la documental adjuntada como soporte a tal informe justificado, obra el proveído de marras de seis de marzo de dos mil veintitrés, en el que el Juez de Distrito responsable, en lo que aquí interesada, textualmente determinó lo siguiente: ".Pretensión. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que la persona privada de la libertad -en esencia, refirió-: [.] -Solicito atención médica en el área de Psiquiatría [.]". Desechamiento. Al respecto esta autoridad judicial estima que no se advierten condiciones para establecer que la atención médica solicitada deba brindarse de manera urgente, ya que no se puso de manifiesto algún dato a partir del cual pueda inferirse que se encuentre comprometida la salud del interno, de tal manera que pudiera ocasionársele algún daño grave a su salud, o bien, exista el riesgo de que pudiera perder la vida. En ese sentido, tal solicitud debe realizarla al Director del Centro Penitenciario en el cual está interno, siguiendo el procedimiento relativo a las peticiones administrativas, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. [.]." Motivo por el cual, de conformidad con el último párrafo del artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenó remitir electrónicamente copia de la solicitud enderezada por el quejoso al Encargado del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con asentamiento en Buenavista Tomatlán, Michoacán, a efecto de que se impusiera de su contenido y diera respuesta inmediata a la misma, ya sea admitiéndola, previniendo al quejoso o desechándola (foja 70). Por su parte, la diversa autoridad responsable Encargado del Despacho del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", residente en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, emitió su informe justificado en el que negó la existencia del acto que le reclama el promovente del amparo (fojas 38 a 40), y con la finalidad de sustentar su dicho remitió copia certificada de diversas constancias que integran el expediente clínico del quejoso identificado con el número ******************** (fojas 41 a 50). Sin embargo, al tratarse de un acto de naturaleza negativo, la carga de la prueba recae en la autoridad responsable. De ahí que, no sea dable aceptar la negativa propuesta. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 27, volumen 60, primera parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Asimismo, cobra aplicación por analogía jurídica, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, con registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al análisis de fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar de oficio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 940, visible a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Sala y Tesis Comunes, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea de que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, se estima que en contra del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En relación con la causa de improcedencia que se invoca, es dable precisar que ésta se puede actualizar en diversos supuestos, a saber: 1) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. De lo anterior, se puede decir que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. De esta manera, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al finalizar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede estar acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, dado que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en comento se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; cuando es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Tal supuesto ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 882, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 19002, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." Así como en la diversa Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." 2) El otro supuesto que se contempla en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución procesal, la que se origina por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sobre tal hipótesis, de manera ilustrativa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis publicada en la página 158, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, segunda Parte, Séptima Época, con número de registro 234693, de rubro: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA." Así como la diversa tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2466, tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 353232, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS." En el caso, la hipótesis que interesa es la contenida en el segundo apartado; por lo que a efecto de corroborar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene relatar los antecedentes más relevantes relacionados con el acto reclamado, los que se obtienen de las constancias que integran el presente sumario, siendo éstos esencialmente y en lo que interesa, los siguientes: 1. El promovente del amparo ********************, el dos de febrero de dos mil veintitrés, ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, Michoacán, presentó escrito de interposición de controversia judicial en contra del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con asentamiento en Buenavista Tomatlán, por omisión a sus peticiones encaminadas a obtener asistencia médica en la especialidad de psiquiatría. 2. En auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, Michoacán, integró el expediente ********************, y al considerar carecer de competencia legal para conocer y resolver de dicha controversia judicial, la declinó en favor del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; ello, por tratarse de cuestiones administrativas relacionadas con el internamiento del quejoso en un centro preventivo federal, por lo que mediante oficio ********************, procedió a remitir el expediente correspondiente. 3. De tal declinatoria correspondió su conocimiento al Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con asentamiento en la ciudad de Morelia, siendo radicado como controversia ********************/2023, cuyo titular, por auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, determinó desechar la controversia planteada por el quejoso, por no advertirse condiciones para establecer que la atención médica por éste solicitada debiera brindarse de manera urgente, y con sustento a lo establecido por el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenó remitir copia de la solicitud enderezada por el quejoso al Encargado del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con asentamiento en Buenavista Tomatlán, Michoacán, a efecto de que se impusiera de su contenido y diera respuesta inmediata a la misma. Omisión que constituye la materia del reclamo en el presente juicio de derechos fundamentales. 4. En acatamiento a lo ordenado por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con asentamiento en la ciudad de Morelia, dentro de la aludida controversia ********************/2023, la autoridad penitenciaria Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", residente en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, emitió el Acuerdo de Admisión y Resolución de Petición Administrativa ********************, de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por el que, entre otras consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tuvo por admitido el escrito de petición planteado por el quejoso, dándose inicio al trámite y procedimiento correspondiente, resolviéndose conforme a lo siguiente: ".RESOLUCIÓN. Ahora bien, toda vez que al momento de la presente admisión, se cuenta con elementos suficientes para resolver la petición administrativa promovida, en obvio de mayores dilaciones, se procede a emitir lo siguiente.: PRIMERO.- En fecha 26 de enero de 2023 fue valorado por la especialidad en psiquiatría mediante la cual se le diagnosticó TRASTORNO DE ANSIEDAD, por lo que se le prescribió tratamiento farmacológico consistente en CLONAZEPAM Y CARBAMACEPINA. [.] SE RESUELVE. La pretensión a favor del directo interesado, inserta en la petitoria que nos ocupa, por las razones y fundamentos establecidos en la presente resolución fundada e improcedente por acreditarse la solicitud planteada." (sic) Resolución administrativa que le fue notificada personalmente al quejoso el quince de marzo de dos mil veintitrés (fojas 42 y 43 del expediente del juicio de amparo). Bajo ese contexto, como se demostró en párrafos precedentes (antecedentes del acto reclamado), la autoridad penitenciaria señalada como responsable, dentro del expediente personal del quejoso identificado con el número ********************, dictó la resolución administrativa de catorce de marzo de dos mil veintidós, donde se advierte que se pronunció respecto de la petición planteada por el promovente del amparo, tendente a obtener atención médica en la especialidad de psiquiatría. Como se ve, el acto reclamado al Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en Buenavista Tomatlán, donde guarda reclusión el quejoso, consistente en la omisión en dar contestación a su escrito petitorio de atención médica en la especialidad de psiquiatría, ha cesado en sus efectos, al haberse pronunciado sobre tal petición de índole administrativa, por lo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. Lo mismo acontece con el diverso acto reclamado de seis de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con asentamiento en la ciudad de Morelia, toda vez que la controversia formulada ante dicha autoridad responsable tenía los mismos fines de otorgarle al quejoso la atención médica especializada que requiere. En tales condiciones, como fue puntualizado al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso numeral 63 , fracción V, de la Ley de la materia. SEXTO. Notificación al quejoso. Tomando en consideración que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y le notifique el contenido de la presente resolución, para lo cual se instruye al Actuario judicial para que al momento de la diligencia le corra traslado con copia simple de la misma. En el entendido que la salida y regreso del Actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para en caso necesario, practicar la respectiva diligencia. SÉPTIMO. Transparencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 73, 74, 75, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, en contra de las autoridades responsables y actos precisados en el cuerpo de esta resolución. SEGUNDO. Notifíquese al quejoso en términos del considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, al Defensor Público Federal por usuario; y mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por el Defensor Público Federal José Juan Ac Dzib; a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en trece de octubre pasado, informa haber practicado visita carcelaria en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" con la finalidad de proporcionar la asistencia legal al quejoso Eduardo Javier Bucio López; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. INFORMA. Agréguese el oficio de cuenta enviado vía correo electrónico por la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán; a través del cual informa sobre la existencia de las controversias 95/2023 y 320/2022, relacionadas con la atención médica otorgada al quejoso Eduardo Javier Bucio López. En ese sentido, tomando en consideración que podría actualizarse una causa de improcedencia; solicítese al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, envíe copia certificada de las constancias que integran las mencionadas controversias, siempre y cuando hayan sido promovidas por el citado quejoso; o informe el impedimento que para ello tenga. Ahora, en el caso, como se indicó en la cuenta secretarial, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la autoridad declinante celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo que ahora corresponde a este órgano jurisdiccional; y el expediente se encuentra en estudio para el dictado de la sentencia correspondiente. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Consecuentemente, con la promoción de cuenta, fórmese cuaderno de antecedentes y glósense a éste las diversas promociones que en su caso se presenten, previamente al dictado de la sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de octubre de dos mil veintitrés. REGISTRO (16619). Agréguese sin mayor acuerdo el oficio remitido vía correo electrónico por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con asentamiento en Morelia, toda vez que mediante acuerdo de nueve de octubre actual, se recibió idéntico comunicado por la misma vía y se acordó lo conducente. DEFENSOR ACEPTA CARGO (16679). Asimismo, intégrese el escrito signado electrónicamente por el Defensor Público José Juan Ac Dzib, a través del cual acepta y protesta el cargo conferido en el presente asunto, como defensor del quejoso ********************. Atento a lo anterior, requiérase al citado defensor público para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que se notifique el presente auto, acredite haber brindado la asistencia legal solicitada por el impetrante, para lo cual deberá acompañar las constancias que acrediten su dicho. Consecuentemente, hágase del conocimiento al quejoso en mención tal circunstancia para los efectos legales conducentes. En el entendido de que, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen al quejoso privado de su libertad, se harán por conducto de dicho defensor, con excepción de las determinaciones que por su trascendencia procesal deban notificarse personalmente al agraviado en el lugar donde guarda reclusión. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, como lo solicita el aludido Defensor, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se le practiquen por la vía electrónica, a través del usuario "Acdzib2", proporcionado en el escrito de referencia; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la parte interesada está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Se instruye al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario "Acdzib2", para los efectos establecidos. Consecuentemente, con apoyo en el citado numeral 31, fracción III, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que realizada por vía electrónica la notificación respectiva, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, por una parte, la digitalice para el expediente electrónico y, por otra, haga una impresión que se deberá agregar al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN. Por otra parte, téngasele proporcionando como medios alternos de comunicación el correo electrónico jjacd@cjf.gob.mx; de igual manera, indica como medio de contacto adicional el número telefónico oficial 453-534-29-39 y número de celular 981-177-80-11. PRECISIÓN. Por otro lado, hágase del conocimiento al citado Defensor que no es posible tener como domicilio el señalado en su escrito, toda vez que corresponde a una ciudad fuera de la zona conurbada donde este Juzgado de Distrito tiene su sede. VINCULACIÓN EXPEDIENTE (16677). En otro contexto, glósese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, a través del cual informa la habilitación del expediente electrónico del juicio de amparo 166/2023, de su índice; solicitud requerida en proveído de cuatro de octubre pasado. En ese sentido, como se estableció en tal acuerdo, extráigase del expediente electrónico correspondiente, el acta de audiencia constitucional celebraba en el mencionado sumario; a efecto de agregarla en el expediente en que se actúa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, este Juzgado reconoce la validez de las etapas de ofrecimiento de pruebas y alegatos desahogadas por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, dentro de la audiencia constitucional celebrada en dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en los autos del juicio de amparo indirecto 166/2023, de su índice; lo anterior, atento al principio de unidad en la audiencia constitucional, así como a que este órgano jurisdiccional no advierte irregularidad alguna que subsanar. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia número 36/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y tres, del Tomo XXIX, correspondiente al mes de junio de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE." NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Toda vez que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y notifique el presente auto. NOTIFÍQUESE; y, personalmente al quejoso en el centro preventivo donde guarda reclusión y al Defensor Público en cuestión por usuario.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano