Eduardo Perez Ramirez

Expediente 962/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
962/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Perez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso j) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, aceptó la competencia planteada, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, y toda vez que la autoridad oficiante adjunta el exhorto 510/2022, orden 1166/2022, para que sea diligenciado en sus términos; túrnese éste a la mesa correspondiente, como comunicación oficial recibida. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 962/2022. PARTE QUEJOSA EDUARDO PÉREZ RAMÍREZ, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca 2. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca 3. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca 4. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca 5. Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca 6. Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca 8. Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca 9. Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca 10. Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11. Delegado de la Fiscalía General de la Republica delegación Estatal Oaxaca; y 12. Agencia Federal de Investigaciones. ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión y/o detención emitida en su contra y su ejecución material. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. INCOMPETENCIA Ahora bien, toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si en el caso, la demanda de derechos fundamentales promovida por Eduardo Pérez Ramírez, da motivo para que este juzgado se avoque a su conocimiento a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, este juzgador estima carecer de competencia para conocer la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". De acuerdo con el precepto invocado y ya que el impetrante del amparo señala como autoridades responsables ordenadoras, entre otras, a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; por tanto, al tener este órgano jurisdiccional el carácter de autoridad responsable, no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional, por lo que es claro que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. Luego, al estar señalados como responsables los Jueces de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, así como el Sexto de Distrito con residencia en Salina Cruz, debe acudirse a lo previsto en el Acuerdo General así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013, del cual se advierte que el más cercano es el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. En consecuencia, con fundamento en el invocado 48 de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Es aplicable, por identidad de razón, en lo conducente la tesis I 1º P 2 K sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página seiscientos cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNA MATERIA DETERMINADA EN UN CIRCUITO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el artículo 42 de ese mismo ordenamiento, también en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. Ante ese contexto, aun cuando el segundo numeral no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable; luego, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito que, aunque pertenezcan a un mismo circuito, residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías. Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residan otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia" En consecuencia, remítase de plano la demanda de que se trata al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. Solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Sin que se haga pronunciamiento respecto de la suspensión de los actos que reclama el quejoso (orden de aprehensión o detención), toda vez que no encuadran en alguna de la hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene al promovente señalando los estrados de este juzgado como domicilio para oír y recibir notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo y, en atención a la certificación realizada por el secretario, autorizando para recibirlas sin las demás facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Eduardo Félix Cruz y Raymundo Esquivel Tapia, toda vez que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. MEDIOS ELECTRÓNICOS En otro aspecto, como se solicita, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente para utilizar cámara fotográfica, teléfono celular o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos, quien estará obligada a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido que deberá dejarse constancia en el expediente de los documentos reproducidos. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 y prorrogado en cuanto a su vigencia por el diverso 16/2022, se tiene señalando al promovente el correo electrónico y el número telefónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE POR LISTA DE ACUERDOS.

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