Eduardo Perez Garcia

Expediente 471/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
471/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Perez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez de Control en Materia Penal Del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, el disco DVD que contiene los registros de audio y video de la audiencia de control de detención en el supuesto de flagrancia de once de marzo de dos mil veinte, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y se concedió la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MES II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se ordenó la regularización del procedimiento a fin de realizar la debida integración del presente asunto; en estas condiciones, glósese al expediente únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por Lázaro Alejo Hernández, representante del quejoso EDUARDO PÉREZ GARCÍA, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; lo anterior, toda vez que en resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia, la cual fue ordenado notificar a las partes en acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso. CÚMPLASE.

  4. Principal

    MESA II "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de ... relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, al impugnarse el auto de vinculación a proceso y la correspondiente medida cautelar, determinados por una autoridad judicial residente en la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, el auto de vinculación a proceso dictado el once de marzo de dos mil veinte, en la causa penal 320/2020, por el hecho que la ley señala como delito de ROBO CON VIOLENCIA FÍSICA Y MORAL A LAS PERSONAS previsto por los artículos 349, 359 y, sancionado por el artículo 353 y 360, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, así como la medida cautelar de la misma fecha. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, aceptó la existencia de los actos reclamados y remitió un disco en formato DVD. (.) CUARTO. Análisis de la constitucionalidad de la vinculación a proceso. Al respecto, conviene señalar que el contenido del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen respectivamente: (.) El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De los preceptos, se obtiene que para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben satisfacerse los siguientes requisitos. Que se haya formulado la imputación. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ahora, es oportuno puntualizar que el dictado del auto de vinculación a proceso no exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento con base en datos de prueba, que los hechos motivo de la imputación encuadran en un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de la participación del activo, lo cual significa que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, sin que se requieran "pruebas" ni se exija "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito o el denominado "cuerpo del delito" (entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito), dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia. (.) Del disco en formato "DVD" que contiene el audio y video, el cual ya fue valorado con anterioridad, se advierte que en la audiencia de once de marzo de dos mil veinte consta que declarada abierta la audiencia e identificadas las partes, la Juez de Control (2:50 a 3:14 minutos) concedió al quejoso el derecho a designar un abogado particular, y al manifestar que no contaba con abogado y se le designara uno por el Estado, la Juez designó como defensor del quejoso al defensor público adscrito a ese Juzgado, para asistirlo durante el proceso, quien manifestó haber tenido acceso a la carpeta de investigación y comunicación por el quejoso a quien hizo saber sus derechos como imputado. A continuación, la Fiscalía solicitó (4:11 a 23:55 minutos), que se declarara legal la detención de los imputados Diana Laura Vidal Guzmán y Eduardo Pérez García, los cuales fueron detenidos en flagrante delito, al ser señalados por la víctima, por el hecho: Que el ocho de marzo del año dos mil veinte, aproximadamente a las veintiuna cincuenta horas Luis Miguel Pacheco Vásquez caminaba sobre el camellón de la avenida central, en dirección a la central de abastos, centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a la altura del estacionamiento, recibió una llamada a través de su celular, marca Samsun modelo Kzuum S-2 de color blanco, mismo que tiene asignado el número 55 162 28363, el cual estaba conectado con su cable USB original a un batería portátil color rojo de su propiedad que llevaba en un bolsillo de su sudadera; Que al terminar la llamada revisó su celular, sosteniéndolo en su mano izquierda cuando arribaron a ese lugar Eduardo Pérez García acompañado de Diana Laura Vidal Guzmán con otras dos personas más del sexo masculino no identificadas, quienes lo rodearon, siendo que el señor Eduardo Pérez García se paró frente a la víctima y le dijo que le diera su celular y la cartera, mientras otro masculino desconocido que vestía una pantalón de color negro tipo cholo y sudadera de color gris le sujetó su mano izquierda; Negándose la víctima el darle su celular, fue que Diana Laura Vidal Guzmán quien se encontraba hacia su lado derecho, le dijo suelta el teléfono y como la víctima no le hizo caso, le empezó a golpear con un objeto en la cara. En ese momento Eduardo Pérez García le dio un golpe con el puño cerrado en el rostro causándole lesiones consistentes en una herida contusa superficial de un centímetros sobre la región del ojo derecho, así como una herida de forma lineal e irregular, otra herida irregular superficial de tres centímetros y dos heridas más puntiformes sobre la región costal, estas no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días; Lo que hizo que la víctima se fuera hacia atrás al tiempo que aprovechó el sujeto que lo tenía agarrado de su mano izquierda (la persona de pantalón tipo cholo) y le arrebató su teléfono celular con su cable USB, así como la batería portátil; Que al notar la presencia de los policías municipales, los sujetos se dieron a la fuga, por lo que la víctima les pidió auxilio; Los policías municipales emprendieron la persecución y sin perderlos de vista comenzaron a perseguirlo y siendo las veintiún horas con cincuenta y cinco minutos, el policía José Luis Joaquín Benítez realizó la detención del imputado Eduardo Pérez García, aproximadamente a diez metros de ese lugar, al igual que el policía Ángel Nava Aragón realizó la detención de Diana Laura Vidal Guzmán; Posteriormente leídos sus derechos a los detenidos, fueron trasladados a las instalaciones del Cuartel de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a las veintidós diez horas y canalizados a su valoración médica, siendo valorado el imputado Eduardo Pérez García a las veintidós veinte horas, la imputada Diana Laura Vidal Guzmán a las veintidós treinta horas y la víctima a las veintidós cuarenta horas; Siendo puestos a disposición del Ministerio Público a las cero horas con veinte minutos del nueve de marzo; Iniciándose la carpeta de investigación ...integrada por los datos de prueba: Parte informativo de ocho de marzo de dos mil veinte signado por los elementos de proximidad social Ángel Nava Aragón y José Luis Joaquín Benítez, en el que asientan que siendo las veintiún horas con cincuenta minutos cuando se encontraban haciendo sus rondines y al ir caminando sobre la avenida central a la altura del estacionamiento de la central de abastos del municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se percataron que a una distancia aproximada de veinte metros, se encontraban cuatro personas de ambos sexos y edades, de las cuales una del sexo femenino que viste sudadera de color rosa y licras de color negro con gris y tres del sexo masculino, el primero de ellos vestía chamarra de color verde y pantalón de mezclilla color azul, el segundo una camisa de manga larga color gris con pantalón de mezclilla color azul y el tercero una sudadera de color gris pantalón de vestir color negro tipo cholo, mismos que tenían retenida a una persona del sexo masculino quien vestían una chamarra de color gris y un pantalón de mezclilla azul marino, observando que forcejeaban y por ello se aproximaron al lugar y al aproximarse comienzan a darse a la fuga; en ese momento solicitó el auxilio la victima indicando que le habían robado su teléfono celular, por lo que emprendieron la persecución a la central de abastos tomando rumbos distintos, y sin perderlos de vista los persiguieron hacia la central camionera y aproximadamente a diez metros del lugar del hecho, el policía José Luis Joaquín Benítez realizó la detención del sujeto que vestía una chamarra de color verde y pantalón de mezclilla color azul y, el policía Ángel Nava Aragón también aproximadamente a diez metros, sobre la avenida central a la altura de la pluma, la detención de la persona del sexo femenino. Que a ese lugar llegó Luis Miguel Pacheco Vásquez quien sin temor a equivocarse señaló a ambas personas, quienes momentos antes juntos con los otros dos lo habían golpeado en diferentes partes del cuerpo para inmovilizarlo y despojarlo de su celular, una batería recargable y un cable USB, manifestando que la persona del sexo femenino lo golpeó y lastimó en el rostro con un arma punzocortante, percatándose los policías que el declarante sangraba abundantemente de su cuello del lado derecho, así como de la frente del lado derecho, y que solicitaba la detención ya que procedería en contra de esas personas. Al parte informativo se acompañó un certificado médico de ocho de marzo de dos mil veinte, signado por el doctor Gabriel Cruz Santiago, expedido a favor de Diana Laura Vidal Guzmán. Un certificado médico de Eduardo Pérez García quien presentaba aliento alcohólico. Un certificado médico de Luis Miguel Pacheco Vásquez, quien refirió dolor en la cabeza, cuello y nariz, así como las costillas y examinado presentó diversas lesiones de naturaleza activa y que remiten en menos de quince días. La declaración de la víctima Luis Miguel Pacheco Vásquez, de nueve de marzo de dos mil veinte, quien manifestó que el día domingo ocho de marzo de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veinte horas con treinta minutos llegó a la ciudad a bordo de una suburban que venía de Pluma Hidalgo, y se bajó en la central de abastos para trasladarse al domicilio de su tía María, ubicado en la colonia La Joya en pueblo nuevo, al caminar sobre el camellón de la avenida central en dirección a la terminal de autobuses que ya eran las veintiún horas con cincuenta minutos y ya estaba oscuro, pero había luz de los postes, se paró a la altura del estacionamiento porque comenzó a sonar su celular y al terminar la llamada lo revisa y fue en ese momento en que llegaron tres sujetos y una mujer los cuales lo rodearon, el primero vestía pantalón de mezclilla color azul y camisa manga larga color verde, se paró frente a él y le dijo dame tu celular y cartera, que tenía en su mano izquierda y no lo soltó, y otro sujeto que vestía pantalón negro tipo cholo y una sudadera de color gris le sujetó su mano izquierda, sin que soltara su teléfono negándose a dárselos y fue que la mujer que estaba a su lado y vestía mallón de color negro con blanco y una sudadera de color rosa le decía suelta el teléfono y como no lo hizo lo empezaron a golpear con un objeto en la cara, así también otro de los sujetos que vestía pantalón de mezclilla azul y chamarra de color verde militar fue el que le lanzó un golpe con el puño cerrado en el rostro lo que hizo que hizo irse hacia atrás, y el sujeto que lo tenía agarrado de la mano le arrebató el celular y como lo tenía conectado a un cable usb y una batería recargable en el bolsillo de su sudadera, con sus manos lo jaló y se lo llevó, dándose a la fuga, todos en dirección a la central camionera; por ese motivó gritó y pidió auxilio y en ese instante vio que unos policías sin perderlos de vista le señaló a estos sujetos que le habían robado y los siguieron al grado de detener a dos de ellos, precisamente donde se encuentra la pluma del estacionamiento, a quienes identificó plenamente como quienes lo despojaron de sus pertenencias y una vez que los tenía la policía le hicieron una revisión pero no les encontraron su teléfono y presentó su denuncia contra ellos por el delito de robo de su teléfono que tiene un valor de siete mil pesos. Que al ser detenidos los imputados al momento de estar cometiendo el delito y haberse realizado dentro de la temporalidad legal al haber sido puestos a disposición del ministerio público a las cero horas con veinte minutos del nueve de marzo y la audiencia judicial se solicitó el diez de marzo a las veintiún horas, la cual se agendó para el once de marzo a las nueve treinta horas, esto es, dentro de las cuarenta y ocho horas que establece la ley y los detenidos fueron aprehendidos momentos después de cometer el robo al ser perseguidos material e ininterrumpidamente por el señalamiento de la víctima, conforme a la fracción II, inciso b, del artículo 146 (sic). A continuación, la Juez (23:57 a 24:24 minutos) concedió la palabra a la defensa, quien manifestó no tener nada que manifestar y, posteriormente a los inculpados sobre su detención, quienes expresaron no tener que hacer ninguna manifestación. Seguido, la Juez de Control calificó de legal detención de los detenidos (24:28 a 28:29 minutos) y a disposición de la autoridad judicial para resolver sobre su situación jurídica. Enseguida, la Juez otorgó la intervención a la Fiscalía para la formulación de la imputación inicial (29:20 a 33:58 minutos), quien hizo saber a los imputados los hechos investigados en la carpeta de investigación 8582/FVCE/OAX/2020 consistentes en que el ocho de marzo del año dos mil veinte, aproximadamente a las veintiuna cincuenta horas Luis Miguel Pacheco Vásquez caminaba sobre el camellón de la avenida central, en dirección a la central de abastos, centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a la altura del estacionamiento, recibió una llamada a través de su celular, marca Samsun modelo Kzuum S-2 de color blanco, mismo que tiene asignado el número 55 162 28363, el cual estaba conectado con su cable USB original a un batería portátil color rojo de su propiedad que llevaba en un bolsillo de su sudadera; Que al terminar la llamada revisó su celular, sosteniéndolo en su mano izquierda cuando arribaron a ese lugar Eduardo Pérez García acompañado de Diana Laura Vidal Guzmán con otras dos personas más del sexo masculino no identificadas, quienes lo rodearon, siendo que el señor Eduardo Pérez García se paró frente a la víctima y le dijo que le diera su celular y la cartera, mientras otro masculino desconocido que vestía una pantalón de color negro tipo cholo y sudadera de color gris le sujetó su mano izquierda; Negándose la víctima el darle su celular, fue que Diana Laura Vidal Guzmán quien se encontraba hacia su lado derecho, le dijo suelta el teléfono y como la víctima no le hizo caso, le empezó a golpear con un objeto en la cara; En ese momento Eduardo Pérez García le dio un golpe con el puño cerrado en el rostro causándole lesiones consistentes en una herida contusa superficial de un centímetros sobre la región del ojo derecho, así como una herida de forma lineal e irregular, otra herida irregular superficial de tres centímetros y dos heridas más puntiformes sobre la región costal, estas no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días; Lo que hizo que la víctima se fuera hacia atrás al tiempo que aprovechó el sujeto que lo tenía agarrado de su mano izquierda (la persona de pantalón tipo cholo) y le arrebató su teléfono celular con su cable USB, así como la batería portátil; Que al notar la presencia de los policías municipales, los sujetos se dieron a la fuga, por lo que la víctima les pidió auxilio y fueron detenidos los ahora imputados. Que la persona que deponían en su contra era Luis Miguel Pacheco Vásquez y la calificación jurídica de los hechos imputados era el delito de robo con violencia física a las personas previsto en el artículo 349 en relación al 359, y sancionado por el artículo 353 en relación con el 360, del Código Nacional vigente en el Estado (sic) y, conforme al 8º, fracción I, 10 fracción I y 11 fracción III, considerados coautores materiales y a título de dolo. La Juez preguntó a los imputados (33:59 a 34:05 minutos) si les quedó claro lo expresado por el ministerio público, y éstos manifestaron que "sí". A continuación, la juez informó a los imputados (34:05 a 34:46 minutos), el derecho que les asiste a declarar y que lo consultaran con su defensor la decisión, manifestando los imputados que no era su deseo declarar. A continuación, la juez de Control dio intervención a la Fiscalía (34:55 a 54:30 minutos), quien solicitó la vinculación a proceso de los imputados por el hecho ya dado a conocer, y con base en los datos de prueba ya expresados y que se tengan por reproducidos, consistentes en el parte informativo de ocho de marzo de dos mil veinte y la declaración de la víctima Luis Miguel Pacheco Vásquez de nueve de marzo de dos mil veinte. Que se cuenta también con la declaración de Marco Antonio Pacheco Vásquez, de nueve de marzo de dos mil veinte, que expresó ser hermano de la víctima quien es propietario del teléfono celular marca Samsun modelo Kzuum S-2 de color blanco con funda de color azul, mismo que tiene asignado el número 55 162 28363, que le compró a un señor de nombre Raúl, más o menos hace dos años que se lo compró en la ciudad de Aguascalientes, y le costó siete mil pesos y siempre lo carga con su batería recargable de color rojo y un cable USB. Que existe la inspección ocular de nueve de marzo de dos mil veinte, en el lugar de intervención por Fernando Eusebio Pinto, jefe de grupo de la agencia de investigación, llevada a cabo en la avenida Maza de Juárez, también conocida como avenida Central, a la altura del estacionamiento de la central de abastos, tomando como referencia la pluma uno para el ingreso al estacionamiento; que la avenida Maza de Juárez está construida de material asfáltico en buenas condiciones, cuenta con dos carriles de oeste a este y viceversa con una medida de tres metros cada uno dividido por un camellón central de dos metros de ancho; que al final de la avenida donde entronca con el anillo periférico se visualizan dispositivos de control vehicular y en el interior de estacionamiento a una distancia de quince metros del lado sur se encuentran cámaras de videovigilancia del centro C2 dependiente de la secretaría de seguridad pública, y en el cruce de la avenida central con el periférico a una distancia de cuarenta metros de donde fue la detención se observan cámaras del C4 dependiente de la secretaria de seguridad pública; que la zona de detención es guiado por el parte informativo de los policías municipales donde mencionan está como a diez metros de distancia de la pluma número uno y de la inspección se presentó un CD en el cual hay fotografías. Que se cuenta con el certificado médico de lesiones de la víctima Luis Miguel Pacheco Vásquez expedido por el doctor Cuauhtémoc Cruz Pérez el nueve de marzo de dos mil veinte, quien asentó que a la exploración física presentó diversas lesiones de naturaleza activa que no ponen en riesgo la vida y sanan en menos de quince días. Que se cuenta con un dictamen de avalúo de diez de marzo de dos mil veinte signado por la contadora Judith Ramos García sobre el avaluó del objeto robado le asigna un valor de dos mil seiscientos pesos. Que con tales datos de prueba se acredita la hipótesis prevista en el artículo 349 y 360, segundo párrafo del código penal vigente en el Estado y sancionado por el 353 en relación al 359, del mismo ordenamiento que indican que el robo con violencia a las personas se necesita una acción de apoderamiento de una cosa mueble ajena con ánimo de apropiación y que sea sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de la cosa con arreglo a la ley, además que medie la violencia física, elementos que se han acreditado con los datos de prueba expuestos. Que la probable participación del imputado también fue acreditada con los datos de prueba, en los que destaca el señalamiento directo que le hace la víctima como la persona que realizó el evento cometido en su perjuicio patrimonial y su forma de intervención fue como coautor material de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 fracción III del código penal, actuar que se realizó de manera dolosa en términos del artículo 8º fracción I del código penal pues el imputado quiso y realizó la conducta imputada y no existe ninguna causa de atipicidad o que haya realizado el hecho amparado por una causa de licitud y es imputable por su mayoría de edad. Seguido, la Juez de Control (54:30 a 55:10 minutos) hizo saber a los imputados los plazos para resolver su situación jurídica, de setenta y dos horas o la posibilidad de solicitar su duplicidad a ciento cuarenta y cuatro horas o, renunciar al plazo y que su situación jurídica se resuelva en la audiencia; y consultado con su defensor, los imputados solicitaron que en la misma fecha se resolviera su situación jurídica, lo cual fue conforme con lo manifestado por el defensor público; decretando la Juez un receso. Reanudada la audiencia de control de once de marzo de dos mil veinte, la Juez de Control (00:16 a 16:57 minutos) declaró su competencia por materia, grado y territorio para conocer y resolver el caso planteado, ya que se trata de un asunto de naturaleza penal, se encuentra tipificada en la legislación penal estatal, es una juez de primer grado, de primera instancia quien resuelve, además que los hechos ocurrieron dentro de la demarcación territorial en la cual la juzgadora ejerce competencia. A continuación, manifestó que el parte informativo de los policías municipales respecto de los hechos presenciados la noche del ocho de marzo de dos mil veinte, al realizar su recorrido de vigilancia advirtieron que unas personas estaban rodeando a la víctima y ellos se acercan y verifican que en ese momento se dispersaron esas personas, se comunican con la víctima quien le refirió lo que estaba ocurriendo y los policías procedieron a la detención de los mismos. Que también se presentó lo dicho por la víctima Luis Miguel Pacheco Vásquez ante el ministerio público respecto de los hechos del ocho de marzo del año en curso, cuando pasaba por las calles rumbo a la central de abastos, relativo a que una vez que los imputados lo rodearon y le dijeron que entregara su celular y su cartera él se negó, y uno de los agresores le dobló el brazo izquierdo y otro le decía que hiciera entrega del teléfono mientras lo golpeaban en diferentes partes del cuerpo, lo cual queda corroborado con el certificado médico de lesiones emitido a su favor en el que el perito médico describió las lesiones que presenta la víctima. Que también está lo dicho por Marco Antonio Pacheco Vásquez, en relación a que el dueño del celular es su hermano, cuándo lo compró y la persona que se lo vendió. Se encuentra una inspección en el lugar de los hechos llevada a cabo por un agente estatal de investigación, sobre el lugar de los hechos; y un avaluó emitido por una perito en la materia quien estableció un monto de los objetos robados. Que los datos de prueba fueron suficientes para establecer el hecho consistente en que el ocho de marzo del año dos mil veinte, aproximadamente a las veintiuno cincuenta horas Luis Miguel Pacheco Vásquez caminaba sobre el camellón de la avenida central, de la central de abastos, centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a la altura del estacionamiento, recibió una llamada a través de su celular, marca Samsun modelo Kzuum S-2 de color blanco, mismo que tiene asignado el número 55 162 28363, el cual estaba conectado con su cable USB original a un batería portátil color rojo de su propiedad que llevaba en un bolsillo de su sudadera, que al terminar la llamada revisó su celular, sosteniéndolo en su mano izquierda cuando arribaron a ese lugar Eduardo Pérez García acompañado de Diana Laura Vidal Guzmán con otras dos personas más del sexo masculino no identificadas, quienes lo rodearon, siendo que el señor Eduardo Pérez García se paró frente a la víctima y le dijo que le diera su celular y la cartera, mientras otro masculino desconocido que vestía una pantalón de color negro tipo cholo y sudadera de color gris le sujetó su mano izquierda negándose la víctima a darle su celular, fue que Diana Laura Vidal Guzmán quien se encontraba hacia su lado derecho, le dijo suelta el teléfono y como la víctima no le hizo caso, le empezó a golpear con un objeto en la cara, en ese momento Eduardo Pérez García le dio un golpe con el puño cerrado en el rostro causándole lesiones consistentes en una herida contusa superficial de un centímetros sobre la región del ojo derecho, así como una herida de forma lineal e irregular, otra herida irregular superficial de tres centímetros y dos heridas más puntiformes sobre la región costal, estas no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, lo que hizo que la víctima se fuera hacia atrás al tiempo que aprovechó el sujeto que lo tenía agarrado de su mano izquierda (la persona de pantalón tipo cholo) y le arrebató su teléfono celular con su cable USB, así como la batería portátil para posteriormente ser detenidos por elementos de la Policía Municipal. Que ese hecho se ajusta a lo que la norma prevé como el delito de robo calificado con violencia a las personas, previsto por los artículos 349 y 359 y sancionado por el artículo 353 y 360, todos del Código Penal vigente en el Estado, porque se advierte que hubo un apoderamiento porque a través de los movimientos corpóreos de cuatro personas, entre ellos los imputados, rodearon a la víctima y la desapoderaron de un teléfono celular, una batería recargable y su cable usb, que son objetos muebles y ajenos al ser propiedad de la víctima y, dicho apoderamiento se realizó sin derecho y consentimiento de la persona que pueda disponer de ellos con arreglo a la ley, pues el dueño de esos objetos es la víctima. Que respecto de la violencia el hecho fue realizado con violencia física y moral a las personas, pues de la mecánica de los hechos en el que la víctima tenía el teléfono celular en su mano, llegaron cuatro personas, una de le exigió su teléfono celular y cartera, otra le sujeta su mano izquierda, la imputada Diana Laura le dijo suelta el teléfono y como la víctima no le hizo caso, le empezó a dar golpes con un objeto en la cara y en ese momento el imputado Eduardo Pérez García también lo golpeó con el puño cerrado en el rostro, causándole lesiones consistentes en una herida contusa superficial de un centímetros sobre la región del ojo derecho, así como una herida de forma lineal e irregular, otra herida irregular superficial de tres centímetros y dos heridas más puntiformes sobre la región costal, estas no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días; y la violencia moral porque el hecho que la víctima fue intimidada por cuatro personas que lo sorprendieron y rodearon generando intimidación, sin permitirle alguna movilidad, privándolo de libertad ambulatoria. Que también la conducta fue realizada de manera dolosa, ya que los imputados sabían y conocían el hecho que iban a realizar, se representaron el resultado típico y aun así realizaron y aceptaron su proceder. Que la probable responsabilidad también fue corroborada, en virtud de que existe un señalamiento directo y categórico realizado por la propia víctima en relación al hecho ocurrido el ocho de marzo de dos mil veinte, que una vez que lo lesionan y lo despojan de su teléfono y que una vez que cuatro sujetos, entre de ellos las dos personas acusadas, al ser sorprendidas por la propia policía, se dispersaron, les dieron alcance y los detuvieron, una vez que fueron detenidos la propia víctima pudo reconocerlos como las personas que momentos antes habían cometido ese hecho, lo cual se corrobora con el parte de los agentes policiales quienes fueron testigos del hecho, que al señalamiento directo de la víctima procedieron a la detención de los imputados. Que hasta este momento, la forma de participación fue a título de coautores materiales, porque es evidente que hubo reparto previo de funciones, un condominio funcional del hecho y no existe causa de exclusión del delito; por lo tanto los imputados quedaban vinculados a proceso por el delito de robo calificado con violencia física y moral a las personas. (...) Reseñado lo anterior, se procede a verificar primeramente, si el auto de vinculación de once de marzo de dos mil veinte, emitido en la causa penal 320/2020 del registro del Juzgado responsable, reúne los requisitos constitucionales. El primer requisito relativo a que se haya formulado la imputación, se encuentra satisfecho, pues en la audiencia de once de marzo de dos mil veinte, se hizo saber al quejoso la imputación del agente del Ministerio Público, respecto al hecho que la ley señala como delito de robo con violencia física a las personas previsto en el artículo 349 en relación al 359, y sancionado por el artículo 353 en relación con el 360, del Código Penal para el Estado de Oaxaca. De igual manera, el segundo requisito, consistente en que se dé la oportunidad de declarar, se encuentra colmado, ya que en la referida audiencia -once de marzo de dos mil veinte-, una vez que el Ministerio Público formuló la imputación, la Juez responsable dio al quejoso oportunidad para declarar respecto de la imputación y éste manifestó que no era su deseo declarar. Por cuanto al tercer requisito que debe reunir el auto de vinculación, también se encuentra satisfecho, ya que del desahogo de la audiencia de once de marzo de dos mil veinte, se aprecian los datos de prueba presentados por el ministerio público con los que el Juzgador estimó que se estableció la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo con violencia física y moral a las personas previsto en el artículo 349 en relación al 359, y sancionado por el artículo 353 en relación con el 360, del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Al respecto, los numerales de tipicidad invocados, establecen: "349.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la Ley." "359.- Si el robo se ejecutare con violencia a las personas o las cosas, a la pena que corresponda por el robo simple, se agregarán de seis meses a cinco años de prisión. Si la violencia constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de acumulación.". "353.- Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se aplicará prisión de un mes a dos años y multa de cinco a cien veces el salario." "360.- La violencia a las personas se distingue en física y moral. Se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona. Hay violencia moral cuando el delincuente amaga o amenaza a una persona, con un mal grave presente o inmediato, capaz de intimidarla.". De las prescripciones penales insertas, se advierte que el ilícito de robo con violencia física y moral a las personas, se integra por los siguientes elementos: 1.-El apoderamiento de una cosa mueble ajena; 2. Que el apoderamiento de la cosa sea sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley; y, 3. Empleando la violencia a las personas, sea física y/o moral, entendido por la física, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona; y, la moral, cuando el delincuente amaga o amenaza a una persona, con un mal grave presente o inmediato, capaz de intimidarla. Elementos que correctamente la Juez de Control tuvo por actualizados en el hecho imputado, porque efectivamente, la declaración descriptiva que formuló la víctima constituye un dato de prueba suficiente e idóneo para tener por evidenciado que los cuatro sujetos activos lo desapoderaron, esto es, se apoderaron de los bienes muebles, como lo son un teléfono celular, una pila y un cable usb; y al respecto, la víctima narra, en lo relevante, que los cuatro sujetos lo rodearon pidiéndole que entregara el celular y la cartera, sometiéndolo físicamente, y ante su negativa, los agresores empezaron a golpearlo en diversas partes del cuerpo, aprovechando uno de ellos para quitarle el celular que estaba conectado a la pila y el cable. Denuncia que constituye una narrativa lógica, congruente y descriptiva de cómo aconteció el hecho en el que los activos se apoderaron de tales bienes, los cuales efectivamente, como calificó la Juzgadora, se trata de bienes muebles, y que tal declaración no se encuentra aislada, sino se ve adminiculada con el parte informativo de los agentes de policía municipal que, explican que al realizar el rondín de seguridad propio de su servicio en la zona del hecho, vieron que los activos forcejeaban con la víctima y en ese momento se acercaron, dándose a la fuga los agresores, al momento que la víctima les expresaba que le robaron los bienes y los agentes policiales vieron que la víctima sangraba. También la declaración y parte policial son congruentes, como estimó la Juez responsable, con el certificado médico de lesiones en cuanto que efectivamente, se hizo constar por un experto en la materia, que al ser valorada la víctima posterior al hecho, presentaba diversas lesiones en la cara y cuerpo. De ahí que como apreció la Juzgadora de Control, los datos de prueba allegados por la Fiscalía eran suficientes para tener por acreditado el apoderamiento de los objetos muebles, pues se encuentran congruentes en sus expresiones en torno a esos aspectos del hecho. En cuanto a que tales objetos, un teléfono celular, una pila y un cable usb, fueran ajenos a los imputados, también es correcta la calificación judicial, en tanto encuentra congruencia y sustento lo declarado por la víctima con el dicho de su hermano sobre la propiedad de tales bienes por el ofendido, narrando cómo y de quién lo adquirió, de manera que si la víctima no otorgó su consentimiento para que los agresores lo desapoderaran de los bienes, pues opuso resistencia, queda evidenciado que el apoderamiento de los agresores fue sin derecho y sin consentimiento de la persona que podía disponer de ellos. Ahora, se estima legal la consideración de la Juez responsable en cuanto que los datos de prueba evidenciaron que los sujetos activos ejercieron violencia física y moral sobre la víctima, lo cual no sólo se basa en su denuncia que narra descriptivamente el hecho, sino se ve confirmada por el parte informativo de los policías municipales que refieren haber presenciado el hecho y que precisamente en forma inmediata dieron persecución a los activos, aprehendiendo a dos de ellos, y vieron que la víctima sangraba del rostro; lo que fue constatado con el referido certificado médico que describió las lesiones que presentaba la víctima posterior al hecho, en tanto que, acorde a la forma en que aconteció, ciertamente, la víctima fue intimidada por los agresores, quienes no le permitieron movilidad al cometer el hecho. De manera que para la fase procedimental de que se trata, como acertadamente estimó la Juez responsable, existen datos de prueba de la existencia de un hecho que la ley señala como delito de robo con violencia física y moral, acorde con los preceptos legales invocados. Ahora, respecto de la probable participación del imputado en el hecho, fue correcta la consideración de la Juez de Control en cuando que del parte informativo de los policías municipales, se advierte la probable intervención del quejoso en el hecho incriminado, ya que es creíble que los servidores públicos al desarrollar el rondín de seguridad en las inmediaciones de la zona, advirtieran el hecho y precisamente al acercarse a la que resultó la víctima les expresó que le habían robado, razón por la cual en forma inmediata y sin perder de vista a los agresores que se daban a la fuga, detuvieron a dos de ellos, resultando así la detención del imputado lo cual se fortalece con la circunstancia de que la víctima lo reconoció como una de las personas que cometió el robo, incluso especificando que fue él quien se paró frente a la víctima y al negare a entregarle el celular, le lanzó un golpe con el puño. En esa tesitura, para el estadio procesal de que se trata, es correcta la determinación de la Juez de Control sobre la suficiencia de los datos de prueba respecto al hecho que la ley califica como robo con violencia física y moral, así como la probable participación del quejoso en tal acontecimiento ilícito. Por otra parte, en lo relativo a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a petición de la Fiscalía, la Juez responsable actuó con apego al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (..) Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.". "Artículo 157. Imposición de medidas cautelares. Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. .". "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." "Artículo 167. Causas de procedencia. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. .". "Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.". Acorde con dichos preceptos, en lo que interesa, el Juez de Control podrá imponer la prisión preventiva como medida cautelar a petición del ministerio público, en los casos, entre otros, que exista un riesgo para la comunidad, siempre que se trate: a) un delito sancionado con pena privativa (por un tiempo que no exceda el de la pena y nunca mayor a dos años); b) se haya formulado la imputación; y, c) se determine la vinculación a proceso del imputado. Para determinar la existencia de un riego para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad, se tomarán en cuenta: las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado. Condicionamientos jurídicos que la Juez de Control atendió al decretar la prisión preventiva del imputado a solicitud de la Fiscalía, ya que en dicha audiencia, con anterioridad a esta fase procedimental, la representación social formuló la imputación y por igual, se decretó la vinculación a proceso del imputado, por un hecho cuya pena es la de prisión. Y en lo concerniente a justificar la medida al representar un riesgo para la comunidad, la Juez responsable precisó que por la forma en que los cuatro sujetos activos, entre ellos, los dos ya imputados, con la superioridad numérica de personas, y el hecho se cometió en un lugar de convergencia de muchas personas con fines de compras y traslado, que saben que cuenta con vigilancia y así realizaron el hecho; además que el quejoso se encontraba en estado de ebriedad, y entre ellos golpearon y lesionaron incluso con un objeto que se desconoce, a la víctima. Además, la Juez de Control señaló que dicha medida era la idónea y adecuada y no la propuesta por la defensa del quejoso, para evitar que la sociedad en lo general pudiera verse afectada por hechos similares de los imputados. Por ello, devienen infundados los conceptos de violación en el que el quejoso alega que no contó con una adecuada defensa, porque su defensor se mostró nervioso en la audiencia y la juez no la suspendió; ya que contrario a su apreciación personal, lo cierto y objetivo es que previo a la audiencia se obtuvo el registro de los profesionistas intervinientes en la audiencia de control, y ante la falta de designación de un defensor particular, la Juez designó como defensor del quejoso al defensor público, quien realizó su encargo en los términos expresados a lo largo de la audiencia y reseñados en párrafos anteriores, de donde sobresale que otorgó asesoría al quejoso sobre las circunstancias y derechos inherentes a dicha audiencia, lo que se confirma incluso, porque la propia Juez preguntó al quejoso si había alguna duda o manifestación al respecto de las actuaciones acontecidas en las fases de la audiencia; sin que por la circunstancia que los datos de prueba aportados por la Fiscalía fueran suficientes para la vinculación del quejoso a juicio, signifique que el defensor del quejoso no haya ejercido suficientemente su desempeño. Es infundado que no se cumplan las exigencias legales, porque la víctima no acreditó la propiedad de los bienes que dice le fueron robado, la factura o registro ante la empresa de telefonía; ya que como se puntualizado, el delito de robo se actualiza cuando el sujeto o sujetos activos se "apoderan" de un bien ajeno, y en el caso así fue analizado y evidenciado con los datos de prueba, es decir, identificar que exista la acción de apoderamiento del activo respecto del bien o bienes muebles del pasivo, lo que se tuvo por justificado en tanto la declaración de la víctima así refiere y es coincidente con el parte de los policías aprehensores en que percibieron que los agresores forcejeaban con el ofendido, revelando que fue así el apoderamiento de los agresores respecto de los bienes del ofendido; de manera que la acreditación de la propiedad no es un requisito legal del delito de robo, sino una práctica de demostración del apoderamiento cuando no existan datos directos para llegar a su conocimiento. Ahora, deviene infundado que no se demostrara el hecho delictivo, porque el quejoso fue detenido a cincuenta metros del lugar en donde refiere aconteció el robo; ya que el supuesto de detención en flagrancia, en términos del numeral 146, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da cuando el sujeto activo es detenido inmediatamente después de cometido el hecho al ser perseguido material e ininterrumpidamente, como refiere el parte policial, y que además, al ser detenidos, la víctima señaló al quejoso como uno de los agresores, lo cual constituyen supuestos reconocidos para tal efectos, y no en base a alguna distancia o posición del lugar de detención respecto del lugar en que se cometió el hecho. En otro aspecto, es infundado que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, no atienda a su situación jurídica y psicológica, ni considerara que no tiene antecedentes penales o vínculo con la delincuencia organizada; pues como se ha analizado, la Juez de Control decretó la medida cautelar con base en los datos de prueba y el análisis de las circunstancias en que el hecho fue cometido y las particulares del imputado, para concluir que sí representa un riesgo para la comunidad, de manera que si no existen medios de convicción de algún estado de vulnerabilidad o afectación psicológica del imputado, no es condicionante de la medida cautelar; además, tampoco se encuentra sujeta a la existencia de otros delitos o antecedentes penales, ya en tal caso operan otras reglas distintas para valorar la prisión preventiva, así como si se tratara de un delito de delincuencia organizada, lo cual no es el caso que determinó la responsable. Finalmente, deviene infundado que sea ilegal la prisión preventiva porque se fijó un plazo a la Fiscalía para el cierre de la investigación, ya que como se ha precisado, la duración de la prisión preventiva perdura mientras no se resuelva el juicio, la cual no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito y sin que sea superior a dos años. En consecuencia, contrario a lo alegado, el juez responsable analizó correctamente los datos de pruebas allegadas a la audiencia, atendiendo a la etapa procesal en cuestión, al quedar acreditado el hecho que la ley señala como delito, la probable participación del imputado, así como la justificación de la medida cautelar de prisión preventiva a solicitud de la representación social. (..) Finalmente, respecto al cuarto requisito, no se advierte que en el caso se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. QUINTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (.) , por propio derecho, contra los actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado el once de marzo de dos mil veinte, en la causa penal 320/2020, así como la medida cautelar impuesta en la causa. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de esta determinación, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO)

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