Eduardo Ortiz Vielmas

Expediente 83/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
83/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Ortiz Vielmas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    El quince de noviembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del diez al catorce de noviembre del año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales que ameriten la devolución a la parte quejosa. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe En la misma fecha, el secretario da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En ejecutoria de siete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 45 a 58), este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, se desincorporen de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro (foja 57). b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devolviera las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8121999, lo que debía incluir la actualización fiscal correspondiente (foja 57 reverso). b.1) En particular, devolviera debidamente actualizado lo erogado en los recibos en comento por concepto de aportación a la Cruz Roja Mexicana (foja 57 reverso). De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoría de amparo se concretaron en que se desincorporaran de la esfera jurídica del amparista los preceptos declarados inconstitucionales y se devolviera lo erogado con base en éstos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, derecho por el servicio de control vehicular y aportación a la Cruz Roja, con la actualización correspondiente. Así las cosas, los pagos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, el derecho por el servicio de control vehicular y la aportación a la Cruz Roja Mexicana, la quejosa los cubrió, por el recibo V 8121999, el veinte de enero de dos mil diecisiete, como a continuación se esquematiza: V 8121999 (foja 6) PAGO Servicio control vehicular $945.00 Adicional UAZ $108.00 Impuesto Adicional para la infraestructura $405.00 Cruz Roja Mexicana $15.00 Total $1473.00 DEDUCCIONES Estímulo adicional 20% control vehicular $270.00 total $1,203.00 En suma, se advierte un total de $1,203.00 (mil doscientos tres pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de las contribuciones materia de la concesión de amparo. En cumplimiento de lo anterior, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas exhibió copia certificada de la devolución por pago indebido 725/2017 referente al recibo fiscal V 8121999; documento que ampara la devolución de $1,256.03 (mil doscientos cincuenta y seis pesos 03/100 moneda nacional), realizada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 274); asimismo, comunicó que se abstendría de aplicar a la promovente del amparo, tanto en lo presente como en el futuro, los preceptos legales tildados de inconstitucionales en el fallo protector emitido en autos. Se advierte, entonces, que el quejoso erogó por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, derecho por servicio de control vehicular y aportación de Cruz Roja Mexicana, la cantidad de $1,203.00 (mil doscientos tres pesos 00/100 moneda nacional); y que la autoridad devolvió lo pagado por la amparista con motivo del acto de aplicación reclamado, más un excedente por la cantidad de $53.03 (cincuenta y tres pesos 03/100 moneda nacional). Luego, la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Ahora bien, como se expuso, los efectos de la concesión de amparo conllevan que las contribuciones base de la demanda de amparo fueran devueltas, debidamente actualizadas. Para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. El pago de las contribuciones en comento se realizaron, se reitera, el veinte de enero de dos mil diecisiete, en total por $1,203.00 (mil doscientos tres pesos 00/100 moneda nacional) (foja 6); mientras que la devolución de ese monto, como se expuso, aconteció el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 274). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciséis entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores a los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de la presente anualidad fue de 127.912, y para el mes de diciembre de dos mil dieciséis de 122.515. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada: 1.0441. La división se esquematiza a continuación: INPC SEPTIEMBRE 2017 127.912 1.0441 INPC DICIEMBRE 2016 122.515 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por los conceptos en comento, se obtiene que el monto de dichas contribuciones actualizadas es de: NÚMERO DE RECIBO CANTIDAD EROGADA CANTIDAD ACTUALIZADA DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN A FAVOR DE LOS QUEJOSOS V 8121999 $1,203.00 $1,256.05 $53.05 En ese sentido, la autoridad devolvió a la amparista la cantidad de $1,256.03 (mil doscientos cincuenta y seis pesos 03/100 moneda nacional) (foja 274), es decir, la obligación tributaria principal $1,203.00 (mil doscientos tres pesos 00/100 moneda nacional) más una actualización de $53.03 (cincuenta y tres pesos 03/100), lo que substancialmente corresponde a la actualización fiscal correspondiente pues si bien se advierte una diferencia de dos centavos, es un hecho notorio que tal cantidad no tiene relevancia económica, por lo que no es trascendente en función de la cantidad involucrada. Luego, este juzgado determina que se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al haberse restituido al quejoso lo que pago, por concepto de las contribuciones materia de la concesión de amparo, más la actualización fiscal correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

  2. Principal

    El siete de noviembre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al juez con el oficio registrado bajo el número 14662.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y remite las constancias para acreditar lo anterior; por tanto, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional, resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla Secretario que autoriza. Doy fe. Jessy*

  3. Principal

    El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: a) Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que si existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; b) De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión. c) No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez con el oficio registrado con el folio 13934 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución pronunciada por el citado órgano colegiado, el once de octubre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión administrativo 120/2017-5 y los autos del juicio de amparo indirecto 83/2017; acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes, debiendo hacerse del conocimiento de las partes, que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la sentencia de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada por este juzgado, en la que concedió al quejoso la protección federal solicitada; para los efectos precisados en dicha resolución. Sin que en el presente caso sea necesario requerir a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este juzgado determina no requerirlas para el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 la Ley de Amparo, requiérase únicamente a las autoridades responsables Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías y remitan las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. En otro sentido, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado y en horas hábiles a recoger los documentos en original que anexaron a su escrito de demanda; lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirá la suerte del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- DOY FE. ABL 24716, 24717, 24718 y 24719

  4. Principal

    En veintiuno de abril de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con un oficio con número de registro 5355. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en el que se transcribe el auto de diecinueve de abril de la anualidad que transcurre, emitido en el expediente relativo al amparo en revisión administrativo 120/2017-1 del índice del órgano colegiado al que se encuentra adscrita, de cuyo contenido se advierte que el recurso de revisión interpuesto por Jorge Miranda Castro, en su carácter de Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en contra de la sentencia dictada por esta autoridad federal el siete de marzo de dos mil diecisiete; se admitió y quedó registrado bajo el consecutivo antes mencionado; en tal virtud, se ordena agregar al presente cuaderno de antecedentes la comunicación de cuenta, para que surta los efectos legales conducentes, y se toma nota de su contenido. Notifíquese. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con el secretario licenciado Juan García Trejo, que autoriza y da fe. DEY

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