Eduardo Navarro Arroyo
Expediente 317/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Eduardo Navarro Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas. De igual forma, se hace constar que se abrió incidente de suspensión, en el que se negó y concedió la suspensión definitiva; asimismo, el quejoso no exhibió billete de depósito. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la promoción con folio 3493 y anexo que se adjunta, así como con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por la secretaria de acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado, el quince de febrero del año que transcurre, en el amparo en revisión civil número 528/2017; los autos del juicio de amparo 317/2017 y las copias certificadas del juicio hipotecario 32/2008, en seis legajos; acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, mediante la ejecutoria de mérito la Superioridad confirmó la resolución dictada por este juzgado y sobreseyó el juicio de amparo promovido por Eduardo Navarro Arroyo. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Devuélvanse al juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, las constancias que remitió en su informe. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que por una parte se negó; y por otra, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Anahid.*
- Principal
El diez de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 14967. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que en el amparo en revisión civil 528/2017-3, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
El once de octubre de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta al juez con un escrito y siete copias del mismo registrado con el folio 13548. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Eduardo Navarro Arroyo, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución de diecinueve de septiembre pasado, que sobreseyó el juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de revisión contra de la sentencia de mérito, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado. Por tanto, una vez que obren las constancias relativas a la notificación a las partes del indicado fallo y del presente proveído, envíese este expediente al citado Órgano Colegiado, para la substanciación del indicado recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Juan García Trejo secretario que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 317/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Eduardo Navarro Arroyo, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: -Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. -Notificadora en Funciones de Ministro Ejecutor adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. Acto reclamado: ".privación ilegal de un inmueble que pretende realizar el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Rio Grande, Zacatecas de un bien inmueble que fue otorgado en garantía y que fue motivo de la hipoteca dentro del expediente número 32/2008, relativo al juicio hipotecario que promovió el C. Lorenzo Estupiñán Balderas, en contra del C. Nicacio Navarro Navarro de la Fuente, radicado en el Juzgado Primero Mixto del Distrito Judicial de Río Grande Zacatecas.". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 103 y 107 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 27 a la 31), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 317/2017, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, ordenó emplazar a los terceros interesados, dio la intervención legal que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la orden de entrega de inmueble, emitida por una autoridad judicial, es reclamada por tercero extraño al juicio de origen. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: De la Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas: -La orden de entrega del inmueble ubicado unidad en calle Melchor Ocampo, número 39, colonia Centro, en Río Grande, Zacatecas, emitida en el juicio hipotecario 32/2008. De la Notificadora en Funciones de Ministro Ejecutor adscrita al referido órgano judicial: -La notificación de la orden referida. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas y la Notificadora en Funciones de Ministro Ejecutor adscrita aceptaron la existencia de los actos reclamados al rendir sus respectivos informes justificados (foja fojas 35 a la 38). Además, la autoridad citada en primer término remitió copia certificada del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 32/2008 (seis tomos de pruebas); documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil ocho (fojas 1 a la 3, cuaderno 6 de pruebas), Lorenzo Estupiñán Balderas promovió juicio hipotecario contra Nicasio Navarro de la Fuente, de quien reclamó el vencimiento del contrato de mutuo con intereses y garantía hipotecaria formalizado mediante escritura pública 15,509 de veinticuatro de abril de dos mil seis; el pago de ciento tres mil pesos por concepto suerte principal; intereses moratorios; la ejecución de la garantía hipotecaria (respecto del inmueble ubicado en calle Melchor Ocampo, número 39, colonia Centro, en Río Grande, Zacatecas) y el pago de gastos y costas judiciales. 2. En veinticuatro de enero de dos mil ocho (foja 10 del cuaderno 6 de pruebas), la juez responsable admitió a trámite la demanda, la registró con el expediente 32/2008 y ordenó emplazar al demandado. 3. Seguido el juicio por sus trámites legales conducentes, la juez dictó sentencia el veintiocho de mayo de dos mil diez (fojas 80 a la 83, cuaderno 6 de pruebas), en la cual declaró fundada la acción llevada a juicio, por lo que condenó al demandado al pago de la suerte principal demandada, de intereses, de gastos y costas judiciales y ordenó que se hiciera trance y remate del bien inmueble dado en garantía. 4. Inconforme con tal determinación, el demandado interpuso apelación; no obstante, el treinta de junio de junio de dos mil diez (fojas 96 a la 98, cuaderno 6 de pruebas), la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas determinó que dicho recurso era inadmisible, por lo que decretó firme la sentencia impugnada. 5. Ya en etapa de ejecución de sentencia, en acuerdo de treinta de mayo de dos mil doce (foja 208, cuaderno 6 pruebas), se ordenó sacar a remate el bien inmueble dado en garantía hipotecaria. 6. Seguido el anterior trámite por sus demás etapas, el dos de mayo de dos mil catorce se aprobó el remate, en segunda almoneda, del bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria (fojas 306 a 309, cuaderno 6 de pruebas), quedando adjudicada en favor del actor. 7. Por oficio 254 de diez de marzo de dos mil quince (foja 330, cuaderno 6 de pruebas), la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas allegó el acuerdo por el que se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la aludida resolución que aprobó el remate. 8. Posteriormente, el trece de julio de dos mil quince (foja 341, cuaderno 6 de pruebas), en vista de que el demandado no otorgó la escritura del inmueble que le fue requerida, se ordenó entregarla en rebeldía en favor del actor; en dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis se tuvo protocolizada la escritura respectiva (foja 344, cuaderno 6 de pruebas). 9. El tres de marzo de dos mil diecisiete, se requirió al demandado para que hiciera entrega del bien inmueble adjudicado al actor (foja 346, cuaderno 6 de pruebas). La anterior resolución constituye la materia de estudio del presente juicio de amparo. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe sobreseerse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número 21 que aparece publicada en la página 1305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005 dos mil cinco, del rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. En el caso, el juicio de origen fue tramitado con motivo del juicio hipotecario que Lorenzo Estupiñán Balderas, promovió contra Nicasio Navarro de la Fuente, de quien reclamó el pago de la suerte principal contenida en el contrato de mutuo con intereses y garantía hipotecaria base de la acción (fojas 6 a la 8, cuaderno 6 de pruebas) y la ejecución de ejecución de la garantía hipotecaria respecto del inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo, número 39, colonia Centro, en Río Grande, Zacatecas. Como se reseñó, dicha acción resulto fundada, por lo que se remató el inmueble en comento, se adjudicó al actor, se ordenó su escrituración y se ordenó al demandado entregárselo. Ahora, el quejoso comparece al juicio de amparo en calidad de tercero extraño al procedimiento de origen y reclama dicha orden de entrega del inmueble. Lo anterior, pues afirma que el inmueble descrito es de su propiedad, por lo cual el embargo recaído sobre él es violatorio de su derecho fundamental de audiencia, ya que se pretende privarlo de ese bien sin ser oído ni vencido en juicio, al no ser parte contendiente en el procedimiento de origen. En tales condiciones, para poder afirmar válidamente que el acto reclamado afectó la esfera jurídica del quejoso, se debe corroborar que se encuentra legitimado para impugnarlo por ostentar algún derecho de propiedad sobre el inmueble objeto del procedimiento de origen. Con el propósito de acreditar la propiedad del inmueble que adujo, el quejoso ofreció como prueba, únicamente la documental consistente en copia certificada de diversas constancias del juicio de divorcio voluntario 124/2000 (fojas 10 a la 26), promovido por Nicasio Navarro de la Fuente (demandado en el juicio hipotecario de origen) y Virginia Arroyo Mendoza, por el que solicitaron la disolución del vínculo matrimonial que contrajeron el tres de marzo de mil novecientos setenta y siete, por el régimen de sociedad conyugal (foja 15). Documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Amparo, ya que las referidas constancias fueron emitidas por un funcionario público revestido de la fe pública (Director del Archivo General del Poder Judicial del Estado de Zacatecas), en ejercicio de sus funciones. De los documentos referidos, se advierte que el veintisiete de abril de dos mil (fojas 21 a la 23) se resolvió el juicio de divorcio voluntario en comento; en ésta se hizo referencia al convenio judicial celebrado entre los demandantes en los términos siguientes: ".Se aprueba judicialmente y en forma definitiva en sus términos y para todos los efectos legales, el convenio glosado a foja 4 y 5 de autos.A los ahora divorciantes se les condena a estar y pasar por el convenio en todo tiempo y lugar como si se tratara de la sentencia ejecutoriada.". Del convenio que refiere la anterior sentencia (el cual consta entre los documentos allegados por el quejoso), se advierte que los divorciantes estipularon: "QUINTA. En relación a la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal y la forma de liquidar la misma, en este aspecto se conviene lo siguiente: Los suscritos promoventes durante nuestro matrimonio obtuvimos un bien inmueble el cual fue adquirido recientemente de la institución bancaria denominada Bancomer Sociedad Anónima, mismo que constituyó nuestro domicilio conyugal, bien inmueble que se describe de la siguiente forma: finca urbana ubicada en la calle Melchor Ocampo numero treinta y nueve, de esta ciudad de Rio Grande, Zacatecas. conviniendo ambos promoventes en forma expresa que el bien inmueble en cuestión será escriturado en favor de nuestro menor hijo Eduardo Navarro Arroyo, comprometiéndose los promoventes en realizar las gestiones correspondientes para el efecto de que la propiedad quede exclusivamente a su nombre y propiedad.". Además de lo anterior, de las referidas constancias se observa el auto dictado el cuatro de mayo de dos mil en el referido juicio de divorcio en estudio, en el cual se declaró que la resolución ahí dictada causó ejecutoria (foja 25). De lo anterior se desprende que el demandado en el juicio hipotecario de origen Nicasio Navarro de la Fuente, al promover juicio de divorcio, conjuntamente con Virginia Arroyo Mendoza, acordaron transmitir la propiedad del inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo, número 39, colonia Centro, en Río Grande, Zacatecas (adquirido dentro de la sociedad conyugal que integraron), en favor del aquí quejoso Eduardo Navarro Arroyo. Al respecto, es oportuno señalar que del certificado de libertad de gravámenes que consta en el juicio hipotecario (foja 277, cuaderno 6 de pruebas), expedido el nueve de enero de dos mil catorce, se desprende que Nicasio Navarro de la Fuente adquirió de Bancomer, Sociedad Anónima, la propiedad de la finca urbana ubicada en la calle Melchor Ocampo, número 39, en Río Grande, Zacatecas, el trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Luego, si los divorciantes, previamente habían contraído matrimonio el tres de marzo de mil novecientos setenta y siete, es inconcuso que cuando Nicasio Navarro de la Fuente adquirió la propiedad de la finca descrita, entró en la sociedad conyugal que integraron. En consecuencia, al promover juicio de divorcio, efectivamente, Nicasio Navarro de la Fuente y Virginia Arroyo Mendoza se encontraban en aptitud de ceder derechos del inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo, número 39, en Río Grande, Zacatecas, como ocurrió. Sin embargo, de lo pactado en ese sentido en el convenio judicial base de la demanda de amparo, no se sigue que se hubiera concretado la traslación del dominio del inmueble que se defiende a la esfera jurídica del quejoso, porque únicamente se advierte que se acordó que el inmueble sería escriturado en su favor, lo que implica que la transferencia citada estaba supeditada a un acto jurídico posterior. Lo anterior, debido a que, como se reseñó, los padres del quejoso precisaron que se comprometían a realizar las gestiones correspondientes para el efecto de que la propiedad quedara a nombre del amparista. Es decir, al remitirse en forma expresa a una escrituración posterior, es evidente que hasta que se realizara ésta se concretaría la transmisión del derecho de propiedad. De tal manera que el convenio en análisis no conlleva por sí solo la adquisición del derecho de propiedad base de la demanda de amparo, sino que únicamente genera la expectativa de obtener tal prerrogativa. Luego, lo acordado por los padres del quejoso solo los vincula a ellos, pero no implica por sí solo la constitución del derecho de propiedad involucrado en favor de éste, dado que, se insiste, al no haberse concretado un acto jurídico específico en ese sentido, solo se generó el derecho de solicitar que se cumpliera con lo pactado. Así pues, el derecho derivado del convenio en cita es de carácter personal en relación con su cumplimiento, pero no real, respecto de la adquisición de la propiedad. Lo expuesto se corrobora con la circunstancia relativa a que, en cualquier caso, el acto traslativo involucrado se trataría de una donación, debido a que conlleva una transferencia gratuita de la propiedad de un inmueble; empero, en términos de los artículos 1670, 1689 y 1694 del Código Civil para el Estado de Zacatecas, para su eficacia es necesario que se otorgue en escritura pública (al tratarse de un inmueble con valor superior a cien días de salario mínimo, quinientos cuarenta y siete mil pesos en conformidad con el avalúo base del remate realizado en el juicio de origen -foja 311 del tomo VI de pruebas-) y que sea aceptada la traslación del dominio por el donatario. Entonces, es evidente que el solo convenio base de la demanda de amparo no puede implicar la adquisición del derecho de propiedad defendido, porque para tal efecto era necesario que se concretara el acto jurídico en comento en una escritura pública y que la parte legitimada aceptara la donación realizada, lo que no se acreditó en la especie. En suma, el convenio de divorcio base de la demanda de amparo no acredita que el quejoso sea titular de un derecho real sobre el inmueble objeto del acto reclamado, pues sólo demuestra el derecho para que, en su caso, se constituyera aquél, es decir, únicamente revela una mera expectativa del derecho de propiedad que se defiende, lo que no otorgar por sí solo prerrogativa alguna sobre el inmueble involucrado. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de un derecho subjetivo sobre el bien en controversia, es indudable que la tramitación del juicio natural no causa afectación en la esfera jurídica del amparista, por lo que debe sobreseerse en el juicio en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de dicho ordenamiento. Sobreseimiento que se hace extensiva al acto consistente en la notificación del requerimiento de entrega del inmueble, ya que no lo reclama por vicios propios, sino por vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 317/2017 promovido por Eduardo Navarro Arroyo contra los actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas y Notificadora en Funciones de Ministro Ejecutor adscrita, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe hasta, el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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