Eduardo Meza Vázquez

Expediente 378/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
378/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Meza Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 20 a 22), que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Eduardo Meza Vázquez, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I, II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese personalmente al promovente en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido vía correo electrónico el oficio de cuenta, enviado por la Encargada del Departamento Jurídico del Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual da cumplimiento al proveído de veintitrés de octubre del año en curso, y al respecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que hasta el día de ayer el quejoso Eduardo Meza Vázquez no presentó escrito alguno tendiente a desahogar la prevención de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada por este órgano jurisdiccional; por tanto, agréguese únicamente para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte promovente mediante proveído de cinco de octubre de este año, transcurrió del diez al diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, sin que desahogara la prevención ahí contenida. Ahora, no pasa inadvertido para este juzgador el hecho de que el impetrante se encuentra interno en un centro carcelario, lo que se traduce en la imposibilidad que tiene para poder ocurrir ante este Juzgado Federal, por lo que se consideró un lapso de tiempo mayor, a efecto de resolver sobre la prevención realizada en auto de cinco de octubre del año en curso, aunado que con el contenido del oficio que se provee, se desprende que éste no presentó escrito alguno en el Departamento del Área Jurídica del lugar de su reclusión, tendiente a desahogar dicha prevención. Tiene aplicación al caso, la tesis número XVI.P.2 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1746, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PROMOCIONES EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, POR LAS QUE DAN CUMPLIMIENTO A PREVENCIONES PERSONALÍSIMAS. CUÁNDO DEBEN TENERSE POR PRESENTADAS, SI SON EXHIBIDAS ANTE LA OFICINA PÚBLICA DE COMUNICACIONES. De la interpretación amplia del artículo 23 de la Ley de Amparo, acorde con el principio pro persona contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de cumplir con las obligaciones de promover y garantizar los derechos humanos, específicamente el de acceso a la justicia consagrado en el numeral 17 de la Carta Magna; considerando la imposibilidad física y jurídica del quejoso recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, para entregar las promociones por las que da cumplimiento a prevenciones personalísimas, directamente en la oficialía del juzgado que conoce del juicio de amparo, o ante el Servicio Postal Mexicano, se concluye que en esta hipótesis pueden presentarse ante "la oficina pública de comunicaciones" del lugar en que reside, es decir, la oficialía de partes del referido reclusorio, siempre que no exista otra oficina para ello, desde la cual se despachará la correspondencia de mérito, según disponen los artículos 70 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y 30 del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social; de ahí que la promoción respectiva se tendrá por presentada desde la data en la que se haya recibido en la citada oficina; de no contar con esa información deberá estarse a la fecha de suscripción y en ausencia de ambas presumir oportuna su presentación." Ahora, no obstante que ha transcurrido el término de ley en exceso, sin que el promovente haya desahogado la prevención de cinco de octubre de dos mil dieciocho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el auto de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Eduardo Meza Vázquez. Notifíquese personalmente al promovente en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de este año, se previno al quejoso Eduardo Meza Vázquez, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, sin que hasta el momento haya desahogado lo requerido en el referido acuerdo; por tanto, se requiere al Departamento del Área Jurídica de dicho centro penitenciario, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de este proveído, informe si el aludido interno, aquí quejoso, le presentó algún escrito tendiente a desahogar dicha prevención, en el presente juicio de amparo ********************, y de ser así lo remita a la brevedad o informe la imposibilidad que tiene para ello. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Eduardo Meza Vázquez, contra actos del Juez del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 378/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En otro orden de ideas, el quejoso refiere que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto debe decirse que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sin embargo, en el caso que nos ocupa no se surte ninguna de las hipótesis antes mencionadas, pues del contenido de la demanda, se desprende que dichos actos de autoridad no se cometen palpablemente en su perjuicio, pues hasta este estadio procesal no es objeto de una agresión de tal naturaleza. En consecuencia, al no ser una actuación que se esté ejecutando en forma inminente, puesto que es una apreciación de carácter subjetivo del requirente de protección Constitucional, no es factible proveer oficiosamente sobre la aludida medida cautelar, como lo disponen los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Por otra parte, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve y bajo protesta de decir verdad: Señale de manera cronológica cuáles son los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo anterior en virtud de que en su demanda de amparo únicamente se limita a manifestar que el acto reclamado es cierto y así lo declara; sin embargo, es necesario saber si solicitó al juez responsable la celebración de la audiencia informativa y en qué fecha realizó dicha petición, así como en qué forma lo solicitó, si a través de un escrito o mediante alguna manifestación al momento de una notificación. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala, consultable en la página 713, Tomo I, Libro 24, Noviembre de 2015, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia VI.2o.A. J/4 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1715, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015845 que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA PREVENCIÓN PARA QUE SE NARREN CRONOLÓGICAMENTE LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO ÉSTOS ERAN CLAROS DESDE EL ESCRITO INICIAL, CONTRAVIENE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EN SU VERTIENTE DE RECURSO EFECTIVO. De conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En consecuencia, la prevención en la que el Juez de Distrito requiere al quejoso para que narre cronológicamente los antecedentes del acto reclamado, cuando éstos eran claros desde el escrito inicial, es injustificada y excesiva, en contravención al derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." b) Manifieste en qué etapa procesal se encuentra el proceso penal de origen, toda vez que del contenido de su escrito de demanda no se desprende dicho dato. c) Dada la naturaleza del acto que por esta vía reclama, indique el o los conceptos de violación que estime pertinentes. Resulta aplicable la Tesis VI.1o.C.13 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 2375, Tomo IV, Libro 50, de Enero de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con Número de Registro 2016078, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ANTE SU AUSENCIA O FALTA, EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL DEBE REQUERIR AL PROMOVENTE PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA, Y NO DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando el juzgador advierta que en el escrito de demanda se hubiese omitido alguno de los requisitos señalados en el diverso 108 de la propia ley, deberá requerir al promovente para que haga las aclaraciones correspondientes. Por su parte, la fracción VIII de este último precepto determina que es requisito de la demanda que se expresen los conceptos de violación relativos. Por tanto, no debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando se omita ese requisito, pues el Juez constitucional está obligado a requerir al solicitante de amparo para que aclare su demanda y vierta los que estime pertinentes". Lo anterior, con fundamento en el artículo 108 fracciones V y VIII respetivamente de la Ley de Amparo. Los anteriores datos resultan necesarios para estar en condiciones de proveer lo que corresponda respecto a la demanda de amparo. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Ahora bien, en virtud de que se tratan de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, se requiere al solicitante del amparo para que al momento de la notificación que de este acuerdo se le haga o bien para que dentro del término legal concedido para tal efecto contado a partir del día siguiente en que surta efectos la misma, de cumplimiento a lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad, lugar donde se encuentra recluido el quejoso Eduardo Meza Vázquez, por así haberlo solicitado. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido y cúmplase.

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