Eduardo González Pineda

Expediente 596/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
596/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo González Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, que considera violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número ********************. Digitalización Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 3, fracción II, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo (reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós). Expediente físico y electrónico Se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará únicamente con los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en el juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Admisión Por otro lado, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite este juicio constitucional. Apertura del Incidente de suspensión Por separado, tramítese el incidente de suspensión respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado el quejoso. Fecha y hora de la audiencia constitucional De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el plazo de quince días hábiles, contado a partir del siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, en el que exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; bajo el apercibimiento que de ser omisa en rendir su informe, se presumirá cierto el acto que se le atribuye, salvo prueba en contrario, para lo cual se anexa copia simple de la demanda de amparo; haciendo de su conocimiento que puede rendir su informe justificado a la cuenta de correo oficial de este órgano jurisdiccional 7jdo9cto@correo.cif.gob.mx. Sanción en caso de omitir la rendición del informe justificado Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en el supuesto de no rendir el informe justificado o rendirlo, pero sin remitir las constancias necesarias para la solución del juicio, podrá ser sancionadas, en su caso y en lo individual, con multa de cien a mil veces el valor diario de unidad de medida y actualización, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Intervención del Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a este juzgado En otro contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; para lo cual córrase traslado de copia del escrito de demanda de amparo y notificándole personalmente este proveído y las subsecuentes mediante lista de acuerdos. Causas de sobreseimiento Hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello, conforme al artículo 251 de la Ley de Amparo. Pruebas En otro aspecto, se tiene al quejoso, ofreciendo las pruebas documentales, presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones; las que se tienen anunciadas en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Acceso al expediente electrónico Por lo que hace a la solicitud de acceso al expediente y toda vez que la parte quejosa proporcionó el usuario "********************", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta electrónica del expediente, a dicha parte procesal, a través de ese usuario. En ese contexto, hágase del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Notificaciones electrónicas La parte quejosa solicitó en su ocurso que las notificaciones le fueran practicadas vía electrónica; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones de carácter personal que para ella deriven realícense por vía electrónica. Resulta aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2498, número de registro 2018958, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR." En la inteligencia que se tendrán por realizadas una vez que la parte promovente haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Autorizados Se autoriza, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ******************** ********************y********************, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho. Así como a ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, toda vez que no cumplen con el requisito mencionado en el párrafo que precede. Domicilio Por otra parte, el quejoso designa domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, solicitó que las notificaciones se le hagan de manera electrónica; por lo tanto, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto. De la atención a las partes a través de los medios electrónicos y digitales para la consulta del expediente electrónico Por otro lado, las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso del equipo de cómputo que este órgano jurisdiccional ha dispuesto para la consulta del expediente electrónico o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su usuario respectivo. Ello, en atención a que todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; en la inteligencia que sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberán dar de alta su usuario; pues de esa manera, siempre tendrán disponible las constancias electrónicas que integren el expediente electrónico del que sean parte procesal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 261, 262 y 263, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Uso de medios electrónicos Única y exclusivamente, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, para obtener imágenes de constancias que debido a su volumen y tamaño en gigabytes, superen el máximo que soporta la plataforma electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, y que no haya sido posible digitalizarlos para agregarlos al expediente electrónico, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique los subsecuentes proveídos aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la zona conurbada, si así se requiere. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA". Notificación a la autoridad En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable y, las que en su caso, tengan el carácter de terceras interesadas, que en el juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Exhortación para utilizar el "juicio en línea" En otro aspecto, se exhorta a la totalidad de las partes, para que proporcionen un correo electrónico y un usuario, a efecto de que puedan consultar el expediente electrónico del presente controvertido; además, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y si es su deseo solicitar se les notifique aquellos acuerdos que deban ser de manera personal, en forma electrónica (por ser dicha notificación equiparable a una personal) a través del usuario que faciliten; ello, en términos de los artículos 14, 15, 16 y 19 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptima de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en ..

  2. Incidental

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura del incidente Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y anexos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 596/2023, promovido por Eduardo González Pineda, contra los actos que reclama del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, que considera violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Informe previo Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciba el oficio correspondiente, rinda informe previo, en el que manifieste si es cierto o no el acto reclamado por la parte quejosa; en el entendido que se le reclama el acto consistente en la violación al derecho a la salud, por no administrarle el tratamiento adecuado para su padecimiento de glaucoma, por no contar con los aparatos de medición adecuados (tonómetros), para ello, remítase a la responsable copia de la demanda de amparo; haciendo de su conocimiento que puede rendir su informe previo a la cuenta de correo oficial de este órgano jurisdiccional 7jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Sanción en caso de omitir la rendición del Informe previo De no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se le reclama y se le impondrá multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización; ello, conforme al precepto 260, fracción I, en relación con el diverso 238 de la Ley de Amparo. Fecha y hora de la audiencia incidental De conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Estudio de la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional A. Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: A. Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio) B. Presunción de los actos reclamados. C. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. D. Interés suspensional. E. Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público y peligro en la demora. Cabe precisar que la ausencia de cumplimiento de cualquiera de dichas condiciones, genera que deba negarse la medida cautelar. 1. Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo). De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso solicita la medida suspensiva para ".efectos de que el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Valles me suministre de medicamento con base en la medición de la presión intraocular adecuada, bien porque adquiera los aparatos de medición (Tonómetros) o porque ordene dichos estudios de forma subrogada para que pueda otorgarme una atención médica adecuada...". De manera que se efectuará el análisis correspondiente en los términos solicitados. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Febrero de 2019, foja 14, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." 2. Existencia del acto reclamado. Se tiene como presuntivamente cierto el acto reclamado consistente en la violación al derecho de la salud, por no administrarle el tratamiento adecuado para su padecimiento de glaucoma, por no contar la autoridad responsable con el aparato de medición adecuado (tonómetro); ello, con base en las manifestaciones que realizó el promovente bajo protesta de decir verdad, en lo relativo a que padece de glaucoma desde hace veinte años aproximadamente; por lo que, desde dos mil veinte, el Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, carece de instrumentos de medición de presión intraocular indispensables para el tratamiento que padece, por lo que dicha institución lo ha estado medicado sin medir su presión intraocular, lo que le impide recibir el tratamiento adecuado para su enfermedad. Lo que se adminicula con las copias simples de Cartilla Nacional de Salud y de los resúmenes clínicos de dieciocho de febrero de dos mil veinte; y, diecisiete de mayo y cuatro de septiembre de dos mil veintitrés; de las que se advierte que el quejoso Eduardo González Pineda es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y que padece glaucoma primario de ángulo abierto. Documentales a las que se les concede valor probatorio en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Elementos que son los únicos con los que se cuenta en es este momento para decidir en relación a la medida suspensional solicitada. Sirve de sustento a lo expuesto la tesis VII.2o.A.T.12 K, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 1006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, con registro digital 192111, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." 3. Materia de la medida cautelar. (Artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables, y no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o, bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. Ahora, es verdad que el artículo 131 de la Ley de Amparo, establece que tales medidas no tendrán por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte promovente antes de la presentación de la demanda; sin embargo, el propio legislador también estableció en el artículo 147 de la ley de la materia facultades para que el juzgador: "(.) Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo (.)"; siendo que estas últimas facultades son acordes a la finalidad constitucional de las medidas cautelares y las que, en todo caso, deben atenderse por resultar más favorables para la protección de la persona, a la luz del artículo 1 constitucional, en caso de posibles conflictos interpretativos. Así, dada la naturaleza del acto reclamado, es evidente que existe materia para la medida cautelar, pues de las destacadas manifestaciones y documentales exhibidas, se advierte que la actuación de la responsable contiene efectos vigentes que perjudican al quejoso en forma actual. 4. Interés suspensional (artículos 131 y 139 de la Ley de Amparo). Ahora, de conformidad con la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el intereses jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus derechos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. En el caso, la parte quejosa acredita su interés suspensional para efectos de la medida cautelar provisional solicitada, con las pruebas documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, consistente en: Cartilla Nacional de Salud y de los resúmenes clínicos de dieciocho de febrero de dos mil veinte; y, diecisiete de mayo y cuatro de septiembre de dos mil veintitrés; de las que se advierte que el quejoso Eduardo González Pineda es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y que padece glaucoma primario de ángulo abierto; documentales valoradas en párrafos que preceden. En esas condiciones, es patente que a la incidentista le asiste interés suspensional, pues es quien resiente la afectación ante la omisión combatida. 5. Ponderación simultánea del peligro en la demora, la apariencia del buen derecho (Art. 107, fracción X, de la Constitución Federal y 131 de la Ley de Amparo); en relación con el perjuicio al interés social y orden público (Art. 128, fracción II, 129 y 147 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso demostró su interés suspensional en los términos del apartado precedente y como menciona, no se le ha suministrado el medicamento necesario con base en la medición de la presión intraocular adecuada, se acredita el peligro en la demora, pues de continuar con la omisión combatida persistiría la afectación a su esfera jurídica; además, en observancia a la apariencia del buen derecho, se tiene que derivado del derecho fundamental contenido en el precepto 4 Constitucional, todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental, en un medio ambiente adecuado para ese fin, y representa para el Estado la obligación de crear mecanismos, planes y programas de gobierno tendentes a conseguir ese objetivo. En efecto, resulta oportuno analizar el párrafo cuarto del artículo 4 Constitucional, que respecto a la protección de la salud establece lo siguiente: "Artículo 4. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución (.)" Dicho precepto constitucional contiene el derecho humano a la salud y su protección, el cual se sustenta en que todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental, en un medio ambiente adecuado para ese fin, y representa para el Estado la obligación de crear mecanismos, planes y programas de gobierno tendentes a conseguir ese objetivo. La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (artículo 1 bis); establece el Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo primario es proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos (artículos 5 y 6). Define a los servicios de salud como aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad (artículo 23); clasifica a los servicios de salud en de atención médica, de salud pública y de asistencia social (artículo 24); señala que la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud constituye un servicio básico de salud (artículo 27, fracción VIII). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que este derecho significa una obligación de los gobiernos de crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos; de manera que el derecho a la salud no debe entenderse solamente como el derecho a estar sano. De igual forma el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, indica lo siguiente: "Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. De los artículos transcritos, se tiene de manifiesto que el derecho a la salud implica una diversa gama de acciones dirigidas a promover las condiciones en las cuales se desarrollan las personas, a fin de que puedan llevar una vida sana, lo cual implica un estado de bienestar físico, mental y social, así como el ejercicio de otros derechos, tales como el de la alimentación, a la vivienda, al trabajo y a la educación. Lo anterior, permite afirmar que la salud es un derecho humano integral, que se manifiesta de diversas maneras; una de ellas, vincula al Estado a procurar la disponibilidad de medicamentos e insumos para la salud, como servicio básico de salud, en cuyo caso las autoridades sanitarias estarán obligadas a procurar esa disponibilidad conforme a las bases y modalidades previstas en la ley, tal como se indica expresamente en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concesión de la suspensión En el caso, el quejoso se duele de la violación al derecho de la salud, por no administrarle el tratamiento adecuado para su padecimiento de glaucoma, por no contar la autoridad responsable con los aparatos de medición adecuados (tonómetros). En ese sentido, los actos omisivos de la responsable se encuentran relacionados con la prestación de servicios médicos e inciden directamente en el derecho fundamental de protección a la salud y, desde luego, en la esfera jurídica del quejoso y, por ende, en cuanto a las consecuencias y efectos que produce el referido acto reclamado, en ejercicio de la ponderación de la apariencia del buen derecho, es posible otorgar la medida suspensional con efectos restitutorios. En efecto, las consecuencias de la negativa reclamada a la autoridad responsable, puede, en su caso, comprometer la salud, dignidad e integridad personal del quejoso, pues conlleva a que no le administren el tratamiento adecuado para su padecimiento por no contar la responsable con los aparatos de medición adecuados. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia IV.1o.A. J/38 (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Página 2372, Materia Común, Décima Época, registro electrónico: 2016839, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY LE IMPONE, PROCEDE CONCEDERLA. Cuando en el amparo se reclama el inejercicio de las facultades de la autoridad administrativa y esa conducta omisiva refleja una actitud de indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la ley le impone, pues abandona o deja de prestar el servicio público encomendado y soslaya el bienestar social que supone observar ese deber, en una apariencia del buen derecho, procede conceder la suspensión solicitada, para el efecto práctico de vencer la abstención y obligar a la autoridad a acatar lo que la ley le ordena, máxime si con ello se pretende evitar un daño al orden público o al interés social, ocasionado precisamente por el incumplimiento a su obligación. Concluir en sentido contrario, sería secundar una conducta ilegal y contribuir al desacato de la ley, sin que sea justificable esperar a que se resuelva en el fondo el juicio de amparo para que la autoridad, hasta ese entonces, proceda a cumplir con algo a lo que siempre estuvo obligada." Ello, porque en casos excepcionales, como el de la especie, tal negativa y omisión por parte de la institución de seguridad social puede constituir un acto inhumano y debe proveerse sobre la suspensión del acto reclamado (que salvaguardara su dignidad y salud durante el trámite del juicio, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo), cuando el afectado se encuentre en estado de vulnerabilidad. Consecuentemente, bajo esa óptica jurídica, resulta procedente otorgar al quejoso la suspensión provisional solicitada, a fin de que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, con la diligencia que amerita el caso, se realicen los actos y gestiones necesarias para que a la brevedad se le proporcione el tratamiento, estudios y medicamentos necesarios, a fin de atender su padecimiento (glaucoma); lo anterior, bajo la comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar; y, en su caso, gestionar ante las instancias correspondientes la obtención de los recursos necesarios para cumplir con tal objetivo; a fin de que cese la omisión reclamada. En el entendido que la medida cautelar no tiene por efecto automático que se realicen los actos y gestiones necesarias para que, de inmediato, se le proporcione el tratamiento, estudios y medicamentos necesarios, a fin de atender su padecimiento (glaucoma), sino hacer cesar cualquier omisión, paralización o retraso injustificado en la continuación del tratamiento respectivo, pues dicha circunstancia es la materia del presente juicio de amparo. Además, la suspensión tampoco tendrá el alcance de constituir un derecho del interesado, frente al de terceras personas que se encuentren en la misma situación, a fin de no afectar el interés social. Efectos de la concesión de la medida cautelar La medida cautelar solicitada surtirá sus efectos al decretarse y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, sin que esté la autoridad responsable supeditada a su notificación, pues en caso contrario, se restaría eficacia a dicha medida cuyo propósito principal es detener inmediatamente en el tiempo una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el fondo. Garantía Sin que haya lugar a figar garantía alguna, debido a la naturaleza del acto reclamado. Apercibimiento a la autoridad responsable Apercibida la responsable que de no obedecer este proveído, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Autorizados Se autoriza, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ******************** ********************y********************, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho. Así como a ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, toda vez que no cumplen con el requisito mencionado en el párrafo que precede. Domicilio Por otra parte, el quejoso designa domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, solicitó que las notificaciones se le hagan de manera electrónica (de lo que se proveerá en párrafos siguientes); por lo tanto, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto. Notificaciones electrónicas La parte quejosa solicitó en su ocurso que las notificaciones le fueran practicadas vía electrónica; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones de carácter personal que para ella deriven realícense por vía electrónica. Resulta aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2498, número de registro 2018958, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR." En la inteligencia que se tendrán por realizadas una vez que la parte promovente haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Pruebas En otro aspecto, se tiene al quejoso, ofreciendo las pruebas documentales, presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones; las que se tienen anunciadas en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia incidental. De la atención a las partes a través de los medios electrónicos y digitales para la consulta del expediente electrónico Por otro lado, las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso del equipo de cómputo que este órgano jurisdiccional ha dispuesto para la consulta del expediente electrónico, o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su usuario respectivo. Lo anterior, debido a que todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; en la inteligencia de que sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberán dar de alta su usuario; pues de esa manera, siempre tendrán disponible las constancias electrónicas que integren el expediente electrónico del que sean parte procesal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 261, 262 y 263, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Uso de medios electrónicos Única y exclusivamente, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, para obtener imágenes de constancias que debido a su volumen y tamaño en gigabytes, superen el máximo que soporta la plataforma electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, y que no haya sido posible digitalizarlos para agregarlos al expediente electrónico, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior, siempre y cuando los documentos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el expediente físico y de las remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe previo, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique los subsecuentes proveídos aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la zona conurbada, si así se requiere. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." Notificación a la autoridad En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable y, las que en su caso, tengan el carácter de terceras interesadas, que en el juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Exhortación para utilizar el "juicio en línea" En otro aspecto, se exhorta a la totalidad de las partes, para que proporcionen un correo electrónico y un usuario, a efecto de que puedan consultar el expediente electrónico del presente controvertido; además, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y si es su deseo solicitar se les notifique aquellos acuerdos que deban ser de manera personal, en forma electrónica (por ser dicha notificación equiparable a una personal) a través del usuario que faciliten; ello, en términos de los artículos 14, 15, 16 y 19 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Gloria Paulina Aza Plascencia, Jueza Séptima de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, ante Oscar Vázquez Ortiz, Secretario que da fe.

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