Eduardo Méndez Vital
Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Eduardo Méndez Vital
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio 5847/2020, firmado por la Actuaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que remite los autos originales del expediente en que se actúa, en un tomo y un testimonio sin copias de la resolución emitida en el recurso de revisión R.A. 118/2020, dictada en sesión de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en la que resolvió lo siguiente: PRIMERO. En la materia, se REVOCA la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a los quejosos, en contra del acto reclamado al Comité Interdisciplinario Evaluador, precisado en el segundo considerando de la sentencia recurrida, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando del presente fallo. Por tanto, gírese oficio a las autoridades responsables, a efecto de notificarles la aludida ejecutoria. Confírmese recepción al Tribunal Colegiado. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el cuaderno de antecedentes al cuaderno principal, previa destrucción de las copias simples con las que se ordenó formar dicho cuaderno, ya que su conservación resulta innecesaria. Ahora bien, tomando en consideración que en la resolución dictada en sesión de diecinueve de octubre de dos mil veinte, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 118/2020, se resolvió revocar y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: Así, dado lo fundado del concepto de violación en estudio, porque quedó demostrada la dilación en la integración del expediente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, para el efecto de que la autoridad responsable notifique a los quejosos el requerimiento contenido en el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, hecho lo anterior, observe los plazos previstos en la Ley General de Víctimas y su Reglamento, para la integración y resolución del expediente. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Conforme a lo anterior, y tomando en cuenta los efectos de la resolución dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 118/2020, este órgano jurisdiccional determina que, para el cumplimiento del fallo protector, es necesario que la siguiente autoridad lleve a cabo la siguiente actuación, en la etapa que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. El Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debe de notificar a los quejosos el requerimiento contenido en el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, hecho lo anterior, observe los plazos previstos en la Ley General de Víctimas y su Reglamento, para la integración y resolución del expediente. En consecuencia, se ordena a las autoridades involucradas DAR INICIO DE INMEDIATO AL PROTOCOLO de ejecución descrito. ETAPA ACTUAL Ahora bien, para el cumplimiento de la ETAPA ÚNICA. El Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debe de notificar a los quejosos el requerimiento contenido en el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, hecho lo anterior, observe los plazos previstos en la Ley General de Víctimas y su Reglamento, para la integración y resolución del expediente. Por lo tanto, atendiendo la complejidad de dicha actuación y presumiendo la elevada carga de trabajo de dicha autoridad, en concepto de esta juzgadora es razonable fijar un plazo de treinta días para que dé cabal cumplimiento a la etapa antes citada y remitir a esta Jueza las constancias que así lo acrediten. REQUERIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 la ley de la materia vigente, REQUIÉRASE a la autoridad, Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que dentro del término de TREINTA DÍAS, al que surta efectos la notificación del presente proveído remita copia certificada de las constancias con las que acredite fehacientemente, que notificó a los quejosos el requerimiento contenido en el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, hecho lo anterior, observe los plazos previstos en la Ley General de Víctimas y su Reglamento, para la integración y resolución del expediente; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a esta juzgadora la razón objetiva y demostrable por la que no le es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, (en el entendido que de no ser el superior jerárquico de la autoridad señalada como responsable, deberá informar a este órgano jurisdiccional quien ostenta ese carácter), para que dentro del mismo plazo, demuestre ante esta juzgadora haber ordenado y conminado a dicha autoridad el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades requeridas, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Lo anterior, sin perjuicio de que se remita el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el juez de distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a la autoridad responsable y superior jerárquico, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal, se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este órgano federal de oficio, no ampliará ni una sola vez los plazos que se otorguen conforme al Protocolo de Ejecución; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, si la autoridad lo solicita dentro del plazo otorgado y además demuestra fehacientemente la práctica de gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente conduzcan según la normativa aplicable, al acatamiento de los requerimientos respectivos. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. CERTIFICACIÓN DE PROMOCIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, esta juzgadora determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el Secretario respecto del de su presentación, dará cuenta a la titular de este órgano federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando esta juzgadora tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que el órgano federal haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y que al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
* Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno; e incluso permite duplicar el plazo para el dictado de resoluciones. Atento a lo anterior agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por ***, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del señala como nuevo domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y/o documentos el ubicado en Avenida Revolución ***, Colonia los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01040, Ciudad de México, pone a disposición el número telefónico ***, solicita el acceso al expediente electrónico, a través del usuario ***, asimismo hace del conocimiento de este juzgado federal que el once de marzo de este año, la parte quejosa recibió el cheque número ***, por la cantidad de ***, por concepto de diferencias en el pago de aguinaldo de dos mil uno a dos mil diecisiete, dando así puntualidad a la ejecutoria que nos ocupa, por lo que solicita se requiera a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que remita las constancias de mérito. DOMICILIO Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la ocursante. Por otro lado, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "***" la consulta del presente expediente vía electrónica. REQUERIMIENTO En ese orden, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo REQUIÉRASE a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de DIEZ DÍAS presente ante este órgano jurisdiccional copia certificada de las documentales en donde se advierta que entrego a la parte quejosa el aviso de pago referenciado en ventanilla bancaria o el título de crédito correspondiente por la cantidad de ***, por concepto de diferencias en el pago de aguinaldo de dos mil uno a dos mil diecisiete; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Se le apercibe, que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento antes mencionado, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización, pues una actitud contumaz de su parte generaría un retardo en el cumplimiento del fallo protector. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Director General de Servicios Legales, en representación de la Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México, en el que informa que mediante oficio de seis de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ordenó el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos al Director General de Servicios Legales y Presidente de la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano, con el objeto de que la acate sin mayor dilación. De lo anterior, esta juzgadora toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de doce de febrero de dos mil veinte, se requirió al Director General de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que remitiera las constancias con las que acreditara haber otorgado la suficiencia presupuestal bajo la partida correspondiente, y haberla remitido al Director General de Asuntos Jurídicos respecto de la cantidad liquida de $60,597.23 (sesenta mil quinientos noventa y siete pesos 23/100 moneda nacional); por el concepto 2103 "estimulo de protección ciudadana", el monto liquido de $233,808.48 (doscientos treinta y tres mil ochocientos ocho pesos 48/100 moneda nacional), por el concepto de demás prestaciones por el periodo comprendido del dieciséis de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y un líquido de $115,576.66 (ciento quince mil quinientos setenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), por concepto de indemnización correspondiente a tres meses de sueldo y veinte días por año laborado. No obstante, de los anexos al oficio con número de folio 4509, firmado por la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en auto de tres de marzo de este año, se advierte que, se actualizaron las cantidades a pagar liquida de $233,831.46 (doscientos treinta y tres mil ochocientos treinta y un pesos 46/100 moneda nacional), por el concepto de demás prestaciones por el periodo comprendido del dieciséis de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y un líquido de $115,812.62 (ciento quince mil ochocientos doce pesos 62/100 moneda nacional), por concepto de indemnización correspondiente a tres meses de sueldo y veinte días por año laborado; asimismo que la Directora General de Administración de Personal requirió la Directora General de Asuntos Jurídicos, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad, la tramitación del "Visto Bueno Condicionado," a efecto de continuar con la tramitación del pago que tiene derecho la parte quejosa. En consecuencia, y a efecto de darle celeridad al cumplimiento del presente juicio de amparo, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y a los Integrantes de la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano, autoridades a las que corresponde la emisión del Visto Bueno, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, remitan las constancias con las que acrediten HABER OTORGADO EL VISTO BUENO CONDICIONADO respecto del pago que deberá realizarse ***, aun sin la solicitud por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a esta juzgadora la razón objetiva y demostrable por la que no les es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. De igual forma, requiérase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades requeridas, para que dentro del mismo plazo les ORDENE Y CONMINE a cumplir con el presente proveído; o bien, para que igualmente, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla.1 APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización.2 Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 conforme a lo antes precisado, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, esta Jueza de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que debe otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de esta juzgadora. Lo anterior, a reserva de que esta Jueza Federal fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan.4 Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE
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