Eduardo Martínez Sánchez

Expediente 903/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
903/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Martínez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que conforme a los puntos II y III, de la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y reanudar el trámite y resolución de los expedientes, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se provee: Se reanuda el presente asunto y vista la constancia de cuenta, y dado que la parte quejosa y las autoridades responsables no manifestó su inconformidad contra el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplido el fallo protector, en el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por firme tal determinación para los efectos legales procedentes. Ahora, como de autos se advierte que no existe más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que se recaben las constancias de notificación del presente proveído archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DEPURACIÓN En consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL y, por tanto, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pero NO DE DESTRUCCIÓN, según lo previsto en los artículos 3, fracciones VII y XIV, 15 aplicado a contrario sensu, y 18, fracción I, inciso b), y los últimos párrafos del Acuerdo mencionado; luego, una vez que transcurra el plazo de tres años de su conservación, dentro de los 90 días posteriores, tramítese su depuración de conformidad con los últimos párrafos del artículo 18 de dicho ordenamiento y realícese la transferencia respectiva al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. REQUERIMIENTO Por otra parte, en virtud de que en el presente expediente obran glosados documentos originales, con apoyo en lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del multicitado Acuerdo, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA para dentro del término de noventa días, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente; mientras tanto, remítanse los autos del presente asunto al archivo de este Juzgado Federal para su resguardo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Ciudad de México, a veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la constancia de cuenta se advierte que en sesión de dieciséis de enero del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el sentido de que se continúa con el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado líneas arriba. Lo que implica que se dará trámite a los expedientes que se califiquen como "urgentes", y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. En ese sentido, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales. Debe precisarse que en términos de la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8, se precisó en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. De igual modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. Por lo anterior, vista la constancia de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se conoce que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera con las constancias exhibidas por la autoridad responsable con las que adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO En razón de lo anterior, esta juzgadora con los documentos que obran en el expediente en el que se actúa, procede a resolver si ha quedado satisfecho el fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, ningún asunto puede archivarse, sino hasta que quede enteramente acatada la sentencia que haya concedido la protección constitucional, procede resolver si está atendida la ejecutoria de amparo. EFECTOS A CUMPLIR Es preciso traer a cuenta que en la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada en autos, misma que confirmó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: Efectos. La protección constitucional se otorga para el efecto de que, tan luego cause ejecutoria esta sentencia, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, emita una respuesta al trámite de autorización sanitaria con folio 193300EL040284 de ocho de abril de dos mil diecinueve formulada por la parte quejosa; por escrito, de manera congruente, y se la dé a conocer en breve término y de forma indubitable. Lo anterior, en la inteligencia de que el artículo 8 constitucional no obliga a la autoridad responsable a que resuelva en determinado sentido, y por ende la concesión del amparo no la vincula a que la respuesta deba ser favorable a los intereses de la parte quejosa, de conformidad con la siguiente jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8º. Constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. En consecuencia, el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional estableció el "PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA", en el que se determinó las actuaciones que la autoridad debía llevar en la etapa siguiente: ETAPA ÚNICA. El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, debe emitir una respuesta al trámite de autorización sanitaria con folio 193300EL040284 de ocho de abril de dos mil diecinueve formulada por la parte quejosa; por escrito, de manera congruente, y se la dé a conocer en breve término y de forma indubitable. CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO Así, con la finalidad de acreditar el cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante oficio con número de correspondencia 23074, de diecinueve de septiembre de dos mil veinte, el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del Titular de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, y en representación del Comisionado Federal, del Comisionado de Autorización Sanitaria, Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, del Comisionado de Autorización Sanitaria y del Comisionado Federal, todos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, remitió el oficio 193300EL40284, de seis de septiembre de dos mil diecinueve. VALORACIÓN DE CONSTANCIAS Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y es suficiente para acreditar que la autoridad responsable acató la sentencia de amparo, toda vez que emitió una respuesta al trámite de autorización sanitaria con folio 193300EL040284 de ocho de abril de dos mil diecinueve, por escrito, de manera congruente y se la notificó a la parte quejosa. En consecuencia, en términos de los artículos 77, fracción II, y 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Cabe precisar que, conforme a la Circular SECNO/4/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentran suspendidos los plazos y términos de los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por lo que aquéllos comenzarán a transcurrir, una vez que se normalicen las actividades. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL DICE: Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de autos, se hace del conocimiento de las partes que en sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura acordó la primera adscripción, de manera interina, de la licenciada Dinorah Hernández Jiménez, como titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve; lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional a través del oficio SEADS/1394/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción en ausencia del Secretario Ejecutivo de Adscripción; lo anterior, a efecto de no dejarlas en estado de indefensión, no irrogarles perjuicio alguno y no vulnerar las reglas que rigen el procedimiento; así como para los efectos previstos en los artículos 52, segundo párrafo de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación, por analogía y en la parte conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, se tiene por recibido el oficio con evidencia criptográfica de firma (FIREL), presentado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite el oficio 308-B, firmado el Actuario del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que remite los autos originales del expediente en que se actúa, en un tomo y un testimonio con cuatro copias de la resolución emitida en el recurso de revisión R.A. 428/2019-8634, dictada en sesión de veinte de mayo de dos mil veinte, en la que resolvió lo siguiente: PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se desecha el presente recurso por cuanto hace al Comisionado de Autorización Sanitaria y al Comisionado Federal, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por las razones establecidas en el cuarto considerando de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a EDUARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en términos del último considerando del fallo recurrido. Por tanto, gírese oficio a las autoridades responsables, a efecto de notificarles la aludida ejecutoria. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el cuaderno de antecedentes al cuaderno principal, previa destrucción de las copias simples con las que se ordenó formar dicho cuaderno, ya que su conservación resulta innecesaria. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Ahora bien, en la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada en autos, misma que confirmó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: Efectos. La protección constitucional se otorga para el efecto de que, tan luego cause ejecutoria esta sentencia, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, emita una respuesta al trámite de autorización sanitaria con folio 193300EL040284 de ocho de abril de dos mil diecinueve formulada por la parte quejosa; por escrito, de manera congruente, y se la dé a conocer en breve término y de forma indubitable. Lo anterior, en la inteligencia de que el artículo 8 constitucional no obliga a la autoridad responsable a que resuelva en determinado sentido, y por ende la concesión del amparo no la vincula a que la respuesta deba ser favorable a los intereses de la parte quejosa, de conformidad con la siguiente jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8º. Constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que, para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que la autoridad responsable lleve a cabo la siguiente actuación, en la etapa que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, debe emita una respuesta al trámite de autorización sanitaria con folio 193300EL040284 de ocho de abril de dos mil diecinueve formulada por la parte quejosa; por escrito, de manera congruente, y se la dé a conocer en breve término y de forma indubitable. VISTA DE CUMPLIMIENTO Ahora bien, cabe hacer mención que en mediante oficio que obra certificado en autos con el folio 23074, firmado por el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del Titular de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, y en representación del Comisionado Federal, del Comisionado de Autorización Sanitaria, Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, del Comisionado de Autorización Sanitaria y del Comisionado Federal, todos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a través del cual, remitió el oficio 193300EL40284, de seis de septiembre de dos mil diecinueve, con el que adujó dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con copia del oficio registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 23074 y anexo que lo acompaña, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. De igual forma, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que en el término antes precisado, señale lo que a su representación social competa. Se les apercibe que, de no cumplir con la vista, aún sin argumentos de su parte, se resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario. CERTIFICACIÓN DE PROMOCIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, este juzgador determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el Secretario respecto del de su presentación, y el Secretario dará cuenta al titular de este Juzgado Federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando este Juzgador tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que el juez haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y que al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta. Por otro lado, se toma conocimiento del oficio que obra agregado en autos con el folio 22707, firmado por el Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que informó que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo registrándolo con el R.A. 428/2019-8634, de su índice.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de autos, se hace del conocimiento de las partes que en sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura acordó la primera adscripción, de manera interina, de la licenciada Dinorah Hernández Jiménez, como titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve; lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional a través del oficio SEADS/1394/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción en ausencia del Secretario Ejecutivo de Adscripción; lo anterior, a efecto de no dejarlas en estado de indefensión, no irrogarles perjuicio alguno y no vulnerar las reglas que rigen el procedimiento; así como para los efectos previstos en los artículos 52, segundo párrafo de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación, por analogía y en la parte conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, se tiene por recibido el oficio con evidencia criptográfica de firma (FIREL), presentado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite el oficio 308-B, firmado el Actuario del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que remite los autos originales del expediente en que se actúa, en un tomo y un testimonio con cuatro copias de la resolución emitida en el recurso de revisión R.A. 428/2019-8634, dictada en sesión de veinte de mayo de dos mil veinte, en la que resolvió lo siguiente: PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se desecha el presente recurso por cuanto hace al Comisionado de Autorización Sanitaria y al Comisionado Federal, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por las razones establecidas en el cuarto considerando de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a EDUARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en términos del último considerando del fallo recurrido. Por tanto, gírese oficio a las autoridades responsables, a efecto de notificarles la aludida ejecutoria. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el cuaderno de antecedentes al cuaderno principal, previa destrucción de las copias simples con las que se ordenó formar dicho cuaderno, ya que su conservación resulta innecesaria. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Ahora bien, en la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada en autos, misma que confirmó el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: Efectos. La protección constitucional se otorga para el efecto de que, tan luego cause ejecutoria esta sentencia, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, emita una respuesta al trámite de autorización sanitaria con folio 193300EL040284 de ocho de abril de dos mil diecinueve formulada por la parte quejosa; por escrito, de manera congruente, y se la dé a conocer en breve término y de forma indubitable. Lo anterior, en la inteligencia de que el artículo 8 constitucional no obliga a la autoridad responsable a que resuelva en determinado sentido, y por ende la concesión del amparo no la vincula a que la respuesta deba ser favorable a los intereses de la parte quejosa, de conformidad con la siguiente jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8º. Constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que, para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que la autoridad responsable lleve a cabo la siguiente actuación, en la etapa que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, debe emita una respuesta al trámite de autorización sanitaria con folio 193300EL040284 de ocho de abril de dos mil diecinueve formulada por la parte quejosa; por escrito, de manera congruente, y se la dé a conocer en breve término y de forma indubitable. VISTA DE CUMPLIMIENTO Ahora bien, cabe hacer mención que en mediante oficio que obra certificado en autos con el folio 23074, firmado por el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del Titular de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, y en representación del Comisionado Federal, del Comisionado de Autorización Sanitaria, Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, del Comisionado de Autorización Sanitaria y del Comisionado Federal, todos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a través del cual, remitió el oficio 193300EL40284, de seis de septiembre de dos mil diecinueve, con el que adujó dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con copia del oficio registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 23074 y anexo que lo acompaña, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. De igual forma, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que en el término antes precisado, señale lo que a su representación social competa. Se les apercibe que, de no cumplir con la vista, aún sin argumentos de su parte, se resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario. CERTIFICACIÓN DE PROMOCIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, este juzgador determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el Secretario respecto del de su presentación, y el Secretario dará cuenta al titular de este Juzgado Federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando este Juzgador tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que el juez haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y que al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta. Por otro lado, se toma conocimiento del oficio que obra agregado en autos con el folio 22707, firmado por el Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que informó que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo registrándolo con el R.A. 428/2019-8634, de su índice.

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