Eduardo Méndez Blanco

Expediente 741/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
741/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Méndez Blanco

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto por el cual se desechó la demanda; consecuentemente, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de...defensor particular de...por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintitrés de junio del año en curso, por tanto, se provee: ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito que la aclara, se hace advierte que la parte quejosa reclama: El auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta 1146/2022 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por el cual negó la reapertura de investigación, a fin de ofrecer mayores datos de prueba en la carpeta de origen. DESECHAMIENTO Es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano. En ese tenor, el suscrito advierte de manera oficiosa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que fue sustituido procesalmente por diversa determinación. Dicho precepto legal prevé la figura de cesación de efectos, la cual se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad responsable la repara, o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal suerte que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Es precisamente en atención a ello que se genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera jurídica de la parte quejosa, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso, es constitucional o no. Asimismo, es importante señalar que de dicha hipótesis normativa se desprenden dos supuestos de cesación de efectos, a saber: por revocación o por sustitución. El primer supuesto opera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo de los supuestos, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto que lo sustituye; por ejemplo, cuando: a) Se interpone un recurso o medio de defensa idóneo contra el acto reclamado: la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria; o bien, b) Cuando se emite una resolución determinada y, al no impugnarse en los plazos legales a través del recurso idóneo procedente, se dicta el auto que la declara firme; en ese supuesto, éste sustituye a la determinación inicialmente adoptada, porque el efecto que genera es que la resolución primigenia adquiera firmeza; y será entonces tal determinación la que rija la situación jurídica del peticionario del amparo. Sirve de apoyo la Tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, diciembre de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Bajo ese contexto, quien resuelve aprecia que en el acto aquí reclamado se actualiza la cesación de efectos por sustitución, en virtud que el acto que reclama la parte quejosa consiste en el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta 1146/2022 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por el cual se negó la reapertura de investigación, el cual fue impugnado por la parte quejosa mediante recurso de revocación, mismo que fue declarado extemporáneo, siendo así sustituido procesalmente por la resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, que recayó a dicho medio de impugnación. Por tanto, es la resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, la que rige la situación jurídica del quejoso, siendo precisamente esa circunstancia la que genera que el presente juicio resulte improcedente, pues sería infructuoso estudiar la constitucionalidad de un acto que ya no incide en su esfera jurídica, al haber sido materialmente sustituido por diversa determinación judicial. Por otra parte, aun cuando se asumiera que el recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, no es el medio de impugnación idóneo para controvertir aquel auto, lo cierto es que respecto del acto primigenio, se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación. Lo anterior, ya que el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos de autoridad tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto porque las consecuencias de la violación cometida quedarían consumadas de manera irreparable. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no tienen como consecuencia una afectación inmediata a derechos de naturaleza sustantiva. Así, en el caso, el acto reclamado no quebranta en perjuicio del peticionario de amparo, de manera cierta, sus derechos fundamentales, ya que el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta 1146/2022 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por el cual negó la reapertura de investigación solicitada a fin de ofrecer mayores datos de prueba en la carpeta de origen, no implica una vulneración a los derechos sustantivos de la parte quejosa, esto es, no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, al no producir de manera directa e inmediata la afectación a algún derecho fundamental. En efecto, el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria; 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. De esa forma, el procedimiento penal acusatorio se diferencia por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí; por lo que dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c) la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. Expuesto lo anterior, debe decirse que se considera que el juicio de amparo que se intenta es improcedente al actualizarse la causal improcedencia aludida, toda vez que conforme a la procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre, tutelados por la Constitución Federal por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, esto es, cuando afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que dicha resolución sólo implica infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable; por lo que es probable que tal afectación procesal, sea susceptible de extinguirse a través de la demanda de amparo directo que promueva, en el caso de que ésta también le sea desfavorable. Con base en lo anterior, se considera que la determinación reclamada no genera afectación a derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no le restringe algún derecho sustantivo, por el contrario, únicamente tiene por objeto la continuación del proceso natural, para el dictado de la apertura de juicio, sin que ello implique una afectación actual, real y directa en la esfera jurídica de la promovente de la demanda de amparo. Se invoca en cuanto a los razonamientos que contiene, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo III, página 1539, décima época, registro digital 2006338, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001 página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En efecto, como se dijo, la parte quejosa reclama la determinación -por parte del juez responsable- de negar la reapertura de la investigación, en la carpeta administrativa 1146/2022, a fin de ofrecer mayores datos de prueba, por lo que, se reitera que contra dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia referida, en atención a que el mismo no es reclamable a través del amparo indirecto, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha actuación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales. En efecto, el acto reclamado únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, pues depende de que llegue, o no, a trascender al concluir la etapa intermedia, que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, en conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es así, porque se trata de una prórroga extraordinaria del plazo para el cierre de la investigación complementaria, que como lo narró la parte quejosa, le fue concedido, tal como lo establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que si la parte quejosa estima que se vulnera su derecho de defensa, a pesar de que se le otorgó el plazo de seis meses de prórroga de investigación complementaria, evidentemente que solo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, ya que en la etapa intermedia tiene el derecho de ofrecer sus pruebas una vez que le es notificado de la acusación formulada por el fiscal, como las pruebas que la sustentan, conforme lo disponen el precepto 340 del referido Código Nacional. Es cierto que la parte quejosa hace mención de la violación a su derecho de defensa en razón de que aduce que existen datos y medios de prueba que aún siguen siendo investigados, como lo es una supuesta llamada telefónica realizada durante el evento delictivo; sin embargo, se reitera, ese derecho no se ve vulnerado de manera inmediata, actual y directa, dado que previamente contó con el plazo de prórroga de seis meses para ello, por lo que la mera negativa de ordenar la reapertura de la investigación, sólo produce una violación de carácter adjetivo, cuya afectación estará sujeta a etapas posteriores, lo que origina que la "posible" trasgresión de derechos no sea actual. En efecto, no por el sólo hecho de invocar violación al derecho de defensa hace procedente la vía constitucional, sino que depende de los efectos reales que produce el acto reclamado y, en el caso, se estima que sólo son efectos de carácter procesal o formal. Se invoca, en cuanto su contenido, la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, Undécima Época, registro digital 2023906, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia aludida, se desecha de plano la demanda de amparo en análisis. Por lo que hace al correo electrónico y usuario proporcionados, deberá estarse a lo acordado mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en que se encuentra recluido..."

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Erick Lozada Beyra, quien se ostenta como defensor particular de Eduardo Méndez Blanco, regístrese bajo el número de juicio de amparo 741/2022-V. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computados, realice lo siguiente: 1.- Deberán exhibir las constancias certificadas que permitan establecer de manera fehaciente que tiene acreditada la representatividad legal para promover el presente juicio de amparo en nombre de Eduardo Méndez Blanco, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que tiene reconocido dicho carácter ante el juez responsable. En el entendido que en caso de exhibir las constancias precisadas con anterioridad vía electrónica, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que los documentos adjuntos a su escrito electrónico son copia íntegra e inalterada del documento reproducido. Lo anterior, debido de conformidad con lo establecido en el artículo 12, segundo párrafo, inciso f), del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, cuando el promovente ingrese documentos públicos mediante el uso de la FIREL deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que éstos son copia íntegra o inalterada del documento impreso, lo cual, en la especie no acontece. 2. Deberá precisar la fecha del acto reclamado, toda vez que señala que se duele del auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, sin embargo, de los antecedes narrados bajo protesta de decir verdad, refiere que interpuso revocación contra el auto de treinta y uno de mayo del presente. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de las prevenciones que se le formulan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, por así haberlo solicitado. En el entendido que la parte quejosa queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. No obstante, dada la trascendencia de este acuerdo, se ordena practicar la notificación de este acuerdo en el lugar en que se encuentra recluido. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA En atención a su petición de consulta vía electrónica, se autoriza al usuario "ERICKRONOUT" para lo cual, se encuentra disponible el expediente electrónico, en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en que se encuentra recluido

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