Eduardo Martínez Sánchez

Expediente 428/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
428/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Martínez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese por lista a la parte quejosa, en términos de lo ordenado en proveído de doce de abril de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de Eduardo Martínez..., por derecho propio; mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de doce de abril de dos mil veintitrés. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: 1. El acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, publicado en el boletín laboral el trece de enero de dos mil veintitrés. 2. El acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, publicado en el boletín laboral el ocho de febrero de dos mil veintitrés. 3. El acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, publicado en el boletín laboral el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, con el que se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. 4. El acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, publicado en el boletín laboral el veintidós de marzo de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO Así, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, respecto a los actos reclamados identificados con los numerales 1, 2 y 3 (autos de once de enero, siete y veinte de febrero de dos mil veintitrés), se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV, en relación con el diverso numeral 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por haberse consentido tácitamente. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la siguiente forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente en el plazo de quince días siguientes. No se inadvierte que en el desahogo señaló: "Manifestando Bajo Protesta de Decir Verdad que el quejoso tuve conocimiento de todos en su conjunto en fecha Veinticuatro de Marzo de dos mil veintitrés ya que desde mi promoción del 22 de Diciembre de 2022, el suscrito ya no tuve acceso al expediente en virtud de que como lo manifesté en el hecho número 4 penúltimo párrafo del presente juicio de garantías el mismo se encontraba EXTRAVIADO dentro de la Junta y no me lo prestaban por la misma razón, por lo que no tenía conocimiento de dichos acuerdos"; sin embargo, con tales argumentos no puede soslayarse tal presupuesto procesal a efecto de eludir el requisito relativo a la temporalidad para promover la demanda, dado que dichos supuestos previstos en el numeral 18 de la Ley de Amparo, son excluyentes entre sí. Máxime que en el caso concreto, el impetrante es la parte actora en el procedimiento de origen, aunado a que no cuestiona la legalidad de dichas notificaciones, por lo que, al margen de ello, éstas -las notificaciones- deben prevalecer. De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptar postura en contrario, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, en el escrito de desahogo el quejoso precisó los actos reclamados y señaló bajo protesta de decir verdad la fecha en que cada acuerdo le fue notificado, es decir, el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, publicado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, de los cuales se ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, publicado el ocho de febrero de dos mil veintitrés y el acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés; aseveración que se traduce en una confesión expresa, en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio. Es aplicable, el criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Ahora bien, en términos de lo previsto en los numerales 741, 746 y 747 de la Ley Federal del Trabajo Vigente, es válido concluir que el término para controvertir o recurrir las resoluciones que se emitan en los procedimientos como el del caso concreto, comenzará a partir del día siguiente al de su publicación, es decir, al día siguiente en que se le haya practicado a las partes la notificación respectiva. En mérito de lo anterior, si en el presente asunto el quejoso Eduardo Martínez Sánchez, señaló en su escrito de desahogo que las notificaciones que se le practicaron respecto a los autos de uno de enero, siete y veinte de febrero de dos mil veintitrés, fue por boletín laboral los días trece de enero, ocho y veintisiete de febrero del año en curso, respectivamente, resulta evidente transcurrió que de la siguiente forma el término genérico de quince días que prevé la Ley de Amparo para presentar su demanda, por lo que ha consentido tácitamente los actos que reclama. Auto Notificación Transcurrió Uno de enero de dos mi veintitrés trece de enero del año en curso Dieciséis de enero al tres de febrero de esta anualidad; sin contar sábados y domingos por haber sido inhábiles. Siete de febrero de dos mi veintitrés ocho de febrero del año en curso Nueve de febrero al uno de marzo de esta anualidad; sin contar sábados y domingos por haber sido inhábiles. Veintisiete de febrero de dos mi veintitrés veintisiete de febrero del año en curso Veintiocho de febrero al veinte de marzo de esta anualidad; sin contar sábados y domingos por haber sido inhábiles. Ante tal situación, es evidente que si la parte quejosa asumió una actitud pasiva y dejó transcurrir el tiempo sin ejercer la acción constitucional, con su actuar consintió tácitamente los actos reclamados; de ahí la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es preciso destacar que los actos aquí combatidos no están comprendido en ninguna de las hipótesis de excepción del término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo a que hace alusión el artículo 17 de la normatividad de la materia, pues no se impugnan normas generales autoaplicativas ni el procedimiento de extradición, tampoco es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas del país o alguno prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como tampoco se está en el caso de una sentencia definitiva condenatoria en el proceso penal, ni deriva de la materia agraria. En ese orden de ideas, respecto al diverso acto identificado con el numeral 4, consistente en el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, se advierte la actualización de la causal de improcedencia comprendida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, numerales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Primeramente debe decirse que los órganos de Justicia Federal facultados para crear criterios interpretativos que en forma de precedente tienen obligatoriedad para las autoridades jurisdiccionales del país, han estimado que la relación sistemática que deriva de los supuestos normativos previstos en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, radica un motivo de improcedencia distinto de los que en dichas porciones normativas se encuentran expresamente reguladas, como lo es el supuesto de ineficacia de la acción constitucional conocida como "acto derivado de otro consentido", que lo sostiene la tesis III.1°.A.11 K, con número de registro 202345, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582 del tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." De igual forma resulta ilustrativa la tesis con número registro 230859, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 52, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." En adición, también es necesario precisar que la funcionalidad de la hipótesis de improcedencia que se comenta, lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal causal es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a) La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b) La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el hecho primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el acto anterior o primario; esto es, que el derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, c) Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. Al respecto, se invoca la tesis registrada con el número 232011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve, Tomo 217-228, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En armonía con lo expuesto es menester apuntar que para advertir si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido -se entiende por consentido que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado- a través del juicio de amparo, de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, esto es, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" -en el paralelismo mencionado- para el supuesto de la hipótesis de imposibilidad que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de amparo que exige forzosamente la existencia de un perjuicio cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó -o cuando menos que se consideró lastimado-, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el juicio de amparo, porque la naturaleza misma de éste es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludible la existencia de un perjuicio que deba ser reparado, tal y como así lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal y 6, de la Ley de Amparo. Presupuesto que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo, y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular -sea de forma tácita o expresa- (esto es, que no se haya promovido el juicio de amparo). Pero aún más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque sería imposible considerar que se consintió algo que era inexistente, sin ser la nada materia de consentimiento. Para una mejor comprensión de este punto, conviene precisar el significado de los vocablos "consentido" y "derivado", así como sus modalidades verbales; luego, el Diccionario de la Lengua Española, define al primer vocablo como "Del participio de consentir". "Consentir. (.) 4. tr. Der. Otorgar, obligarse. 5. tr. Der. Arg. Acatar una resolución judicial o administrativa sin interponer contra ella los recursos disponibles (.)"; además, precisa que es sinónimo de tolerar, acceder, admitir, conformarse, entre otros; y en cuanto al vocablo "derivado", dicho diccionario indica: "Del participio de derivar". "Derivar. Dicho de una cosa: Tener su origen en otra. U. t. c. prnl". En ese sentido debe entenderse que por consentido, implica la aceptación, conformidad o admisión de algún hecho o acto -beneficioso o perjudicial-, pero finalmente el consentimiento de algo, esto es, de un acto o hecho de la materialidad del ser humano, porque sostener lo contrario implicaría que se puede consentir lo que no existe. De todo lo hasta aquí expuesto, se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia en estudio, el factor "perjuicio" -al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo- se torna imprescindible que su origen o génesis deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado de la autoridad responsable aquí analizado, consiste en: el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************de su índice, en el que la responsable acordó: ".el mismo únicamente se ordena agregar a los autos, de igual manera se tiene por hechas sus manifestaciones, toda vez que como se desprende de los autos el expediente al rubro ha sido archivado como asunto total y definitivamente concluido en auto de fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, y notificado en fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés como es de verse en el sello de boletín laboral." En ese contexto, de lo expuesto por la parte quejosa se observa que el citado acto reclamado que se analiza, tuvo su origen y no es más que una consecuencia directa de la determinación tomada por la responsable en auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido; determinación que le fue notificada al peticionario del amparo como acto primario, desde el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, y al no promover EN TIEMPO el juicio de amparo en contra de éste, por ende, se considera consentido. En las relatadas condiciones, al ser estas causales de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, lo cual quedó plenamente demostrado en párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 113 de la normatividad de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Finalmente, con relación al correo electrónico y número telefónico, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Notifíquese por lista a la parte quejosa, en términos de lo ordenado en proveído de doce de abril de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por Eduardo Martínez..., por derecho propio, fórmese el expediente relativo con el número 428/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. En tales condiciones, a fin de analizar la procedencia o no de la acción de amparo intentada contra los actos reclamados, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." Desahogue el siguiente requerimiento: 1. Sin incorporar nuevos actos, deberá aclarar con precisión el o los actos que reclama a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que en el apartado II de su escrito inicial indica que ".el acto reclamado consiste en el archivo de la demanda."; sin embargo, en el apartado "IV.- ACTO RECLAMADO" menciona como tal: ". El acuerdo de fecha Quince de Marzo de dos mil veintitrés, publicado el veintidós de Marzo de Dos mil Veintitrés, el acuerdo de fecha veinte de Febrero de dos mil veintitrés, publicado el día veintisiete de Febrero de dos mil veintitrés, el auto de fecha siete de Febrero de dos mil veintitrés, publicado en fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés y el acuerdo de fecha once de Enero de dos mil veintitrés, publicado en fecha trece de Enero de dos mil veintitrés." Ello para un mejor proveer y, a efecto de no dejarle en estado de indefensión; por lo que, en caso de que este órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto, estaría realizando suplencia en tal señalamiento, mediante la interpretación de lo esgrimido en el escrito, lo que no está contemplado en la Ley de Amparo, además que resulta imperativo para fijar la Litis constitucional en términos de la carga procesal de la parte quejosa señalada en el artículo 108 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación a página cincuenta y cuatro, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, de rubro: "ACTO RECLAMADO FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." 2. Hecho lo anterior, bajo protesta de decir verdad, señale la fecha en la que fue notificado de cada uno de los actos que precise como reclamados. 3. Abunde en los antecedentes del acto reclamado, para que mencione: a) Aclare qué es lo que solicitó en el escrito presentado ante la autoridad responsable respecto al cual recayó el acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés. b) De ser posible, exhiba o transcriba el contenido íntegro de los proveídos de once de enero, siete y veinte de febrero y quince de marzo de este año; lo anterior, a efecto de conocer el contenido de lo que la junta de origen acordó. 4. Como parte de los antecedentes del acto reclamado, manifieste bajo protesta de decir verdad, si contra el acto reclamado promovió algún medio de impugnación ante la autoridad responsable, o bien, algún otro juicio de amparo contra el mismo que sea materia de este asunto o diverso que derive del expediente J.6/586/2020, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y por no contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la tesis I.7o.A.100 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 990, tomo XXIII, de Abril de 2006, la cual señala en su rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." APERCIBIMIENTO Apercibido que, de no cumplir con el desahogo de la prevención formulada en el numeral 1., de ser procedente la demanda, se tendrán como actos los que señala en el apartado correspondiente en su escrito inicial de demanda y, en caso de no desahogar las prevenciones formuladas en los numerales 2. y 3., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa, en términos de lo ordenado en el presente proveído.

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