Eduardo Luengo Creel

Expediente 2119/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2119/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
17/06/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Luengo Creel
  • Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de cinco días a que alude el artículo 98, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada haya interpuesto recurso de queja; en esas condiciones se declara firme el auto de siete de junio de dos mil dieciséis. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, devuélvase al archivo, el presente asunto como totalmente concluido. Lo anterior hágase el conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en relación al recurso de queja 95/2016, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, vistos los acuses de recibo que anteceden, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda y surtan sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos de la circular CCJ/05/2016, autorizado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el diez de mayo de dos mil dieciséis, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 245/2016-PI, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el recurso de queja 95/2016, a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja de que se trata". En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso en queja 95/2016. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para proveer respecto del recurso de queja...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 2119/2015, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el cuatro de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó sobreseer y en segundo determino negar el amparo y protección la justicia de la unión; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno provisional así como los cuadernos incidentales, y archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración, asimismo, el original del cuaderno incidental, son susceptibles de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, a la parte tercero interesada MARÍA GUADALUPE GÓMEZ MONT URUETA, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario el secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. resolución que dice: SENTENCIA DEFINITIVA 1. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 2119/2015-III, promovido por Hilda Román Hernández, en su carácter de asesora legal Eduardo Luengo Creeel , en contra de la autoridad y respecto del acto que más adelante se precisan, por considerarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 2. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Hilda Román Hernández, en su carácter de asesora legal Eduardo Luengo Creeel, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y respecto del acto siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. COMO AUTORIDAD ORDENADORA: LA MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO DIECIOCHO, con sede en CUERNAVACA MORELOS. COMO AUTORIDAD EJECUTORA: A) la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito dieciocho, con sede en Cuernavaca, Morelos... B) La administración Local de Recaudación de Cuernavaca, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio ampliamente en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. El acuerdo de fecha NUEVE de OCTUBRE de DOS MIL QUINCE, dictado en el sumario 106/2012, derivado del conflicto posesorio. 2. El ACTA asentada por la C. Actuaria adscrita al Tribunal de la responsable con fecha VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE." 3. Por auto del doce de noviembre de dos mil quince, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, ordenó radicarla con el número de expediente 2119/2015-III y determinó prevenir a la parte promovente de amparo para acreditar su personalidad, la que se tuvo subsanada mediante auto del dos de diciembre de dos mil quince. 4. No obstante, mediante proveído del veinticinco de noviembre de dos mil quince, ya se había admitido a trámite la demanda planteada -con la reserva de recabar la prueba relativa a la personalidad-, también se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado la intervención legal que le compete, emplazar a la parte tercera interesada y, finalmente, se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional (fojas 29 a 35). 5. Previo diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis (foja 171). 6. En cumplimiento a los Acuerdos Generales 10/2008 por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, y los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; y 3/2013, punto quinto, inciso 2, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados el catorce de abril de dos mil ocho y el quince de febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente; así como el oficio STCCNO/119/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el órgano jurisdiccional al que se apoyará; el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, ordenó remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa, a fin de dictar la resolución que en derecho corresponda, los cuales fueron recibidos el trece de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en esta ciudad, y ese mismo día, en este órgano Federal. 7. Mediante acuerdo del trece de abril dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos los autos que conforman el citado juicio de amparo indirecto 2119/2015-III; se ordenó radicar el asunto en este órgano auxiliar con el número electrónico 179/2016; y dictar en su momento la sentencia que en derecho corresponda. II. COMPETENCIA 8. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 fracciones IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los Acuerdos Generales 10/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; y 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como con el oficio STCCNO/119/2015, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. III. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 9. Del estudio integral de la demanda, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , se precisan como actos reclamados los siguientes :  La razón actuarial del veintitrés de septiembre de dos mil quince, practicada por la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, en la que se hizo constar la imposibilidad para desahogar la diligencia relativa a la prueba pericial en topografía, ordenada en el juicio agrario 106/2012.  El auto del nueve de octubre de dos mil quince, a través del cual se impuso al quejoso una multa como medida de apremio, debido a su inasistencia para permitir el desahogo de las pruebas de inspección y pericial en topografía, ofrecidas en el juicio agrario 106/2012, así como su ejecución. IV. INEXISTENCIA DEL ACTO DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN CON LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE 10. Ante todo, resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de derechos es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." 11. Ahora, debe destacarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, la técnica que rige la elaboración de la sentencia de amparo impone, ante todo, la obligación de fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado y, posteriormente, los fundamentos que, en su caso, sirven de apoyo para sobreseer en el juicio. 12. Precisado lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto de ejecución que se atribuye a la Administración desconcentrada de Recaudación de Morelos 1, con sede en el Estado de Morelos -en su denominación correcta-, dado que así lo manifestó la titular del área Jurídica de dicha dependencia al rendir su respectivo informe justificado (fojas 53 a 55), sin que la parte quejosa hubiera aportado medios de convicción tendentes a desvirtuar la negativa de las referidas autoridades. 13. Al respecto, la autoridad señalada como responsable ejecutora adujo la inexistencia del acto que se le atribuye debido a que, por cuestión de competencia territorial, no le corresponde ejecutar el cobro de la multa impuesta por la autoridad jurisdiccional ordenadora, por lo que aun cuando esta última le remitió el oficio 2173/2015/T.U.A.DTO.18, para realizar el cobro de la multa impuesta, el diecinueve de noviembre de dos mil quince, lo reenvió a la Administración desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4". 14. En ese contexto, conviene precisar que si bien el Juzgado de Distrito auxiliado advirtió la participación de una autoridad diversa a la señalada inicialmente, lo que motivó que por acuerdo del veinticinco de enero de dos mil dieciséis (foja 150), previniera a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar a la autoridad competente para ejecutar la multa impuesta, sin que desahogara tal prevención, pues aun cuando la promovente del amparo pretendió realizar tal señalamiento, se le previno para la ratificación del escrito relativo , sin que lo realizara, por lo que en el acuerdo del veinticuatro de febrero del año en curso (foja 169), se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvo como autoridad ejecutora a la señalada en el escrito de demandada, misma que como se precisó, negó llevar a cabo la ejecución de la medida de apremio impuesta al quejoso. 15. Ante ese escenario, es necesario tener presente que el señalamiento de las autoridades responsables constituye una obligación a cargo de la parte quejosa y no del Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo . 16. De manera tal que si no se llama a juicio a una autoridad por la omisión del quejoso de señalarla con ese carácter, como en el caso, esa circunstancia generará que se actualice un obstáculo jurídico que impida al juzgador de amparo emitir pronunciamiento alguno en relación con el acto que se reclame a esa autoridad pues, se insiste, constituye una carga procesal del impetrante del juicio señalar a la autoridad de quien proviene el acto que reclame. 17. Sirven de apoyo a la anterior conclusión los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTORIDAD RESPONSABLE. OMISIÓN DE SU SEÑALAMIENTO EN LA DEMANDA. NO ES MOTIVO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA, AUNQUE EL QUEJOSO SEA UN TRABAJADOR. Conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, el señalamiento de la autoridad responsable es una obligación a cargo de la parte quejosa y no del juez de Distrito. Consecuentemente, si no se llama a juicio a una autoridad por la omisión del quejoso de señalarla como responsable, tal omisión no puede ser suplida en términos del artículo 76 bis de la citada ley, aun cuando el quejoso sea un trabajador, ya que la suplencia de la deficiencia de la queja opera exclusivamente en relación con la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios." "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARACTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos." "AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALAMIENTO DE LA, COMO ELEMENTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO. En el amparo administrativo el quejoso está obligado a señalar en la demanda como responsable a la autoridad de quien provienen los actos reclamados, por ser el juicio de amparo en materia administrativa de estricto derecho, salvo los casos de excepción señalados legalmente; si dicho solicitante del amparo se concreta a señalar en lo conducente a una autoridad que no dictó los actos reclamados de que se trata, es de estimarse que sería contrario a la naturaleza del juicio de garantías entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los citados actos reclamados, sin oír previamente a la autoridad de quien emanaron." 18. En ese sentido, el acto reclamado por lo que hace a la autoridad responsable señalada por el quejoso resulta inexistente toda vez que la autoridad que ejecutará la medida de apremio impuesta es una diversa, que no fue señalada como autoridad responsable en este juicio de amparo aun cuando se le requirió al quejoso para tal efecto. 19. Por tanto, se colige la inexistencia del acto de ejecución respecto de la autoridad señalada como responsable ejecutora. 20. Sustentan lo anterior, por identidad de razón jurídica, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." (Quinta Época, Registro: 324127, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXIX, Materia(s): Común, Página: 6673.) "AMPARO IMPROCEDENTE. Si la autoridad responsable, en su informe con justificación, niega el acto reclamado, que se hace consistir en que la misma trata de privar de su libertad al ocurrente, tal acto debe estimarse inexistente, si no aparece que el mismo se hubiera realizado y si el quejoso no aporta prueba alguna conducente a dejarlo establecido; operándose, en consecuencia, la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Quinta Época, Registro: 308576, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXII, Materia(s): Común, Página: 2070.) 21. Asimismo, es relevante, en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, tomo III, segunda parte - 1, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." V. EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS 22. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada Presidente y Actuaria del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, en el Estado de Morelos, dado que así lo manifestaron al rendir el respectivo informe con justificación (fojas 64 a 67 y 60 a 63), por lo que se tiene plenamente demostrada su existencia. 23. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de las actuaciones practicadas en el juicio agrario 106/2012, que remitió la Magistrada presidente como apoyo a su informe justificado; constancias a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. VI. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 24. El presente juicio de amparo resulta procedente, ya que esencialmente se combate el acuerdo que hizo efectivo el apercibimiento decretado la quejoso consistente en la imposición de una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el entonces Distrito Federal, por el desacato a la orden de permitir el desahogo de la prueba pericial en topografía. 25. En esas condiciones, aun cuando el acto reclamado se emitió durante la tramitación del juicio agrario de origen, lo cierto es que afecta materialmente derechos sustantivos, lo que torna procedente su impugnación a través de esta vía. 26. En efecto, el artículo 107, fracción V , de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio biinstancial en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. 27. En el caso, la imposición de una multa es susceptible de violar los derechos fundamentales del quejoso debido a que actualiza una afectación patrimonial, consecuentemente, deberá analizarse la legalidad de la sanción impuesta. 28. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 110, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 2001, que dice: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." 29. Por otra parte, también resulta procedente combatir la razón actuarial levantada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en la que se hizo constar la imposibilidad para desahogar la prueba pericial en topografía, debido a que su relación estrecha con la imposición de la sanción pecuniaria reclamada, además de que no es impugnable a través de algún recurso ordinario. 30. Se afirma lo anterior, debido a que dentro de los procedimientos agrarios no se prevé la interposición de recursos ordinarios, salvo en contra de la sentencia que en su caso se dicte, de ahí que la razón actuarial del veintitrés de septiembre de dos mil quince no pueda ser impugnada en la vía ordinaria. 31. Es cierto que por regla general, las diligencia practicadas por los Actuarios pueden ser impugnadas en la vía incidental, con base en las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación agraria; sin embargo, en el caso, dicho recurso se torna ineficaz para controvertir el efecto que produce dicha razón actuarial. 32. Para clarificar lo anterior, se destaca que el artículo 192 de la Ley Agraria , prevé la posibilidad de plantear cuestiones incidentales, mismas que deberán resolverse conjuntamente con la sentencia, salvo que se trate de cuestiones que por su naturaleza, deban resolverse previamente, como sería el caso de las notificaciones. 33. No obstante, la razón actuarial que se combate no asentó la imposibilidad de realizar una notificación, sino una diligencia de desahogo de pruebas, por lo que se ubicaría en la regla genérica señalada, es decir, debería resolverse conjuntamente con la sentencia; sin embargo, tomando en consideración que con motivo de dicha razón actuarial se determinó hacer efectivo el apercibimiento de multa decretado en contra del quejoso, es evidente que no podría sometérsele a esperar el dictado de la sentencia definitiva para impugnar dicha razón actuarial, así como la sanción impuesta con base en ésta. 34. Consecuentemente, el incidente de nulidad que pudiera hacer valer en contra de tal razón actuarial, resulta ineficaz pues se insiste, someter al quejoso a agotar el incidente de nulidad contra de la razón actuarial, que necesariamente deberá resolverse conjuntamente con la sentencia, permitiría que la medida de apremio impuesta con base en dicha razón actuarial quede consumada en perjuicio del quejoso dada la afectación patrimonial; de ahí que se actualice un caso de excepción al principio de definitividad, en el cual se torna procedente el juicio de amparo indirecto. 35. Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2530, del Libro IV, Tomo 3, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de enero de 2012, que establece: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO SOBRE LA CONTABILIDAD DE ÉSTE. CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO QUE PROCEDE EN SU CONTRA SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETOS DE 17 DE ABRIL Y 30 DE DICIEMBRE DE 2008). El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé como uno de los principios rectores del juicio de amparo el de definitividad, que se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional de agotar el recurso ordinario procedente que pudiera tener el efecto de revocar o modificar el acto reclamado, previamente a recurrir a la instancia constitucional. Ahora bien, en el caso del Código de Comercio, reformado mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, el legislador adoptó un sistema de recursos con el fin de dar mayor celeridad al procedimiento; así, conforme a este nuevo sistema de impugnación, el artículo 1203 prevé que contra el auto que admite las pruebas procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la apelación contra la sentencia de primera instancia, es decir, dicho recurso será estudiado con el recurso de apelación que en su caso se interponga contra la sentencia definitiva una vez concluido el juicio. En ese tenor, si se toma en cuenta que este alto tribunal ha considerado que la admisión de la prueba pericial contable en los libros de una de las partes ofrecida por su contraria, afecta directa e inmediatamente sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución ante la posibilidad de quedar expuesta la secrecía y la confidencialidad de la contabilidad que habrá de intervenirse, es evidente que la interposición de un recurso ordinario en los términos establecidos en dicho ordenamiento -que impide al quejoso cumplir con la carga de agotar el recurso-, genera que la prueba pericial se desahogue, con lo que quedaría irremediablemente consumada la afectación a su esfera jurídica sin posibilidad de repararse; ello, porque la contabilidad ya no volverá al secreto ni a la confidencialidad, tornándose nugatorio el objeto de las sentencias que conceden el amparo conforme al artículo 80 de la ley de la materia. De manera que aunque el Código de Comercio dispone la procedencia de un recurso ordinario contra el auto que admite la prueba pericial contable, debe estimarse un caso de excepción al principio de definitividad, en el cual procede el juicio de amparo indirecto." 36. En esas condiciones, se estima procedente el juicio de amparo promovido contra los actos emanados de un procedimiento jurisdiccional que aún no se concluye, por actualizar una afectación material y directa a los derechos sustantivos del quejoso. VII. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 37. Al no haberse alegado causas de improcedencia, ni advertirse su actualización de oficio, se procede al estudio de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación formulados, sin que en el caso resulte procedente suplir la queja deficiente en favor del quejoso, por no ubicarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, particularmente la contenida en la fracción IV . 38. Se afirma lo anterior, pues aun cuando los actos emanan de un procedimiento instaurado ante un Tribunal Agrario, lo cierto es que en materia agraria esa prerrogativa procesal sólo opera a favor de los núcleos de población ejidal o comunal, cuando se les pretenda privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, así como a favor de ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. 39. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3198, del Libro III, Tomo 4, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2011, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTEN O PUEDAN AFECTAR DERECHOS AGRARIOS DE LOS PROMOVENTES. De la interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en el Libro Segundo de la Ley de Amparo, particularmente de sus artículos 212, 217, 218 y 227, se colige que la suplencia de la queja deficiente en los juicios de amparo en materia agraria en que sean parte como quejosos o como tercero perjudicados las entidades o individuos que menciona el artículo 212, así como en los recursos que interpongan con motivo de dichos juicios, sólo opera cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, esto es, cuando afecten sus derechos agrarios, ya que la ratio legis del indicado Libro Segundo es tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios o comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos, también agrarios, a quienes pertenezcan a la clase campesina, por lo que dicha suplencia no debe llegar al extremo de aceptar su procedencia si los actos reclamados no afectan los derechos agrarios de los promoventes. Así, es insuficiente el hecho de que el juicio de amparo lo promueva un núcleo de población ejidal o comunal, o tenga el carácter de tercero perjudicado, para que opere la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 76 Bis, fracción III, en relación con el diverso 227, ambos de la Ley de Amparo, pues se requiere, indefectiblemente, que los actos reclamados sean de naturaleza netamente agraria y como tales afecten o puedan afectar sus derechos agrarios." 40. En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable no se advierte que la parte quejosa cuente con la calidad de ejidatario, o que en el juicio de origen se reclamen o afecten derechos agrarios, por el contrario, en la audiencia de juicio del catorce de abril de dos mil catorce (foja 69 a 82), en la que se precisó la litis agraria, se advierte que el quejoso ya cuenta con un derecho de propiedad constituido sobre el predio materia del juicio, pues en ampliación de la demanda natural se plantó la nulidad de la escritura pública en la que consta en contrato de cesión de derechos otorgado a su favor. 41. Por tanto, aun cuando el acto reclamado emana de un procedimiento agrario, lo cierto es que el solicitante de amparo no se ubica en las hipótesis establecidas para que opere en su favor la prerrogativa procesal de referencia. 42. Sentado lo anterior, y para mayor claridad en la resolución del presente juicio, se procederá al análisis de los actos reclamados de manera autónoma e independiente, analizando para cada uno los conceptos de violación expuestos. Diligencia del veintitrés de septiembre de dos mil quince, practicada por la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, así como el acta levantada por dicha diligencia. 43. En contra de la referida diligencia y el acta levantada por tal motivo, la parte quejosa únicamente aduce que resulta ilegal el hecho que la Actuaria responsable se haya constituido en su domicilio para el desahogo de la diligencia de desahogo de pruebas señalada para el veintitrés de septiembre de dos mil quince, debido a que el día anterior -veintidós de septiembre- presentó un escrito en el que manifestó su imposibilidad para atender tal diligencia, sin que fuera acordado, por lo que es deber del Tribunal y la funcionaria responsable el estar al pendiente de las promociones que presenten las partes. 44. El argumento vertido resulta inoperante, ya que no controvierte por vicios propios los actos que ahora se analizan. 45. Para corroborar lo anterior, conviene precisar que el artículo 108, fracciones V, VI y VIII, de la Ley de Amparo , establece la carga procesal del quejoso consistente en manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan respecto del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, los preceptos constitucionales que contienen los derechos fundamentales que se estimen violados, así como los conceptos de violación tendentes a poner de manifiesto la inconstitucionalidad de los actos reclamados. 46. En ese contexto, debe destacarse que para los casos en que no opera la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, los conceptos de violación deben exponerse de manera que controviertan los razonamientos jurídicos sustentados por la autoridad que emitió el acto que se estime trasgrede los derechos esenciales. 47. No se soslaya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en repetidas ocasiones, ha sostenido que el estudio de los argumentos expresados por los quejosos en el juicio de amparo no requieren ser expuestos como un silogismo jurídico, ni tienen que ser ubicados en un apartado dedicado específicamente a los conceptos de violación, sino que basta con que se exprese claramente la causa de pedir, entendida como el señalamiento de la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, y los motivos que originaron ese agravio, para que los Tribunales de amparo se encuentren obligados a analizarlos; sin embargo, de ninguna manera implica que los quejosos se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues como se precisó, salvo los casos en que sea procedente suplir la queja, a ellos corresponde exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman. 48. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, del Tomo XVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de 2002, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." 49. Sentado lo anterior, se destaca que para controvertir la diligencia y acta levantada por ese motivo, la parte quejosa únicamente adujo que resulta ilegal el hecho que la Actuaria responsable se haya constituido en su domicilio para el desahogo de la diligencia de desahogo de pruebas señalada para el veintitrés de septiembre de dos mil quince, debido a que el día anterior -veintidós de septiembre- presentó un escrito en el que manifestó su imposibilidad para atender tal diligencia. 50. Lo anterior resulta inoperante, ya que argumento no controvierte por vicios propios los actos que ahora se analizan, sino en su caso, es tendente a controvertir el retardo que existió para acordar la promoción presentada un día antes de la fecha señalada para el desahogo de la diligencia, lo cual no puede atribuirse a la Actuaria responsable, pues dentro de las atribuciones que le impone el artículo 51 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios , no se encuentra la relativa a acordar promociones, ni estar al pendiente de las mismas, pues no le corresponde dar cuenta con éstas o acordarlas; por el contrario, dentro de sus atribuciones se prevé la de llevar a cabo las diligencias que le hayan sido ordenadas. 51. Consecuentemente, el argumento expuesto resulta ineficaz para controvertir los actos que se atribuyen a la Actuaria responsable, debido a que no controvierten los vicios que hubiere cometido en el ejercicio de las facultades con que cuenta, como pudiera ser que la hora asentada no correspondía con la señalada en el acuerdo que ordenó el desahogo de pruebas, que la funcionaria se hubiere constituido en un inmueble distinto al señalado en dicho auto, o que el acta no se hubiere firmado por dicha funcionaria, entre otros supuestos. 52. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 731, del Libro XIII, Tomo 2, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de octubre de 2012, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." 53. En esas condiciones, se colige lo inoperante del concepto de violación de referencia, pues como se ha precisado, no puede considerarse tendente a controvertir por vicios propios el acta levantada con motivo de la diligencia de desahogo de pruebas cuyo desahogo se ordenó para el veintitrés de septiembre de dos mil quince, sino que controvierte el retardo de acordar la promoción presentada por la quejosa. 54. Consecuentemente, se impone negar la protección constitucional solicitada respecto de los actos reclamados a la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, con residencia en el Estado de Morelos. Acuerdo del nueve de octubre de dos mil quince, a través del cual se impuso al quejoso una multa como medida de apremio. 55. Para el análisis del acuerdo reclamado, resulta necesario recordar que por auto del once de once de agosto de dos mil quince (fojas 124 y 1255), la Magistrada responsable señaló las diez horas con treinta minutos del veintitrés de septiembre siguiente, para el desahogo de la prueba pericial en topografía, por lo que también requirió al demandado y aquí quejoso Eduardo Luego Creel, para permitir la entrada a los peritos al inmueble objeto de la prueba, apercibiéndole que de no hacerlo, le impondría una medida de apremio consistente en una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el entonces Distrito Federal. 56. Sin embargo, mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil quince (foja 126), la asesora legal del quejoso presentó un escrito en el que manifestó que su representado le había comentado sobre la imposibilidad para estar presente en su domicilio para atender el desahogo de las diligencias, para lo cual exhibió la impresión de dos correos electrónicos, el primero, relativo a las comunicaciones que habría mantenido el quejoso con clientes y colaboradores; y el segundo, relativo a la confirmación del vuelo que adquirió hasta el diez de septiembre de ese año, para realizarse el veintiuno de septiembre siguiente con destino a Ciudad Juárez -Estado de Chihuahua-, así como el vuelo de regreso a realizarse el veintitrés de septiembre posterior con destino a la Ciudad de México. 57. No obstante, el veintitrés de septiembre de dos mil quince, la Actuaria adscrita al Tribunal agrario del conocimiento, en cumplimiento al referido auto del once de agosto de ese año, se constituyó en el domicilio del demandado para el desahogo de la diligencia ordenada, sin que pudiera logar su encomienda, debido a que ninguna persona atendió su llamado no obstante encontrarse debidamente notificadas las partes. 58. En esas condiciones, el nueve de octubre de dos mil quince, la Magistrada responsable dictó el acuerdo reclamado en el que esencialmente sostuvo las consideraciones siguientes: 1) Que de autos se advierte la oposición de la parte demandada para el desahogo de la prueba pericial en topografía ordenada, pues inicialmente y por acuerdo de las partes se señaló el nueve de julio de dos mil catorce para su desahogó, sin que el demandado asistiera para permitir el acceso al inmueble, incluso, promovió el juicio de amparo 1867/2014-III ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en cuya sentencia dictada el diecinueve de enero de dos mil quince, se determinó sobreseer en el juicio, y aun cuando fue recurrido, tal resolución fue confirmada por el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 130/2015. 2) Que la parte demandada presentó un escrito un día antes de la diligencia ordenada, con el cual pretende justificar la causa de fuerza mayor que le impide atender dicha diligencia; sin embargo, después de analizar su contenido, advirtió que desde el once de septiembre de dos mil quince tuvo conocimiento del cambio de actividades que le impediría atender la diligencia, incluso, que el día anterior -diez de septiembre- adquirió los boletos de avión para acudir a las reuniones que su trabajo le requiere, por tanto, por lo que contó con un plazo de siete días hábiles para designar a un apoderado que la atendiera en su lugar, o para hacerlo del conocimiento al Tribunal, lo que no realizó, por lo que estimó ineficaz dicho medio de prueba para acreditar la incomparecencia del demandado, por lo que determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado e impuso la multa que ahora se reclama. 59. En relación con las consideraciones vertidas por la Magistrada responsable, la parte quejosa esencialmente adujo los conceptos de violación siguientes: a) Que el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, pues los artículos 189 de la Ley Agraria, así como 203, 207 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los cuales se fundó la sanción impuesta no guardan relación con los motivos expuestos, pues les otorgó el trato de documentales, pero aduce que por tratarse de correos electrónicos, se constituyen como documentales científicas. b) Que el acuerdo reclamado también carece de fundamentación y motivación porque dejó de valorar los medios de prueba aportados para justificar la imposibilidad de atender la diligencia ordenada para el desahogo de la prueba pericial a realizarse en su domicilio, bajo el argumento que habían sido presentados con un día de anticipación; sin embargo, las disposiciones legales invocadas, no regulan los casos fortuitos o de fuerza mayor que se puedan presentar a las partes, ni establecen plazos en los que deba hacerse del conocimiento circunstancias ajenas a su voluntad. c) Que resulta ilegal que se haya dejado de observar la presentación del escrito en el que justificaba la imposibilidad para atender la diligencia ordenada, pues aun cuando lo presentó con un día de anticipación al desahogo de tal diligencia, corresponde al Tribunal estar al pendiente de las promociones que se presenten por las parte; máxime que la omisión de acordar su promoción originó que la Actuaria adscrita a ese Tribunal se haya constituido en su domicilio para el desahogo de la prueba pericial, y ante su inasistencia, levantara la razón actuarial de imposibilidad que también reclamó como acto destacado, por tanto, aduce que dicha omisión vulnera el derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. 60. Los conceptos de violación expuestos resultan infundados en una parte, e inoperantes en lo restantes, por lo que son insuficientes para otorgar la protección constitucional solicitada. 61. Al respecto, debe precisarse que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho fundamental relativo a que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, tal como se corrobora con la siguiente transcripción: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." 62. Del precepto transcrito se desprende que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 63. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 143, volumen 97-102 Tercera Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 64. Así es, conforme a lo dispuesto en el precepto constitucional transcrito, todo acto de autoridad debe reunir los requisitos siguientes:  Ser emitido por autoridad competente;  Adoptar la forma escrita;  Citar el fundamento legal en que se sustenta el acto; y  Encontrarse motivado. 65. La exigencia de tales requisitos tiene como propósito los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, es decir, que todo acto debe provenir de autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que significa que los actos de esta naturaleza necesariamente deben emitirse por quien esté facultado expresamente. 66. El segundo de los requisitos mencionados entraña un formalismo que encuentra en que por medio de la emisión escrita del acto de autoridad se busca asegurar la certeza jurídica en las relaciones entre los órganos del Estado y los gobernados, tanto en la existencia de esos actos, como en la de su contenido y consecuencias. 67. El tercer y cuarto requisito, atinente a la fundamentación y motivación, implica que la autoridad debe citar la norma jurídica que considera aplicable al caso, esto es, la disposición normativa en que se ubica el caso concreto sometido a su consideración y que sirve de sustento para resolverlo, mientras que la motivación implica el deber de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, para que ésta sea correcta, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en cada caso en concreto se configuren las hipótesis normativas. 68. Ahora, tratándose de actos jurisdiccionales como el que se reclama en el presente juicio, el derecho de fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 69. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 139/2005, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." (9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Diciembre de 2005; Pág. 162). 70. Aunado a lo anterior, tratándose de actos jurisdiccionales el cumplimiento al derecho de fundamentación y motivación se cumple sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que los fundan, cuando de éstos se advierte con claridad el artículo en que se basan. 71. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. CXVI/2000, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." (9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Agosto de 2000; Pág. 143). 72. Como se adelantó, la parte quejosa aduce en el primero de los conceptos de violación que el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, pues los artículos 189 de la Ley Agraria, así como 203, 207 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los cuales se fundó la sanción impuesta no guardan relación con los motivos expuestos, pues les otorgó el trato de documentales, pero según aduce, por tratarse de correos electrónicos, se constituyen como documentales científicas. 73. Lo anterior resulta esencialmente infundado, pues en principio, ni la ley Agraria, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, reconocen a la prueba documental científica que refiere la parte quejosa. 74. Al respecto, conviene señalar que la Ley Agraria es ambigua en regular la clase y naturaleza de las pruebas admisibles en los procedimientos relativos, pues incluso, en su artículo 186 sólo establece que serán admisibles toda clase de pruebas, siempre que no sean contrarias a la ley. 75. En ese contexto, debe acudirse a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de supletoria a la Ley Agraria, el cual, tratándose de la prueba documental, sólo se contempla dos tipos: la privada y la pública. La primera, generada por los particulares, y la segunda, por funcionarios en ejercicio de sus funciones -o particulares que actúen por mandato expreso de la ley-. 76. Es cierto que el referido código procesal civil federal reconoce como medios de prueba, todos aquellos elementos aportados por la ciencia, tal como se pone manifiesto de la lectura de los artículos 93, fracción VII, y 210-A, que establecen: ARTÍCULO 93. La ley reconoce como medios de prueba: (.) VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y" "ARTÍCULO 210-A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta." 77. El primero de los preceptos transcritos reconoce como prueba todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y de modo particular, el segundo precepto reconoce la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. 78. Sin embargo, expresamente regula su valoración con base en tres aspectos fundamentales, 1) la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, 2) si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y 3) si tal información es accesible para su ulterior consulta. 79. En esas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa sólo aportó la impresión de los correos electrónicos presuntamente obtenidos de la cuenta correspondiente al quejoso, sin cubrir los estándares señalados en la legislación supletoria, no puede considerarse válidamente que pretendiera aportar un medio de prueba aportado por la ciencia, particularmente que se trate de información generada o transmitida por algún medio electrónico, pues ni siquiera refirió aspecto alguno que denote la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, tampoco se advierten elementos que permitan atribuir al quejoso demandado el contenido de esa información, ni señaló que dicha información pudiera ser consultable para una ulterior consulta que permita su perfeccionamiento. 80. En otras apalabras, la misma oferente de las pruebas otorgó la calidad de documental privada a las impresiones exhibidas, debido a que no cumplió con los aspectos fundamentales para ser valoradas como un medio de prueba aportado por la ciencia, o como información transmitida mediante medios electrónicos, de ahí que, como se adelantó, no se estima incorrecto que la Magistrada responsable haya otorgado la calidad de prueba documental privada a los medios de prueba exhibidos con el escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil quince. 81. Por otra parte, en el segundo de los conceptos de violación la parte quejosa esencialmente adujo que es ilegal que la Magistrada responsable haya dejado de valorar los referidos medios de prueba aportados, bajo el argumento que habían sido presentados con un día de anticipación, no obstante de haber conocido la fecha señalada para el desahogo con una anticipación mayor; sin embargo, aduce que las disposiciones legales invocadas no establecen plazos en los que deba hacerse del conocimiento circunstancias fortuitas o ajenas a la voluntad de las partes. 82. Lo anterior también resulta esencialmente infundado, pues de manera contraria a lo expuesto, la autoridad responsable sí valoró los medios de prueba aportados, pues de su análisis obtuvo el conocimiento previo de las circunstancias que pudieran impedir al quejoso atender la diligencia ordenada. 83. En efecto, de la impresión correspondiente a la cadena de mensajes que se habrían remitido al correo electrónico del quejoso -en la que se advierte que él mismo solicitó que se le reenviara dicha información-, la Magistrada responsable obtuvo que desde el once de septiembre de dos mil quince, el demandado quejoso ya conocía de las condiciones que le impedían atender la diligencia, lo que pone de manifestó que sí se analizó su contenido, aun cuando no pudiera ser valorado por la autoridad responsable porque contiene mensajes en idioma inglés, sin que la parte oferente hubiera acompañado la traducción correspondiente para dar vista a la contraparte, tal como lo prevén los artículos 132 y 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación agraria. 84. Sin que pueda considerarse aplicable lo dispuesto en el artículo 164, fracción II , de esta última, que obliga al Tribunal Agrario a obtener la traducción de las promociones, pues se constriñe a las presentadas por los pueblos o comunidades indígenas, o los indígenas en lo individual, que hicieren en su lengua, lo que no acontece en el caso, por lo que también los argumentos expuestos podrían considerarse inoperantes al actualizarse un impedimento técnico para valorar su contenido; no obstante, dado que la autoridad responsable se pronunció sobre su contenido, se debe atender la consideración expuesta. 85. Por otra parte, de la diversa documental relativa a la confirmación de boletos de avión y horarios, la Magistrada responsable también obtuvo que desde el diez de septiembre de dos mil quince, el demandado quejoso ya había adquirido los pasajes aéreos. 86. Por tanto, con base en tales medios de prueba arribó a la conclusión que la parte quejosa obtuvo conocimiento previo de las circunstancias que le impedían atender la diligencia ordenada, pero omitió comunicarlas con una anticipación razonable, pues decidió allegar esa información un día antes del desahogo de la diligencia. 87. Por tanto, es evidente que la Magistrada responsable sí analizó el contenido de los medios de prueba aportados, aun cuando pudo dejar de hacerlo porque su ofrecimiento no se ajustó a los estándares necesarios para considerarse como pruebas aportadas por la ciencia, ni se aportó la traducción necesaria para valorar el primero de los medios de prueba que contiene textos en idioma inglés, por lo que resulta infundado el argumento mediante el cual se aduce su falta de valoración. 88. Ahora, en el mismo concepto de violación se aduce que ninguno de los preceptos legales invocados por la Magistrada responsable establece algún plazo en el que las partes deban hacer del conocimiento las circunstancias fortuitas o ajenas a la voluntad de las partes que como en el caso, impidan asistir al desahogo de la diligencia ordenada. 89. Lo anterior resulta inoperante, debido a que la parte quejosa plantea su argumento a partir de premisa incorrecta. 90. En efecto, el quejoso aduce que es ilegal que se hayan desestimado las pruebas aportadas, por haberse presentado con un día de anticipación, máxime que ni el artículo 189 de la Ley Agraria, ni los numerales 203, 207 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, regulan o establecen plazos -mínimos- para hacer del conocimiento a los tribunales la actualización de hechos fortuitos o de causa de mayor, que impidan su asistencia a las diligencias ordenadas. 91. Sin embargo, la consideración de la responsable no se hizo depender de la existencia de plazo alguno para hacer del conocimiento a la responsable tales acontecimientos, sino en el retardo de comunicar los acontecimientos que modificaron la posibilidad de comparecer, aun cuando obtuvo su conocimiento con anterioridad. 92. En efecto, la Magistrada responsable sostuvo que de las documentales aportadas se advierte que desde el once de septiembre de dos mil quince el quejoso ya tenía conocimiento del cambio de actividades que le impediría atender la diligencia, pues incluso, el día anterior -diez de septiembre- adquirió los boletos de avión, por lo que contó con un plazo de siete días hábiles para designar a un apoderado que la atendiera en su lugar, o para hacerlo del conocimiento al Tribunal; sin embargo, unilateralmente decidió esperar hasta el día previo a la diligencia para comunicarlo, por lo que estimó ineficaz dicho medio de prueba para acreditar la incomparecencia del demandado. 93. Como puede advertirse, la consideración expuesta por la Magistrada responsable no depende de la existencia de algún plazo para comunicar los acontecimientos que modifiquen la posibilidad de atender la diligencia ordenada, sino se hizo depender del conocimiento previo de esas circunstancias por parte del quejoso y el retardo unilateral para comunicarlo. 94. En las anotadas condiciones, es evidente que la parte quejosa controvierte la consideración de la responsable a partir de una premisa incorrecta, lo que torna inoperante el concepto de violación expuesto. 95. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1326, del Libro XIII, Tomo 3, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de octubre de 2012, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." 96. Finalmente la parte quejosa aduce que aun cuando presentó el escrito con un día de anticipación al desahogo de tal diligencia, es obligación del Tribunal estar al pendiente de las promociones que se presenten por las partes; máxime que la omisión de acordar su promoción dentro de los plazos establecidos -cinco días que prevé el artículo 221 del código procesal civil federal-, originó que la Actuaria adscrita a ese Tribunal se haya constituido en su domicilio para el desahogo de la prueba pericial, y ante su inasistencia, levantara la razón actuarial de imposibilidad que también reclamó como acto destacado, por tanto, dicha omisión, según aduce, vulnera el derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. 97. El concepto de violación resulta en una parte inoperante e infundado en lo restante. 98. Se estima inoperante lo relativo a que el retardo de acordar la promoción presentada el veintidós de septiembre de dos mil quince, vulnera el derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional, pues no puede reclamarse tal afectación tratándose de procedimiento jurisdiccionales, debido a que en éstos rigen las reglas del debido proceso y justicia pronta previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal; por tanto, 99. Resulta ilustrativa la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 480, del Libro 17, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de 2015, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." 100. Por otra parte, resulta infundado que la omisión de acordar su promoción dentro de los plazos establecidos -cinco días que prevé el artículo 221 del código procesal civil federal-, haya originado que la Actuaria adscrita a ese Tribunal se constituyera en su domicilio para el desahogo de la prueba pericial, y ante su inasistencia, levantara la razón actuarial de imposibilidad que motivó la imposición de la medida de apremio reclamada. 101. Con el fin de contar con mayores elementos que permitan comprender el sentido de esta resolución, conviene precisar que no deben confundirse las nociones de "no hacer" y omisión. 102. La diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacen las autoridades pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquéllas cuestiones que no hacen, pero que por alguna razón tenían el deber de haberlas hecho, constituyen las llamadas omisiones. 103. Tales consideraciones derivan del criterio sustentado en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS. Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones. De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías." 104. Lo anterior resulta ilustrativo en el caso, debido a que se reclama la omisión de acordar la promoción presentada el veintidós de septiembre de dos mil quince, de manera previa al desahogo de la diligencia ordenada para el veintitrés de septiembre siguiente; sin embargo, debe determinarse si existía o no la obligación de emitir dicho acuerdo de manera prioritaria. 105. En efecto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley Agraria, la Magistrada responsable se encuentra obligada a emitir el acuerdo en el momento en que el secretario dé cuenta con tal promoción, lo que deberá ocurrir, ante la falta de disposición expresa, dentro del plazo genérico de cinco días; consecuentemente, se colige que la responsable no se encontraba obligada a emitir el acuerdo correspondiente a la promoción presentada, con anterioridad al desahogo de la diligencia, si se pondera que la promoción se presentó un día antes de la fecha señalada para el desahogo de la diligencia. 106. Ahora, si bien la promoción presentada era tendente a comunicar la imposibilidad del quejoso para atender la diligencia de desahogo de pruebas, lo cierto es que no actualiza alguna cuestión urgente que motive su acuerdo de manera prioritaria, si se pondera que la justificación de una inasistencia no necesariamente se debe realizar con anterioridad a la fecha en que se llevará a cabo la diligencia ordenada, sino también podría realizarse con posterioridad, siempre que se realice dentro de un plazo razonable que permita atender la causa que se expone y hasta antes de hacer efectivo el apercibimiento que en su caso se hubiere decretado. 107. Ahora, no sobra decir que la Actuaria adscrita al tribunal del conocimiento se encontraba obligada a desahogar la diligencia que se ordenó en el auto del once de agosto de dos mil quince, por lo que al no existir un diverso acuerdo en sentido contrario, es evidente que debía constituirse en el domicilio del demandado quejoso, sin que la sola presentación de una promoción que pretende justificar la inasistencia de quien debe atender dicha diligencia se considere como un motivo válido para impedir la actuación de la funcionaria designada, porque el acuerdo que se emita sobre dicha promoción no necesariamente podría ser favorable a lo planteado, o de ser favorable, tendría como efecto justificar dicha inasistencia y que no se haga efectivo el apercibimiento decretado, pero se insiste, no puede producir el efecto que su sola presentación impida el desahogo de la diligencia. 108. Finalmente, dado que no es procedente suplir la queja deficiente a favor del quejoso, este juzgado no puede analizarla oficiosamente lo relativo a la individualización de la multa impuesta -cuantum-, pues cuan cuando la Magistrada responsable la hizo depender de la negativa y obstaculización que ha desplegado el quejoso desde que se ordenó su admisión y desahogo, tal como se plasmó en la parte inicial del acuerdo reclamado, lo cierto es que la parte quejosa nada dijo respecto de tal consideración. 109. En las anotadas condiciones, no puede considerarse que la sanción impuesta al quejoso, vulnere sus derechos fundamentales. VIII. DECISIÓN 110. Dada la inexistencia de los actos de ejecución que se atribuyen a la Administración desconcentrada de Recaudación de Morelos 1, con sede en el Estado de Morelos -en su denominación correcta-, se impone sobreseer en el juicio de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 111. Por otra parte, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación expuestos, se impone negar la protección constitucional solicitada, misma que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que puedan realizarse -aun cuando se tuvieron inexistentes por la autoridad señalada como responsable-, debido a que no se combatieron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de aquella que se atribuye a la responsable ordenadora. 112. Finalmente, en cumplimiento al artículo Único, fracción VI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, remítase este expediente y el archivo electrónico de este fallo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con domicilio en Cuernavaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, a fin de que proceda a la notificación de la sentencia. 113. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se IX. RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de la autoridad precisada en el punto IV de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Luengo Creeel, respecto de los actos y autoridades que se analizaron en el punto considerativo VII de esta resolución. TERCERO. Como está ordenado en la última parte de la sentencia, remítase el expediente de origen 49/2016-IV, y el archivo electrónico de esta sentencia al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con domicilio en Cuernavaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en esta ciudad. Cúmplase. Así lo resolvió y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, hoy cuatro de mayo de dos mil dieciséis, asistido de Alejandro Sánchez Sánchez, Secretario del Juzgado con quien actúa. Doy fe.

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