Eduardo Javier Arroyo

Expediente 2755/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2755/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
20/02/2015

Partes del expediente

  • Eduardo Javier Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de febrero de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que la autoridad el Auxiliar Jurídico adscrito a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado y mediante oficio 2317/2014-DGLD de dieciocho de diciembre de dos mil catorce acompañó copias certificadas de diversas constancias que obran dentro del expediente laboral 01/66/12-II. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, del que se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto que a continuación se transcribe: ".IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. a) De la Junta Especial Número CUATRO de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y del Actuario adscrito a dicha Junta, bajo protesta de decir verdad de la Autoridad Responsable la DENEGACION DE JUSTICIA, consistente en LA OMISION DE HACER EL ACUERDO PARA DESAHOGO DE LAS PRUEBAS NI DE SENALAR DIA Y HORA PARA EL DESAHOGO DE LAS MISMAS PARA LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, NI NOTIFICAR AL QUEJOSO NI A LOS DEMANDADO EN EL JUICIO DE ORIGEN, así no respetar los TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." Así, de lo anterior y de la lectura integral de la demanda de garantías, se colige que la parte quejosa reclama la omisión de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitra del Estado de Morelos, de dictar el acuerdo por el cual provea las pruebas ofrecidas por las partes, en el expediente laboral 01/66/12-II. Ahora bien, del informe justificado y de las constancias que anexó la autoridad responsable, se aprecia que en auto de diecisiete de octubre de dos mil catorce, proveyó los medios de convicción ofrecidos por las partes, ello, dentro del expediente laboral 01/66/12-II; asimismo, el dieciocho de diciembre de dos mil catorce notificó dicho auto a la demandada y a la actora, respectivamente; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haber emitido el auto de diecisiete de octubre de dos mil catorce, en el que proveyó los medios de convicción ofrecidos por las partes y haberlo notificado el dieciocho de diciembre de dos mil catorce a la demandada y a la actora, respectivamente, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril actual. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Finalmente, toda vez que por auto de veintidós de enero de dos mil quince, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional que refiere el artículo 124 de la Ley de amparo a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de noviembre de dos mil quince, sin embargo no ha lugar a regularizar el presente procedimiento dado el sentido del presente acuerdo, por tanto, , por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de febrero de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio TECyA/001469/2015 signado por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Secretaria General, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, informa que la parte actora compareció a efecto de coordinarse con el fedatario respecto de la fecha que sería diligenciado el requerimiento de pago ordenado mediante fecha de dieciséis de enero del año en curso, señalando el veintitrés de febrero del año actual, sin embargo no se llevó a cabo por las razones expuestas, anexando copia certificada de la razón actuarial, asimismo, precisó que la parte actora tiene la carga procesal de dar impulso a la ejecución del laudo, de conformidad con el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el 950 de la Ley Federal del Trabajo, aplicados de manera supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de conformidad con su numeral 11; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, con el oficio de cuenta, desé vista tanto a la parte quejosa como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para los efectos precisados en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este Juzgado procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de enero de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento de veinte de enero del año en curso, remite copia certificada de la audiencia de veintidós de enero del dos mil quince, dentro del expediente laboral 01/1488/07-JE1, así como de diversas actuaciones tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, de las constancias que remitió la junta responsable se advierte que giró exhorto 60/2015-JE3 al Presidente de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de México, Distrito Federal, para que emplace a la demandada, en los domicilio señalados en los autos del juicio laboral 01/1488/07-JE. En tales condiciones, tomando en consideración que en la sentencia de amparo se concedió el amparo y protección a MICHAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, para los efectos siguientes: ".Conforme a lo anterior, si la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, se concede el amparo y Protección de la Justicia Federal para que la Junta responsable proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin, emplazar a la parte demandada, celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, desahogar los medios de convicción dentro de un plazo que no exceda de treinta días como al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y en su oportunidad dictar con prontitud el laudo correspondiente, ya que sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía constitucional exige." En ese sentido, aún cuando no se haya señalado como autoridad responsable a la Presidente de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de México, Distrito Federal, por ende, está obligada a hacer efectiva la garantía de justicia pronta que se vulneró en perjuicio del quejoso y realizar todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia de amparo, ello conforme a la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." En tales condiciones, al advertirse la participación de otra autoridad vinculada a dar el impulso procesal en el juicio laboral, y con el cumplimentar la ejecutoria de amparo, es procedente requerir al Presidente de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de México, Distrito Federal, para que proceda con presteza a tramitar el exhorto 60/2015-JE3, realizando todos los necesarios y eficaces para que se lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada, y dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a este Juzgado Federal el trámite que haya dado al exhorto 60/2015-JE3 de fecha veintiséis de enero del año en curso, que le remitió la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, ordenado en los autos del juicio laboral 01/1488/07-JE1 y mediante copia certificada remita su contestación y constancia de envío a la Junta exhortante. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado, se procederá en términos del artículo 105 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de enero de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el escrito signado por HÉCTOR FEDERICO CARRANZA MIRALLES, en su carácter de quejoso, mediante el cual solicita se hagan efectivos los apercibimientos decretados a efecto de realizar el cobro de las multas correspondientes y se dé trámite al incidente de inejecución, haciendo diversas manifestaciones respecto del cumplimiento a la ejecutoria de la autoridad responsable; atento a lo anterior, se tienen por formulados los argumentos que vierte en su escrito de cuenta, que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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