Eduardo Lozano Martínez

Expediente 346/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
346/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Lozano Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Archivo

  2. Principal

    Agréguese la razón actuarial de cuenta signada por la actuaria adscrita, mediante la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en razón de que el domicilio proporcionado es impreciso y las personas que la atendieron, le refieren no conocerla. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase la notificación de la determinación de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes -aún las de carácter personal- por medio de LISTA. Nezahualcóyotl, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Agréguese el oficio de cuenta, al que se anexa el juicio de amparo 344/2023-7, del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; lo anterior, toda vez que el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado homólogo determinó carecer de competencia para conocer de dicho juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Así, con fundamento en el artículos 35 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; se ACEPTA LA COMPETENCIA, para conocer del juicio de amparo 344/2023-7 a demanda de amparo que se analiza, resulta improcedente, toda vez que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 113, ambos de la ley en la materia, procede desechar la demanda de amparo

  3. Principal

    Así, con fundamento en el artículos 35 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; se ACEPTA LA COMPETENCIA, para conocer del juicio de amparo 344/2023-7, promovido por Eduardo Lozano Martínez. Fórmese el expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 346/2023-I. Causal de Improcedencia. Del estudio de la demanda, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. El artículo 61, fracción XXIII, en la parte relativa establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]". La fracción IV, del artículo 107 de la ley en la materia, en la parte conducente refiere: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.] Por última resolución debe entenderse, en forma genérica, como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; en ese sentido, debe destacarse que conforme la naturaleza de las sentencias dictadas en los procedimientos de donde emanen, pueden distinguirse, las resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada o aquellas resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan su ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio, tendentes a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación, para lograr el cumplimiento de la sentencia que goza de la categoría de cosa juzgada. Hecha la precisión, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, en forma destacada: "Reclamo el auto de fecha seis de Marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del Expediente Número: 884/2021, del Juicio Especial de Desahucio, promovido por ******* por conducto de su Apoderada Legal ********* en contra del suscrito *******, de los índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial Texcoco, Estado de México, misma que nos fue notificada en día siete de Marzo de dos mil veintitrés, donde se autoriza el auxilio de la Fuerza Pública, para realizar el lanzamiento, respecto del Local Comercial, que se localiza en el Predio denominado "******", en la Carretera Federal *****, ******, ********, ubicado en la Población *********, Código Postal 56260, Municipio de Texcoco, Estado de México". Ahora bien, de los anexos que adjuntó el quejoso ********, se advierte que le reviste el carácter de parte demandada en el juicio especial de desahucio, expediente 884/2021, del cual se advierte que fue oído y vencido en juicio. Así se considera, toda vez que de la documental anexa a su escrito de demanda, relativa al acuse de recibo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución definitiva dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Texcoco, con residencia en Texcoco Estado de México, se advierte que el propio quejoso manifiesta que dicha resolución le fue debidamente notificada el tres de marzo siguiente; asimismo, de un examen exhaustivo a la demanda de amparo, no se advierte que se ostente como tercero a extraño a juicio. En esas condiciones, a consideración de esta juzgadora, los actos que reclama en esta instancia constitucional, no constituyen la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución del juicio de origen, donde la parte quejosa es parte; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 107 de la ley en la materia, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto, sólo procede contra la última resolución dictada en el etapa respectiva. Máxime que del contexto integral de su demanda, se desprende que el aquí quejoso, es parte, sin que esta juzgadora advierta, alguna circunstancia de que el aquí quejoso, no fuese oído y vencido en dicha instancia, sin que se desprenda que le asista el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, que sería el supuesto que permitiría la procedencia del juicio, al no haber tenido conocimiento del juicio natural seguido en su contra, situación que no se presenta en el caso a estudio, y por ende, debe promover el juicio de amparo hasta que se lleve a cabo el último acto que dé por cumplida o, se manifieste una imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Cobra vigencia en lo relativo, la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título siguiente: «AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA». (SJF, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31). Por tanto, si el acto combatido, en esta instancia, son considerados como aquéllas resoluciones emitidas dentro de la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza la hipótesis del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, conforme al cual, sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, donde puede reclamar las violaciones cometidas en el procedimiento de ejecución, como es el acto que reclama. Lo anterior es así, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, llegan al convencimiento que tratándose de dicho acto, éste no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de origen pues debe atenderse que conforme al 107, fracción IV, la procedencia de la acción constitucional se da, hasta el último acto de ejecución. Por tanto, atento al citado ordinal que regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos. a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. b) Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Cabe destacar que el contenido del referido artículo es el mismo de la ley abrogada, lo único que realizó el legislador, fue precisar lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución, y en el caso de remate, ya no le dio esa calidad a la resolución que lo aprueba o desaprueba, pues ahora la confirió a la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Máxime que no se está en el caso de excepción, para la procedencia del juicio de amparo, verbigracia, cuando el quejoso se ostenta tercero extraño al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa, derechos sustantivos del promovente, en cuyo supuesto, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el remate de los bienes embargados o hipotecados. Cobra vigencia a lo anterior, en la parte que interesa, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: «EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE». (SJF, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6). Por tanto, si las determinaciones que se reclaman en esta instancia, se itera fueron dictadas en etapa de ejecución, y al no estar en principio dentro de los casos de excepción descritos en líneas que anteceden, no afecta materialmente derechos sustantivos del inconforme, esto es, no se advierte que con el dictado de la determinación reclamada, exista una consecuencia inmediata a la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable dictados en etapa de ejecución de sentencia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley en la materia vigente, el juicio de amparo solo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente, cuando no haya afectación material a derechos sustantivos, emitidos en dicta etapa (ejecución de sentencia). Por tanto, la demanda de amparo que se analiza, resulta improcedente, toda vez que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 113, ambos de la ley en la materia, procede desechar la demanda de amparo.

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