Eduardo López Palacios

Expediente 1071/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1071/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Eduardo López Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Eduardo López Palacios, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    M-I-Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. De tal forma, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se evidencia que no obra la constancia de notificación del proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, al quejoso Eduardo López Palacios, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia; por tanto, a fin de no vulnerar las reglas del procedimiento, instrúyase al actuario adscrito este juzgado de Distrito, para que proceda en forma inmediata a la notificación de la aludida determinación, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Eduardo López Palacios, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México y otras autoridades, ello por considerarlos violatorios a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 18 y 20 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1071/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de protección de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a examinar si en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto de tales actos, que obligue a desecharla. En efecto, cabe precisar que en relación al tema en comento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta de forma patente y clara de la lectura del propio escrito; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura de la demanda de amparo, se evidencia que la parte quejosa pretende combatir por esta vía, la determinación de cinco de noviembre del año en curso, emitida por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, que negó la solicitud de traslado voluntario del aquí quejoso, para ser trasladado del centro penitenciario en el cual se encuentre interno (Chalco), al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Texcoco, de esta entidad federativa. En consecuencia, en criterio de este Órgano de Control Constitucional, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo establecida en el primer párrafo de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Conforme a lo dispuesto en el artículo en cita, el amparo es un juicio extraordinario, por lo que su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es procedente únicamente en contra de actos definitivos. Es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Luego, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir al mismo, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. A contrario sensu, cuando se reclamen actos respecto de los cuales no se haya agotado el principio de definitividad, el amparo será improcedente. En el caso, resulta necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, que consiste en la obligación del quejoso, a previamente instar la acción de amparo, de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Un medio ordinario de defensa, es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la citada legislación en su artículo 1°, fracción II, prevé los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y en su ordinal 2°, el ámbito de aplicación de la normatividad en comento, que incluye a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentren. En lo que interesa, el capítulo V del Título Segundo, de la ley en consulta, relativo a los traslados, establece tres modalidades en que puede darse el diverso movimiento administrativo: a) El traslado voluntario, consiste en aquél que solicita el propio interno, ante la autoridad jurisdiccional competente. En este supuesto, la autorización será mediante resolución que en su momento emita la autoridad judicial ante quien se encuentre a disposición la libertad personal de la persona privada de la misma. b) El traslado involuntario tanto de procesados como sentenciados, regulado por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aquél que debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) El traslado urgente o excepcional, tiene su origen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, por cuenta propia y en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Sin embargo, el ordinal 52 de la citada ley, le impone la obligación de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; quien a su vez, calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación, de modo tal que se está en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En este caso excepcional la eventual autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior se obtiene que los traslados, cualquiera que sea su naturaleza, siempre tienen aparejado el control judicial por el órgano jurisdiccional competente; la regla general nos dice que la autorización debe ser previa y, de manera excepcional, posterior a la ejecución del traslado; en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado -misma que es recurrible vía controversia judicial, en los casos en que no se pronuncie sobre la calificación de su legalidad el juez competente-, y agotada dicha controversia, procede el recurso de apelación-, por tanto, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez, por esa razón la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Bajo ese panorama, como se dijo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar el mismo. En el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinda los medios de defensa a las personas privadas de su libertad, contra el traslado involuntario (controversia judicial), o bien, excepcional (controversia judicial o recurso de apelación, atendiendo al caso). En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, emitió el criterio jurídico inmerso en la jurisprudencia siguiente: «OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO» Como se observa en la indicada jurisprudencia, de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al interpretar la Sala emisora los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 concluyó que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento cuando estimen que vulneran sus derechos humanos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado se constriñe a las peticiones administrativas, este órgano jurisdiccional considera que, por identidad jurídica sustancial de las razones que la conforman, en el caso de las órdenes de traslado también existen medios de defensa ordinarios, que deben agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad. En ese tenor, de un análisis integral al escrito de protección de derechos humanos que nos ocupa, se puede advertir que el aquí quejoso al reclamar por esta vía, la determinación de cinco de noviembre del año en curso, emitida por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, que negó la solicitud de traslado voluntario del aquí quejoso, para ser trasladado del centro penitenciario en el cual se encuentre interno (Chalco), al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Texcoco, de esta entidad federativa, previo acudir al amparo, debe agotar el recurso de apelación que prevé el numeral 51 de la Ley de Ejecución Penal; es decir, tiene a su alcance un medio de defensa ordinario, de ahí que al no haberlo agotado, genera como consecuencia necesaria la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos humanos, al operar de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Finalmente, lo anterior no contraviene lo dispuesto en el párrafo segundo del normativo 1° Constitucional, mismo que obliga a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia. Ello es así, por dos razones fundamentales. La primera, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a los destinatarios de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo que no lo es, también por disposición legal y que, en el caso concreto, la inadmisión del juicio de amparo, dada su notoria improcedencia, no constituye un acto restrictivo de derecho humano alguno, en concreto el de acceso a la justicia, pues como ya se explicó solo propende a que se agoten los recursos internos al alcance del gobernado y, en caso de estimar que agotados los mismos la determinación que ahí se emita la estime violatoria de Derechos Humanos, ahí si acudir a esta instancia constitucional. Sobre el particular, son aplicables los criterios jurídicos que enseguida se transcriben: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 3, Febrero de 2014, Página: 487) En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, tocante a la dirección de correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación, notifíquese de manera personal al quejoso, en el lugar en donde se encuentra recluido.

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