Eduardo López Pérez

Expediente 833/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 33 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
833/2017
Año
2017
Actuaciones
33
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Eduardo López Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa los autos del presente juicio de amparo y testimonio de la ejecutoria de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de inconformidad administrativa 11/2019, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad. Notifíquese." Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguense los antecedentes de la revisión y considerando que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al Juicio de Amparo en que se actúa, conservando únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno; en razón que ya no son necesarias en el presente juicio; de lo anterior asiéntese la certificación correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que existen documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Por tanto, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable. Por otra parte, requiérase al quejoso, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.

  2. Principal

    Visto; el escrito de cuenta, presentado por el quejoso Eduardo López Pérez; como lo solicita, téngasele interponiendo el recurso de inconformidad, contra el auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo protectora emitida en el presente juicio de amparo. Por otra parte, habida cuenta que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, por Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que se conservará para su resolución y envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en el párrafo octavo determinó que de las inconformidades que se planteen en relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Zacatecas, para lo que tenga a bien resolver, una vez que el mismo se encuentre debidamente integrado.

  3. Principal

    Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************; en atención a su contenido, se tiene por revocado al licenciado autorizado para oír y recibir notificaciones designado con anterioridad; ahora bien, como lo solicita, téngase como autorizado al licenciado ******************** únicamente para para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, más no para promover, esto es, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona los datos del documento que lo autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho. Toda vez que quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional y estos no constituyen propiamente un domicilio, practíquense al citado quejoso, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho dictada por este juzgado, se otorgó a la parte quejosa Eduardo López Pérez el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para que las autoridades responsables Director General y Miembros de la Junta Directiva, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, procedieran en los siguientes términos: "Dejen insubsistente el cómputo de la pensión de jubilación realizada en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el sábado veintiuno de marzo del dos mil quince, y en su lugar, cuantifiquen de manera fundada y motivada la pensión respectiva, con base en lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, en los términos y condiciones, establecidos en dicha legislación, resolviendo lo relativo a la cantidad a pagar al quejoso, con plenitud de jurisdicción, acerca de lo cual no se prejuzga." (fojas 223 a 232). Esa sentencia fue recurrida y confirmada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad al resolver el amparo en revisión administrativo 427/2018 (fojas 272 a 280), por lo que en auto de veintidós de abril de este año se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos antes anotados; requerimiento que fue desahogado mediante escrito recibido en este juzgado el tres de mayo de este año, por el que el delegado de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo anexando las constancias que estimó pertinentes (fojas 293 a 299). Luego, mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, este juzgado determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba debidamente cumplida, acorde a los razonamientos ahí plasmados, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cabal cumplimiento a la misma, bajo el apercibimiento ahí decretado para el caso que no lo hicieran (fojas 311 a 314). En acato al auto en comento, el doce de junio de este año, se recibió un escrito y anexo, por el cual el delegado de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, anexó las constancias con las que acreditó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio (fojas 335 a 349). Así, para determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida, debe precisarse que en el aludido auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se determinó que (i) las autoridades responsables no dejaron insubsistente el cómputo realizado mediante escrito identificado como REF. J.D.I. 595/2017 de veintidós de agosto de dos mil diecisiete; y, (ii) no motivaron el acto emitido que se les constriñó en la sentencia de amparo conforme a la legislación aplicable y acorde a las cuestiones particulares que las conllevara a tomar tal determinación, debiendo realizar un análisis y explicación pormenorizada de la consideración emitida. Respecto del primero de los puntos en cuestión, quedó cumplido con la nueva determinación pues mediante oficio REF. J.D.I. 303/2019 de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejaron sin efecto el diverso oficio REF. J.D.I. 595/2017 de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 337 a 341). Por otro lado, respecto del segundo punto a resolver, a saber, la motivación respecto de la determinación emitida con motivo de la pensión que habrá de recibir Eduardo López Pérez, tomando como base lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, quien resuelve considera que se encuentra cumplida. Lo anterior es así, toda vez que para poder considerar que un acto administrativo se encuentre debidamente fundado y motivado, es necesario que en él se citen los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, y se señalen con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VI. 2o. J/248, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de epígrafe siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado." Por ello, debe decirse que la autoridad debe motivar todos los actos que emita conforme lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea o no acorde a la pretensión de quien le solicita determinado actuar (i) acorde a la legislación aplicable y (ii) conforme a al caso concreto que esté a su escrutinio y así otorgar una explicación de las consideraciones que la lleven a determinada conclusión. En congruencia con lo anterior, es que quien ahora resuelve considera que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, pues en el oficio REF. J.D.I. 303/2019 de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se citaron los preceptos legales aplicables al caso (artículos 64 a 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de mil novecientos ochenta y seis abrogada) y se indicó cuáles cuotas y aportaciones se tomaron en consideración para determinar la cantidad mensual que habrá de recibir el quejoso Eduardo López Pérez como pensión, realizando los cálculos que, con base a tales cantidades que se tomaron como base, estimó correctos. Ahora bien, el quejoso Eduardo López Pérez expuso en escrito de dieciocho de junio de este año, que existía incumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de las responsables, por las siguientes consideraciones: (i) Que la nueva determinación carece de fundamentación y motivación, porque no se establece de dónde resulta la cuantificación de su pensión por jubilación. (ii) Que la autoridad señalada omite explicar en qué consiste el sueldo básico del trabajador, acorde a lo previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de mil novecientos ochenta y seis abrogada. (iii) Que el cálculo realizado por las autoridades responsables se encuentra dolosamente calculado mediante un procedimiento ilegal, en razón a que se evadieron los conceptos que se deben tomar para el sueldo básico del trabajador pensionado. (iv) Que se asentó una sesión extraordinaria que la que se estableció cuál sería la forma de la contribución, pero no se cambió el contenido del artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de mil novecientos ochenta y seis abrogada, que establece lo que debe entenderse por sueldo básico. (v) Que aunque el artículo 64 de la ley en comento establecía que tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con treinta o más años de servicios e igual tiempo de contribución, el numeral 65 de dicha ley disponía que por esa contribución hecha al instituto, se tiene derecho al cien por ciento del sueldo regulador. El primero de los motivos de inconformidad aducidos por el quejoso es infundado. Lo anterior pues como se dijo la resolución contenida en el oficio REF. J.D.I. 303/2019 de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, en razón a que las autoridades responsables aplicaron los artículos que consideraron aplicables de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de mil novecientos ochenta y seis abrogada, para realizar el cálculo de su pensión, asimismo expusieron los motivos por los cuales consideraron que era correcto ese cálculo realizado, acorde a las cuotas y aportaciones hechas por el quejoso, lo dispuesto en el artículo 19 de la ley abrogada y la sesión extraordinaria a que hicieron referencia, de ahí que se concluya que esa determinación cuenta con la fundamentación y motivación debida. Por otro lado, los motivos de disenso restantes que hizo valer la parte quejosa y que fueron reseñados devienen inoperantes. Lo anterior es así pues en la ejecutoria de amparo únicamente se conminó a las autoridades responsables a que, una vez que dejaran insubsistente el cómputo realizado mediante escrito identificado como REF. J.D.I. 595/2017 de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, cuantificaran de manera fundada y motivada la pensión respectiva, con base en lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y a dichas autoridades se les concedió plenitud de jurisdicción en la nueva determinación que al efecto se tomara. En ese sentido, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver sobre el cumplimiento dado las ejecutorias de amparo donde únicamente se conmina a determinado actuar a las autoridades responsables y se les concede plenitud de jurisdicción para que al hacerlo, resuelvan lo que estimen pertinente, los jueces de distrito no deben pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones sobre las que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que se pretende acatar el fallo protector. Por ello, si en el caso concreto únicamente se dijo que las responsables debían realizar el cálculo de la pensión del aquí quejoso conforme a la ley abrogada, concediéndole libertad de jurisdicción, es claro que este juzgador no está en aptitud de analizar la legalidad de ese nuevo acto, por tanto, los argumentos tendentes a combatir la legalidad del mismo deben declararse inoperantes pues, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 89/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad." (Énfasis añadido) Asimismo se invoca por las razones que la sustentan, la tesis aislada 2a. XXIX/2010, de la Segunda Sala de nuestro Tribunal Supremo, que dice: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales." (Énfasis añadido) Solo a mayor abundamiento, debe decirse que los argumentos que esgrime la parte quejosa tendentes a demostrar la ilegalidad del oficio REF. J.D.I. 303/2019 de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en cuanto a los preceptos legales que se aplicaron o debieron aplicar, ya no es motivo de análisis en este juicio, sino de los recursos que la ley prevea respecto de las determinaciones emitidas en materia de nivelación de pensión, como lo pudiera ser el Juicio Contencioso Administrativo, motivo por el cual no se analizan al verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con las constancias antes relatadas, a las que por tratarse de documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del numeral 2° de esta última, se concluye que la sentencia protectora ha sido cumplida, sin que se desprenda que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaría de este juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas oficinas para que una vez que se reanuden labores en las mismas, sean entregados y surtan los efectos legales correspondientes.

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