Eduardo Josué Ortíz Arellano

Expediente 800/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
800/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Josué Ortíz Arellano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el doce de septiembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo presentada por Eduardo Josué Ortiz Arellano, por su propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y otra autoridad, por violación a los artículos 14, 16, 17 y 123 Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 800/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, el descuento que por la cantidad de $597.98 (quinientos noventa y siete pesos, noventa y ocho centavos, moneda nacional) le han estado efectuando desde la primera quincena de julio de dos mil diecisiete, con motivo de un préstamo realizado a una tercera persona, en que el ahora quejoso firmó como aval. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos trascritos, se advierte que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias por normas, actos u omisiones que se susciten entre los gobernados y alguna autoridad; por tanto, al ser un medio de control constitucional de los actos autoritarios, resulta improcedente respecto de aquéllos emitidos por una entidad que carezca de imperio. En ese orden, se impone determinar qué debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual el trascrito artículo 5°, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, señala que es la que dicta, publica, ejecuta o trata de ejecutar u omite el acto reclamado; respecto de este último aspecto, en dicho precepto se precisa que tiene aquélla calidad la que emita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Así, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado -civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales -garantías individuales-. La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales y los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional, por medio del juicio de amparo. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte de interés, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Así las cosas, si el quejoso reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) y de la Dirección de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, el descuento que por la cantidad de $597.98 (quinientos noventa y siete pesos, noventa y ocho centavos, moneda nacional) le han estado efectuando desde la primera quincena de julio de dos mil diecisiete, con motivo de un préstamo realizado a una tercera persona, en que el ahora quejoso firmó como aval, debe decirse que se trata de una relación jurídica de coordinación, en que las partes se encuentran colocadas en un plano de igualdad, por lo que las dependencias que el quejoso señala como autoridades, no se advierte que intervengan con carácter de autoridad, sino en su caso, como acreedores, respecto del préstamo realizado a una tercera persona, en que el ahora quejoso firmó como aval; de tal suerte que resulta improcedente el juicio de garantías, ya que éste, por su propia naturaleza, tiende a garantizar a los individuos contra los actos de autoridades que violen en su perjuicio las garantías otorgadas por nuestra Constitución Federal. En consecuencia, este Juzgado Federal, considera que el señalamiento que hace el quejoso de autoridades responsables al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) y de la Dirección de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, no se ubican en el supuesto de aplicación del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo. Basta diferenciar que existen actos de los particulares que provienen no sólo de personas físicas o morales de carácter privado, sino también de entidades sociales o públicas cuando éstas últimas no desempeñan el derecho de imperio (ius imperio), sino el derecho de gestión (ius gestionis) ya que en éstos últimos, carecen de los elementos característicos de los actos de autoridad, aun cuando en virtud de los mismos, pudieran causar lesiones de cualquier índole a un particular con el que han contratado, que le puede ser reclamada por una vía distinta a la constitucional que intenta el quejoso con su demanda de garantías. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Eduardo Josué Ortiz Arellano, por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria en consulta. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8º, 18º, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la divulgación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de que se informen sus datos personales. Téngase por autorizado de la quejosa para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Enrique Javier Ortiz Olmos y, toda vez que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los que no constituyen propiamente un domicilio, ésta y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado, conforme lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.

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