Eduardo Juárez García

Expediente 832/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 41 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
832/2021
Año
2021
Actuaciones
41
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Juárez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y en atención a la certificación de cuenta, se desprende que ha fenecido el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada el tres de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se considera que el juicio principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión, por una parte, se concedió, y por otra, se negó la medida cautelar solicitada. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que en la caja de valores de este Juzgado Federal, se encuentra el billete de depósito número N 910412, expedido a favor del quejoso, por el Banco de Bienestar S.N.C. por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibido para que surtiera efectos la suspensión concedida al peticionario de amparo; por tanto, se requiere al quejoso para la devolución del dicha garantía, lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo de dos años se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado. Finalmente, dado que resulta innecesario seguir conservando los discos de videograbación remitidos por la licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, correspondientes al proceso penal 141/2015, de su índice, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y en atención a la certificación de cuenta, se desprende que ha fenecido el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada el tres de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se considera que el juicio principal en que se actúa no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión, por una parte, se concedió, y por otra, se negó la medida cautelar solicitada. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que en la caja de valores de este Juzgado Federal, se encuentra el billete de depósito número N 910412, expedido a favor del quejoso, por el Banco de Bienestar S.N.C. por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibido para que surtiera efectos la suspensión concedida al peticionario de amparo; por tanto, se requiere al quejoso para la devolución del dicha garantía, lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo de dos años se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado. Finalmente, dado que resulta innecesario seguir conservando los discos de videograbación remitidos por la licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, correspondientes al proceso penal 141/2015, de su índice, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar el telegrama remitido por el Jefe de la Oficina de apoyo legal por acuerdos del 8. Director General de la Policía Ministerial, con residencia en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio número 2741/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la sentencia emitida el tres del presente mes y año. Cúmplase.

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 832/2021, promovido por. contra actos del. Juez de Control en el Juzgado de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Córdoba, con sede en congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, y turnado al día hábil siguiente a la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del. Juez de Control en el Juzgado de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Córdoba, con sede en congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, y otras autoridades, que hizo consistir en. SEGUNDO. Prevención, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, registró la demanda de amparo en el libro de gobierno bajo el número. previno al quejoso para que proporcionara el nombre correcto de las autoridades responsables que señaló como. apercibido que de no hacerlo, se tramitaría el juicio únicamente por cuanto hace a las autoridades responsables que no fueron objeto de prevención. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado, el cuatro de octubre del año pasado, el impetrante desahogó la citada prevención, en los términos siguientes. En consecuencia, por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo en sus términos; por ende, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridad inexistente. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se determinó tener por inexistente a la autoridad responsable 11. Primer Jefe de Grupo de la Policía Ministerial actualmente encargado de la Coordinación de Unidad de Detectives Zona Centro- Córdoba, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. debido a que los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables. con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz y 6. Fiscal Séptima Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con residencia en Xalapa, Veracruz; así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, en su denominación correcta. Titular de la Sala 1 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz y 7. Fiscal Decimo Especializado en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en Xalapa, consistentes en la emisión de la orden de aprehensión en contra del quejoso. dentro del proceso penal. su ejecución, así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Cabe indicar, además, que la certeza de dichos actos se corrobora con las copias certificadas del proceso penal. con los discos versátiles digitales remitidos por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197, 202 y 205, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, también son ciertos los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables, 5. Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; 8. Jefe de la Oficina de Apoyo Legal, por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz; 9. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro Córdoba, con sede en esta ciudad; 10. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Comandancia Regional Zona Centro- Córdoba, con sede en esta ciudad; 12. Encargado de la Jefatura de Detectives de Cuitláhuac, Veracruz, pues no obstante que negaron su existencia, las autoridades ordenadoras precisadas en líneas que anteceden, aceptaron los actos que se les atribuyen, por lo que lo procedente es hacer extensiva esa existencia a los actos de ejecución; máxime si por la naturaleza de las funciones que desempeñan están facultadas para ejecutar los actos reclamados a las ordenadoras. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficioque se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, que establece: El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restitución de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que, al no formar parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En el asunto que nos ocupa, se reitera, la peticionaria de amparo reclama de la. Titular de la Sala 1 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, la orden de aprehensión emitida el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en su contra, en el proceso penal. por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como incumplimiento de un deber legal, cometido en agravio del. Sin embargo, mediante oficio recibido el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, la citada Juez de Control y Enjuiciamiento, remitió un disco de videograbación relativo al proceso penal. que contiene la audiencia celebrada el once de noviembre del año pasado, en la que. Disco de videograbación que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificado por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En estas condiciones, resulta inconcuso que en la especie cambió la situación jurídica en que se encontraba la impetrante con motivo del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, toda vez que no puede analizarse su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica emanada de la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la citada Juez de Control y Enjuiciamiento, con residencia en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, dentro del proceso penal. pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado en análisis, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados del 5. Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; 8. Jefe de la Oficina de Apoyo Legal, por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz; 9. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro Córdoba, con sede en esta ciudad; 10. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Comandancia Regional Zona Centro- Córdoba, con sede en esta ciudad; 12. Encargado de la Jefatura de Detectives de Cuitláhuac, Veracruz, dado que no fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión impugnada. Por otra parte, cabe destacar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estima innecesario llamar a juicio a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, en razón que a nada practico conduciría al haberse actualizado la causal de improcedencia antes indicada, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia y el resultado sería el mismo, esto es, sobreseer en el juicio. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que si bien por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Ahora bien, de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se tienen por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se resuelve. ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por. respecto de los actos y las autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en éstos. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

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