Eduardo Guzmán Reyes
Expediente 995/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eduardo Guzmán Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada de cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE NEGÓ, Y POR LA OTRA PARTE SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que la sentencia emitida en el presente juicio ha quedado firme, devuélvanse los dos discos de videograbación que remitió la Licenciada María Andrea García Zavaleta, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, relativos al proceso penal 506/2021, de su índice, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada de cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE NEGÓ, Y POR LA OTRA PARTE SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que la sentencia emitida en el presente juicio ha quedado firme, devuélvanse los dos discos de videograbación que remitió la Licenciada María Andrea García Zavaleta, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, relativos al proceso penal 506/2021, de su índice, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceras interesadas.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA DE CINCO DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, LA CUAL DICE: OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son inoperantes, infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que este Juzgado advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por razón de técnica, los conceptos de violación serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo; lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley de Amparo. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia (...) Así, en principio, resultan inoperantes los conceptos de violación tendentes a impugnar las omisiones en que se indica incurrió la Fiscalía dentro de la etapa de investigación, ya que -en términos de lo señalado en el considerando segundo de esta resolución- tal tópico no constituye el acto reclamado en el presente controvertido; por ende, su constitucionalidad no será materia de análisis en este considerando; máxime si de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haberse formalizado la investigación, dicha representación social adquiere calidad de parte en el proceso penal de que se trate, por lo que para efectos del juicio de amparo no puede tener la calidad de autoridad responsable. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación en el que el peticionario de amparo señala, en esencia, que la responsable pasó por alto la circunstancia de que, en la audiencia inicial, su defensa manifestó que durante su detención fue torturado, pues, dice, fue agredido física, psicológica y moralmente por sus captores. Es así, ya que del análisis de la videograbación que contiene la audiencia inicial celebrada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el proceso penal de origen se advierte en lo que trasciende que ante la manifestación del defensor del aquí quejoso, respecto de que su representado pudo haber sido objeto de tortura por parte de los elementos aprehensores, la Juez de Control responsable inmediatamente dio vista a la institución del Ministerio Público para que iniciara una investigación con el fin de determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal del imputado e identificar y procesar a las personas responsables; actuación que se estima ajustada a derecho, por resultar acorde a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades en materia de tortura y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1°, 24 y 33, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Por otro lado, resulta ineficaz el concepto de violación en el que el impetrante señala, toralmente, que se transgredió su derecho de defensa, dado que la Juez responsable perdió de vista que su defensor solicitó a la Fiscalía el auxilio para la extracción de las videograbaciones del supermercado donde se encontraba el día de los hechos, con la intervención de peritos en la materia, y no con la participación de la policía ministerial; lo que, dice, originó que no se pudieran obtener tales registros. La ineficacia de dicho motivo de disenso radica en que del análisis del disco de videograbación que contiene la continuación de la audiencia inicial de que se trata, se advierte, en lo que trasciende, que si bien la defensa del inculpado ofreció como dato de prueba las videograbaciones de la cámaras de la tienda denominada "Bodega Aurrera", correspondientes al diecinueve de octubre de dos mil veintiuno; lo cierto es que la razón por la que no se pudo obtener dicho material, fue que el encargado de dicho establecimiento comercial indicó que ". las cámaras de video de vigilancia tanto interior como exterior de la tienda son en tiempo real. por lo que no graban."; y no porque quien pretendía recabarlas fuera o no experto en la materia. También resulta ineficaz el planteamiento en el que el quejoso refiere básicamente que de igual forma se transgredió su derecho de defensa, al no poderse desahogar el testimonio ofrecido por su defensa a cargo de Denisse Solano. La ineficacia de dicho motivo de disenso radica en que del análisis del disco de videograbación que contiene la continuación de la audiencia inicial de mérito, se advierte, en lo que trasciende, que si bien la defensa del inculpado ofreció como dato de prueba el testimonio de Denisse Solano", su desahogo no se llevó a cabo porque la propia defensa desistió de la misma, ya que dicha testigo no compareció al Tribunal, a pesar de que se había comprometido con la defensa en hacerlo, aun cuando la Juez de Control recesó la audiencia por más de dos horas para "ver si la defensa lograba localizarla", lo que no aconteció. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación en el que el quejoso sostiene toralmente que la responsable no "dejó terminar" a su defensa el ejercicio procesal de "acreditar" en términos de lo dispuesto en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el dato de prueba que a ese respecto ofreció, consistente en un ticket de compra con el que pretendía robustecer su teoría del caso, pues únicamente se le dio la oportunidad de ofrecerlo pero no de "acreditarlo." Se afirma lo anterior, ya que del análisis de la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintisiete de octubre de dos mi mil veintiuno, se desprende que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Juez responsable concedió el uso de la voz al defensor del imputado para que presentara sus datos de prueba; lo que así realizó, pues a ese respecto ofreció, entre otros, un ticket de compra de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, expedido por la negociación denominada "Bodega Aurrera", cuya incorporación, dijo, hacía en términos del artículo 380 del citado código de la materia, precisando además su pertinencia y, finalmente, indicó ". sería lo único que en este momento puede aportar esta defensa."; razón por la cual ante dicha manifestación la Juez de Control cuestionó a dicho defensor respecto de si era ". todo lo que tenía que externar acerca de los datos de prueba." contestando dicho profesionista en sentido afirmativo; de ahí que contrario lo señalado por el impetrante en ningún momento la autoridad responsable coartó su derecho de realizar el ejercicio procesal al que hace alusión en su motivo de disenso, por el contrario, como se indicó, dicha operadora jurídica le dio la oportunidad de presentar los datos de prueba en que sustentaba su defensa, sin que se advierta que realizara limitación alguna en ese sentido. En otro aspecto, resulta infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce esencialmente que la responsable transgrede el contenido de los numerales 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que los datos de prueba ofrecidos por la Fiscal son insuficientes para acreditar el hecho delictivito, pero sobre todo su probable intervención en el delito que se le atribuye, pues, dice, sólo existe el señalamiento de un testigo, el cual no está corroborado con algún otro dato de prueba. Para justificar dicha afirmación, resulta pertinente indicar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De la interpretación armónica de los preceptos transcritos deriva que los elementos de forma que debe contener el auto de vinculación a proceso son: a) Que el Ministerio Público haya formulado imputación (formalización o judicialización del procedimiento); b) Los datos personales del imputado; c) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; d) Deberá contener el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución del delito; y e) Los fundamentos y motivos por los que se estiman satisfechos los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, del primer precepto transcrito se obtiene que los elementos de fondo del auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y 2. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Precisado lo anterior, del escrutinio de la audiencia inicial desarrollada en el procedimiento penal de origen, se advierte que se cumplieron a cabalidad todos los elementos formales previamente expuestos. Así es, pues en la misma, el Fiscal (Ministerio Público) comunicó a la Juez responsable y al imputado, que desarrollaba una investigación contra éste respecto de hechos determinados y que consideraba constitutivos de un delito, el cual indicó que se encontraba previsto y sancionado en el artículo 128, en relación con los diversos 130 y 144, fracción I, del Código Penal del Estado de Veracruz, por lo que estimó oportuno formalizar el procedimiento mediante la intervención judicial, con lo que se satisface el elemento precisado en el inciso a). Asimismo, al inicio de la referida diligencia se puede apreciar que el imputado proporcionó sus generales con lo que se cumple el inciso b); y también consta que se dio al inculpado la oportunidad de rendir declaración, con lo que se acató el requisito previsto en el inciso c). Por su parte, del contenido del auto de vinculación a proceso que se reclama, se pueden advertir con claridad las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito, mismas que se expondrán más adelante, con lo que se colma el inciso d). En cuanto a lo exigido en el inciso e), la autoridad responsable ordenadora expuso los fundamentos y motivos por los que estimó satisfechos los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; tal como también se evidenciará en líneas subsecuentes a lo largo de esta sentencia. Por otro lado, se encuentran colmados los requisitos de fondo para la emisión del auto de vinculación a proceso, como acertadamente lo consideró la Juez responsable, consistentes en la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él. En efecto, el delito por el que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del inconforme, es el de homicidio calificado, el cual como se dijo se encuentra previsto y sancionado en el artículo 128, en relación con los diversos 130 y 144, fracción I, del Código Penal del Estado de Veracruz, los cuales establecen: "Artículo 128. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona". "Artículo 130. Al responsable de homicidio calificado, se le impondrán de veinte a setenta años de prisión y multa hasta de mil días de salario; si además en la comisión del homicidio se actualizan cuatro o más de las circunstancias agravantes señaladas en el artículo 144 de este Código, se le impondrán de treinta años a prisión vitalicia". "Artículo 144. El homicidio y las lesiones tendrán el carácter de calificadas cuando se cometan: I. Con premeditación, alevosía, ventaja o traición;" Luego, tal como precisó la Juez responsable, los principales datos de prueba relatados por la Fiscalía son los siguientes: Entrevista realizada a Dominga Arguello Cruz, en la que, medularmente, expuso: "(.) que reconoce el cuerpo de su hijo quien respondiera al nombre de Vicente Arguello Cruz, y en relación a los hechos en que perdiera la vida no le constan por no haber sido testigo presencial de los mismos, pero que el diecinueve de octubre del año en curso, su hija le dijo llorando que necesitaba que fuera a la casa porque habían matado a su hijo en la panadería donde trabaja, en ese momento tomó un taxi y se trasladó al lugar, pero que al llegar ya no le permitieron pasar ya que se encontraban policías (.)." Dictamen de necrocirugía número 3794, de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido por Ramiro Gonzalez Huerta, perito médico forense adscrito de la Dirección de Servicios Periciales, practicado al finado Vicente Arguello Cruz, en el que concluyó lo siguiente: "(.) se tiene a la vista cadáver de sexo masculino, que al morir contaba de 30 a 35 años de edad. Por los signos postmortem mencionados se estima que tiene tres horas de haber fallecido. Causas de muerte: heridas producidas por proyectil de arma de fuego penetrantes y perforantes de cráneo y abdomen. Tipo de muerte: mecánica. Por su naturaleza son lesiones que causan directa y necesariamente la muerte. De igual forma se anexó a dicha necrocirugía una bala en estado pasivo deformada que fue extraída del cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Vicente Arguello Cruz (.)." Dictamen de criminalística de campo con secuencia fotográfica e inspección ocular del lugar, número 5269 de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la perito Claudia Lizbeth García Hernandez, en el que estableció, en lo que trasciende, lo siguiente: "(.) que se constituyó en el domicilio ubicado en la calle principal, manzana cinco, lote 3, de la Colonia Ampliación Fredepo del municipio de Córdoba, Veracruz, con coordenadas geográficas. determinando en lugar del hallazgo. realizó levantamiento de cadáver y se trasladó a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para que determinaran las lesiones que presentaba y causas de muerte.. que encontró dos casquillos de la marca LL Luger (.)" Oficio número 116/2021, de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, signado por elementos de la Policía Ministerial, en el que señalaron: "(.) que recibieron reporte del paramédico de la Cruz Roja. quien informó del deceso por arma de fuego de un masculino ubicado sobre la Calle principal de la Colonia Fredepo, por lo que acudieron al lugar antes citado para tomar conocimiento y ampliar la información, y que al arribar al lugar observación que se trataba de un lugar cerrado por tratarse de una vivienda, observaron el cuerpo sin vida de un masculino que vestía camisa de cuadros de color azul pantalón de mezclilla color negro, cinturón de color negro, tenis de color negro con azul, que en dicho cuerpo observaron que presentaba una herida penetrante por proyectil de arma de fuego en la región occipital (.)." Entrevista de la persona de identidad reservada bajo el número 20, en la que manifestó: "(.) que en relación a los hechos en los que perdiera la vida la persona que era su empleado y que respondiera al nombre de Vicente Arguello Cruz, el diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno, eran como entre las ocho y diez y ocho y veinte de la mañana, le dijo (sic) que fuera corriendo al negocio, el cual es una panadería, ubicado en la calle Principal, Manzana 5, lote 3, colonia Ampliación Fredepo, en esta ciudad de Córdoba, que al llegar, también iba llegando la policía estatal y que ella vio (sic) a medio cuarto del local, junto a donde está un lavadero que estaba tirado Vicente Arguello Cruz, el cual estaba sin vida, que no se le veía sangre en ese momento (.)." Entrevista de la persona de identidad reservada bajo el número 19, en la que, en lo que trasciende, indicó: "(.) Que el día diecinueve de octubre del año en curso, dos mil veintiuno, en la mañana le dieron de balazos al empleado de la panadería de su mamá, la panadería se abre a las seis de la mañana, pero en la noche se quedaron a trabajar y ahí durmieron en un colchón que está ahí y que se habían quedado a trabajar su hermano el cual también es menor de edad, Vicente Arguello Cruz y ella, que ella la panadería la abrió a las seis de la mañana, hubo poca venta, y cuando eran cinco para las ocho, ella estaba sentada en un bote con su celular en la mano, que lo estaba viendo, que junto estaba Vicente sentado en el piso limpiando su casco, que lo estaba raspando porque lo iba a pintar, en eso entró un muchacho de complexión medio robusto, piel morena, vestía una playera verde decía arriba Adidas y encima de la playera traía una chamarra blanca, aparte llevaba otra chamarra blanca en la mano, como de 27 años de edad, no llevaba nada en la cara, por lo mismo enseguida lo reconoció y vio que era Eduardo Guzmán Reyes, y sin decir nada se acercó a Vicente y le dio como tres o cuatro tiros.. que hace aproximadamente un mes iba caminando con su mamá a quien se le resguardo su identidad con el número 20 y que iban caminando con Vicente Arguello Cruz, ya que iban a dejar una canasta de pan, iban caminando en la misma colonia pasando por la primera rampa, cuando salió un hombre y vio que era Eduardo Guzmán Reyes .. y amenazó con un arma de fuego al occiso (.)." Entrevista de la persona de identidad reservada bajo el número 21, en la que refirió: "(.) que se encontraba dormida en su domicilio, cuando escuchó que comenzaron a tocar la puerta y gritar si estaba la hermana o la mamá de Vicente, en ese momento salió de su domicilio y observó que era . a quien conoce ya que trabaja en la panadería con su hermano Vicente Arguello Cruz, quien le dijo que habían matado a su hermano en la panadería, esta persona le comentó lo que había sucedido un mes antes, el enfrentamiento que se suscitó entre el activo y el hoy occiso donde fue sacada un arma de fuego (.)." Entrevista de la persona de identidad reservada bajo el número 22, en la que, en esencia, dijo: "(.) que era la esposa del occiso. que escuchó que estaban llamando a la hermana del hoy occiso y corrió para saber qué es lo que sucedía, indicando además que su esposo le había comentado que hace un mes su marido Vicente Arguello Cruz, le dijo que iba caminando por la colonia con la menor de identidad resguardada número 19 y con la mamá de dicha menor y que el WAFLES les amenazó con una pistola (.)." Elementos que, valorados de forma conjunta, integral y armónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo indicó la Juez responsable, son suficientes por el momento para establecer que aproximadamente a las siete horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (circunstancias de tiempo), en el interior de una negociación ubicada en la Calle principal, manzana cinco, lote tres, de la Colonia Ampliación Fredepo, de Córdoba, Veracruz (circunstancias de lugar), un sujeto activo produjo la privación de la vida de la persona que respondía al nombre de Vicente Arguello Cruz, mediante un proyectil de arma de fuego (circunstancias de modo); conducta que se ubica en el tipo penal de homicidio, el cual se encuentra previsto en el artículo 128 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de La Llave. En lo conducente, sirve de apoyo la jurisprudencia (...) Asimismo, la responsable consideró que, como lo argumentó la Fiscalía, en el caso se acredita la calificativa de ventaja, prevista en la fracción I, del artículo 144, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que al cometerse el delito, el activo que lo ejecutó no corrió el riesgo de ser muerto o herido por la víctima, pues "tenía una notoria ventaja en virtud del instrumento utilizado." Por lo que hace a la probable intervención de Eduardo Guamán Reyes, en la comisión del referido hecho delictivo, es legal que se haya tenido por acreditado, principalmente, con el señalamiento puntual y directo que deriva de la entrevista realizada a la persona de identidad reservada bajo el número 19, de la que se desprende que probablemente el inculpado, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar indicadas, participó en la comisión del antisocial que se le atribuye. No pasa inadvertido que el inconforme señale que dicho testimonio carece de credibilidad al ser "singular"; sin embargo, contrario a lo que afirma, en el caso se trata de un testigo único no singular, ya que, como se vio, dicha entrevista se encuentra apoyada con los demás datos de prueba a los que se hizo referencia, de ahí que sí resulte pertinente para acreditar el extremo en análisis; máxime que el impetrante no aportó dato de prueba alguno tendente a destruir dicho señalamiento. Apoya lo anterior, la tesis (...) Además, cabe indicar que para el dictado de una resolución como la reclamada (auto de vinculación a proceso), no se requiere de la existencia de datos de pruebas plenos que establezcan de manera indudable la responsabilidad del inculpado. Se invoca como apoyo la jurisprudencia (...) Por otra parte, como lo señaló la Juez responsable, se estima que el actuar del imputado fue doloso, pues acorde a los datos de prueba a que se ha hecho mención, el infractor de la ley penal conocía las circunstancias que integran la descripción típica legal, y aun así ejecutó la conducta respectiva y quiso su resultado. Aunado a ello, como lo sostuvo la autoridad responsable, la conducta del aquí quejoso fue como autor material, en términos de lo previsto en el artículo 37 del Código Penal de la Entidad, dado que es él la persona que probablemente ejecutó de manera directa el delito en cuestión; y no se advierte la existencia de alguna causa de extinción penal, excluyente del delito o causa de justificación, previstas en el Código Penal de la Entidad. De ahí lo infundado del motivo de disenso en análisis. Por otra parte, resulta ineficaz el concepto de violación en el que el impetrante sostiene, toralmente, que la Juez responsable pasó por alto que en el caso la Fiscalía no practicó la prueba de rodizonato de sodio, ni se advierte que la hubiera solicitado con el fin de probar que el imputado accionó el arma que provocó la muerte del hoy occiso. La ineficacia de dicho motivo de disenso radica en que tal planteamiento no fue sometido a la consideración de la Juez de Control responsable a fin de que pudiera emitir alguna postura al respecto, esto es, no fue objeto de debate en la audiencia respectiva; y es de explorado derecho que el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado debe realizarse sólo con base en los aspectos debatidos en la audiencia respectiva, como lo hizo la Juez de control responsable, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la aludida audiencia. Por ende, no es procedente analizar tal planteamiento contenido en el referido motivo de disenso, por versar sobre aspectos que no fueron materia de debate ante la Juez de Control responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia (...) Por otro lado, contrario a lo sostenido por el impetrante de amparo, lo decidido por la responsable no transgrede el principio de presunción de inocencia, pues hasta este momento, se insiste, existen datos de prueba idóneos y pertinentes que hacen suponer razonablemente, que el imputado es probablemente quien ejecutó la conducta reprochada, aunado a que, como se estableció en párrafos precedentes, el auto de vinculación a proceso tiene como finalidad sujetar al inculpado a una investigación formalizada por su probable intervención en un hecho considerado como delito, y no someterlo a proceso, pues será hasta la etapa intermedia que, en todo caso, como consecuencia de la acusación se realizará tal actuación. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia(...) Finalmente, resulta ineficaz lo alegado por el quejoso en el sentido de que en el caso, se debe realizar un control difuso a fin de acreditar la inocencia de su representado, dado que las exigencias previstas en la ley de la materia para tal efecto rompen el "equilibrio de igualdad de armas." Lo anterior es así, en razón de que si bien a partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor desde el once del mismo mes y año, y de conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, los Jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben ejercer un control de convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en el caso, el impetrante sólo se limitó a realizar simples afirmaciones dogmáticas, en el sentido de que se debe realizar el control convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos; pero sin precisar cuál es el derecho humano que estima infringido, así como la norma general a contrastar y el agravio que en concreto produce; lo que resultaba necesario para contar con los elementos suficientes para abordar el correspondiente estudio. En lo conducente, resulta aplicable por su sentido, la jurisprudencia (...) También se invoca como apoyo la jurisprudencia (...) En tales condiciones, al resultar inoperantes, infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, dado que no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación impugnada cuya constitucionalidad no quedó desvirtuada. Se cita como apoyo la jurisprudencia (...) NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a ****************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables 1. Doctora María Andrea García Zavaleta, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, y 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", ambos con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando octavo de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceras interesadas.
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