Eduardo Juan Pérez Álvarez
Expediente 398/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Eduardo Juan Pérez Álvarez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintidós de abril del dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. En otro contexto, en términos del mencionado normativo legal, antepenúltimo párrafo del indicado Acuerdo General, se requiere al quejoso acuda a este órgano de control constitucional dentro del plazo de noventa días hábiles a partir de su legal notificación a recuperar el documento original que exhibió, apercibido que de no hacerlo se procederá a su destrucción. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde signado por **, a través del cual da cumplimiento a la prevención de catorce de abril del dos mil veintiuno, manifestando que el acto que reclama es la sentencia interlocutoria en la que se determinó la cancelación de inscripción del embargo efectuado en el expediente 776/2014, radicado en el Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia, sede en Pachuca de Soto, Hidalgo; que la cantidad que demandó consiste en la cantidad de $ 580,000.00 (quinientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.) y la fecha de la presentación de la demanda aconteció el dieciséis de octubre de dos mil catorce y su admisión fue el diecisiete del mismo mes y año; por lo que se procede a proveer lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: De la ordenadora Juez Primero Mercantil de Primera Instancia, sede en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, reclama: De la autoridad ejecutora Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ahora denominada Instituto de la Función Registral, sede en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, reclama: Ante el anterior contexto, se estima que en caso se evidencia un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, precepto que en lo atinente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del artículo antes trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento natural, por virtud de la cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; dicha disposición legal precisa que el juicio biinstancial, respecto de los actos dentro del juicio, solamente procede en tres casos de excepción. Al respecto, la parte quejosa señala como acto reclamado es la sentencia interlocutoria de incidente dictada en el juicio mercantil número de expediente 776/2014, por la responsable Juez Primero Mercantil de Primera Instancia, sede en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que ordenó la cancelación de embargo por caducidad y como consecuencia la cancelación de inscripción de embargo. En la resolución mencionada, se resolvió una cuestión incidental; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323, del Código de Comercio5, se trata de una sentencia interlocutoria. A la referida sentencia interlocutoria no se le puede considerar un auto o decreto, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, en términos de lo establecido en el artículo 1063, de este último ordenamiento, las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio. En el caso, en la resolución judicial, se reitera, se decidió una cuestión incidental, por tanto, no se trata de un decreto, que se refiere a una simple determinación de trámite. Tampoco se le puede catalogar como un auto que decida un punto dentro del negocio, dado que la propia legislación mercantil establece que aquella resolución judicial que decide un incidente, es una sentencia interlocutoria. Además, en una sentencia interlocutoria no sólo se decide sobre un punto dentro del negocio, sino un incidente; por tanto, no se le puede equiparar a un simple auto. Entonces, para determinar la procedencia de algún medio de impugnación contra la resolución judicial reclamada se debe partir que se trata de una determinación que decide un incidente, controversia de carácter adjetivo al juicio mercantil. Siendo así, no procede el recurso de revocación contra la sentencia interlocutoria reclamada, dado que este medio de impugnación se encuentra reservado para impugnar los autos y los decretos que no fueren apelables, como se desprende del artículo 13346 del Código de Comercio. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 34/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación que a la letra dice: "REVOCACIÓN. ESE RECURSO NO PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTADAS CON MOTIVO DE UN INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTILES, CUANDO POR SU MONTO SE CONSIDEREN POR LA LEY COMO DE CUANTÍA MENOR (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011). De la interpretación conjunta de los artículos 1057, 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio, se concluye que el recurso de revocación es improcedente contra las resoluciones interlocutorias dictadas con motivo de un incidente de falta de personalidad en un juicio mercantil, cuando por su monto sean de cuantía menor en términos del último de los artículos referidos, pues el citado artículo 1334 establece su procedencia sólo contra decretos y autos, los cuales son resoluciones judiciales dictadas para la tramitación del juicio, a diferencia de la sentencia interlocutoria emitida dentro de un incidente de falta de personalidad, en la que se resuelve en definitiva una controversia de carácter adjetivo al juicio mercantil, en este caso, sobre la personalidad de alguna de las partes contendientes en el juicio" Lo que procede es el recurso de apelación, porque conforme a lo dispuesto en el artículo 1339, del Código de Comercio, vigente en octubre de dos mil catorce, cuando el quejoso promovió de la demanda ejecutiva mercantil, sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, cuando la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo citado. La referida disposición legal establece: Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $539,756.58 (Quinientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 58/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Conforme al primer párrafo de la citada disposición legal, son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $539,756.58 (Quinientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 58/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. En el caso, del análisis del escrito que el quejoso dio cumplimiento a la prevención del auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, se advierte bajo protesta de decir verdad que la suerte principal del negocio fue por un monto de $580,000. 00 (quinientos ochenta y mil pesos 00/100 moneda nacional), por tanto, la sentencia que recayó en ese asunto, era apelable, porque el monto es mayor de $539,756.58 (Quinientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 58/100 M.N.), que se considera que no es recurrible; y como consecuencia, también es apelable la interlocutoria o resolución que decide un incidente, dado que exige como condición para impugnarlo a través de ese recurso que la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado la jurisprudencia 1a./J. 13/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, Materia(s): Civil, Página: 112, número de registro 194073, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal". En las narradas condiciones, procede el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de incidente dictada en el juicio mercantil 776/2014, dictada por la responsable Juez Primero Mercantil de Primera Instancia, sede en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que ordenó la cancelación de embargo por caducidad y como consecuencia la cancelación de inscripción de embargo; y por tanto, existe obligación por parte de las quejosas de agotar tal recurso, en observancia al principio de definitividad, previamente a la instauración del juicio de amparo. En relación directa con lo aquí decidido es observable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Sin que paso por alto precisar que no se está en los casos de excepción previstos en la causal de improcedencia en estudio, consistente en que no existe la obligación de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, cuando se trata de terceros extraños, lo que no sucede en la especie, ya que el quejoso, tal como lo expresó en el escrito de su demanda de amparo, en el apartado de "HECHOS", que en el año de dos mil catorce, promovió demanda ejecutiva mercantil que se radicó con el número 776/2015, en el Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia, sede en Pachuca de Soto, Hidalgo; de ahí, que resulta ser parte demandada en el procedimiento en el cual se pronunció el acto reclamado. Además, tampoco se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.113/2013(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, visible en la página 350, Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente el oficio signado por la Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, acusa recibo de la copia autentica del toca 166/2019, de la causa 56/2018 y veintiséis discos versátiles digitales, circunstancia de la cual toma nota este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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