Eduardo Jesús Espinoza Bailon

Expediente 600/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
600/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Jesús Espinoza Bailon

Actuaciones

  1. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO ACUERDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, mediante el cual da cumplimiento al proveído de veintiuno de mayo del año en curso, y remite copia certificada del expediente 798/2015 en dos tomos, ello para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dado el volumen de las constancias que remite, para un mejor manejo del presente expediente, se ordena abrir un anexo al juicio en que se actúa que contenga dichas constancias. De igual forma, se tiene a la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo informando que dentro del expediente 798/2015 no ha decretado orden de arresto en contra del aquí quejoso, diversa a la ordenada en auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos de los cuales se advierte el deseo del quejoso ***, de ampliar la demanda de amparo, respecto del acto reclamado que hace consistir en una orden de arresto. En atención a su contenido, hágase saber al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición y tenerlo ampliando su demanda de derechos, toda vez que a juicio de este órgano jurisdiccional, en el caso de nuestra atención no se surten los requisitos de procedibilidad establecidos legal y jurisprudencialmente (por nuestro Máximo Tribunal del país), para que la demanda de amparo sea ampliada. En efecto, en el artículo 111 de la Ley de Amparo en vigor se incluyó la figura de la ampliación de la demanda, condicionando la procedencia de dicha institución procesal a la satisfacción de los siguientes requisitos: I. No hayan transcurrido los plazos para la presentación de la demanda; II. Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. No obstante, como se dijo en líneas que anteceden, no pueden soslayarse los requisitos establecidos jurisprudencialmente, pues a pesar de que la Ley de Amparo ya incluyó la figura de la ampliación de demanda, lo cierto es que la Jurisprudencia constituye un criterio integrador que además optimiza la institución procesal en comento, a efecto de dar eficacia al derecho humano a la tutela judicial, en sus vertientes de debido proceso y acceso a la justicia. Así, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (compatible con las disposiciones de la nueva Ley de Amparo), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, página 12, Novena Época, la demanda de amparo podrá ampliarse siempre y cuando: Del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; En el mismo informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. A partir de ese panorama legal, puede afirmarse que el promovente pretende ampliar la demanda de amparo, señalando como acto reclamado la orden de arresto así como la subsecuente privación ilegal de la libertad y como autoridad responsable a la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, entre otras. En el caso debe decirse que los actos que pretende ampliar no guardan estrecha relación con los reclamados primigeniamente, los cuales se hicieron consistir en: orden de arresto (escrito inicial de demanda), la cual como preció la Juez oficiante -es la única que ha emitido en el juicio civil de origen-; entrega del menor C.F.G., a su progenitora (primera ampliación); auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el que la Juez de origen, requirió al aquí quejoso la entrega de su menor hijo, así como señalara el domicilio en el que habita y, finalmente, requirió a la Secretaría de Educación del Estado de Hidalgo precisara el plantel educativo al cual asiste (segunda ampliación); auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en el que la Jueza Civil de origen lo requirió a fin de que reincorporara al menor a su domicilio habitual en la ciudad de Pachuca, así como al Colegió al cual estaba inscrito (tercera ampliación). De lo que se sigue, que los actos reclamados en el escrito inicial como en las subsecuentes ampliaciones, no guardan estrecha relación o vinculación, necesarios para la procedencia de la ampliación de demanda, de acuerdo a lo dispuesto en la norma legal citada y el criterio jurisprudencial indicado. Dado que la orden de arresto reclamada, es autónoma e independiente, lo que origina que debe tramitarse de la misma manera, atendiendo además a lo informado por la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, autoridad que incluso reitera, fue quien emitió la orden de arresto inicialmente reclamada, sin que a la fecha haya emitido una diversa en contra del quejoso. Ello obliga a explicar que, para que la demanda de amparo pueda ser ampliada porque los nuevos actos están vinculados con los reclamados inicialmente, es necesario que tal relación sea tan estrecha en la medida que aquéllos sean una consecuencia directa de éstos, de manera que al ser analizados el juzgador de amparo no divida la continencia de la causa y se hagan pronunciamientos que deben ser motivo de sentencias diversas, por ejemplo, porque los nuevos actos se impugnen por vicios propios, es decir, por razones que no derivan ni dependen de los actos inicialmente impugnados. Entonces, al no surtirse ninguno de los presupuestos para la ampliación de la demanda, lo procedente es remitirla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, la cual deberá ser turnada a este Juzgado de Distrito en cumplimiento a la circular SECNO/31/2020, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 79, Octubre 2020, tomo I, página 5, de rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." Notifíquese personalmente."

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, se le solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 600/2021-7, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de cuenta, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así, del estudio integral de la demanda se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" El artículo 107, fracción III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." La interpretación sistemática y funcional de los supuestos transcritos, lleva a concluir que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando el acto reclamado emana de un juicio o procedimiento administrativo seguido en esa forma, siempre que dicho acto sea de imposible reparación, entendiéndose como tal, aquellos que afecten materialmente un derecho sustantivo Precisado lo anterior, es pertinente señalar que del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, la comparecencia y/o citación a audiencia fuera de procedimiento señalada para el veintisiete a treinta de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 136/2021, del índice del Juzgado de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Hidalgo. Acto reclamado que no produce una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica del quejoso, pues el hecho de que sea citado a comparecer a la audiencia inicial dentro de un proceso penal en su contra, no transgrede sus derechos sustantivos, aspecto necesario para determinar que el juicio sea procedente. Cabe precisar que considerando que el promovente, no se encuentra detenido con motivo de los hechos que originaron la causa penal de origen, pues se ordenó citarlo, y hacerle de su conocimiento ese acuerdo, para que se presente a la celebración de la audiencia en la que el Representante Social le comunicará la imputación que formula en su contra. Aquí conviene destacar que el acto combatido se emitió en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal, de acuerdo a lo establecido por el ordinal 211 fracción I, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no constituye un acto emitido dentro de juicio, en términos del párrafo final del mencionado dispositivo y la última parte del diverso 170 fracción I de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [...] El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [...]". De las disposiciones citadas se obtiene que el proceso penal en el sistema acusatorio inicia con la audiencia inicial ante el juez correspondiente. Por ende, si el acto combatido se hace consistir en la citación a una audiencia inicial ordenada dentro del proceso penal 136/2021, del índice del Juzgado de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Hidalgo, lo anterior se trata de un acto fuera de juicio, emitido justo antes de que empiece, pues será hasta que se lleve a cabo la audiencia de mérito cuando dará inicio el procedimiento. Ahora bien, los numerales 141, 307 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que la figura de la formulación de imputación es un acto procesal que corresponde al agente del Ministerio Público realizar ante el juez correspondiente a fin de hacer del conocimiento del imputado, la investigación que se sigue en su contra con motivo de uno o más hechos, que la ley tipifique como delito. Así, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, entre otras cosas, requerir la presencia del imputado, o en su caso, la respectiva orden de comparecencia. De los citados artículos, también se obtiene que la formulación de imputación se realiza cuando el Ministerio Público estime oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; de modo que, el agente de indagación cuenta con facultades para solicitar al juzgador, fecha y hora para celebrar la audiencia en que se pueda comunicar al investigado que ha iniciado una investigación de hechos en la que se encuentra involucrado para que comparezca en compañía de su patrocinador particular o de oficio y formulada ésta, en su caso, resolver la situación jurídica correspondiente. En ese sentido, aun cuando el acto reclamado consistente en el acuerdo que ordena la citación a la audiencia inicial constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es, que dicha citación no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, ya que dicho acto no ha ocasionado ni tiene una inminente afectación en sus derechos, como es el derecho a la libertad. Ello es así, pues la facultad que ejerce el juez correspondiente al emitir el auto reclamado no involucra el análisis de los hechos delictuosos ni de la probable participación del justiciable en su comisión, sino que representa simplemente un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En esa tesitura, no está demostrado que el acto reclamado, por sí, afecte algún derecho sustantivo del promovente del amparo, pues éste sólo se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden en su contra; incluso, su libramiento se trata de un acto futuro de realización incierta, ya que requiere de una petición previa del Agente del Ministerio Público ante la incomparecencia del quejoso; momento en que el juez de la carpeta determinará lo procedente. En ese orden de ideas, es dable estimar que no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad al quejoso; caso contrario es el apercibimiento directo que hace un juzgador hacia una persona que de no asistir a la diligencia que se le llama, tal omisión tendrá ineludiblemente, como consecuencia, su aprehensión; lo que no acontece en la especie, pues el juzgador de control soló ordenó citar al aquí promovente a la audiencia de formulación de imputación. Además, para el caso de que el quejoso no acuda al desahogo de la audiencia, previa petición del Ministerio Público, se podría (acto futuro) dictar en su contra orden de comparecencia. De esta manera, la circunstancia de que el imputado deba comparecer ante el juez de control, no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado. En consecuencia, el citado acto reclamado no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Como criterio orientador se cita la tesis aislada XXVII.3o.49 P (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, con fecha de publicación diez de noviembre de dos mil diecisiete, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro número 2015497, que establece: "AUDIENCIA INICIAL. EL AUTO QUE ORDENA CITAR AL IMPUTADO A SU CELEBRACIÓN ES UN ACTO FUERA DE JUICIO QUE NO OCASIONA A ÉSTE PERJUICIO EN SU ESFERA DE DERECHOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación sistemática y armónica de los artículos 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de símil contenido al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio o proceso penal inicia con la audiencia inicial ante el Juez de control y, por exclusión, el auto que cita al investigado a la celebración de la audiencia inicial es un acto emitido fuera de éste. En ese contexto, el acuerdo que ordena de conformidad con el artículo 141, fracción I, del mismo código, la citación mencionada, pese a constituir el vínculo para que se lleve a cabo la eventual formulación de la imputación, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o algún otro, pues la facultad que ejerce el Juez de control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que aquél debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En estas condiciones, en su contra se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, ya que en el caso, éste no tiene incorporado a su esfera de derechos alguno que lo posibilite a impugnar su citación a dicha etapa previa a juicio; máxime que el eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión correspondiente, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia acorde al artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional por así haberlo designado en su escrito de demanda, ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de amparo a **, al acreditar contar con registro de cedula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, a las demás personas que alude en el mismo, al no acreditar contar con registro de cedula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese por lista, por así haberlo solicitado el quejoso.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano