Eduardo Guerrero Domínguez
Expediente 662/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eduardo Guerrero Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de dos de febrero de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese el original del incidente de suspensión y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por lo que deberá ser destruido junto con el duplicado. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de enero de dos mil dieciséis. Glósese a los autos el oficio y anexo enviado por parte de la Supervisora Estatal de la Unidad de Amparos Traslados y Derechos Humanos en ausencia del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, mediante el cual informa que el quejoso ***************, fue trasladado el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, e ingresado en la misma fecha al Centro de Reinserción Social número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, y para acreditar su dicho anexa copia certificada del oficio de su ingreso. Con su contenido y de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia está cumplida o no, en términos del referido artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia. Ahora bien, toda vez que el quejoso *************** fue trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal Número 1, en Aquiles Serdán Chihuahua, ubicado en la prolongación Periférico Lombardo Toledano Km 7.5, Aquiles Serdán, Chihuahua, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno, residente en Chihuahua, capital, para que por su conducto comisione personal a su cargo a fin de que se constituya en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua y notifique al quejoso el presente proveído, debiéndole hacer entrega de copia simple del mismo; así como del oficio y anexo del cumplimiento dado por la responsable. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado ***************, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. *
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el telegrama que remite el Fiscal General del Estado, mediante el cual informa que giró los oficios JALF-2434I2015 y JALF-2435/2015, dirigidos al Director General de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales y Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, instruyéndolos para que den cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, de lo cual toma conocimiento este Juzgado Federal, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no ha lugar a tener por exhibida la copia certificada que menciona, toda vez que no la remitió adjunta a su oficio. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.*
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil quince. VISTO para resolver el juicio de amparo 662/2015-II, promovido por ***************. RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el veintitrés de septiembre de dos mil quince, turnado el mismo día a este juzgado, Eduardo Guerrero Domínguez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, de quien reclamó la ORDEN DE TRASLADO del centro de reclusión en que se encontraba privado de su libertad deambulatoria a uno diverso, ejecutado el ocho de septiembre de dos mil quince. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMARON VULNERADOS. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil quince, se radicó la demanda bajo el consecutivo 662/2015-II y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable -quien fue omisa en rendirlo-; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente; por último, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se efectuó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos provenientes de una autoridad administrativa que se ejecutó dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la ORDEN DE TRASLADO del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, ambas del Estado de Chihuahua. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante que fue debidamente requerido para ello, mediante oficio 6416/2015 de veintitrés de septiembre de dos mil quince, como consta en la pieza postal acuse de recibo, mediante la cual se advierte que aquél se entregó el primero de octubre de dos mil quince. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de admisión y se tiene por cierta la existencia de la orden de traslado que el quejoso afirma que se ejecutó el ocho de septiembre del año en curso, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, ambas del Estado de Chihuahua, dado que no obra constancia que desvirtúe la presunción de certeza que subyace de la omisión de rendir el informe con justificación. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, Volumen 22, Primera Parte, materia común, página 22, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. SUS CONSECUENCIAS. La autoaplicabilidad de preceptos legales reclamados en el amparo, no depende ni de que se haya omitido rendir informe justificado por algunas responsables ni de que se establezca la certeza de los actos reclamados derivada de la falta de informe, conforme con el artículo 149 de la Ley de Amparo. Este precepto señala las consecuencias que se derivan de la omisión de rendir informes justificados y ellas se reducen a tener como ciertos los mismos hechos o actos presuncionalmente, salvo prueba en contrario, pero de ninguna manera implican consideración alguna acerca de que ya se realizaron actos concretos de aplicación de la ley; tampoco la falta de informes implica considerar que los actos reclamados violen en perjuicio de las quejosas las garantías individuales que invocaron en su demanda, pues esa cuestión atañe al fondo del asunto y debe ser demostrada a la luz de los conceptos de violación expresados y las pruebas que en su caso se llegaren a ofrecer, mas no puede considerarse como una consecuencia establecida en la Ley de Amparo, derivada de la tantas veces mencionada falta de informes justificados. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Al no existir causas de improcedencia o de sobreseimiento hechas valer por las partes; ni este juzgador advierte oficiosamente que se actualice alguna; en esa medida, se impone abordar el estudio del fondo del asunto que se plantea. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. DETERMINACIÓN QUE ADOPTA ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. Los conceptos de violación resultan esencialmente fundados, al ser suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como preámbulo al análisis de la cuestión efectivamente planteada, es oportuno precisar que el que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado, sólo da lugar a presumir la certeza del acto reclamado, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, pero no a establecer su inconstitucionalidad, ya que la prueba de ésta, según el mismo precepto, cuando no se trata de un acto anticonstitucional en sí mismo, queda a cargo del quejoso. En la especie, el acto reclamado lo constituye una orden de traslado emitida por autoridades del orden administrativo, que como se verá en líneas posteriores resulta inconstitucional en sí mismo, porque su emisión está reservada a la autoridad judicial; por tanto, la constitucionalidad del mismo quedaba a cargo de la autoridad responsable y no de la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad aducida. Apoya esta consideración, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, Tomo LXXVI, materia común, página 3834, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. La omisión de éste, sólo da lugar a presumir la certeza del acto reclamado, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, pero no a establecer su inconstitucionalidad, ya que la prueba de ésta, según el mismo precepto, cuando no se trata de un acto anticonstitucional en sí mismo, queda a cargo del quejoso, por lo que si éste no rinde prueba alguna sobre el particular, no hay razón legal para estimar prueba alguna sobre el particular, no hay razón legal para estimar violatorio de garantías el acto reclamado, ni, por tanto, para conceder el amparo. Expuesto lo anterior, es necesario señalar que el presente asunto no se analizará en función a las reglas particulares de esta materia (administrativa), porque con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Por ello, actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las autoridades judiciales, en particular a los jueces a quienes la Ley encomienda la ejecución en materia penal; y será a la luz de esta particular naturaleza que se analizará la constitucionalidad del acto tildado de ilegal. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, de Octubre de 2012, Tomo 1, materia común, página 17, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. En la especie, el solicitante del amparo aduce sustancialmente que el mandamiento emitido por la autoridad responsable para trasladarlo del centro penitenciario en el que se encontraba recluido, esto es, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, vulnera sus derechos humanos de debido proceso, legalidad, de protección integral, reintegración social y familiar, porque lo aleja injustificadamente del lugar en donde se lleva su proceso penal y donde tiene arraigo familiar, esto es, en la ciudad de Chihuahua. Como se adelantó, lo alegado por el quejoso es fundado, al ser suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracciones II y III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para evidenciar la transgresión a los derechos el quejoso, es oportuno preciar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Por su parte, en el artículo 18 constitucional, en lo que interesa, se establece las siguientes premisas: Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de reclusión será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral. En todos los procedimientos seguidos se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Las medidas que se impongan deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del sentenciado, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Asimismo, el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal estatuye que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre este tópico, en la jurisprudencia P./J. 20/2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, materia constitucional, página 15, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondía, en exclusiva, al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encontraran las relativas al traslado de los sentenciados. Lo estimado por el legislador se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consistían en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos podrían suceder eventos que debe deberían ser supervisados por la autoridad judicial, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios, así como el lugar donde debía extinguirse la pena. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que como en dicha iniciativa se precisó que una de las finalidades de la reforma planteaba la necesidad de restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional, debía prevalecer que la determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro, se encontrara reservada al Poder Judicial, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio jurisprudencial P./J. 20/2012, al que se ha hecho referencia, es del siguiente tenor: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Esta base jurídica pone de manifiesto que tratándose de delitos en los que se imponga como medida cautelar la prisión preventiva, de carácter excepcional tratándose de los delitos cometidos por personas menores de edad, que para dicha reclusión preventiva se destinarán centros especiales y, que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos; asimismo, que tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que en tratándose del traslado que hayan realizado conductas tipificadas como delito de un centro penitenciario a otro, la autoridad judicial es la única competente para ordenarlo, pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación que realizó sobre el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea que se encuentren recluidos con motivo del establecimiento de la medida de prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, porque con la referida orden de traslado, se modifican las condiciones en que el individuo afecto a una causa penal debe permanecer en prisión (preventiva o compurgando la pena impuesta), y el único ente facultado para variar el lugar en que ella se desarrolle es también la autoridad judicial. Además, tratándose de la prisión preventiva es necesario considerar que la orden de traslado afecta el derecho fundamental consistente en que aquélla se cumpla en el lugar del juicio, lo que a su vez, podría afectar o imposibilitar la realización de otros derechos rectores del proceso penal y elevados a rango fundamental, por estar inmersos en los artículos 16, tercer párrafo, 17, segundo párrafo, 18 y 20, apartado A, fracciones III a IX, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) inmediatez, que se efectúa en condiciones que coadyuvan a la rápida solución del caso -y no en las que tiendan a hacer lenta esa decisión-; b) inmediación, que tiende a asegurar la presencia real entre Juez e inculpado y que sea el mismo juzgador que participa en el desahogo de las pruebas quien las pondere al momento de juzgar; c) defensa plena, consistente en que el inculpado, de manera personal -no sólo a través de un defensor-, esté en posibilidad real de participar en la preparación y desahogo de pruebas y del uso de medios de impugnación que la ley le brinda; de ahí la necesidad de que sea el juez de proceso determine en lugar donde deba quedar recluido el procesado; tanto más que el propio artículo 18 de la Carta Magna establece la necesidad de que exista independencia entre las autoridades que efectúen la remisión de las personas menores de edad de aquellas diversas que impongan las medidas. En la especie, de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que se actualmente se encuentra compurgando la pena, inicialmente en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con motivo de la sentencia dictada por el Tribunal del Juicio Oral del distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, Chihuahua. De igual modo, aparece que el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua fue omiso en rendir su informe con justificación y, al tratarse de un acto inconstitucional en sí mismo -porque sólo las autoridades judiciales pueden ordenar el traslado de personas internas- debe tenerse por cierto que ordenó que el quejoso fuera trasladado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, lugar en el que quedó internado. En este orden de ideas, si la orden de traslado reclamada fue emitida por el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua y no por el Juez o Tribunal ante los que se encuentra a disposición el quejoso, que son las autoridades competentes para emitir dichos actos, es evidente que se trastoca en perjuicio del ahora inconforme el derecho humano contemplado en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe emanar de autoridad competente, requisito que, en la especie, no se cumple, pues como se dijo, la orden de traslado de mérito fue emitida por autoridades del sistema penitenciario del Estado, distintas de las Judiciales. No obsta que hubiera existido la necesidad de trasladar al quejoso por alguna posible distribución estratégica sobre el internamiento de las personas, apoyadas en los criterios que la responsable hubiera determinado, porque como quedó expuesto, aun en ese supuesto carecía de facultades para emitir de propia cuenta la orden de traslado relativa, dado que corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las medidas cautelares, así como de la imposición de penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados; de ahí que el acto reclamado sea inconstitucional. Tampoco es óbice, que la autoridad estatal pudiera contar con facultades reglamentarias para realizar dicho traslado, porque con independencia de que en ellas se establezca la competencia de la autoridad administrativa en la administración del sistema penitenciario; que atañe a los procesados que se encuentren internados en los centros de reinserción estatales o distritales, de tratamiento especial, o instituciones abiertas del Estado; así como las razones, acontecimientos y circunstancias que motivaron la determinación del Director General de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, pues tales atribuciones no tienen el alcance de inobservar el requisito constitucional de competencia conferido al Poder Judicial para autorizar, a través de resolución, el traslado de procesados o sentenciados; de ahí que deba prevalecer en una interpretación conforme respecto de la orden respectiva que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 20/2012 antes transcrita En las relacionadas condiciones, ante la incompetencia constitucional de la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Director General de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua (en su denominación correcta): a) Deje insubsistente la orden de traslado que haya dictado en contra del quejoso, ejecutada el ocho de septiembre de dos mil quince. b) Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser retornado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. c) Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Dados los efectos por los cuales se concede el amparo, resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación, pues el problema de competencia constitucional destacado, torna innecesario el examen de otros argumentos, pues incluso los derechos que se estiman transgredidos -en cumplimiento a esta sentencia- quedarán restituidos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 168, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, materia común, página 113, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ***************, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
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