Eduardo García Tovar

Expediente 818/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
818/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Eduardo García Tovar
  • Eduardo García Tovar y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la cual por un lado se sobreseyó y por otro se negó la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 818/2017-II, promovido por xxxx.Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno al día hábil siguiente, xxxx solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada contra el Servicio y el Adecuado Desarrollo de la justicia, que hizo consistir en: 4.- ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN CONTRA DE xxxx, POR EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL, DICTADO EL JUEZ DE GARANTÍAS RAFAEL ROSADO, EN, EN LA CAUSA PENAL 899/16, COMETIDO EN PERJUICIO DE LA MORAL xxxx B).- AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA. LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO xxxx , ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LA JUSTICIA. FALTA DE OBJETIVIDAD, DEBER Y LEALTAD HACIA CON LA CONTRA PARTE, AL OMITIR INFORMACIÓN AL JUEZ RESOLUTOR, QUE EXISTE DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 37-2015-0019312, AL SOLICITAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 fracciones V, VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 818/2017-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete y se ordenó citar a los terceros, el Agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de origen y la víctima, persona jurídica colectiva cuya denominación es xxxxx. En el mismo auto de radicación, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida y, finalmente, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que el acto que reclama la parte quejosa lo constituyen: Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos: el auto de vinculación a proceso de ocho de julio de dos mil diecisiete, dictado en contra de xxxx, dentro de la causa penal 899/2016, por su probable participación en los hechos constitutivos del delito de fraude procesal con penalidad agravada, en términos del artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua. De la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, la formulación de imputación sin proporcionar al Juez de Control resolutor, toda la información que obraba dentro de la carpeta de investigación 37-2015-0019312. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos aceptó haber emitido contra la parte quejosa, el auto de vinculación a proceso de dos de septiembre de dos mil diecisiete, emitido dentro de la causa penal 899/2016, de su índice. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió transcripción certificada del auto de vinculación a proceso que se emitió en la causa penal 899/2016, así como registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de las audiencias de formulación de imputación, desahogo de elementos de prueba dentro del término constitucional y vinculación a proceso, llevadas a cabo en la causa penal de referencia, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por su parte, al rendir su informe con justificación, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en representación de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, negó la existencia del acto que le fue atribuido, consistente en la formulación de imputación, sin proporcionar al Juez de Control resolutor, toda la información que obraba dentro de la carpeta de investigación 37-2015-0019312; y para justificar su proceder, indicó que atendiendo a los principios de inmediación y contradicción, en la audiencia inicial el quejoso estuvo en aptitud de manifestar lo conducente respecto a los datos de prueba que enunció el Representante Social en su contra o hacer uso de su derecho a ofrecer los que a su interés convinieran; en esa medida, su negativa se encuentra desvirtuada, lo que conduce a estimar como cierta la existencia del acto que se le atribuyó. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si existe se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado determina que se actualiza causal de improcedencia, que amerita sobreseer en el presente juicio, respecto del acto atribuido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, consistente en la formulación de imputación, sin proporcionar al Juez de Control resolutor, toda la información que obraba dentro de la carpeta de investigación 37-2015-0019312. El juicio de amparo indirecto que se formula contra ese acto es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; [.] 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.] De los preceptos transcritos se colige que por Autoridad debe entenderse aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Pleno señala que por Autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Por no oponerse a lo dispuesto por el artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar el concepto Autoridad para efectos del juicio de amparo, que se encuentra plasmados en la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, febrero de 1997, página 118, del tenor: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Asimismo, es ilustrativo para distinguir cuándo se está en presencia de una Autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª. CCIV/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El concepto de autoridades se refiere a aquellos entes que cuentan con la facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente los intereses legítimos de los gobernados, sin la posibilidad de someter su decisión a los órganos jurisdiccionales; esto es, para efectos del juicio de amparo, las autoridades son aquellas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, o en el caso de particulares, también tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos o intereses de los interesados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es importante puntualizar, que la nueva Ley de Amparo incorporó el concepto de autoridad responsable, de manera más amplia, que el contenido en el artículo 11 de la ley anterior; en ese contexto, para determinar la calidad de autoridad responsable, es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, es decir, a quién y qué se reclama en el juicio de amparo. Conforme a lo expuesto no todo acto, aun emitido por un ente del Estado, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, pero que no obedecen necesariamente a una relación de supra a subordinación. En el caso, la representación social puede solicitar la formulación de la imputación, pero contra tal acto, el juicio de amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, por sí misma, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo, en la especie, la solicitud de citarlo para formularle imputación, con los datos de prueba que consideró procedentes y que obtuvo de la capeta de investigación correspondiente. Por tanto, resulta improcedente el amparo cuando se reclama que el Ministerio Público formuló imputación, y que a juicio del quejoso, se realizó sin proporcionar al Juez de Control resolutor, toda la información que obraba dentro de la carpeta de investigación 37-2015-0019312, pues es al Juez del proceso a quien corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, es la que podría afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo en un plano de igualdad en relación con el Juez, pues ambos se someten a la decisión de un Juzgador del orden penal. Luego, dado que al formular la solicitud reclamada, el agente del Ministerio Público ya no tiene el carácter de autoridad penal, al someterse a la decisión del Juez de Control; en consecuencia, el juicio de amparo es improcedente, al existir una relación de coordinación entre el Representante Social y el quejoso, al dirimir su controversias a los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, para que el Juez, coactivamente, imponga las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En esta tesitura, la solicitud de formulación de imputación no se puede considerar como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque con ella no se realizan actos positivos, negativos u omisivos, que tienen su origen en una relación jurídica de supra a subordinación del agente del Ministerio Público, hacia el acusado, pues si bien ese tipo de actos poseen una naturaleza normativa, esa circunstancia no es bastante para otorgarle el rango de acto de autoridad, pues no posee las características formales ni los efectos materiales propios del acto de autoridad y, menos aún, puede considerarse como un acto susceptible de impugnación en el juicio de amparo, ya que no colma las características que debe reunir para ser impugnado en la vía constitucional, ya que en su emisión no participa un ente que posea la naturaleza de autoridad en la fase que se inicia ante el Juez de Control y, por ende, no incide en forma unilateral en la esfera jurídica del ahora quejoso. Apoya la anterior conclusión, por analogía, la tesis: II.2o.P.50 P (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, de Octubre de 2017, Tomo IV, materias común y penal, página 2497, del siguiente tenor: MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente. En las relacionadas condiciones, al quedar actualizada la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, respecto del acto reclamado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, consistente en la formulación de imputación, sin proporcionar al Juez de Control resolutor toda la información que obraba dentro de la carpeta de investigación 37-2015-0019312. Al no existir diversa causa de improcedencia invocada por las partes legitimadas en este juicio de amparo ni se advierte alguna otra que deba ser analizada oficiosamente, en términos del numeral 61 de la Ley de Amparo, se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta; además, con ello no se le deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta que exista materia sobre la cual suplirlos en su deficiencia, como lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, debe precisarse que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Penales en el Estado de Chihuahua, el Juez responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, sino solamente el representante social y la defensa, de tal manera que a efecto de analizar tanto el hecho delictuoso como la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se limitará al relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes de investigación, así como las declaraciones rendidas ante él en la audiencia de ley. Esto es así, porque el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe estudiarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que conforme al numeral 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, la Juez de Control no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta, aspecto que no ocurrió en la especie, toda vez que de los discos ópticos que remitió el órgano jurisdiccional responsable, no se pone de manifiesto que haya existido tal controversia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 64/2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sentado lo anterior, este Juzgador realizará un análisis del acto reclamado en torno a la determinación que se adoptó respecto a la acreditación de los hechos que la ley considera como constitutivos del delito de fraude procesal y la posibilidad de que el quejoso haya intervenido en su comisión y, enseguida, se emprenderá el examen de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. De esta manera, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es necesario acotar que solamente mediante el cumplimiento de tales requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Ahora, cabe adelantar que los primeros dos requisitos indicados se cumplen con la simple mención a ellos dentro de la resolución de vinculación a proceso, en cualquier parte de su texto, pues la norma constitucional no impone formalidad alguna. Luego, estos dos requisitos se aprecian cumplidos de una simple lectura de la transcripción del acto reclamado, por lo que no resulta necesario mayor estudio. En cuanto al tercer de los requisitos indicados por el numeral 19, párrafo 1º de nuestra Carta Magna citado, tenemos que coincide con uno de los previstos en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por lo tanto se resulta ocioso realizar un doble análisis por separado. Por su parte, el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua -que constituye la legislación aplicable en el presente caso-, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: III.1. Que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; III.2. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, de julio de 2012, página 1940, materia penal, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, con el propósito de determinar si se encuentran o no cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso -señalados con antelación-, se expone lo siguiente: I. Formulación de la imputación. De las constancias de autos se advierte que en audiencia de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en los 276, 277 y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra de los hoy accionantes del amparo, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, por el delito de fraude procesal con penalidad agravada, en términos del artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua (con exclusión del tercer párrafo), cometido en agravio de la persona jurídica colectiva xxxxx, hoy tercera interesada; por ende, este requisito para la emisión del auto de vinculación a proceso se encuentra satisfecho. II. Rendición de la declaración de los imputados ante el Juez de Control o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia respectiva, celebrada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el quejoso se reservó a ejercer su derecho de rendir declaración respecto de los hechos que se les imputaron, ante la presencia del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la audiencia que se celebró el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; por ende, también se encuentra colmado el segundo requisito establecido para la legal emisión del acto reclamado. III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni el acreditamiento de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo". Consecuentemente, en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, este Tribunal de amparo analizará si el Juez de Control realizó un examen sobre el grado de racionabilidad, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Julio de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS y SUBJETIVOS) y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. El Juez de Control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de fraude procesal con penalidad agravada, -cometido en agravio de la persona jurídica colectiva xxxxx- previsto y sancionado en el artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua (con exclusión del tercer párrafo). Para arribar a tal conclusión, el Juzgador consideró los siguientes antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, así como las declaraciones rendidas en la audiencia de ley, que a continuación se destacan: 1. La denuncia presentada por xxx ante el Ministerio Publico el día diecisiete de julio de dos mil quince, por hechos que consideró constitutivos del delito de fraude procesal cometido en perjuicio de su representada, xxxx . 2. La documental pública consistente en copia certificada del expediente del juicio laboral 4/12/0938 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua. 3. La declaración del testigo, licenciado xxxx, quien asesoró legalmente a la víctima durante parte del proceso laboral comentado. 4. La declaración del testigo xxxxx, rendida ante el Ministerio Público el dieciocho de agosto de dos mil quince (audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete). 5. La declaración del testigo xxxxx, que se vertió ante el Ministerio Público el veinte de agosto de dos mil quince (audiencia del siete de julio de dos mil diecisiete). 6. La declaración del testigo xxxx, vertida ante el Ministerio Público el dieciocho de agosto de dos mil quince. 7. La declaración del testigo xxxx, que se emitió ante el Ministerio Público el veinte de agosto de dos mil quince. 8. La declaración del testigo xxxx, que fue vertida ante el Ministerio Público el veintiuno de agosto de dos mil quince. 9. La declaración de imputado xxxx, que rindió ante el Ministerio Público el veinticinco de enero de dos mil dieciséis. 10. La declaración del testigo xxxx, rendida ante el Ministerio Público el tres de febrero de dos mil dieciséis. 11. La declaración de la testigo xxxx , que fue expuesta ante el Ministerio Público el treinta de enero de dos mil diecisiete. 12. La documental pública consistente en Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, concretamente del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación Juárez Número Dos signado por el Licenciado Carlos Jiménez Reséndiz, Jefe de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, en relación a la petición formulada por el Ministerio Público el once de febrero del año dos mil dieciséis, en la cual solicitó información sobre el imputado xxxx . 13. La documental pública consistente en oficio emitido por la Jefa del Departamento Estatal de Profesiones del Estado de Chihuahua en el que informa que el quejoso xxxx , cuentan con cédula profesional como licenciados en derecho. 14. La documental pública consistente en oficio emitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se informó el monto final a que fue condenada la persona jurídica colectiva víctima (audiencia de ocho de julio de dos mil diecisiete). 15. Laudo de diez de septiembre de dos mil trece, emitido en el juicio laboral 4/12/938, por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez. 16. La documental pública consistente en copia certificada del expediente del juicio laboral 4/12/1095 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua. 17. Oficio 1032/2017, emitido en el expediente 4/12/0938, del juicio laboral que se tramitó ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en la que el Presidente de ese organismo informa la cuantía a la final a la que se condenó a la empresa denunciante. 18. Demanda de amparo por comparecencia de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, presentada en favor del imputado, ante este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. A partir de esos datos, el Juez de Control estimó que actualizaban los hechos descritos en la figura delictiva contemplada en el artículo 306, párrafos primero y segundo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que estatuye: Fraude procesal 306. Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el salario a quien con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive perjuicio de alguien o un beneficio indebido o mayor del que le corresponde, con independencia de la obtención del resultado, simule actos jurídicos o altere elementos de prueba. De verificarse el perjuicio o los beneficios a que se refiere el primer párrafo, las penas se incrementarán hasta en dos tercios. Conforme a dicho precepto, comete el delito de fraude procesal la persona que simule actos jurídicos o altere elementos de prueba, con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive: (1) un perjuicio de alguien o (2) un beneficio indebido o mayor del que le corresponde, con independencia de la obtención del resultado. Además, las penas se incrementan hasta en dos tercios, cuando: (1) se verifique el referido perjuicio o (2) se obtengan los citados beneficios. Ahora, para tener por establecido el hecho que la ley señala como delito, la autoridad responsable determinó que el delito de fraude procesal puede ser clasificado como de formulación alternativa, porque contiene diversas conductas a través de las cuales puede producirse el resultado típico, en la medida que la intención del Legislador Estatal fue la de proteger el buen desarrollo de la administración de justicia, por lo que consideró que las actuaciones derivadas del procedimiento judicial o que sean materialmente judicial, se encuentren apegadas a las leyes y se resuelvan en favor de quien legalmente tiene la razón. Con relación a la simulación de actos jurídicos, el Juzgador responsable encontró configurada sobre la base de los siguientes argumentos: [.] por el acto simulado debe entenderse todo hecho que se hace aparecer ante la Autoridad Judicial, o en este caso la Autoridad formalmente administrativa y materialmente jurisdiccional, como es la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta Ciudad, lo haga aparecer como existente sin serlo. Bien, es del criterio del suscrito, que implica la alteración aparente de forma artificiosa o engañosa, de hechos que crean o alteran, o extinguen relaciones jurídicas conforme a Derecho. En este contexto, debe decirse que la simulación debe ser tal, en cuanto a quienes intervienen en la misma, que hacen aparecer como reales determinadas situaciones mediante las cuales logran su propósito inicial de daño en contra de alguna o algunas personas. En el caso en particular, que se incurra en el error Judicial. Segundo, que se emita un Laudo Condenatorio. Tercero, que de éste derive un perjuicio patrimonial en perjuicio de una persona determinada. Que la finalidad con el propósito de obtener una Resolución Judicial, esto es, con el ánimo de obtener una Resolución Judicial que puede ser considerada como cualquier determinación emitida por un Juzgador o una persona que tiene funciones jurisdiccionales, ya sea en el desarrollo de un proceso sometido a su conocimiento o bien, al decidir sobre el fondo de un conflicto. El tercero de sus elementos, que derive en perjuicio de alguien; en el caso en particular, el segundo párrafo del artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua, dispone: De verificarse el perjuicio, las penas se incrementarán hasta dos tercios. Ha de decirse pues, que como teniendo la finalidad la presentación de una demanda, concluir después de todas sus etapas procesales en términos de la Ley Federal del Trabajo, con un Laudo Condenatorio que se concibió, el cual se sometió a ejecución, efectivamente se sustrajo del conjunto de deberes y obligaciones que corresponden a xxxxx , ergo su patrimonio, la cantidad de $979,898.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) pues en cumplimiento de la Resolución dictada por parte de la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 4/12/0938, se ejecutó dicho Laudo y se pagó y se liquidó el monto por el cual se condenó a dicha persona moral. De ahí que pueda decirse que, de los hechos materia de la formulación de imputación, efectivamente se pueden desprender los elementos de la figura típica del artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en su primero y segundo párrafo, pues mediante lo que se le atribuye al señor García Tovar, es que mediante la simulación de actos jurídicos, como es la presentación de una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el Juicio 4/12/0938, de la local de Conciliación y Arbitraje manifestando ser trabajador sin serlo, se obtuvo después de tramitarse todo el procedimiento, un Laudo Condenatorio en contra de la demandada y esto le acarreó a xxxx , el menoscabo patrimonial por la cantidad de $979,898.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), esto obtenido mediante la manifestación fuera de la verdad con apariencia de verdad, consistente en la demanda laboral. [.] Dentro de los datos de prueba que se tomaron, o las actuaciones que realizó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, obviamente se encuentra esa información para condenar como lo hizo, a xxxx , con motivo de la reclamación que como empleado hizo xxxx , en contra de ella; sin embargo, es a través de la denuncia que se obliga constitucionalmente y procesalmente, al ministerio público a recabar información para poder investigar la verdad histórica de los hechos, si realmente lo denunciado por el señor xxxx o el señor xxxx , como lo manifestó en su testimonio, en el sentido de que nunca laboró xxx en esa empresa. El Ministerio Público le giró un oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, y éste contestó mediante el número 089105910110/694-A, el día 12 de febrero del año 2016, así lo informo el Licenciado de apellidos xxxx , Jefe de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación aquí en Ciudad Juárez, en relación a la información sobre xxxx , ante ese Instituto sí se encontraba registrado, y encontramos una contradicción, efectivamente en relación al oficio con el cual informó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de que sí formó parte de la plantilla laboral de xxxxx , informó lo siguiente: Cuenta como altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el señor xxxxx ... Mas en esa información no se incluyó a xxxx , de ahí que la obligación del suscrito, a través de lo expuesto en esta Audiencia, sea dilucidar si hubo certeza en la información que se proporcionó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, o hubo certeza en la información que se proporcionó a la Fiscalía General del Estado. Los datos de prueba que se expusieron en esta Audiencia, arrojan el segundo presupuesto, en base a lo siguiente: Ha de decirse primeramente, que efectivamente tal y como lo refirió el señor Defensor en sus argumentos, antes de concluir el Debate en la presente causa penal. Efectivamente, xxxxx , aunado al oficio que proporcionó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Sub Delegación Juárez 1, la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos, pudo establecerse que sí estuvo registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, xxxx , por lo que hace a xxxx. Esto tiene como origen y es del criterio del suscrito, en una obligación a nivel Fiscal, pero a nivel Social; pues la Ley del Seguro Social obliga a los patrones a dar de alta, notificar movimientos y bajas de sus trabajadores ante dicho Instituto. No obstante lo anterior, no es únicamente a datos documentales que podemos arribar a la conclusión de que el señor xxxx , no laboró para dicha persona moral; principalmente debemos de tomar en cuenta lo siguiente: Al declarar el imputado ante el Ministerio Público, el día 25 de enero del año 2016, en términos del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales Estatal, lo que fue rebatido en el sentido de que se encontraba ilegalmente detenido; sin embargo, esto en base a la denuncia que en esa fecha presentó su esposa ante el Juzgado Séptimo de Distrito, ha de decirse que en esa declaración no se advierte que estuviera coaccionado, en base a las siguientes circunstancias: Primero, no se establece que estuviera detenido. Segundo, era conocedor de sus derechos, tan es así que estuvo asistido de la Licenciada xxxx , Defensora Pública Penal. Tercero, declaró de forma libre, pues no se advierte de ningún dato de prueba, que fuera coaccionado, y cuarto, lo realizó ante el Ministerio Público; tan declaró libremente, que en un primer plano de declaración refirió: Que únicamente presenté una demanda laboral en contra del Ingeniero xxxx O QUIEN RESULTE, es todo lo que tengo que decir. Hasta ese momento, advierte el que aquí resuelve, que efectivamente le asiste la razón al señor Defensor, en el sentido de que a nivel de la Ley Federal del Trabajo, no tienen los trabajadores la obligación de proporcionar los datos de sus empleadores, puesto que así se ha pronunciado la Ley Federal del Trabajo. sin embargo, en el caso en particular, y lo que llama la atención a este Resolutor, es poder establecer si fue la verdad lo que se manifestó en la demanda de xxxxx , y segundo, el origen de ésta.. Primero, la información que obtuvieron xxxx , al parecer, según la hipótesis del señor Defensor, es la que le proporcionó xxx . En segundo término, ha de decirse que xxxx , efectivamente acudió ante ambos abogados y proporcionó una información, pero para poder precisar qué información le proporcionó, es en base a los datos de prueba que recabó el Ministerio Público que ha de tomarse en consideración que no fue así. De forma espontánea, ante el Ministerio Público refirió que en contra de quien presentó la demanda, es del Ingeniero xxxx O QUIEN RESULTE; de ahí que inicialmente podamos decir, como de forma definitiva consideró la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que el imputado ni siquiera sabe el nombre de la persona para la cual laboró. Segundo, fue gracias al cuestionario que realizó el Ministerio Público, que se pudiera dilucidar si realmente xxxx , laboró para esa empresa. Se le preguntó: Para que diga su trabajó para xxxx , dijo: No, bueno yo no sabía el nombre de la empresa para las cuales estábamos trabajando. Se le preguntó: Para que diga si sabe dónde se ubica xxxxx , contestó que no. Se le pregunto: Para que diga cómo son las instalaciones de xxxx , dijo que no. Se le pregunto si conoce al señor xxxx , quien es precisamente el Administrador o Representante Legal de xxxx , tal y como éste se pronunció al declarar ante el Ministerio Público, bajo protesta de decir verdad, el día 17 de julio del año 2015, y refirió: No señorita. Continúa el interrogatorio: Para que diga quién demandó a xxxx , refirió: Supuestamente la Licenciada xxxx , que corresponde al nombre de xxxx , no recuerdo el apellido. Se le preguntó: Para que diga por qué señaló en la demanda a xxxx , Y es ahí donde nos da una justificación de cómo se llegó a la denominación de esa persona moral; refirió: Porque supuestamente está ligada con el Ingeniero xxxxx , ahí estaban varias empresas donde trabajamos nosotros, entre ellas xxxx . Continúa el interrogatorio el Ministerio Público, en el sentido: Para que diga quiénes son las personas físicas con las cuales trabajó y refirió textualmente: xxxx y el señor xxxx . Refirió xxxxx. De ahí que el imputado aquí presente ni siquiera concebía en su mente, respecto a su experiencia de vida, que hubiera trabajado para xxxx Y xxxxx , lo que viene a confirmar la información que se proporcionó al Ministerio Público, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. pues dentro del listado que proporciona de las personas para las cuales tuvo una relación contractual, en términos del numeral 8, 10 Y 20 de la Ley Federal del Trabajo, no se encuentra xxxxx . Información respecto a que no existía esa relación laboral y que en eso constituye la simulación del acto jurídico consistente en la presentación de la Demanda, que encuentra soporte precisamente con las declaraciones que rindieron xxxx, en su carácter de representante legal de xxxx , ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 4, en esta Ciudad, en el Juicio Laboral 4/12/0938, pues bajo protesta de decir verdad y es creíble que son ese sentido, hechos que percibió a través de sus sentidos, refirió que en todo momento se negó la relación laboral entre xxxx , como trabajador, y xxxx , como su representada. Afirmación que concuerda con el testimonio xxxxx , pues éste, repito, al declarar ante el Ministerio Público bajo protesta de decir verdad, pues ratificó la Denuncia que presentó realizando su ratificación el 17 de julio del año 2015, refirió que nunca xxxx , había empleado a xxxx . la cual se confirma indiciariamente con la versión que proporcionó ante la Representación Social, salvaguardado en sus Derechos Fundamentales y Garantías Procesales, xxxx , pues acepta que a las personas que él pretendió demandar en ese Juicio Laboral, fue precisamente al Ingeniero xxxx Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE, habiendo precisado que las personas en las cuales efectivamente había laborado, es xxxx . Esto constituye una serie de indicios extraíbles de los datos de prueba que forman una circunstancia a considerar, como es precisamente concluir que efectivamente no se ha demostrado que xxxx , al menos en una realidad histórica, haya laborado para xxxx , a esto se ha de sumar que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social así lo ha considerado, pues lo repito, como lo informó al Ministerio Público el día 12 de febrero de 2016, no se encuentra dentro de las personas registradas como patrones de xxxx. - La existencia de la resolución jurisdiccional, el Juez la consideró acreditada con aquella que emitió la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se trata de una resolución materialmente jurisdiccional, según la documental pública consistente en la copia certificada del expediente laboral citado, que recabó el agente del Ministerio Público y al que hizo relación de su existencia la defensa del impetrante del amparo. - El perjuicio verificado (párrafo segundo, del numeral 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua), la sustentó en la documental pública consistente en el oficio emitido por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en que se indicó el monto al que, finalmente, fue condenada la persona jurídica colectiva xxxx, por la cifra de $979,898.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, al dictar el acto reclamado, el Juez responsable analizó correctamente la verificación de un hecho que Ley señala como delito (y sus agravantes), cuenta habida que en el estándar probatorio que se requiere en la etapa preliminar o de investigación, dentro del sistema penal acusatorio y oral, sólo implica que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que para ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del reformado artículo 20 constitucional, sea necesario que en la etapa de investigación tales datos constituyan prueba fehaciente para la legalidad de la emisión del auto de vinculación a proceso, pues para los efectos de este sistema judicial sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral. Conforme a lo anterior, desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de fraude procesal con penalidad agravada, en perjuicio de la víctima xxxxx, previsto y sancionado en el artículo 306 del citado ordenamiento, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la conclusión a la que arribó el responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado, porque de los datos que fueron en conocimiento del Juzgador se deducía la existencia de un hecho que la ley reputa como delito, consistente en que el aquí quejoso, xxxxx , se ostentó como trabajador de xxxxx , aun cuando, a juicio de la responsable, existían datos de prueba que evidenciaban la inexistencia de la relación laboral y que, a partir de esa simulación, obtuvo una resolución jurisdiccional dictada en el expediente 4/12/938 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua, que concluyó con un laudo condenatorio, por la cantidad de $979,898.00 (novecientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho 00/100 pesos moneda nacional), que fue pagada por la empresa referida; aun cuando, acorde con los datos de prueba allegados al Juez, el coimputado xxxx no laboró para la referida persona moral y a sabiendas de ello, procedió en conjunto con sus abogados y representantes xxx en todas y cada una de las etapas del proceso en la referida demanda laboral, con lo cual se obtuvo un beneficio que se consideró indebido, en perjuicio patrimonial de la víctima. En esta tesitura, en cuanto a la configuración del delito atribuido a la parte quejosa, este Juzgador no advierte lesión a sus derechos; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. Sustenta la anterior conclusión, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, de Noviembre de 2013, Tomo 1, materia penal, página 757, del siguiente rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS y SUBJETIVOS) y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos Con relación a la probabilidad de que los imputados participaron en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularla a proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación de los imputados en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar lo siguiente: [.] V. De los mismos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, se advierte al menos de manera probable hasta este momento procedimental, la probable coautoría de xxxx , en el hecho que la Ley señala como el delito que se tuvo por demostrado en el considerando anterior, a título de dolo, pues siendo integrante de esta Sociedad sabe que demandar a una persona moral en vía laboral, atribuyéndose el carácter de trabajador, y la moral en carácter de empleadora, siendo ajeno a la realidad esa circunstancia y con ello generar la tramitación de un procedimiento laboral que concluya con la emisión de un laudo, en el cual se ejecuta el contenido de la condena, que sería la cantidad de $979,898.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) es una conducta que la sociedad no acepta y que la Ley sanciona, y teniendo la capacidad biopsíquica del efecto y alcance en sus conductas, al menos se advierte hasta este momento procedimental, que en forma voluntaria se ubicó en ese presupuesto. Para concluir en esto, debemos tomar en cuenta lo siguiente: En su contra existen los señalamientos de xxxx Y xxxx , pues éstos al declarar ante el Ministerio Público, el día 16 de febrero de 2017. Y el segundo al ratificar su inicial denuncia, el día 17 de julio del año 2015, fueron tajantes en referir que: La persona que demandó a la empresa que al parecer es propiedad de S xxx, y que representó en el Juicio Laboral 4/12/0938, el señor xxx , fue el señor xxxxx. Señalamiento que proviene de dos personas que a través de sus sentidos percibieron los hechos que narraron bajo protesta de decir verdad, ante el Ministerio Público. A ello se suma el que haya aportado a la Carpeta de Investigación, por parte del Ministerio Público y del señor Defensor, la copia certificada del expediente 4/12/0938, de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje, de la cual se desprende que el día 26 de marzo del año compareció a través de xxxxx , xxxx , precisamente a demandar prestaciones laborales que no le correspondían, pues según se advierte de la Carpeta de Investigación del Ministerio Público, en ningún momento fue empleado de xxxxx . A ello se suma que el imputado, al declarar ante el Ministerio Público, en términos de los artículos 20 Constitucional, apartado B, fracción 11 y 298 del Código de Procedimientos Penales, haya manifestado por un lado, que efectivamente demandó a diversas personas morales. Segundo, dentro de ellas se incluye, pues se le cuestionó respecto a ellas, a xxxx, pues a todas las preguntas de la Representación Social refirió que ni sabe la ubicación, no conoce las instalaciones y no puede proporcionar dato alguno que permita ubicarlo al menos físicamente, desempeñando alguna función que en términos del artículo 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, le haya encomendado la persona moral xxxx, para que desempeñara xxxxx. Por último, ha de decirse que también existen los testimonios de xxxx y xxxx, ante el Ministerio Público, pues ambos son coincidentes en referir que efectivamente no existía alguna justificación legal para que xxxxx, al igual que ellos, demandara por la vía laboral a xxxx , lo que no se ha demostrado hasta este momento procedimental, más allá de toda duda razonable, es alguna causa de extinción de la acción penal o alguna excluyente del delito. [.] Este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, ya que con los datos de prueba que le narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que efectivamente existe la probabilidad de que el hoy quejoso, participó en los hechos configurativos del delito de fraude procesal con penalidad agravada, por sí mismo y en unión con diversas personas. Esto se centra en que los testigos de cargo que fueron compañeros de trabajo del hoy quejoso y lo ubican como una de las personas que también demandó al ingeniero xxxx o quien resultara responsable de la fuente de trabajo; también reseñaron no haber prestado su servicio para xxxx , y quienes refirieron no haber continuado la demanda en contra de dicha persona moral, a diferencia del ahora quejoso; asimismo, el imputado se trata de la persona que obtuvo laudo favorable dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, en el expediente 4/12/0938; de ahí que no exista duda en cuenta a la intervención del impetrante en la ejecución de los hechos que se les atribuyeron. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. A partir del anterior análisis, devienen infundados la totalidad de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, a los que se dará contestación en las líneas siguientes, aunque en orden diverso al señalado en la demanda de amparo. En sus conceptos de violación el impetrante aducen que, respecto del hecho por el cual se emitió el auto de vinculación a proceso ha operado (1) la caducidad y (2) la prescripción de los delitos de querella. Para tal efecto, indican que la demanda laboral que dio lugar al expediente del juicio laboral 4/12/0938, citado en la formulación de imputación, se radicó el veintiséis de marzo de dos mil doce. No asiste la razón a la parte quejosa, como a continuación se pone de relieve: 1. Caducidad. La parte quejosa afirma, erróneamente, que el delito de Fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua, es un delito de querella necesaria. El numeral 219 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua prevé los delitos perseguibles por querella necesaria: 219. Delito perseguible por querella. Es necesaria la querella y sin ella no podrá procederse contra los responsables, cuando se trate de delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria previsto en el artículo 188 del Código Penal, salvo cuando se trate de personas menores de edad, incapaces y adultos mayores, lesiones que tarden en sanar menos de quince días, lesiones que tarden más de quince días y menos de sesenta, peligro de contagio, amenazas, allanamiento de vivienda, despacho, oficina o establecimiento mercantil, revelación de secretos, estupro, abusos sexuales, excepto los contemplados en los artículos 174 y 175 del Código Penal, hostigamiento sexual, procreación asistida e inseminación artificial, en los términos del artículo 151 del Código Penal, privación de la libertad con fines sexuales, abuso de confianza, fraude, daños, con excepción de los contemplados en el artículo 237 del Código Penal, despojo y administración fraudulenta. Asimismo, se requerirá querella en los delitos de robo, robo de ganado y encubrimiento por receptación de éstos, cuando los mismos sean cometidos por el ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado. Igualmente, se requerirá querella para la persecución de terceros que hubiesen incurrido en la ejecución del delito con los sujetos que se mencionan con antelación. De esta transcripción se aprecia que el delito específico de fraude procesal no es de querella necesaria. No es inadvertido para este Juzgado Federal que en ese catálogo de delitos se encuentra el diverso de fraude; sin embargo, no puede confundirse pues el fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que es un delito contra la administración de justicia, según se aprecia del título vigésimo del Código Penal del Estado de Chihuahua denominado, precisamente, "delitos cometidos por particulares ante el Ministerio Público, autoridad judicial o administrativa". Por otro lado, el fraude, previsto y sancionado en el artículo 223 del mismo código punitivo estatal, es un delito patrimonial. Por tanto, no existe posibilidad de confusión y el delito de fraude procesal -por el que se formuló imputación al quejoso- resulte perseguible por denuncia, es decir, es un delito que se investiga oficiosamente. Además, esta diferencia resulta como consecuencia lógica de la clase de bien jurídico tutelado en cada delito: mientras que el fraude procesal protege, principalmente, la correcta administración de justicia, el fraude genérico tutela el patrimonio de las personas, el cual es un bien jurídico disponible para la víctima. Finalmente, con relación a la figura jurídica de la caducidad, conviene explicar que únicamente resulta aplicable para los delitos de querella, según se prevé en el Código Penal del Estado de Chihuahua: 110. Caducidad en los delitos de querella El derecho a querellarse por un delito que solo pueda investigarse a petición de la víctima u ofendido caducara en un año [.] Por tanto, el plazo de un año para que opere la caducidad no aplica al delito en estudio, que como se analizó, es perseguible oficiosamente, sin que requiera querella de parte ofendida. 2. Prescripción. La parte quejosa afirma, que ha operado la prescripción de la acción penal a su favor. Para verificarlo vale citar los artículos 108, 111 y 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua: 108. Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de: [.] III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado; 111. Prescripción según el tipo de pena La pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá: I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa. 306. Se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el salario a quien con el propósito de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive perjuicio de alguien o un beneficio indebido o mayor del que le corresponde, con independencia de la obtención del resultado, simule actos jurídicos o altere elementos de prueba. De verificarse el perjuicio o los beneficios a que se refiere el primer párrafo, las penas se incrementarán hasta en dos tercios. [.] Sobre la base de los preceptos transcritos, se colige que el plazo para que opere la prescripción en el delito por el que se formuló imputación a los quejosos (término medio aritmético de la pena privativa de libertad ya agravada) es de cinco años y cinco meses. En principio, es desacertado lo considerado por el quejoso en el sentido de que la prescripción debe computarse a partir de la fecha de radicación de la demanda laboral (veintiséis de marzo de dos mil doce), dado que la ley estatuye que la prescripción de la acción alegada se computa a partir del día en que se realizó la última conducta, que en el particular, resultaría a partir del día en que el imputado obtuvo el beneficio a que se refiere el primer párrafo del artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues el delito que se le atribuye hace referencia a que el delito de que se trata, para su configuración con penalidad agravada, requiere de la verificación de beneficio a favor del imputado; por ende, es obvio que en el presente caso no se actualizó la figura procesal de la prescripción, dado que el primer laudo se dictó el diez de septiembre de dos mil trece, mientras que la formulación de imputación se realizó el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, fecha en la cual aún no había transcurrido el plazo de cinco años y cinco meses necesario para que operara la aludida figura procesal. A mayor abundamiento, aun después de la fecha en que se dictó el primer laudo, se realizaron actos posteriores de ejecución, tales la promoción de diversos juicios de amparo directo y el cobro del monto a que fue condenada la persona jurídica colectiva víctima, hoy tercero interesada; por ende, la prescripción de la acción que se alega, tampoco podría computarse a partir de la fecha de presentación de la demanda. En mérito de lo anterior, lo alegado en torno a las figuras de la caducidad y la prescripción resulta infundado. De la misma manera y sobre la base de los anteriores argumentos, resulta infundado lo alegado por el quejoso en el sentido de que la denunciante carecía de legitimación para interponer la querella, dado que el delito de fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 306 del Código Penal del Estado de Chihuahua es perseguible de oficio y no por querella necesaria y, por tanto, cualquier persona puede presentar dicha denuncia sin que se requiera legitimación para presentar, precisamente, una denuncia. En relación al concepto relacionado con la credibilidad de los testigos xxxx a, la parte quejosa argumentó que, en realidad los cinco testigos sí fueron trabajadores de la persona jurídica colectiva víctima, contrario a la teoría del caso sostenida por la Representación Social del Estado de Chihuahua, y que, además, dichos testigos se desistieron de las demandas laborales, no obstante ".les da el reconocimiento de trabajadores de todos los testigos de cargo que se retractaron de sus dichos.". Lo alegado por la parte quejosa es infundado. En efecto, las circunstancias expresadas tienen su fundamento en apreciaciones de carácter personal, que no encuentran asidero en ningún dato de los expuestos a la autoridad responsable durante la audiencia. Por el contrario, en sus declaraciones, expuestas por el Agente del Ministerio Público, los testigos explicaron cómo desde un inicio su pretensión no era demandar a la persona jurídica colectiva, hoy tercero interesada, sino a quien ubicaban como su auténtico patrón, es decir,xxxx , como también lo señaló el propio quejoso ante la representación social. En consecuencia, fue correcto que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos no desestimara el testimonio de los referidos testigos, al no estar acreditado que sus declaraciones se encontraran influenciadas por algún motivo que mereciera restarles eficacia demostrativa; de ahí lo infundado del reseñado argumento. En diverso apartado, la parte quejosa aduce que el Juez de Control actuó erróneamente al realizar la valoración de los datos de prueba que le fueron puestos en conocimiento y, sobre esa base, resolvió el auto de vinculación a proceso. El concepto de violación es infundado. Con el propósito de evidenciar lo anterior, es necesario precisar que los numerales 35 y 236 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua estatuyen: 35. Resolución de peticiones o planteamientos de las partes. Todas las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas, requieran producción de prueba o cuando así lo disponga la ley expresamente, se resolverán en audiencia. Cuando así lo disponga la ley, se resolverán por escrito en un plazo máximo de tres días. Cuando alguna de las partes desee producir prueba en la audiencia, deberá ofrecerla en el escrito en el que solicite la celebración de la misma. Si la contraparte del solicitante es quien desea producir prueba en la audiencia, deberá ofrecerla por escrito antes de la celebración de la misma. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. Los medios de prueba que se desahoguen en una audiencia previa a la de juicio oral, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por la ley. 236. Valor de las actuaciones. Las actuaciones practicadas durante la investigación carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, salvo aquellas realizadas de conformidad con las reglas previstas en este Código para el anticipo de prueba, o bien, aquellas que este Código autoriza a incorporar por lectura o reproducción durante la Audiencia de Debate de Juicio Oral. Sí podrán ser invocadas como elementos para fundar cualquier resolución previa a la sentencia o para fundar ésta, en caso de procedimiento abreviado. De los dispositivos transcritos se deduce que el punto expresado por la parte quejosa se refiere la valoración de los antecedentes de investigación, los cuales son válidamente utilizados por el Juez de Control en el sistema penal acusatorio para fundar una resolución previa a la sentencia, en este caso, la resolución de vinculación a proceso; en esa medida, adversamente a lo señalado por los quejosos, el acto reclamado no es incongruente, pues el Juez no valoró directamente los antecedentes que se encuentran contenidos en la carpeta de investigación de forma directa, sino que a la luz de los datos de prueba narrados por el Representante social determinó el alcance jurídico de su contenido que, en unión con las declaraciones rendidas ante él, en la audiencia de Ley, resolvió el auto de vinculación a proceso tildado de inconstitucional; de ahí que carezca de razón lo sostenido en este aspecto. En diverso motivo de disentimiento, el quejoso adujo que no se valoró correctamente el dicho del testigo licenciado xxxx , quien dijo: en el sentido de que, con excepción de xxxx, en el resto de los trabajadores existía evidencia para acreditar legalmente una relación laboral para con xxxxx. El concepto de violación es infundado, al tenor de lo establecido en el numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua que estatuye: 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos. Con este argumento la parte quejosa pretende que, al estar acreditada la relación laboral de los testigos xxxx con la persona jurídica colectiva víctima, queda desvirtuada la teoría del caso de la Representación Social del Estado de Chihuahua; sin embargo, este planteamiento de la parte quejosa resulta errado, pues se centra en la situación jurídica de los juicios laborales de estos cinco testigos y no en la situación del juicio promovido por xxxx , el cual sí es parte medular de los hechos materia de la formulación de imputación sobre la que descansa el auto de vinculación a proceso reclamado. Por tanto, resulta irrelevante al caso determinar la situación que prevalece en los diversos juicios laborales, pues ello no debía ser materia de análisis en el acto dictado por la autoridad responsable, al encontrarse fuera de los hechos materia de la formulación de imputación y la respectiva vinculación a proceso decretada en su contra. Aunado a ello, según la declaración del testigo xxx , en el sentido de determinar si existía registro como empleados de los testigos xxxx ; ello constituye un tema ajeno a la materia de la litis natural. Igualmente, carece de sustento lo que se aduce en torno a que no se reconoce la autoridad de un laudo firme emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, contra lo que afirman el quejoso, la materia de análisis en este juicio de amparo es el contenido del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control, pues la función desplegada en el controvertido penal no consiste en revocar la determinación firme, sino en juzgar la conducta posiblemente indebida con la que se obtuvo dicha resolución, situación que sí es factible examinar y precisamente, esa es la razón de la existencia del delito en cuestión. Lo mismo sucede respecto de lo alegado en torno a que la teoría del caso del Ministerio Público lleva a considerar que el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito resultara partícipe del ilícito, el cual se trata de un argumento infundado, porque en este juicio de amparo no se analiza la actuación del representante social, sino la constitucionalidad del auto de vinculación dictado contra el quejoso; máxime que la teoría del caso que planteó el Ministerio Público fue que tanto el citado Tribunal Colegiado como la Junta laboral fueron engañados (y no partícipes dolosos) en relación a la conducta de los imputados; de ahí lo infundado de lo que se alega en este aspecto. En diverso argumento, el quejoso sostiene que la Representación Social fue omisa en exponer como antecedente de investigación, en beneficio del imputado, las copias certificadas consistentes en los diversos juicios laborales quebrantando así su deber de objetividad y además que estos datos no fueron abordados por la autoridad responsable. Lo alegado es infundado. En principio, es menester precisar que el acto reclamado lo constituye el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; no así la conducta procesal que asumió la Representación Social del Estado de Chihuahua ante la autoridad jurisdiccional; por ende, no se puede analizar la actuación de una de las partes en el juicio, como si se tratara de la autoridad responsable; de ahí que si el Agente del Ministerio Público fue o no omiso en exponer ciertos antecedentes de investigación ante el Juez responsable, ello constituye un aspecto ajeno a la litis constitucional que se analiza en el presente considerando. Además, la omisión de exponer dichos juicios por parte de la Representación Social del Estado de Chihuahua no es una conducta atribuible a la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Por el contrario, según lo establecido en el numeral 280, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua citado, es facultad del Ministerio Público la exposición de antecedentes: 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. [.] III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. [.] Siendo esta distribución de facultades, precisamente una de las características del sistema penal acusatorio pues, pretender que el Juez de Control decidiera cuáles antecedentes se exponen para sustentar la petición de vinculación a proceso sería tanto como que la autoridad jurisdiccional penal invadiera las facultades de la fiscalía. A mayor abundamiento, se precisa que para este tipo de inconformidades en la actuación de alguna de las partes procesales, la contraparte dispone del control horizontal y la igualdad de defensa para asegurarse de que el Juez de Control reciba la cantidad y calidad de información que su teoría del caso requiera. Sin embargo, dicho control horizontal debe ser ejercido precisamente en el momento de la audiencia (lo que no ocurrió) y, en todo caso, reclamar en amparo la resolución al respecto que emita el Juez de Control. Por último, conviene establecer que lo alegado en este aspecto fue materia de pronunciamiento en el cuarto considerando de esta sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio respecto del acto que se reclamó al citado Agente del Ministerio Público. En diverso motivo de disenso, el quejoso refiere que la autoridad responsable no valoró la documental pública consistente en la respuesta que formuló el Instituto Mexicano del Seguro Social Este concepto deviene infundado. Contra lo afirmado por los impetrantes del amparo, este Juzgado Federal aprecia que la autoridad responsable sí consideró dicho antecedente de investigación en los siguientes el auto de vinculación a proceso, como se advierte de las siguientes transcripciones: [.] 6.- Informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante oficio 089105910110/694-A, rendido por el Jefe de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Chihuahua, en relación al informe respecto a las altas en el sistema de empresas, de xxxx , a quien se le ha adjudicado como número de seguro social 33785308520. [.] Ha de decirse también, que existe el oficio expedido precisamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Chihuahua, Sub Delegación Juárez, por parte de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos, en la cual el día 27 de agosto del año 2017, en relación al reclamo que se generó en la Junta Local de Conciliación Arbitraje número 4, se pudo advertir que efectivamente existe con motivo de esa reclamación en contra de xxxx , el registro en ese Instituto Social, por parte de xxx , registro del señor xxx , dentro de sus trabajadores. Información pues, que proviene de Autoridades que actuaron en ejercicio y con motivo de sus funciones, cuya obligación es precisamente proporcionar datos al Ministerio Público, respecto a actividades propias de su actividad pública. El Ministerio Público le giró un oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, y éste contestó mediante el número 089105910110/694-A, el día 12 de febrero del año 2016, así lo informo el Licenciado de apellidos xxxx , Jefe de la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación aquí en Ciudad Juárez, en relación a la información sobre xxx , ante ese Instituto sí se encontraba registrado, y encontramos una contradicción, efectivamente en relación al oficio con el cual informó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de que sí formó parte de la plantilla laboral de xxxx , informó lo siguiente: Cuenta como altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el señor xxxx ... Mas en esa información no se incluyó a xxx , de ahí que la obligación del suscrito, a través de lo expuesto en esta Audiencia, sea dilucidar si hubo certeza en la información que se proporcionó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, o hubo certeza en la información que se proporcionó a la Fiscalía General del Estado. [.] Luego de esta última cita, la autoridad responsable procedió a estudiar este antecedente de investigación en relación con el resto del material aportado, es decir, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos no fue omiso en su estudio como incorrectamente afirmó la parte quejosa. Además, en el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social remitido a solicitud de la Representación Social del Estado de Chihuahua y con datos desglosados de cada posible patrón del ahora quejoso, se precisó que xxx nunca estuvo registrado como empleado de la persona jurídica colectiva víctima; por tanto, de ese informe se extrajo, como verdad histórica, que el coimputado xxxx , nunca estuvo registrado como trabajador de xxxx ; de ahí que el concepto de violación que se analiza deviene infundado. En diverso argumento, el sexto concepto de violación la parte quejosa refiere que el coimputado xxxx fue presionado al momento de declarar ante la Representación Social del Estado de Chihuahua y por ese motivo emitió las respuestas que tomo en consideración el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Lo alegado es infundado. Lo anterior es así, dado que simplemente se trata de una afirmación dogmática (que el imputado fue presionado) sin mayor explicación, que no encuentra sustento con alguna parte de los elementos de convicción desahogados o expuestos en las audiencias correspondientes. Más aún, el propio xxxx , no rindió declaración ante el Juez de Control en la que señalara que hubiera sido presionado al momento de declarar al momento en que se integraba la carpeta de investigación. En las relacionadas condiciones, al haberse realizado el estudio de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por los peticionario de amparo, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los numerales 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por xxxx contra el acto que reclamó de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A xxxx contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso pronunciado en la causa penal 899/2016, en los términos analizados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así, lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx , asistido del Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado xxx , hoy veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, LA SENTCNIA DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR XXXX CONTRA EL ACTO QUE RECLAMÓ DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LA JUSTICIA. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A XXXX CONTRA EL ACTO DEL JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CONSISTENTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PRONUNCIADO EN LA CAUSA PENAL 899/2016, EN LOS TÉRMINOS ANALIZADOS EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTA SENTENCIA.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, por medio del cual, como complemento del informe justificado, remite disco óptico que contiene según se desprende de la etiqueta, contiene el nombramiento de defensor en audiencia, formulación de imputación, declaración preparatoria, fecha para audiencia y medida cautelar, así como el índice cronológico de la causa penal *******, de su índice; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar en este Juzgado la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.rmi

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