Eduardo Guadalupe García Morales y Otros.

Expediente 746/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
746/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Guadalupe García Morales y Otros.
  • Eduardo Guadalupe García Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del párrafo segundo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General de referencia, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el quince de mayo de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 746/2017, promovido por Eduardo Guadalupe García Morales y Carlos Alberto de la Rosa González, contra actos del juez Primero de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, turnado a este juzgado, los quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. Los inconformes narraron los antecedentes de los actos reclamados, formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes y señalaron que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El veinticinco de agosto siguiente se registró la demanda bajo el orden 746/2017, y se previno a los amparistas a efecto de que manifestaran los motivos por los cuales habían señalado como autoridades responsables a determinadas de carácter judicial, en tanto no existía congruencia con los antecedentes narrados. IV. Desahogada la prevención, el cuatro de septiembre de este año se admitió la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. V. Mediante proveído de once del mes en cita (fojas 58 y 59) se requirió a los justiciables para que manifestaran si era su deseo señalar como autoridad responsable al juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con competencia en toda la República y residencia en esta ciudad, por ser quien había emitido la orden de arraigo de que se dolían; sin embargo, al no formular manifestación alguna, se hizo efectivo el apercibimiento con que se les conminó, por lo que se tuvo por precluido su derecho para tal efecto, precisándose que el presente asunto se resolvería por cuanto hace a las autoridades responsables por las que se admitió la demanda. VI. Una vez llegada la fecha de la audiencia constitucional, se difirió, y se llevó a cabo hasta esta data al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos impugnados. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis de los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son la orden de arraigo, y su ejecución, que se atribuyen a las siguientes autoridades: En carácter de ordenadoras: Jueces Primero a Sexto de Control del Centro Nacional de Justicia Especializados en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en esta ciudad. En calidad de ejecutoras: Procurador; Titular de la Policía Federal Ministerial; Subprocurador; Titular y agente del Ministerio Público de la Federación, ambos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; Titular y agente del Ministerio Público de la Federación, ambos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro; Estos cinco últimos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Agente del Ministerio Público de la Federación comisionado al Centro Federal de Arraigo; Director General Adjunto de los Centros Federales de Arraigo; y Encargado de la Dirección de Seguridad en el Centro Federal de Arraigo. Todas las responsables ejecutoras, de la Procuraduría General de la República; y Encargado de la Policía Federal Ministerial adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. TERCERO. La autoridad señalada en el inciso j), no existe, según se advierte de la razón actuarial de siete de septiembre pasado (foja 46); por tanto, no puede existir el acto que se le atribuye. Por otro lado, no son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables mencionadas en los incisos a) al e), la indicada en primer término en el inciso f), y la diversa destacada en el inciso g), pues así está demostrado en autos, sin que se advierta medio de convicción que permita establecer lo contrario. Bajo esas consideraciones, dada la inexistencia de aquella autoridad y de los actos reclamados de las restantes responsables apuntadas en el párrafo anterior, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. Es cierto el acto reclamado del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; director General Adjunto de los Centros Federales de Arraigo, y encargado de la Dirección de Seguridad en el Centro Federal de Arraigo, todos de la Procuraduría General de la República, consistente en la ejecución de la orden de arraigo, emitida contra los quejosos. No obstante, es innecesario analizarlo, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .". Bajo este marco jurídico, es claro que los Tribunales de la Federación conocen de los juicios de amparo contra normas generales, actos u omisiones, de las autoridades que violen derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección; esto es, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que el ente del Estado contra el que se sigue el juicio, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar una norma de carácter general o un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Precisado lo anterior, del material probatorio relacionado se evidencia que quien ordenó el arraigo de los peticionarios de amparo fue el juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con competencia en toda la República y residencia en esta ciudad, que no fue señalado como responsable en este asunto, no obstante que como se destacó, en proveído de once de septiembre pasado (fojas 58 y 59), se requirió a los justiciables para que manifestaran si era su deseo señalarlo como responsable, sin que hicieran manifestación al respecto, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento con que se les conminó, esto es, el presente asunto se resolvería únicamente respecto de las autoridades señaladas en el escrito de demanda. Por tanto, es incuestionable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia aludida, toda vez que no es jurídicamente posible examinar la legalidad de la ejecución de la orden de arraigo, si quien la emitió no fue llamado a juicio, sobre todo si la actuación de las autoridades que verificaron dicha orden no fue impugnada por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 1995, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS". En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto del acto de ejecución en cita. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero y cuarto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Guadalupe García Morales y Carlos Alberto de la Rosa González, contra la orden de arraigo, y su ejecución, que atribuyeron a los jueces Primero a Sexto de Control del Centro Nacional de Justicia Especializados en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en esta ciudad; procurador; titular de la Policía Federal Ministerial; subprocurador; titular y agente del Ministerio Público de la Federación, ambos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; titular y agente del Ministerio Público de la Federación, ambos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, estos cinco últimos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; agente del Ministerio Público de la Federación comisionado al Centro Federal de Arraigo; director General Adjunto de los Centros Federales de Arraigo; encargado de la Dirección de Seguridad en el Centro Federal de Arraigo, todas las responsables administrativas, de la Procuraduría General de la República; y encargado de la Policía Federal Ministerial adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. Respecto de la copia que solicita, con apoyo en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa una vez que se dicte la sentencia respectiva, previa razón que por su recibo conste en autos.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que aún no transcurre el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, a las diez horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

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