Eduardo Estrada Granados
Expediente 417/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/12/2023
Partes del expediente
- Eduardo Estrada Granados y Otros.
- Eduardo Estrada Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Los quejosos en cita, por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Quinto de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, que estimaron violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.? El Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a quien por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, lo radicó bajo el consecutivo 290/2023; admitió la demanda; abrió por duplicado y separado el incidente de suspensión al haber solicitud expresa; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete; y, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Durante la sustanciación del juicio, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, rindió su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. El Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, planteó a este juzgador el previo conocimiento del asunto, toda vez que con anterioridad se radicó y resolvió un asunto relacionado con la causa 28/2012 del índice de la autoridad responsable. QUINTO. Este juzgador, por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento del asunto planteado; lo radicó bajo el consecutivo 417/2023 y reservó emitir mayor pronunciamiento hasta que se realizara la revisión total de las constancias remitidas. Una vez hecho lo anterior, por acuerdo de treinta de mayo siguiente, se señaló nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, enteró a las partes procesales del conocimiento aceptado, dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin que fuera necesario solicitar los informes justificados, debido a que ya habían sido rendidos. SEXTO. Una vez que el juez responsable remitió las constancias de las que deriva el acto reclamado, se emplazó a la víctima de identidad reservada con iniciales M.PJ.F., en su calidad de tercero interesada. SÉPTIMO. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en sus primeras dos etapas, de pruebas y alegatos, misma que se celebró al tenor del acta que antecede, que concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Este juzgador es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en razón de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial en materia penal, que tiene ejecución en la Ciudad de México, donde ejerzo jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del? Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en principio debe hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que los peticionarios de amparo reclaman del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, la resolución de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 28/2012, en que se determinó improcedente su solicitud de cese o modificación de la medida cautelar impuesta. TERCERO. Respecto a la oportunidad de la demanda, es conducente destacar que los quejosos tuvieron conocimiento del acto reclamado el ocho de marzo de dos mil veintitrés; de ahí que el plazo genérico de quince días que prevé el artículo 17, párrafo primero, de la ley de la materia, transcurrió del diez de ese mes al tres de abril, con exclusión de los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo, por haber sido inhábiles, con fundamento en el artículo 19 de la ley de la materia, así como el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo; mientras que los quejosos instaron la acción constitucional el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. CUARTO. Es procedente el presente juicio, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el auto impugnado fue emitido por una una autoridad judicial de la Ciudad de México, con efectos de imposible reparación como lo es la afectación a la libertad personal de los quejosos. QUINTO. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con el anexo que remitió en apoyo al mismo; documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En relación con la videograbación, es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, Libro XXIII, Tomo I, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMATICOSALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE CONO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." SEXTO. En el caso, es innecesario transcribir el acto reclamado y los conceptos de violación contenidos en la demanda, al no existir algún precepto en la ley de la materia que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencia', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Para mejor comprensión del asunto, se considera conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del caso en análisis: 1. Edna Tapia Guzmán, defensora pública federal de Ricardo y Eduardo, ambos de apellidos Estrada Granados; por escrito de veintisiete de abril de dos mil veintidós, solicitó al Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, conforme al artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cese de la medida cautelar de prisión preventiva que les fue impuesta a los quejosos Ricardo y Eduardo, ambos de apellidos Estrada Granados, del auto de formal prisión dictado el nueve de mayo de dos mil veintidós, por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande, en auxilio del juez mencionado, a virtud de que la misma ha excedido el plazo razonable. 2. El juez responsable tuvo por interpuesto el incidente no especificado para el cese o modificación de la medida cautelar impuesta; por lo cual, otorgó a los quejosos el término de tres días para que manifestaran si se adherían o no la pretensión realizada por su defensora. 3. El dieciséis de junio de dos mil veintidós, se tuvo por desahogado el anterior requerimiento, por lo que se ordenó la tramitación del incidente relativo a la revisión de la medida cautelar impuesta y se dio vista a las partes a fin que dentro del plazo de tres días, se pronunciaran en cuanto al incidente. 4. El veintiséis de enero del dos mil veintitrés, el juez responsable señaló las nueve horas con treinta minutos del ocho de marzo en año en curso, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de revisión de medida cautelar. 5. En esta última data, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, desarrolló la audiencia conforme a las reglas indicadas por el Código Nacional de Procedimiento Penales, en la que concedió el uso de la voz a las partes, quienes expusieron sus argumentos y, una vez cerrado el debate, estableció que para el cese de la medida cautelar, se debían analizar los siguientes elementos: - La complejidad del asunto; - La actividad procesal del interesado; - La conducta de las autoridades; y - La necesidad de que se continúe con la medida cautelar. Por lo que concluyó que no era procedente el cese de la medida cautelar, por las siguientes consideraciones: (i) Los procesados -aquí quejosos-, se encuentran inmiscuidos en tres delitos consistentes en violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro; así como portación de arma exclusiva del ejército, armada o fuerza área, por lo que refirió que estos elementos permitieron determinar la complejidad del asunto. (ii) Dentro de la causa existe actividad probatoria constante de los procesados, la cual surge durante su internamiento; de tal manera que el tiempo que éste se ha prolongado, es en ejercicio de su defensa y no es atribuible a las demás partes; asimismo, los medios de convicción pendientes de desahogar, consisten en la ampliación de las declaraciones de ciertos elementos aprehensores, algunos de los coprocesados y los careos que sostendrán entre estos y los aprehensores. Asimismo, justificó que durante todo el proceso se han desahogado la ampliación de declaración de los policías, de la víctima, diversos testimonios de descargo, dictámenes en diversas materias y el protocolo de Estambul. (iii) La evaluación de riesgo de que los procesados se sustrajeran de la acción de la justicia, puesto que el domicilio en que residirían se encontraba asegurado; por lo que existía imposibilidad material y jurídica para que habitaran en el mismo. (iv) No existe documento probatorio que vislumbre el lugar en que laborarían y que fuera una actividad lícita a la que se dedicarían. (v) Las penas que, en su caso, les fueran impuestas a Eduardo Estrada Granados, pueden alcanzar de cincuenta a cien años de prisión y a Ricardo Estrada Granados, podría ser de cuarenta y siete años; por lo que los once años que llevan recluidos no las exceden; además, en caso de que resultaran responsables, no tendrían acceso a beneficios, lo que no garantiza la comparecencia de los incidentistas al proceso. Asimismo, aclaró que no se trata de una sentencia anticipada, sino únicamente datos que se deben considerar para analizar si es posible que se logre la comparecencia de los implicados. (vi) La necesidad de que se prolongue la medida obedece a su falta de arraigo, de empleo y a la serie de restricciones que existen para acceder a ciertos beneficios. Lo anterior, toda vez que si no pueden ser localizados ni familiarmente, ni laboralmente, no se cumplirá con el fin legítimo, pues se suspendería el procedimiento, dado que es el efecto de no estar sujeto a proceso. Concluyendo que se tiene por justificada la duración y permanencia de la prisión preventiva, dado que es el tiempo que se ha empleado en el ejercicio del derecho de defensa de los procesados. Siendo esta última determinación, la que constituye el acto que por esta vía se reclama. OCTAVO. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia; asimismo, este juzgador no advierte de oficio la actualización de alguna; por tanto, procede el análisis de la constitucionalidad de la resolución controvertida. I. A. En principio, debe indicarse el contenido de los artículos 18 primer párrafo, 19 y 20 apartado A, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, los cuales a la letra indican: "ARTÍCULO 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados (.)". "ARTÍCULO 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Todo maltratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.". "ARTÍCULO 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: (.) X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna. (.)". De los numerales descritos, se advierte la manera en que se encontraba establecida dentro de nuestro cuerpo constitucional la figura de la prisión preventiva y su duración, el cual regía el sistema procesal penal inquisitivo. Sin embargo, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se suscitó la conocida como Reforma en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, que implicó una serie de modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales incluyeron cambios, entre otros numerales, al 18, 19 y 20, orientados a transitar de un sistema de justicia penal inquisitivo a uno acusatorio y oral, cuyo objetivo consistió en garantizar un proceso más transparente, rápido y eficiente; además de fortalecer las garantías procesales y los derechos humanos de los imputados. Además, se enfocó en mejorar la protección de las víctimas y testigos, así como fomentar la justicia más accesible y comprensible para la sociedad en general. Derivado de dicha reforma constitucional, los dispositivos arriba enunciados, fueron reformados para quedar en su redacción actual, de la siguiente manera: "ARTÍCULO 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. (.)". "ARTÍCULO 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades". "ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.". (Lo subrayado es propio) Es así que la reforma constitucional apenas aludida, requirió de la unificación de los procedimientos penales en todo el país para garantizar un sistema de justicia más eficiente; por lo que para cumplir con dichos objetivos, se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene un conjunto uniforme de ordenamientos aplicables en todas las entidades federativas en materia común y en el ámbito federal; reemplazando así a los diversos códigos existían en los diferentes estados de la república. Dicho código nacional fue promulgado el cinco de marzo de dos mil catorce; sin embargo, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se reformó para ajustar y clarificar diversos aspectos del sistema de justicia penal acusatorio. Así, debe destacarse que en los artículos transitorios del Decreto que contiene dicha reforma, se incluyeron tópicos relacionados con la entrada en vigor de la reforma, la adaptación de los procesos penales en curso a las nuevas normativas, ajustes administrativos y financieros para la implementación del Decreto, y la revisión de medidas cautelares y de prisión preventiva en procesos iniciados previo a la reforma. Estas disposiciones transitorias aseguraban una transición gradual y ordenada hacia las nuevas disposiciones legales, garantizando la continuidad y coherencia en el sistema de justicia penal. En esas condiciones, es indispensable hacer mención del contenido del artículo Quinto Transitorio, de la aludida reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, cuyo contenido dispone: "QUINTO. Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el Juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado código.". (Lo resaltado es propio) En esas condiciones, debe indicarse que para que se realice la imposición, revisión, sustitución modificación o cese de la prisión preventiva impuesta dentro del sistema procesal penal tradicional, se deberá hacer a la luz del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 453, libro 47, Tomo I, Octubre 2017, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita.". Conforme a este criterio, es claro que la autoridad judicial que conozca de un proceso penal seguido bajo las normas adjetivas que regían el sistema penal inquisitivo, cuenta con la facultad para pronunciarse respecto de la modificación, revisión o cese de la prisión preventiva; para lo cual, invariablemente, deberá ajustarse a las disposiciones establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la revisión de la prisión preventiva puede efectuarse en diversos supuestos, que implican estudios diferentes entre sí, dependiendo de la situación que plantee el promovente: 1. Cambio en las circunstancias o condiciones. 2. Exceso del plazo máximo establecido. Para abordar el presente asunto, debemos enfocarnos en el supuesto indicado en numeral 2, consistente en que se solicitará la revisión de la prisión preventiva cuando ésta exceda los plazos legalmente establecidos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2839, libro 13, tomo III, Mayo 2022, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y contenido: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable.". (Lo resaltado es propio) En esas condiciones, cuando la petición de la revisión de la prisión preventiva verse sobre su prolongación más allá del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, y que en ningún caso sea superior a dos años, el juzgador que resuelva sobre tal solicitud, en principio, deberá corroborar que se prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa; pues de no ser así, debe considerarse injustificada la prolongación de su internamiento preventivo. Una vez superado lo anterior, la autoridad judicial habrá de valorar las circunstancias que las partes expongan y someterlas a un escrutinio estricto, abordando para ello los siguientes puntos: 1. La complejidad del asunto. 2. La actividad procesal del interesado. 3. La conducta de las autoridades. Con base en el análisis de estos aspectos, el juzgador de causa habrá de determinar si procede ordenar la libertad del imputado e imponer otras medidas, de las contenidas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que garanticen la presencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, testigos y comunidad. En conclusión, el juez de proceso debe atender el tipo de petición planteada por la parte imputada y una vez establecida su naturaleza, proceder al análisis conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esas condiciones, si la solicitud se trata de la revisión de la prisión preventiva por haber transcurrido más de dos años de su imposición, se habrá de analizar estrictamente si las condiciones para su permanencia o prolongación se encuentran debidamente justificadas, y de no ser así habrá de ordenarse el cese de la medida y optarse por una diversa mientras continúe el proceso. II. En el caso, como se desprende de los antecedentes expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. La defensora pública federal de los aquí quejosos, solicitó esencialmente al Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, conforme al artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cese de la medida cautelar de prisión preventiva a virtud de que la misma ha excedido del plazo razonable. Es así que el Juzgador responsable, por determinación emitida en audiencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés, abordó la petición conforme lo rige la jurisprudencia 32/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -citada en el inciso B, de este considerando-, por lo cual adoptó la mecánica ahí establecida e indicó en lo que interesa: "(.)En cuanto a la complejidad del asunto, tal como refirió la representación social de la Federación, en lo relativo a las características del hecho delictivo, en este caso, esta causa penal está seguida contra cuatro procesados, entre ellos, dos de los que solicitan la revisión de la medida cautelar, de tal manera que este es un elemento en el cual genera cierta complejidad en el trámite de este asunto, además también tres delitos por los cuales se está siguiendo a título probable a los procesados, en el caso de uno de los solicitantes por tres ilícitos y respecto del otro solamente dos delitos, el primero es VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN LA MODALIDAD DE SECUESTRO, estos dos delitos se le atribuyen a ambos incidentitas, y respecto a uno también se le atribuye el de PORTACIÓN DE ARMA DE USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA. Este es un elemento que se debe de considerar en cuanto a la complejidad del asunto pues están inmiscuidos tres delitos que se les atribuye en los que incurrieron respectivamente los procesados. También una situación inherente a este tema, es el relativo a que el propio delito de delincuencia organizada establece ciertos elementos que impactan también en apreciar esta complejidad, esto es de acuerdo al artículo 2 de esta Ley Especial, el cual establece que para acreditar este delito deben de ser tres o más personas, en el que debe acreditarse una organización y las conductas deben de ser unidas entre sí y tener una finalidad de cometer alguno de los delitos. Estos elementos sí advierten una complejidad en este asunto; por lo que este es el panorama respecto al hecho delictivo y que si advierten cierta complejidad, sobre todo que la representación social de la federación precisó en qué consistía este hecho delictivo, a lo que expusieron un hecho en el que fueron aprehendidos los dos procesados junto con otro más en una situación de flagrancia, cuando supuestamente tenían privada de su libertad a una persona, de tal manera que este hecho como tal a la luz de los requisitos que amerita la delincuencia organizada, da cuenta de esa complejidad que debe de imperar para generar los escenarios de acreditar estos elementos; esto da la pauta a que precisamente estas situaciones dan lugar al empleo de un tiempo razonable para analizar y desahogar las pruebas, de la defensa y la representación social de la Federación. En cuanto a la extensión de las investigaciones, la defensa aludió que en lo relativo a la investigación de estos delitos ya no se podría justificar lo que le llaman un fin legítimo de la prisión preventiva en lo relativo a la necesidad de ésta, porque la etapa de investigación ya se llevó durante la averiguación previa, de tal manera de que si ya estamos en el proceso ya no se está realizando una investigación, y este escenario nos lleva en lo relativo a este rubro, a lo que no podría considerarse un tiempo empleado para la duración de la prisión preventiva; al respecto, esta situación se estima es inexacta, porque el artículo 1, fracción III del Código Federal de Procedimientos Penales, es el que rige el procedimiento, en el que se establece que en la etapa de instrucción, que es en la que nos encontramos y de la cual no hubo debate, abarca las diligencias practicadas ante los tribunales, con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, entonces, tenemos que todavía se está averiguando este tema, y dice, averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que se cometieron y las peculiaridades del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal en éste. De tal manera que este artículo da la pauta de que estamos generando pruebas de investigación con relación a las conductas que se están atribuyendo, de tal manera, se procederá a analizar esta extensión de las investigaciones. En principio se señala que no hay duda que hay una actividad probatoria activa, tanto de la defensa como de los procesados, aun cuando refirieron que en estos tres últimos años no han realizado un ofrecimiento de pruebas o una actividad tan activa con relación a las pruebas; a lo que según lo refirió la representación social de la Federación, existen algunas pruebas pendientes de desahogar, ampliaciones de declaraciones de los aprehensores, careos procesales que resulten de las ampliaciones de los aprehensores; de tal manera que esta situación genera un contexto de analizar si en estos tres últimos años ha sido inactiva esa situación; ahora, de acuerdo a los datos de prueba invocados no advierto una situación inactiva de tres años a la presente data; además, esta causa se sigue a los cuatro procesados y, como lo refirió la representación Social, no hay una separación de autos es una sola causa penal, de tal manera que la injerencia en cuanto al desahogo de las pruebas, en este caso, incluso tenemos esta prueba de ampliación de declaración de los procesados, los careos entre los propios procesados y los aprehensores, efectivamente, esto nos da cuenta que sí existe una situación activa, pues, se han desahogado ampliaciones de policías, de la víctima, ha habido testimonios de descargo, una serie de dictámenes de diversas materias, esta situación no da cuenta que sí ha sido activa. Otra cuestión que se debe considerar, es el conflicto competencial, desde que los detuvieron hubo un conflicto competencial y según refirieron, durante el tiempo que se resolvió la solicitud de los propios procesados, manifestaron que no querían que se desahogaran pruebas, hasta en tanto se definiera quien era el que fuese el competente; esta situación originó una suspensión, sin que precisaran el tiempo, sin que alguna de las partes o del juzgado lo hubiere generado, sino la manifestación que hicieron para que no se desahogaran pruebas hasta que se resolviera sobre la competencia; otro tema importante, es lo relativo a que conforme ha transcurrido el plazo del desahogo del proceso que según refirió la defensa, ellos fueron detenidos el diecisiete de febrero de dos mil doce y a partir de ese año, a la fecha ya llevan más de diez años, lo que evidentemente rebasan los dos años que se requieren para la revisión. También en lo relativo a la situación que durante el trascurso de este tiempo ha habido situaciones de dictámenes en materia de protocolo de Estambul, además en cuanto al estado procesal de la causa, una serie de dictámenes que se han ratificado, y esto cobra importancia porque la situación de observar los temas de tortura como violación de derechos humanos que impactan en el procedimiento; a través de diversas tesis que hace la Corte Nacional, la primera del año de dos mil catorce de rubro. "TORTURA SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBISION "TONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO MIENTRAS QUE SUS CONSECUENIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO"; ahí nos estableció que en caso de alegación de tortura había una dualidad, se tenía que investigar para el caso de que impactara en el proceso como violación de derechos humanos; al respecto fue dos años después de la detención, pues según lo refirieron fue en el año dos mil quince promovieron estos dictámenes del protocolo de Estambul, que finalmente hasta el dos mil dieciocho se ratificaron, no dieron cuenta si se los practicaron a todos los procesados o solo a los incidentistas, sin embargo, sí se aprecia que este tipo de violación procesal repercute en todos los procesados, pues como se mencionó el proceso penal es único, no tenemos una separación de proceso, lo que impactaría el resultado de esta situación; es más, en el año dos mil dieciséis surgió una jurisprudencia donde se establece la obligación de los Juzgadores de investigar la tortura como violación de derechos humanos por que en caso de no hacerlo así, se determinaba una reposición de procedimiento para ese efecto concretamente 10/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE."; estas situaciones también fueron en esta actividad probatoria activa tanto de la defensa como de los procesados, con motivo de esta jurisprudencia que surgieron en el año dos mil catorce y dos mil dieciséis, fueron observadas durante su estrategia de defensa; también se tiene lo relativo a la ratificación de dictámenes que generó un criterio que de no generarse una ratificación, se tendría que reponer el procedimiento, esta jurisprudencia fue un criterio por parte de la primera sala con número de registro 2028490, a partir de esta circunstancia se generó esta situación de ratificar los dictámenes. Aunado a esto, también se debe de observar que en esta extensión de las investigaciones que se han realizado tenemos el tema de los careos procesales que de manera oficiosa se tienen que practicar de acuerdo a la jurisprudencia que ha emitido la Primera Sala con registro 185435, de rubro: "CAREOS PROCESALES EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO CUANDO ADBIERTA LAEXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICÓN EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO"; esta es una cuestión que advierte que ha habido extensión de la investigación por estas situaciones. También tenemos que se ha impugnado el desechamiento de pruebas, según lo refirió la representación social de la federación y respecto a esto no hubo cuestión de debate o que se hubiese desvirtuado por parte de la defensa donde hubo un desechamiento de pruebas y acudieron a la apelación para generar la decisión confirmar ese desechamiento de prueba. También la defensa alegó que acudieron a la por una solicitud de no cambiar a la defensora en ese momento, de tal manera, también esto da la pauta de la extensión de las investigaciones, aunque no lo definieron también se emplea un plazo prudente para efecto del desahogo de las pruebas, todo eso da la pauta de los veinticuatro tomos que consta la presente causa penal, todo esto materializa la extensión de las investigaciones que se han realizado y que están incluidas en estos veinticuatro tomos. También está el tema de la pandemia, de si hubo o no una suspensión por parte del Juzgado, según se advierte de lo reportado, no hubo una suspensión como lo dijo la defensa, de los términos constitucionales, de tal manera que se debía de considerar y la representación social de la federación dio cuenta que al menos durante la pandemia que fue de marzo de dos mil veinte a noviembre de dos mil veintidós con relación a los acuerdos generados por el Consejo de la Judicatura Federal, no se dejó de actuar en este procedimiento y de la cual tampoco hubo debate; esta situación también da cuenta de la extensión de las investigaciones aunado a los dos traslados de los procesados, uno del CEFERESO de Guasave Sinaloa y otro en donde se encuentran en Michoacán y al menos uno de los procesados refirió que durante ocho meses no se pudieron desahogar algunas pruebas porque no habían las condiciones para hacerlo, aunque no aportó mayor dato; no solamente influyó en el tema relativo al lugar donde se encuentran recluidos, sino también la precariedad o la falta de instrumentos que incluso no serían atribuibles a los procesados, pero tampoco la autoridad jurisdiccional o a la representación social de la federación, es más, los límites para satisfacer algunas situaciones por parte de los penales, pues también estrían restringidas en temas presupuestales, y no se tiene ningún elemento probatorio donde se desprenda que durante estos ocho meses este penal de Guasave Sinaloa sí contaba con recurso y que fue por una cuestión atribuible a ello, más bien es una cuestión que influye en esta situación; en cuanto a ello, también se indica que los demás cooprocesados están en el Altiplano, lo que genera logística de programación de diligencias y justifica la extensión de las investigaciones para desahogar las pruebas, de tal manera que también se debe considerar, que se han ampliado los plazos correspondientes para coordinar no solamente una sede, sino dos sedes y la tercera que es este Juzgado donde se encuentran los defensores, la representación social de la federación y la parte coadyuvante; a lo que se menciona que es cierto que no es atribuible que los procesados que se encuentren en diversos lugares, pero es una situación que está establecida en la legislación Constitucional en el artículo 18 donde se establece que por el delito que se les atribuye, se establecen centros especiales, también hay un derecho del cual está restringido que puedan estar en prisión preventiva, dentro o cerca del área donde tienen sus domicilios; de tal manera que estas restricciones, aunadas a las de ciertas comunicaciones solamente con su defensor, previstas en el artículo 18 Constitucional, son un elemento adicional para establecer este tema; con base en esto se advierte, como lo dijo la defensora, que no solamente hay un solo factor que ha generado esta situación de más de diez años en que han estado en prisión preventiva y que ha durado el trámite de la instrucción. En cuanto a la dificultad probatoria, se destacan algunas situaciones que pueden ser de matera (sic) material, según lo refirieron, algunas probanzas no se desahogaron porque las partes no asisten, y se genera esta demora; esta es una dificultad probatoria que se presenta incluso por la distancia, pero es una restricción prevista en el artículo 18 Constitucional para los procesados por el delito que se les atribuye, también la situación que ha referido la asesora, que la víctima no ha asistido a la diligencias por temor, hubo una apelación donde se declaró la imposibilidad jurídica para que acudiera esta víctima; también, otra situación es el protocolo que aludió la representación social de la Federación, donde en los dictámenes indican una apreciación colegiada para su implementación y estas condiciones también para el examen de los mismos, esta situación del protocolo se realizó en el dos mil quince a dos mil dieciocho; en cuanto a la imposibilidad de que algunas pruebas deban desahogarse con la totalidad de los aprehensores, que por estrategia de defensa y de los procesados de que estuvieran todos los aprehensores para efecto de desahogar las pruebas inherentes ofrecidas por ellos; de tal manera que esto genera también un tema de que si a solicitud de ellos han pedido ese diferimiento de prueba han generado este dificultad probatoria; en cuanto a los exhortos también, estos mecanismos jurídicos que se tienen para solicitar el auxilio, también genera dificultad en el asunto. En cuanto a la actividad procesal, en resumen es una actividad procesal por parte de la defensa activa, con los criterios que han ido surgiendo durante su reclusión, de tal manera que esas estrategias de defensa también han acuñado estas situaciones, por lo que debe de evidenciar una actividad procesal, pero sobre todo, que todavía están pendientes algunas pruebas, como la ampliación de declaración de ciertos aprehensores, algunos de los cooprocesados y los careos que surgirán entre estos coprocesados y los aprehensores, de tal manera que esta situación nos da cuenta de esta actividad procesal. En cuanto a la conducta de las autoridades, la representación social de la federación manifestó que ha sido diligente, profesional, que a cada escrito ha recaído un acuerdo en donde los tiempos que se establecen que las diligencias, algunas se han diferido pero que no son imputables al Juzgado y a la representación social de la federación, si no a terceros, a testigos a aprehensores que no comparecen por muchas situaciones que se van generando. En este rubro, se genera un tema donde la defensa manifestó que la actuación del Juzgado no había sido diligente en conducción del proceso; y esta situación, en este caso se considera desestimada, porque no señaló en qué casos no ha sido diligente este Juzgado, no invocó los datos de prueba para evidenciar que no hubo un actuar diligente por parte de este Juzgado, lo cual no se tiene por acreditado; además que según por la pandemia, como lo mencionó la agente del Ministerio Publico de la Federación, si a eso se refería en ese lapso, el tema es precisamente que se estuvo trabajando bajo los lineamientos de esta cuestión; esto nos lleva a este plazo que nos da la pauta de que estos diez años se han generado por todas estas circunstancias. En cuanto a la necesidad, en caso de considerar que debe de cesar esta prisión preventiva, se aludió a la evaluación de riesgo, este es un elemento de prueba que está en los autos y en este caso, se indicó algo muy significativo que es el tema del domicilio, respecto a ello, la defensa dijo que había estado asegurado y que incluso está sujeto a un procedimiento, nadie más aportó datos sobre ese tema y que por tanto en ese domicilio no era posible, que en caso de que se decrete el cese, y se cambie la medida cautelar diversa, ahí llegarían a vivir los procesados; precisamente hay una situación material y jurídica que daría pauta a esto, no se tomarán en cuenta lo manifestado por la representación social de la federación, en el entendido de que si ese domicilio tiene un contexto delictivo, no se considera, lo que se considerará es lo objetivo, que es precisamente lo que aludió la propia defensora, de qué cuál es el domicilio para el caso de que salgan, para ese tema hubo un dato de prueba que aludió la defensora que es un comprobante de domicilio de teléfono, que según la lectura que dio no estaba a nombre de ninguno de los procesados, sino de un familiar de estos, sin embargo aunque ella refirió que era un domicilio donde iba a llegar a vivir, ese documento por sí solo es insuficiente para acreditar el alcance probatorio que se pretende con tal dato de prueba: lo que justifica es que efectivamente hay un domicilio que tiene ese servicio y este último está a nombre de esa persona, pero no hay dato de prueba donde se hubiese señalado que ahí iban a vivir los procesados para el caso de que se hubiese generado el cambio de medida. Otro tema importante, es que no allegaron de pruebas de que en caso de que se cambiara esta medida cautelar de prisión preventiva, tendría definido el domicilio en donde iban a estar los procesados, así como la cuestión laboral, solamente refirieron que uno de ellos trabajó en la Marina, y respecto del otro no manifestaron donde trabajaría, de tal manera que tampoco se advierte algún tema relativo de que si se modificara esta medida cautelar, tendría ubicado bajo una situación laboral alguna cuestión de certeza donde se desempeñarían; además, que debía de ser un trabajo lícito, para no generar ningún tema como los aludidos donde se hacían apreciaciones de que saldrían y se reunirían con miembros de la delincuencia organizada o del conglomerado delictivo que se les atribuya; esta situación tampoco se considera, dado que como lo dijo la defensa es una apreciación de la representación social de la Federación que pudo haber sido cierta. sin embargo no se aportaron los datos de prueba para este contexto, de tal manera que también se considera debido a que esta necesidad de la cautela implica que de acuerdo al artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar que, en su caso, se llegue a determinar si cesa o no y en su caso si se prolonga, este elemento nos da el indicativo de que se considera que conforme al artículo 153 del ordenamiento en cita, la medida cautelar debe asegurar al imputado, respecto a esto, no obra ninguna referencia probatoria, a saber, de dónde vivirán y de una actividad lícita a la cual se dedicarán. Otro tema importante, es los delitos que se les atribuyen a titulo responsable, según me refirieron en el caso EDUARDO ESTRADA GRANADOS por ser un miembro de la Marina, la pena que puede alcanzar por el delito de secuestro es de cincuenta a cien años, por ser miembro de una fuerza castrense, de tal manera que esto da la cuenta de que al menos la pena máxima que serían cien años no excede aún los once años que llevan de prisión preventiva y, en el caso de RICARDO ESTRADA GRANADOS aludieron que los delitos por los cuales se le podría imponer, sería una sanción de cuarenta y siete años, en este contexto no se está aludiendo o generando ya una sentencia, son los datos que arrojaron y que se deben de considerar para ver si es posible que se logre la comparecencia de los incidentistas en el proceso; esta situación es según los delitos que se le atribuyen a los procesados y según las penas que se han señalado, no tendrían acceso a los beneficios, en caso de resultar sentenciados, a saber, los beneficios de los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, cuya sustitución de la pena y la condena condicional, así como los previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en el caso son el artículo 137 (libertad condicionada), 141 (libertad preparatoria), la libertad por razones humanitarias previstas en el artículo 145, sustitución de la 14 ESTADOS pena en términos del artículo 144 y 146 de preliberación por política criminal; dado que todos estos beneficios están proscritos para personas que sean sentenciadas por los delitos de delincuencia organizada o de secuestro o privación ilegal de la libertad; conforme a este conglomerado y los datos que prueba se advierte que en este caso los temas relativos a la complejidad del asunto, la actividad procesal de los interesados y la conducta de las autoridades, en general que está justificada esta duración de más de diez años, incluso por las pruebas pendientes de desahogarse, por lo que no ha lugar al cese de la medida cautelar, porque precisamente el tiempo empleado ha siso bajo ese contexto del ejercicio del derecho de defensa, lo que ha sido atribuible a las partes. Sin embargo se debe dejar patente que no se tienen elementos para considerar que por esa circunstancia pudiera generarse este cese de la medida cautelar; en cambio, sí se cuentan con elementos para establecer que debe de prolongarse, ello porque continúan realizado esta gestión de pruebas a fin de Das generar la condición dentro del proceso. Y en cuanto a la necesidad de que se continúe con la medida cautelar, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 153, es asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido y testigo y evitar la obstaculización del proceso; ante ello no se cuenta con domicilio en el cual habitarán, donde pudieran ser localizados a las posibles sanciones, incluso mínimas que puedan lograr a imponerse y la serie de restricciones que existen para acceder a ciertos beneficios, generan datos de que sí se prolongue la prisión preventiva, porque con eso no habría una obstaculización en el proceso, en la medida de que si alguno de los inculpados no puede ser localizados ni familiarmente ni laboralmente, no se cumpliría con este fin legítimo, pues se suspendería el procedimiento, porque ese es el efecto de no comparecer. También esta situación observa esta los principios de excepcionalidad, porque es cierto que la regla general es la libertad de los procesados, sin embargo esta medida cautelar es la excepción, bajo ese contexto se advierte la necesidad de prolongar la medida cautelar de prisión preventiva a fin de asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar la obstaculización del procedimiento. En cuanto a la necesidad, es indispensable seguir esta medida cautelar y en este caso también se demuestra, dado la ausencia de datos de certeza de dónde vivirán y la situación laboral y las restricciones que se tienen por los delitos que se les atribuyen no general la convicción de que sea diversa medida cautelar la idónea para garantizar los fines que persigue la prisión preventiva. En cuanto a la proporcionalidad esta medida cautelar se estima que es proporcional, porque es la que asegura la presencia del imputado y evita la obstaculización del procedimiento. Hay otro tema que es garantizar la seguridad de la víctima ofendido que refirió la coadyuvancia, sin embargo, solamente fueron situaciones conjeturables, sin que hubieren allegado algún medio de prueba, y aun que es razonable ese temor, se aplican las máximas de la experiencia con relación a las víctimas de secuestro, sin embargo en este caso era necesario que allegaran algún otro elemento de prueba. Finalmente, en lo relativo a que la prisión preventiva trasgrede este principio de presunción de inocencia, existe la tesis 21432 de la Primera Sala donde se señala que la prisión preventiva no trasgrede este principio y este análisis lo hacen desde el punto de vista del artículo 29 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos Ilamada el Pacto de San José Costa Rica, además el artículo 7.2 de esa convención. Conforme a ello, cabe precisar que de los distintos argumentos y tesis que citaron, en este caso, la defensa citó esta jurisprudencia 32/2022 que contiene los elementos o los requisitos para efectos de generar este estudio que se está realizando y que justifican la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva; también aludió un amparo en revisión 408/2015 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en este se reitera precisamente, los elementos que se han analizado que es la complejidad el asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de tal manera que este precedente, después de la lectura del mismo, no se advierte alguna circunstancia que supere a lo ya expuesto. De tal manera que se resuelve que no ha lugar a cese de la medida cautelar de prisión preventiva y se determina su prolongación bajo la situación que nuevamente esta este derecho que una vez transcurrido estos dos años, podrán promover nuevamente, para ver si imperan las mismas situaciones que se han narrado durante esta audiencia. (.)". (Lo resaltado es propio) III. En esas condiciones, se desprende con claridad la mecánica que adoptó el juzgador responsable para resolver la petición de los quejosos, pues lo hizo atendiendo al criterio jurisprudencia 32/2022 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esas condiciones es que abordó cada uno de los requisitos ahí establecidos. Asimismo, debe hacerse puntual mención, en que el juzgador esencialmente, concluyó que la actividad procesal ha sido constante y la dilación obedece al ejercicio del derecho de defensa de los procesados, pues inclusive señaló las pruebas que a su criterio han originado la prolongación de la prisión preventiva; así como las diversas que se encuentran pendientes por desahogar y que justifican la permanencia de la prisión preventiva. No obstante a lo anterior, este juzgador de amparo advierte que en el fallo impugnado, permanentemente se hace alusión a que "los procesados" han ofrecido medios de prueba que faltan por ser desahogados. Sin embargo, la responsable es omisa en indicar qué pruebas fueron ofrecidas por Eduardo Estrada Granados y Ricardo Estrada Granados, y cuáles de éstas aún no se desahogan; para con ello justificar que la permanencia de la prisión preventiva es atribuible al ejercicio de su derecho de defensa; tampoco precisa la razón por la que estima que dichas pruebas impiden sustituir la medida privativa de la libertad, por otra menos lesiva que pueda ser aplicada. Lo anterior resulta indispensable, pues es un hecho notorio para este juzgador, que la causa penal de origen, identificada con el expediente 28/2012, se instruye en el Juzgado Quinto de Distrito de Proceso Penales Federales, en contra de cuatro procesados; es decir, de dos encausados diferentes a los aquí quejosos. En esas condiciones, si la relatoría del juez responsable se limita a señalar constantemente a que falta desahogar pruebas que fueron ofrecidas por "los procesados", es necesario que especifique cuáles de estos medios de convicción efectivamente fueron ofertados por los aquí quejosos en ejercicio de su derecho de defensa, para así determinar si con ello se justifica la prolongación de la prisión preventiva impuesta en la fase de instrucción del proceso. De lo contrario, resultaría desproporcionado justificar la permanencia de la medida cautelar, por el ejercicio del derecho de defensa de los coprocesados. Apoya lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 3o.P.54 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a foja 2762, Tomo III, Libro 64, Marzo 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, CUANDO SU DURACIÓN HA EXCEDIDO EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE ELLO DERIVE DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO DE OTRA CIRCUNSTANCIA, COMO LA SOLUCIÓN DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO EN LA CAUSA. Si bien es cierto que una de las prerrogativas que salvaguarda el derecho de defensa, consiste en el hecho de ser oído con las debidas garantías por un Juez o tribunal "competente", independiente e imparcial, también lo es que si dentro de la etapa de investigación del sistema penal acusatorio (en su fase formalizada) o bien, intermedia, la autoridad responsable ha determinado inhibir o declinar el conocimiento del asunto en favor de otro órgano jurisdiccional, y supedita su tramitación en dichas etapas a que el Juez declinado acepte o rechace la competencia que le fue planteada, ello no es obstáculo para desconocer los derechos que les asisten a los imputados, ni obligarlos a permanecer en prisión preventiva hasta en tanto dicho presupuesto procesal sea dirimido, sobre todo cuando éste, dada su naturaleza, impide que aquéllos ejerzan el derecho a la defensa que les asiste. Lo anterior es así, ya que al ser la prisión preventiva (oficiosa o justificada) una medida cautelar de carácter excepcional que asegura la presencia del imputado al proceso, que se rige, entre otros, bajo el principio de provisionalidad, al tener vigencia mientras no cambien los presupuestos en que se fundó su imposición o se dicte la sentencia respectiva, debe ponderarse que, por imperativo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad no puede prolongarla más allá del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y, en ningún caso, superior a dos años, lo que implica que si el procedimiento se suspendió con motivo de un conflicto competencial o algún otro presupuesto procesal que no sólo limita, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada del imputado, su prolongación no se encuentra justificada; de ahí que el órgano jurisdiccional deba ordenar su cese, y poner de inmediato en libertad al imputado mientras se sigue el proceso; sin que ello obste para imponer, previo debate, otras medidas cautelares que garanticen su presencia durante el proceso penal instruido en su contra, lo cual es coherente con el principio de presunción de inocencia del que todo indiciado debe gozar.". Asimismo, de la resolución reclamada se desprende que el juzgador responsable también incurre en imprecisiones sobre las pruebas pendientes por desahogar, pues indicó que se encuentran pendientes de desahogo la "ampliación de declaración de ciertos aprehensores" y "algunos de los cooprocesados", sin indicar a quiénes se refiere, ni si dichas pruebas fueron ofrecidas por los aquí quejosos. También adujo que falta que se celebren "los careos que surgirán entre estos coprocesados y los aprehensores"; apreciación que parte de una especulación, pues se trata de un hecho futuro de realización incierta, que el resultado de las ampliaciones de declaraciones a las que se refiere, produzca contradicciones que hagan necesaria la celebración de careos procesales. En esas condiciones, la determinación reclamada es violatoria de los derechos humanos establecidos en los artículos 16, 20, apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a su redacción vigente. Por lo cual, en suplencia de los conceptos de violación, conforme lo dispuestos por el artículo 79, fracción III, inciso a), y con fundamento en el diverso 77, fracción I, del mismo ordenamiento, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, para que una vez que cause ejecutoria la presente determinación, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México: 1. Deje insubsistente la resolución dictada en audiencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro de los autos de la causa penal 28/2012. 2. Cite a una nueva audiencia, en la que sin abrir nuevo debate, con plenitud de jurisdicción y tomando en consideración los razonamientos aquí expuestos, se pronuncie respecto de la petición de cese de la prisión preventiva impuesta a Eduardo Estrada Granados y Ricardo Estrada Granados. 3. En el entendido de que si persiste en el sentido del fallo, deberá purgar las deficiencias advertidas en este fallo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La justicia de la Justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo Estrada Granados y Ricardo Estrada Granados, en contra del acto y autoridad precisadas en el considerando Segundo, para los efectos establecidos en la parte final del diverso Octavo de esta resolución. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés Vista la certificación que antecede, se advierte que de la revisión de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se obtiene que el presente asunto guarda estado para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con veinte minutos del veintidós de septiembre dos mil veintitrés. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de junio de dos mil veintitrés. I. Vista la diligencia actuarial de cuenta, se advierte que el tercero interesado de iniciales ***, quedó emplazado en el presente controvertido; por tanto, como se solicita, practíquense todas las notificaciones vía electrónica ya que proporcionó usuarios autenticados para tal efecto. II. Ahora, toda vez que no se cuenta con la determinación en que se impuso a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue materia de revisión, se requiere al juez responsable para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, envíe copia certificada de la misma. Apercibido que, de incumplir se le impondrá multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con apoyo en la fracción I del numeral 237, en relación con el precepto 259 de la Ley de Amparo. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; en atención a sus términos, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en proveído de treinta de mayo pasado. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas del juez responsable, el anexo y disco compacto que remitió en apoyo a su informe de ley; en cuanto a este último deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para su preservación; medios de convicción que se desahogan debido a su naturaleza jurídica, y que se relacionarán en la audiencia constitucional. Asimismo, resguárdese en la secretaría de este juzgado dicho dispositivo electrónico.... Ahora, el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, prevé lo siguiente:... Así, a consideración de este juzgador, existe imposibilidad material para la digitalización del disco compacto, toda vez que no es posible incorporar al expediente electrónico por el tipo de archivo que permite ingresar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, pero estará a disposición para consulta física en las instalaciones de este juzgado. Dado el excesivo volumen de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, fórmese por separado un anexo, respetando su sello, rúbrica y folio. En otro aspecto, de la revisión de las documentales que remitió el juez responsable, se aprecia que le recae el carácter de tercero interesado a la víctima de iniciales ***, por tanto, en términos del numeral 5, fracción III, inciso c), de la ley de la materia, téngasele con dicho carácter. En ese sentido, comisiónese al actuario correspondiente adscrito a este juzgado se constituya en el domicilio que se proporcionará por separado, a efecto que con copia simple de la demanda, auto admisorio y de este auto, emplace a juicio a dicho contendiente en términos del artículo 27 de la ley de la materia, asimismo, lo requiera que, en el momento de la diligencia o en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que, de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista, de conformidad con el numeral 26, fracción III, de la legislación invocada, sin necesidad de ulterior acuerdo. En el entendido que, si el actuario no logra localizarlo en tal domicilio, pero obtiene uno diverso para tal efecto, sin ulterior acuerdo deberá constituirse en el mismo y realizar la diligencia ordenada. Asimismo, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesada a ***, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, quien intervino en la causa penal de la que derivan los actos reclamados; por tanto, con copia simple de la demanda, auto admisorio y el presente proveído, mediante oficio emplácese a juicio. Ahora, tal como lo solicita, remítanse a la autoridad oficiante los autos originales que integran la causa penal *** de su índice. Finalmente, extráigase de los autos que integran el presente controvertido la foja treinta y siete, toda vez que contiene datos personales del tercero interesado M.P.J.F. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes
- Eduardo Castillo Gutiérrez921/2016
- Eduardo Daniel Amarillo294/2023
- Eduardo de Jesús Pérez Cortez252/2022
- Eduardo Del Socorro Sánchez Delgado245/2015
- Eduardo Estrada Granados y Otros.1179/2015
- Eduardo Estrada Granados y Otros.755/2014
- Eduardo Flores Segura227/2023
- Eduardo Fragoso Gómez232/2021
- Eduardo Gabriel Martínez691/2018
- Eduardo González López944/2015
- Eduardo Guadalupe García Morales y Otros.746/2017
- Eduardo Hernández Arjona395/2018