Eduardo Gonzalez Cruz
Expediente 1356/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Eduardo Gonzalez Cruz
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente ***, interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido al promovente Eduardo González Cruz, para que cumpliera con el requerimiento preventivo que se le formuló el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE AL PROMOVENTE.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********************, contra los actos reclamados a la autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia y en virtud de lo expuestas en el diverso considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: personalmente al quejoso vía exhorto, por lista al autorizado del quejoso; y por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría y se giró el exhorto y los oficios correspondientes. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, hago constar y certifico 1) que la presente hoja corresponde a la última de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, del juicio de amparo 304/2022 y su acumulada 305/2022 del índice de este juzgado de Distrito, promovido por ********************, en el que se sobreseyó el juicio de amparo en relación a los actos reclamados y 2) que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE). La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, hago constar y certifico que en la misma fecha en que se engrosó la sentencia que antecede se elaboró la versión electrónica de carácter público en la que se suprimieron los datos personales de las partes, de conformidad con los artículos 98, fracción ii, de la ley federal de transparencia y acceso de la información pública y 8 del reglamento de la suprema corte de justicia de la nación y del consejo de la judicatura federal para la aplicación de la ley en cita. Doy Fe. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo 304/2022 y su acumulado 305/2022 (foja 449 vuelta); Zeus Islas González, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por autorización contenida en el oficio CCJ/ST/5862/2022 firmado electrónicamente, por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Aída Araceli Ramírez Lozano, secretario (a) que autoriza y da fe, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, las demandas de amparo promovidas por ********************, en favor del quejoso directo ******************** (fojas 2 a 10 y 13 a 21); auto de radicación de veintidós de marzo de dos mil veintidós, donde se acumuló la demanda 305/2022 a la 304/2022, y se concedió la suspensión de plano; auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, por el que: a) se desechó la demanda de amparo respecto a la orden de traslado, y b) se admitió a trámite la demanda sin incidente de suspensión por lo que hace al acto de incomunicación (68 a 77); también constan los informes relativos a la suspensión de plano (fojas 35, 41 y 125) e informes justificados de las autoridades responsables (fojas 146, 150, y 177), y se certifica que transcurrieron los ocho días concedidos a las partes para que se impusieran de los mismos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, da cuenta con el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, recibido vía interconexión, el cual cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. A lo anterior, el encargado del despacho acuerda: Téngase por realizada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes y, por transcurrido el término para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otra parte, agréguese el oficio del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, por medio del cual, atento a lo solicitado mediante proveído de dos de diciembre del año en curso, devuelve diligenciado el exhorto 309/2022, orden 854/2022, deducido del presente asunto, pues se desprende que el siete de diciembre de dos mil veintidós, se notificó al quejoso ********************, los autos de veinticuatro de noviembre y dos de diciembre de la presente anualidad, y se le corrió traslado con copia del mismo. De lo que queda enterado el suscrito secretario encargado del despacho, para los efectos legales a los que haya lugar. Dese de baja dicha comunicación oficial del índice de este juzgado en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea necesario enviar a la autoridad exhortante el acuse de recibo de la presente comunicación oficial, ya que éste fue generado automáticamente al momento de su remisión. Por otra parte, de la diligencia en comento se advierte que el quejoso: "le solicita al Juzgado que le notifiquen de forma personal a su defensor particular en el domicilio ******************** ********************". Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad la petición del quejoso en el sentido de notificar personalmente los autos de veinticuatro de noviembre y dos de diciembre de dos mi veintidós, a su autorizado procesal ********************, en el domicilio señalado, pues dichos autos le fueron notificados a su abogado conforme a derecho (por medio de lista). No se desatiende el criterio establecido por la Primera Sala, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Pues de este se desprende que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y solo de considerarlo necesario, pueden realizarse de la misma manera a su autorizado o defensor, lo que en el caso no aconteció. Abierto el período probatorio: La Secretaria hace constar que la 5. Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "Cps Chiapas (autoridad vinculada a acatar la suspensión de plano) remitió diversas documentales públicas (fojas 126 a 128, 137 y 138 y 142 a 145). Enseguida, el encargado del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley Amparo, se tiene a dicha autoridad ofreciendo las documentales referidas, con lo que se cierra el periodo de referencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no presentaron alegatos y que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito tampoco formuló pedimento. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Al no haber presentado las partes alegatos, se tiene por precluido su derecho para ejercerlo, con lo que se cierra el periodo de referencia. No existiendo escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar la siguiente: S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 304/2022 y su acumulado 305/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante demandas presentadas por buzón judicial el veintidós de marzo de dos mil veintidós, ********************, en favor del quejoso directo ******************** (fojas 2 a 10 y 13 a 21), solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos precisaron en los escritos de demanda como (fojas 2, 3, 13 y 14): a) El traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a uno diverso; y, b) La incomunicación del quejoso en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1,14, 16, 18, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de las demandas, acumulación de las mismas y trámite del juicio. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós (fojas 22 a 30), se proveyó lo siguiente: a) se radicaron las demandas de amparo promovidas por ********************, en favor del quejoso directo ********************, con los números 304/2022 y 305/2022, respectivamente; b) se decretó la acumulación del juicio de amparo 305/2022 al 304/2022; c) se concedió la suspensión de plano por lo que respecta al acto reclamado consistente en la incomunicación, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 Constitucional; d) se requirió informe a la autoridades responsables respecto del cumplimiento dado a la determinación anterior; e) se ordenó requerir al quejoso para que en el momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su nombre y su acumulada; y, f) se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (foja 57). TERCERO. Admisión de demanda y su acumulada. Por auto de cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 68 a 77), previa ratificación del quejoso de la demanda de amparo interpuesta a su favor y su acumulada (foja 66): a) se desechó la demanda por lo que hace al acto reclamado consistente en el traslado; b) se hizo extensiva la suspensión de plano a la diversa autoridad DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO QUINCE "CPS CHIAPAS" y se le requirió el informe correspondiente; y, c) se admitió la demanda por lo que hace al acto reclamado consistente en la incomunicación y se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (foja 92). CUARTO. Suspensión de Plano. En cumplimiento a la suspensión de plano que se decretó en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, las siguientes autoridades acataron la misma: NÚMERO DE ORDEN. AUTORIDAD RESPONSABLE. ACATAN SUSPENSIÓN DE PLANO. 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Foja 35 2 SUBDIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Foja 35 3 CONSEJO TÉCNICO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Foja 35 4 POLICÍA ENCARGADA DEL TRASLADO DE INTERNOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Foja 41 5 DIRECTORA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO QUINCE "CPS CHIAPAS". Foja 125 QUINTO. Resolución de la superioridad y reposición del procedimiento. El veintinueve de abril de dos mil veintidós (fojas 218 a 222), se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, al haber negado las autoridades responsables el acto reclamado; resolución que fue recurrida en revisión por la parte quejosa, y del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el número R-126/2022; y por ejecutoria de siete de octubre de dos mil veintidós, los integrantes de dicho colegiado revocaron el auto recurrido y ordenaron (foja 385): "reponer el procedimiento para el efecto de que señale nuevamente hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de que las partes estén en aptitud de rendir las pruebas que estimen pertinentes y formular sus alegatos, hecho lo cual dicte la sentencia que en derecho corresponda". La superioridad sostuvo que con el sobreseimiento fuera de audiencia se inobservó el derecho del debido proceso porque la negativa de actos reclamados no constituye una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia para decretarlo, por lo que se limitó el derecho a la parte quejosa a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables (foja 384). También, la superioridad resaltó que con el sobreseimiento anticipado, no se dio oportunidad al quejoso de imponerse de los informes justificados, y de estimarlo conveniente, ampliara la demanda de amparo respecto de la autoridad penitenciaria donde se encuentran recluido actualmente: Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas (fojas 384 vuelta y 385). Así, en cumplimiento a lo anterior, por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas 387 a 389), se repuso el procedimiento y: 1) se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y 2) se requirió al quejoso ******************** para que en el término de quince días legalmente computado, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director (a) del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas, por ser la autoridad donde se encuentra recluido actualmente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda y, sobre esa base se tramitaría y resolvería el presente juicio de amparo. SEXTO. Se hace efectivo apercibimiento. Por auto de dos de diciembre de dos mil veintidós (fojas 451 y 452), se hizo efectivo el apercibimiento de veintiséis de octubre del mismo año, en el sentido de tener únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda y, sobre esa base resolverá el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. Cita para audiencia. En acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (foja 449), se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo 304/2022 y su acumulada 305/2022, y de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: Al 1. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; 2. Subdirector del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 3. Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y 4. Policía encargada del traslado de internos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla: - La incomunicación del quejoso en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En relación con el acto consistente en la incomunicación sufrida en contra del directo quejoso, las autoridades rindieron su informe en los siguientes términos: NÚMERO DE ORDEN. AUTORIDAD RESPONSABLE. INFORME JUSTIFICADO. 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Fojas 146 y 147 NEGÓ 2 SUBDIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Foja 150 NEGÓ 3 CONSEJO TÉCNICO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Fojas 146 y 147 NEGÓ 4 POLICÍA ENCARGADA DEL TRASLADO DE INTERNOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Foja 177 NEGÓ Así, del cuadro anterior, se advierte que todas las autoridades responsables, al rendir el correspondiente informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, negaron el acto que se les atribuyó consistente en la incomunicación de que estaba siendo objeto el quejoso, sin que éste haya desvirtuado dichas negativas no obstante que se le dio vista con los mismos por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós (fojas 193 y 194). La inexistencia del acto, se corrobora con los informes de autos; pues las autoridades responsables 1. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 2. Subdirector del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y 3. Comité Técnico del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, negaron el acto reclamado, ya que a través del Encargado del Despacho de la Dirección y Presidente del Comité Técnico y del cargado del despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, ambos de dicho centro penitenciario (fojas 146, 147 y 150) refirieron que el quejoso no fue objeto de incomunicación por parte de dichas autoridades, y que fue trasladado a otro centro penitenciario, esto es, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas (foja 385). En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables que han quedado precisadas en el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio respecto de las indicadas autoridades responsables y el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No obsta a lo anterior que la 5. Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "Cps Chiapas, a quien se hizo extensivo el requerimiento de acatar la suspensión de plano, haya manifestado que: tiene interno al quejoso, que éste no ha siendo objeto de incomunicación alguna (foja 125), pues anexó a) "constancia de comunicación a familiares de la persona privada de la libertad", de donde se advierte que el día diecinueve de marzo del año en curso, el quejoso realizó una llamada telefónica a ********************, al número telefónico ******************** (foja 137 vuelta y 138) y que al diez de abril de dos mil veintidós, en que rindió el informe dicha autoridad, no se había presentado familiar o abogado alguno al Centro Federal, solicitando visita con el quejoso; además de que, también dicha autoridad, informó que al quejoso se le proporcionó el kit de aseo personal que se le entrega a toda la población consistente en jabón de glicerina transparente, papel 650 hojas, rastrillo de afeitar blanco en celofán, útil detergente 500 gramos y pasta dental 50 mililitros (fojas 142 a 145). Sin embargo; no ha lugar a proveer respecto de la existencia o no de los actos de dicha autoridad, en razón de que no fue señalada como autoridad responsable; no obstante que por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas 387 a 389), y 2) se requirió al quejoso ******************** para que en el término de quince días legalmente computado, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas, por ser donde se encuentra recluido actualmente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente juicio de amparo; y por auto de dos de diciembre de dos mil veintidós (fojas 451 y 452), se hizo efectivo el apercibimiento de veintiséis de octubre del mismo año, en el sentido de tener únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda y, sobre esa base se resolvió el presente juicio de amparo. CUARTO. Notificación al quejoso. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso ******************** se encuentra interno en un centro penitenciario ubicado fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del CEFERESO 15"CPS Chiapas", con sede en Villa Comatitlán; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente- Juicio de Amparo 304/2022 y su acumulado 305/2022; d) Notifique la presente sentencia al referido quejoso; e) Le corra traslado con copia de esta sentencia; y f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a la secretaria encargada de este asunto para el envío de dicha comunicación oficial. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********************, contra los actos reclamados a la autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia y en virtud de lo expuestas en el diverso considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: personalmente al quejoso vía exhorto, por lista al autorizado del quejoso; y por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo 304/2022 y su acumulado 305/2022 (foja 449 vuelta); Zeus Islas González, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por autorización contenida en el oficio CCJ/ST/5862/2022 firmado electrónicamente, por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Aída Araceli Ramírez Lozano, secretario (a) que autoriza y da fe, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, las demandas de amparo promovidas por ********************, en favor del quejoso directo ******************** (fojas 2 a 10 y 13 a 21); auto de radicación de veintidós de marzo de dos mil veintidós, donde se acumuló la demanda 305/2022 a la 304/2022, y se concedió la suspensión de plano; auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, por el que: a) se desechó la demanda de amparo respecto a la orden de traslado, y b) se admitió a trámite la demanda sin incidente de suspensión por lo que hace al acto de incomunicación (68 a 77); también constan los informes relativos a la suspensión de plano (fojas 35, 41 y 125) e informes justificados de las autoridades responsables (fojas 146, 150, y 177), y se certifica que transcurrieron los ocho días concedidos a las partes para que se impusieran de los mismos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, da cuenta con el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, recibido vía interconexión, el cual cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. A lo anterior, el encargado del despacho acuerda: Téngase por realizada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes y, por transcurrido el término para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otra parte, agréguese el oficio del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, por medio del cual, atento a lo solicitado mediante proveído de dos de diciembre del año en curso, devuelve diligenciado el exhorto 309/2022, orden 854/2022, deducido del presente asunto, pues se desprende que el siete de diciembre de dos mil veintidós, se notificó al quejoso ********************, los autos de veinticuatro de noviembre y dos de diciembre de la presente anualidad, y se le corrió traslado con copia del mismo. De lo que queda enterado el suscrito secretario encargado del despacho, para los efectos legales a los que haya lugar. Dese de baja dicha comunicación oficial del índice de este juzgado en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea necesario enviar a la autoridad exhortante el acuse de recibo de la presente comunicación oficial, ya que éste fue generado automáticamente al momento de su remisión. Por otra parte, de la diligencia en comento se advierte que el quejoso: "le solicita al Juzgado que le notifiquen de forma personal a su defensor particular en el domicilio ******************** ********************". Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad la petición del quejoso en el sentido de notificar personalmente los autos de veinticuatro de noviembre y dos de diciembre de dos mi veintidós, a su autorizado procesal ********************, en el domicilio señalado, pues dichos autos le fueron notificados a su abogado conforme a derecho (por medio de lista). No se desatiende el criterio establecido por la Primera Sala, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Pues de este se desprende que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y solo de considerarlo necesario, pueden realizarse de la misma manera a su autorizado o defensor, lo que en el caso no aconteció. Abierto el período probatorio: La Secretaria hace constar que la 5. Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "Cps Chiapas (autoridad vinculada a acatar la suspensión de plano) remitió diversas documentales públicas (fojas 126 a 128, 137 y 138 y 142 a 145). Enseguida, el encargado del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley Amparo, se tiene a dicha autoridad ofreciendo las documentales referidas, con lo que se cierra el periodo de referencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no presentaron alegatos y que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito tampoco formuló pedimento. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Al no haber presentado las partes alegatos, se tiene por precluido su derecho para ejercerlo, con lo que se cierra el periodo de referencia. No existiendo escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar la siguiente:AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo 304/2022 y su acumulado 305/2022 (foja 449 vuelta); Zeus Islas González, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por autorización contenida en el oficio CCJ/ST/5862/2022 firmado electrónicamente, por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Aída Araceli Ramírez Lozano, secretario (a) que autoriza y da fe, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, las demandas de amparo promovidas por ********************, en favor del quejoso directo ******************** (fojas 2 a 10 y 13 a 21); auto de radicación de veintidós de marzo de dos mil veintidós, donde se acumuló la demanda 305/2022 a la 304/2022, y se concedió la suspensión de plano; auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, por el que: a) se desechó la demanda de amparo respecto a la orden de traslado, y b) se admitió a trámite la demanda sin incidente de suspensión por lo que hace al acto de incomunicación (68 a 77); también constan los informes relativos a la suspensión de plano (fojas 35, 41 y 125) e informes justificados de las autoridades responsables (fojas 146, 150, y 177), y se certifica que transcurrieron los ocho días concedidos a las partes para que se impusieran de los mismos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, da cuenta con el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, recibido vía interconexión, el cual cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. A lo anterior, el encargado del despacho acuerda: Téngase por realizada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes y, por transcurrido el término para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otra parte, agréguese el oficio del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, por medio del cual, atento a lo solicitado mediante proveído de dos de diciembre del año en curso, devuelve diligenciado el exhorto 309/2022, orden 854/2022, deducido del presente asunto, pues se desprende que el siete de diciembre de dos mil veintidós, se notificó al quejoso ********************, los autos de veinticuatro de noviembre y dos de diciembre de la presente anualidad, y se le corrió traslado con copia del mismo. De lo que queda enterado el suscrito secretario encargado del despacho, para los efectos legales a los que haya lugar. Dese de baja dicha comunicación oficial del índice de este juzgado en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea necesario enviar a la autoridad exhortante el acuse de recibo de la presente comunicación oficial, ya que éste fue generado automáticamente al momento de su remisión. Por otra parte, de la diligencia en comento se advierte que el quejoso: "le solicita al Juzgado que le notifiquen de forma personal a su defensor particular en el domicilio ******************** ********************". Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad la petición del quejoso en el sentido de notificar personalmente los autos de veinticuatro de noviembre y dos de diciembre de dos mi veintidós, a su autorizado procesal ********************, en el domicilio señalado, pues dichos autos le fueron notificados a su abogado conforme a derecho (por medio de lista). No se desatiende el criterio establecido por la Primera Sala, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Pues de este se desprende que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y solo de considerarlo necesario, pueden realizarse de la misma manera a su autorizado o defensor, lo que en el caso no aconteció. Abierto el período probatorio: La Secretaria hace constar que la 5. Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "Cps Chiapas (autoridad vinculada a acatar la suspensión de plano) remitió diversas documentales públicas (fojas 126 a 128, 137 y 138 y 142 a 145). Enseguida, el encargado del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley Amparo, se tiene a dicha autoridad ofreciendo las documentales referidas, con lo que se cierra el periodo de referencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no presentaron alegatos y que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito tampoco formuló pedimento. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Al no haber presentado las partes alegatos, se tiene por precluido su derecho para ejercerlo, con lo que se cierra el periodo de referencia. No existiendo escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar la siguiente: S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 304/2022 y su acumulado 305/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante demandas presentadas por buzón judicial el veintidós de marzo de dos mil veintidós, ********************, en favor del quejoso directo ******************** (fojas 2 a 10 y 13 a 21), solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos precisaron en los escritos de demanda como (fojas 2, 3, 13 y 14): a) El traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a uno diverso; y, b) La incomunicación del quejoso en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1,14, 16, 18, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de las demandas, acumulación de las mismas y trámite del juicio. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós (fojas 22 a 30), se proveyó lo siguiente: a) se radicaron las demandas de amparo promovidas por ********************, en favor del quejoso directo ********************, con los números 304/2022 y 305/2022, respectivamente; b) se decretó la acumulación del juicio de amparo 305/2022 al 304/2022; c) se concedió la suspensión de plano por lo que respecta al acto reclamado consistente en la incomunicación, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 Constitucional; d) se requirió informe a la autoridades responsables respecto del cumplimiento dado a la determinación anterior; e) se ordenó requerir al quejoso para que en el momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su nombre y su acumulada; y, f) se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (foja 57). TERCERO. Admisión de demanda y su acumulada. Por auto de cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 68 a 77), previa ratificación del quejoso de la demanda de amparo interpuesta a su favor y su acumulada (foja 66): a) se desechó la demanda por lo que hace al acto reclamado consistente en el traslado; b) se hizo extensiva la suspensión de plano a la diversa autoridad DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO QUINCE "CPS CHIAPAS" y se le requirió el informe correspondiente; y, c) se admitió la demanda por lo que hace al acto reclamado consistente en la incomunicación y se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (foja 92). CUARTO. Suspensión de Plano. En cumplimiento a la suspensión de plano que se decretó en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, las siguientes autoridades acataron la misma: NÚMERO DE ORDEN. AUTORIDAD RESPONSABLE. ACATAN SUSPENSIÓN DE PLANO. 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Foja 35 2 SUBDIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Foja 35 3 CONSEJO TÉCNICO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Foja 35 4 POLICÍA ENCARGADA DEL TRASLADO DE INTERNOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Foja 41 5 DIRECTORA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO QUINCE "CPS CHIAPAS". Foja 125 QUINTO. Resolución de la superioridad y reposición del procedimiento. El veintinueve de abril de dos mil veintidós (fojas 218 a 222), se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, al haber negado las autoridades responsables el acto reclamado; resolución que fue recurrida en revisión por la parte quejosa, y del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el número R-126/2022; y por ejecutoria de siete de octubre de dos mil veintidós, los integrantes de dicho colegiado revocaron el auto recurrido y ordenaron (foja 385): "reponer el procedimiento para el efecto de que señale nuevamente hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de que las partes estén en aptitud de rendir las pruebas que estimen pertinentes y formular sus alegatos, hecho lo cual dicte la sentencia que en derecho corresponda". La superioridad sostuvo que con el sobreseimiento fuera de audiencia se inobservó el derecho del debido proceso porque la negativa de actos reclamados no constituye una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia para decretarlo, por lo que se limitó el derecho a la parte quejosa a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables (foja 384). También, la superioridad resaltó que con el sobreseimiento anticipado, no se dio oportunidad al quejoso de imponerse de los informes justificados, y de estimarlo conveniente, ampliara la demanda de amparo respecto de la autoridad penitenciaria donde se encuentran recluido actualmente: Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas (fojas 384 vuelta y 385). Así, en cumplimiento a lo anterior, por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas 387 a 389), se repuso el procedimiento y: 1) se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y 2) se requirió al quejoso ******************** para que en el término de quince días legalmente computado, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director (a) del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas, por ser la autoridad donde se encuentra recluido actualmente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda y, sobre esa base se tramitaría y resolvería el presente juicio de amparo. SEXTO. Se hace efectivo apercibimiento. Por auto de dos de diciembre de dos mil veintidós (fojas 451 y 452), se hizo efectivo el apercibimiento de veintiséis de octubre del mismo año, en el sentido de tener únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda y, sobre esa base resolverá el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. Cita para audiencia. En acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (foja 449), se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo 304/2022 y su acumulada 305/2022, y de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: Al 1. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; 2. Subdirector del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 3. Consejo Técnico del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y 4. Policía encargada del traslado de internos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla: - La incomunicación del quejoso en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En relación con el acto consistente en la incomunicación sufrida en contra del directo quejoso, las autoridades rindieron su informe en los siguientes términos: NÚMERO DE ORDEN. AUTORIDAD RESPONSABLE. INFORME JUSTIFICADO. 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Fojas 146 y 147 NEGÓ 2 SUBDIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Foja 150 NEGÓ 3 CONSEJO TÉCNICO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA Fojas 146 y 147 NEGÓ 4 POLICÍA ENCARGADA DEL TRASLADO DE INTERNOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Foja 177 NEGÓ Así, del cuadro anterior, se advierte que todas las autoridades responsables, al rendir el correspondiente informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, negaron el acto que se les atribuyó consistente en la incomunicación de que estaba siendo objeto el quejoso, sin que éste haya desvirtuado dichas negativas no obstante que se le dio vista con los mismos por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós (fojas 193 y 194). La inexistencia del acto, se corrobora con los informes de autos; pues las autoridades responsables 1. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 2. Subdirector del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y 3. Comité Técnico del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, negaron el acto reclamado, ya que a través del Encargado del Despacho de la Dirección y Presidente del Comité Técnico y del cargado del despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, ambos de dicho centro penitenciario (fojas 146, 147 y 150) refirieron que el quejoso no fue objeto de incomunicación por parte de dichas autoridades, y que fue trasladado a otro centro penitenciario, esto es, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas (foja 385). En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables que han quedado precisadas en el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio respecto de las indicadas autoridades responsables y el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No obsta a lo anterior que la 5. Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "Cps Chiapas, a quien se hizo extensivo el requerimiento de acatar la suspensión de plano, haya manifestado que: tiene interno al quejoso, que éste no ha siendo objeto de incomunicación alguna (foja 125), pues anexó a) "constancia de comunicación a familiares de la persona privada de la libertad", de donde se advierte que el día diecinueve de marzo del año en curso, el quejoso realizó una llamada telefónica a ********************, al número telefónico ******************** (foja 137 vuelta y 138) y que al diez de abril de dos mil veintidós, en que rindió el informe dicha autoridad, no se había presentado familiar o abogado alguno al Centro Federal, solicitando visita con el quejoso; además de que, también dicha autoridad, informó que al quejoso se le proporcionó el kit de aseo personal que se le entrega a toda la población consistente en jabón de glicerina transparente, papel 650 hojas, rastrillo de afeitar blanco en celofán, útil detergente 500 gramos y pasta dental 50 mililitros (fojas 142 a 145). Sin embargo; no ha lugar a proveer respecto de la existencia o no de los actos de dicha autoridad, en razón de que no fue señalada como autoridad responsable; no obstante que por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas 387 a 389), y 2) se requirió al quejoso ******************** para que en el término de quince días legalmente computado, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas, por ser donde se encuentra recluido actualmente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente juicio de amparo; y por auto de dos de diciembre de dos mil veintidós (fojas 451 y 452), se hizo efectivo el apercibimiento de veintiséis de octubre del mismo año, en el sentido de tener únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito inicial de demanda y, sobre esa base se resolvió el presente juicio de amparo. CUARTO. Notificación al quejoso. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso ******************** se encuentra interno en un centro penitenciario ubicado fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del CEFERESO 15"CPS Chiapas", con sede en Villa Comatitlán; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente- Juicio de Amparo 304/2022 y su acumulado 305/2022; d) Notifique la presente sentencia al referido quejoso; e) Le corra traslado con copia de esta sentencia; y f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a la secretaria encargada de este asunto para el envío de dicha comunicación oficial. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********************, contra los actos reclamados a la autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia y en virtud de lo expuestas en el diverso considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: personalmente al quejoso vía exhorto, por lista al autorizado del quejoso; y por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Eduardo Gamez Gonzalez5/2021
- Eduardo Ganime Carrillo1497/2016
- Eduardo Ganime Carrillo326/2019
- Eduardo Gomez Cazalez316/2018
- EDUARDO GONZAGA HERNANDEZ y Otros.1291/2022
- Eduardo Gonzalez Barrera741/2017
- Eduardo Guevara Lopez1350/2016
- Eduardo Hernandez Paez1090/2018
- Eduardo Herrera Solano283/2023
- Eduardo Ivan Marquez Castro1250/2019
- Eduardo Jean Ramirez551/2022
- Eduardo Jean Ramirez677/2021