Eduardo Gonzalez Barrera
Expediente 741/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Eduardo Gonzalez Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio signado por la 2. Jueza de Ejecución de Puebla de Sentencias Itinerante del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en relación a la suspensión de plano decretada en el presente controvertido constitucional; de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, intégrense a las presentes actuaciones únicamente para que obren como correspondan los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 2. Jueza de Ejecución de Puebla de Sentencias Itinerante del Distrito Judicial de Puebla y 5. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, en virtud de que mediante proveído de veintiocho de junio del actual (fojas 59 a 61), se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, el controvertido en que se actúa. Cúmplase.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil diecisiete. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por EDUARDO GONZÁLEZ BARRERA (fojas 1 a 9) y auto de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (suspensión provisional, con fojas 10 a 14). Así mismo, el Secretario da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable 2. Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante del Distrito Judicial de Puebla. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes y por rendido el informe previo de la autoridad que en este acto lo hizo. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Jueza acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Cerrado el Periodo probatorio y abierto el de alegatos: el Secretario hace referencia al pedimento 283/2017 del Agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Penal adscrito a este órgano jurisdiccional. Enseguida, la Jueza acuerda: Ténganse por efectuadas las manifestaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Penal adscrito a este órgano jurisdiccional en vía de alegatos de conformidad con el artículo 144 de la Ley de amparo. Por lo que, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 741/2017-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por EDUARDO GONZÁLEZ BARRERA, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por EDUARDO GONZÁLEZ BARRERA, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, los actos reclamados en el presente asunto son: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Puebla, en el que se encuentra recluido a diversos centros penitenciarios; La falta de substanciación de un procedimiento sumario en términos del artículo 39 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; y, Tratos indignos y ataques a la libertad fuera de procedimiento. Y, solicitó la suspensión únicamente respecto del acto precisado en el inciso a) y respecto al indicado en el inciso c) (acto contemplado en el artículo 15 de la Ley de Amparo) se proveyó la suspensión de plano en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe previo Foja 1 Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla Niega 29 2 Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante del Distrito Judicial de Puebla Niega 61 3 Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla Niega 30 4 Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla Niega 31 a 34 5 Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla Niega 35 y 36 6 Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla Niega 45 7 Director del Centro de Reinserción Social de Puebla Niega 46 y 47 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de actos. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por EDUARDO GONZÁLEZ BARRERA, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Vista la constancia de notificación practicada al quejoso Eduardo González Barrera, el veinticuatro de junio del actual, en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla), en la que el Actuario judicial asentó que el quejoso Eduardo González Barrera, indicó: "No ratifica la demanda de garantías, pues solo firmó un escrito de demanda". Ahora bien, es un hecho notorio que el día veintitrés de junio de dos mil diecisiete se admitió la demanda suscrita por José Eduardo González Barrera, registrada en este Juzgado con el número 746/2017, en la que reclamó también la orden de traslado atribuida al 4. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, 5. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, 6. Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla y 7. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla; y en la diligencia de notificación practicada en ese expediente por el Actuario, el quejoso no hizo manifestación similar como la que ahora se provee, además la firma plasmada, en esa demanda, por el peticionario de amparo como en aquella diligencia de notificación es igual a la estampada en el acta de notificación relativa a este expediente; de lo que es factible colegir que se trata del mismo quejoso. Atento a lo anterior, se concluye que la manifestación del quejoso, en este expediente, en el sentido de "no ratificar la demanda", en virtud que "solo firmó una demanda de garantías" (esto es, la que dio origen al juicio 746/2017); se traduce en la falta de voluntad de la parte quejosa de proseguir con esta instancia, de ahí que se actualice la causa de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la informan, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan a continuación: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las once horas con veinte minutos del veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, con la anterior determinación dese vista en el cuaderno incidental derivado del presente controvertido constitucional, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los informes justificados de las autoridades responsables 1. Jueza de Ejecución de Sentencias del Estado de Puebla y 3. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, en virtud de que, por auto de esta fecha se ha decretado el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente asunto. Ahora bien, agréguense a los autos los oficios signados por las autoridades responsables 1. Jueza de Ejecución de Sentencias del Estado de Puebla, 5. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través de su representante legal y 7. Asesor Jurídico de Guardia del Centro de Reinserción Social de Puebla, mediante los cuales manifiestan que se acatan a la suspensión de plano concedida en el presente sumario constitucional; de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese a los autos las tres razones asentadas por el Actuario judicial de la adscripción, de las que se advierte que no logró notificar los oficios 380-1, 380-2, 380-3 y 380-4 que se giraron a las autoridades responsables 1. Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, 2. Juez Itinerante del Distrito Judicial de Puebla, 3. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y 4. Secretario General de Gobernación del Estado de Puebla; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, en virtud de que ya obran en autos los acuses de recibo de los aludidos oficios (fojas 25, 26, 27 y 28). Finalmente, dada la manifestación del quejoso en el sentido de que sólo firmó una demanda de amparo, y tomando en cuenta que la firma plasmada en la diligencia de notificación de fecha veinticuatro de junio de la presente anualidad, difiere notoriamente, a simple vista, de la que calza la demanda de amparo; dese vista al Agente del Ministerio Público adscrito, a fin de que, si lo considera procedente, en uso de sus atribuciones se avoque a la investigación de la posible actualización de un hecho con apariencia de delito.
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