Eduardo Gallardo Carmona

Expediente 1055/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1055/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Gallardo Carmona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Por cuanto al tomo de prueba que se formó por separado, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, devuélvase al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, quien lo remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1055/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Eduardo Gallardo Carmona, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Consistente en el auto Constitucional de formal prisión de fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, dentro de la causa penal número 132/2014-II, en contra del suscrito (.)." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo Por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada bajo el número 1055/2017, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito así como al representante social del Fuero Común adscrito al juzgado de origen, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia el auto de formal prisión dictado el dieciocho de febrero de dos mil quince, en la causa penal 132/2014, que se le instruye por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Juana Mireya Gazga Parral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció al rendir informe con justificación (folio 39) en sustitución del extinto Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, manifestación expresa que basta para tener la conducta que se le atribuye por plenamente evidenciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal 132/2014 que al efecto adjuntó (tomo I de prueba), a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia, según dispone el numeral 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el suscrito advierte oficiosamente que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la legislación en cita, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama. En efecto, los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." De la interpretación gramatical de los preceptos legales invocados se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente, cuando la demanda de amparo no se promueva dentro del término de quince días, es decir, cuando el quejoso consienta tácitamente el acto reclamado, entendiéndose por tal, aquél contra el que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o 2) El quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3) El quejoso se haya ostentado sabedor del referido acto, salvo que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Debe puntualizarse que, por seguridad jurídica, los supuestos mencionados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Empero, es menester tomar en cuenta la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, ya que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente tendrán que ser idóneos para cada caso determinado. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Por tanto, cada caso es distinto en cuanto a la idoneidad para el cual fue legislado y a la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues aunque las tres distinciones confluyen por cuanto a que el solicitante se haga sabedor del acto reclamado, ello puede suceder a través de tres vías diferentes, a saber: 1) La notificación, que consiste en una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, de conformidad con los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que, siendo partes en tales procedimientos, pueden ser notificadas; en este caso, el cómputo comienza a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. 2) El conocimiento del acto reclamado, que se refiere cuando la parte quejosa lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con la que se debió dar noticia oficial de su contenido. 3) Y la confesión, la cual acontece cuando el propio quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; bastando que así lo exponga en su demanda de amparo para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. En el caso, el quejoso reclama el auto de formal prisión dictado el dieciocho de febrero de dos mil quince, en la causa penal 132/2014, que se le instruye por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Juana Mireya Gazga Parral. Entonces, de conformidad con la naturaleza del acto reclamado, el plazo para promover el juicio de amparo es el genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, pues no se actualiza alguno de los casos de excepción que señala el citado precepto. En efecto, en el caso no se trata de un amparo contra una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición; tampoco se impugna la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión; mucho menos se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y tampoco se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ahora bien, el quejoso en su escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad refirió que no le fue notificado el auto de formal prisión que combate, empero tuvo conocimiento del mismo el trece de octubre del año pasado cuando su defensor particular lo visitó en el lugar en el que se encuentra recluido y le llevo un resumen del estado que guardaba el proceso penal que se le instruye ante el juez responsable. No obstante, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo número 954/2017, promovido por el propio quejoso Eduardo Gallardo Carmona, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado por razón de turno ese mismo día. Así, al tener a la vista las actuaciones de dicho juicio de amparo, las cuales, en atención a su calidad de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que el quejoso señaló también como acto reclamado el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil quince, emitido en su contra en la causa penal 132/2014, del índice del extinto Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Juana Mireya Gazga Parral. Asimismo, que en acuerdo de veintiséis de octubre siguiente se le previnó para que dentro del término de cinco días siguientes al en que le surtiera efectos la notificación de dicho proveído, bajo protesta de decir verdad indicara la fecha en que le fue notificado el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil quince, emitido en la causa penal 132/2014, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se tendría por no presentada la demanda, proveído que le fue notificado el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Consecuentemente, en acuerdo de veintiuno de noviembre del mismo año, ante el incumplimiento del quejoso de desahogar la prevención que se le realizó en acuerdo de veintiséis de octubre anterior, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y en diverso auto de uno de diciembre del año pasado causó estado dicho proveído, por lo que se ordenó el archivo del expediente referido. Lo anterior constituye un hecho notorio y adquiere valor probatorio pleno, al tratarse de un juicio de amparo que se tramita ante este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del citado Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.14 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006082, de rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." La anterior situación implica el consentimiento tácito del acto de autoridad que el quejoso reclama en esta instancia constitucional, debido a que existe prueba de que lo conocía, al menos, desde el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por ser la fecha en que promovió la diversa demanda de amparo 954/2017, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; por consiguiente, debe concluirse que el plazo para la interposición del juicio de amparo a fin de combatir tal actuación, considerando el conocimiento pleno que para efectos de esta sentencia se desprende -ya que no obra constancia de cuándo se le notificó dicha determinación en la causa penal de origen-, empezó el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, feneciendo el veintiuno de noviembre del mismo año, tomando en consideración que fueron inhábiles los días veintiocho y veintinueve de octubre, al igual que uno, dos, tres, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre, mientras que la presente demanda se presentó el uno de diciembre del año pasado como se indicó en el resultando primero. En tales condiciones, queda de manifiesto que el presente juicio de amparo es extemporáneo, debido a que el quejoso no promovió la demanda de amparo dentro del plazo de quince días con que contaba para tal efecto. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Con lo expuesto, no se vulnera lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la garantía de audiencia y el pleno respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se traducen en la defensa adecuada de los derechos fundamentales a favor de todo gobernado para acudir ante los tribunales a plantear una pretensión o a defenderse de ella. Sin embargo, al estimarse el juicio constitucional un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generarse una saturación en los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia, que conlleve violación a los derechos humanos establecidos en el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del arábigo 61, en relación con lo dispuesto en el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio en relación con el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil quince dictado en la causa penal 132/2014 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en sustitución del extinto Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo número 1055/2017, promovido por Eduardo Gallardo Carmona, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    CITATORIO.- SER NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADOODILON GAZGA ECHEVERRIA, LA SENTGENCIA AUTORIZADA EL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DICER... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1055/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Eduardo Gallardo Carmona, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "Consistente en el auto Constitucional de formal prisión de fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, dentro de la causa penal número 132/2014-II, en contra del suscrito (.)." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo Por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada bajo el número 1055/2017, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito así como al representante social del Fuero Común adscrito al juzgado de origen, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia el auto de formal prisión dictado el dieciocho de febrero de dos mil quince, en la causa penal 132/2014, que se le instruye por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Juana Mireya Gazga Parral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció al rendir informe con justificación (folio 39) en sustitución del extinto Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, manifestación expresa que basta para tener la conducta que se le atribuye por plenamente evidenciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal 132/2014 que al efecto adjuntó (tomo I de prueba), a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia, según dispone el numeral 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el suscrito advierte oficiosamente que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la legislación en cita, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama. En efecto, los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." De la interpretación gramatical de los preceptos legales invocados se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente, cuando la demanda de amparo no se promueva dentro del término de quince días, es decir, cuando el quejoso consienta tácitamente el acto reclamado, entendiéndose por tal, aquél contra el que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o 2) El quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3) El quejoso se haya ostentado sabedor del referido acto, salvo que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Debe puntualizarse que, por seguridad jurídica, los supuestos mencionados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Empero, es menester tomar en cuenta la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, ya que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente tendrán que ser idóneos para cada caso determinado. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Por tanto, cada caso es distinto en cuanto a la idoneidad para el cual fue legislado y a la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues aunque las tres distinciones confluyen por cuanto a que el solicitante se haga sabedor del acto reclamado, ello puede suceder a través de tres vías diferentes, a saber: 1) La notificación, que consiste en una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, de conformidad con los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que, siendo partes en tales procedimientos, pueden ser notificadas; en este caso, el cómputo comienza a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. 2) El conocimiento del acto reclamado, que se refiere cuando la parte quejosa lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con la que se debió dar noticia oficial de su contenido. 3) Y la confesión, la cual acontece cuando el propio quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; bastando que así lo exponga en su demanda de amparo para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. En el caso, el quejoso reclama el auto de formal prisión dictado el dieciocho de febrero de dos mil quince, en la causa penal 132/2014, que se le instruye por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Juana Mireya Gazga Parral. Entonces, de conformidad con la naturaleza del acto reclamado, el plazo para promover el juicio de amparo es el genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, pues no se actualiza alguno de los casos de excepción que señala el citado precepto. En efecto, en el caso no se trata de un amparo contra una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición; tampoco se impugna la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión; mucho menos se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y tampoco se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ahora bien, el quejoso en su escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad refirió que no le fue notificado el auto de formal prisión que combate, empero tuvo conocimiento del mismo el trece de octubre del año pasado cuando su defensor particular lo visitó en el lugar en el que se encuentra recluido y le llevo un resumen del estado que guardaba el proceso penal que se le instruye ante el juez responsable. No obstante, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo número 954/2017, promovido por el propio quejoso Eduardo Gallardo Carmona, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado por razón de turno ese mismo día. Así, al tener a la vista las actuaciones de dicho juicio de amparo, las cuales, en atención a su calidad de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que el quejoso señaló también como acto reclamado el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil quince, emitido en su contra en la causa penal 132/2014, del índice del extinto Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Juana Mireya Gazga Parral. Asimismo, que en acuerdo de veintiséis de octubre siguiente se le previnó para que dentro del término de cinco días siguientes al en que le surtiera efectos la notificación de dicho proveído, bajo protesta de decir verdad indicara la fecha en que le fue notificado el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil quince, emitido en la causa penal 132/2014, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se tendría por no presentada la demanda, proveído que le fue notificado el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Consecuentemente, en acuerdo de veintiuno de noviembre del mismo año, ante el incumplimiento del quejoso de desahogar la prevención que se le realizó en acuerdo de veintiséis de octubre anterior, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y en diverso auto de uno de diciembre del año pasado causó estado dicho proveído, por lo que se ordenó el archivo del expediente referido. Lo anterior constituye un hecho notorio y adquiere valor probatorio pleno, al tratarse de un juicio de amparo que se tramita ante este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del citado Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.14 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006082, de rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." La anterior situación implica el consentimiento tácito del acto de autoridad que el quejoso reclama en esta instancia constitucional, debido a que existe prueba de que lo conocía, al menos, desde el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por ser la fecha en que promovió la diversa demanda de amparo 954/2017, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; por consiguiente, debe concluirse que el plazo para la interposición del juicio de amparo a fin de combatir tal actuación, considerando el conocimiento pleno que para efectos de esta sentencia se desprende -ya que no obra constancia de cuándo se le notificó dicha determinación en la causa penal de origen-, empezó el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, feneciendo el veintiuno de noviembre del mismo año, tomando en consideración que fueron inhábiles los días veintiocho y veintinueve de octubre, al igual que uno, dos, tres, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre, mientras que la presente demanda se presentó el uno de diciembre del año pasado como se indicó en el resultando primero. En tales condiciones, queda de manifiesto que el presente juicio de amparo es extemporáneo, debido a que el quejoso no promovió la demanda de amparo dentro del plazo de quince días con que contaba para tal efecto. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Con lo expuesto, no se vulnera lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la garantía de audiencia y el pleno respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se traducen en la defensa adecuada de los derechos fundamentales a favor de todo gobernado para acudir ante los tribunales a plantear una pretensión o a defenderse de ella. Sin embargo, al estimarse el juicio constitucional un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generarse una saturación en los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia, que conlleve violación a los derechos humanos establecidos en el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del arábigo 61, en relación con lo dispuesto en el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio en relación con el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil quince dictado en la causa penal 132/2014 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en sustitución del extinto Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo número 1055/2017, promovido por Eduardo Gallardo Carmona, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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