Eduardo Francisco Soto García

Expediente 1169/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1169/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Francisco Soto García

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de trece de diciembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVW, QUE DICE: "Acapulco, Guerrero, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual, en relación con la prevención formulada en el acuerdo anterior, manifiesta que: "En el caso concreto de mi violación, es aquella en la que, al presentarme en la Unidad Administrativa correspondiente en la Ciudad de Acapulco, Gurrero, fue quien, derivado de varias visitas para poder dejar el escrito para la conversión del pago de Pensión de Unidades de Medida y Actualización a Salarios Mínimos, por lo que, al dejar dicho documento, me ha sido negado la respuesta por parte de la Unidad Administrativa del IMSS, con sede en Acapulco, Guerrero. Todo lo anterior, violenta a lo dispuesto del ejercicio de mi derecho laboral, materia de la Litis, por la cual, ninguna autoridad del mencionado Instituto, ha formulado una respuesta, ni en sentido positivo, ni en sentido negativo, esto último, como a mi parecer y entender, lo tomo como una negativa "Ficta", por parte de la Autoridad ejecutora, por lo que, al existir un ordenamiento como lo es la Jurisprudencia número 2020651, es menester de la Autoridad correspondiente acatar dichas disposiciones jurisprudenciales, por lo que, al no tener una respuesta como determina el artículo octavo de la Constitución Federal, se entenderá entonces, una violación flagrante a mis Derechos Humanos". Al confrontar lo trascrito con el contenido del escrito inicial de demanda, se advierte que el peticionario de amparo: 1. Señala que la falta de respuesta a su escrito mediante el cual solicitó la conversión de Unidades de Medida y Actualización a salarios mínimos, respecto del monto de la pensión que recibe, lo que señala constituye de acuerdo con el artículo 8º Constitucional, una violación a sus derechos humanos. 2. Acude a esta instancia a solicitar la protección constitucional a efecto de que se le restituya el derecho que tiene como pensionado a recibir el pago de la pensión en salarios mínimos, lo cual afirma debe ser de manera retroactiva al uno de enero del año en curso y así se le considere en lo sucesivo; ello, al actualizarse una negativa ficta relacionada con la falta de respuesta a lo peticionado. Ahora, atento a su pretensión en esta instancia, cabe puntualizar lo siguiente: a. En relación con la negativa ficta. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén, tanto federal como local, esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa, por escrito, una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. b. Respecto al derecho de petición. El ejercicio consagrado en el artículo 8º Constitucional, es realizado por el particular (por escrito, de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de su entrega); en la que hay una correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta (en breve término, de forma congruente con la petición) y la autoridad debe notificarla en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido. Como se advierte, se trata de cuestiones totalmente diversas; negativa ficta tiene su origen en el silencio de la autoridad administrativa, lo cual implica, que sin que haya una determinación expresa, lo peticionado sea resuelto en sentido negativo a los intereses del particular, mismo que constituye un acto administrativo de autoridad, sujeto a impugnación en la jurisdicción ordinaria a efecto de verificar su legalidad. Mientras que el derecho de petición, se trata de una prerrogativa que, como se adelantó, no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso (se trata de un hacer), sin embargo, cuando a autoridad ante la cual se formuló sea omisa en emitir su respuesta, de ninguna manera conlleva a determinar que en automático lo solicitado será resuelto en determinado sentido. Bajo ese contexto, no obstante que inicialmente se le haya formulado una prevención en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo, dado que de esa regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración mediante la cual se cumplió la primera prevención, como en el caso ocurre. Con fundamento en la fracción IV, tanto del arábigo citado como del diverso 108, de la ley en cita, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo originalmente otorgado, de manera concreta precise: I. Si el acto reclamado lo constituye el pronunciamiento en sentido negativo derivado del silencio de la autoridad administrativa a acordar de manera favorable lo planteado, en el presente asunto, respecto a la conversión de pago de la pensión que percibe, de Unidades de Medida y Actualización a Salarios Mínimos; o bien, II. La falta de respuesta de la autoridad administrativa a la petición que por escrito elevó, derivado del ejercicio consagrado en el artículo 8º Constitucional, "derecho de petición". Hecho lo cual, cumpla con el punto 3 de la prevención formulada en auto de tres de diciembre del año en curso. En la inteligencia de que el escrito de desahogo deberá ser realizado por quien promueve la demanda, al ser la titular de la acción, con base en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 5 fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, una vez que fenezca el plazo otorgado en acuerdo de tres de diciembre del año en curso o dé cumplimiento a la prevención formulada en sus términos, provéase sobre el particular. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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