Eduardo Galicia Hortelano
Expediente 535/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Galicia Hortelano
- Eduardo Galicia Hortelano y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de junio de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Galicia Hortelano y J. Lucas Vargas García, por su propio derecho, contra actos de "Banco Azteca" y/o "Elektra del Milenio" Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple y Despacho Jurídico R.D.F. Conciliaciones y Embargos; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 535/2015-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción II, del artículo 5°, de la legislación en comento, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "(.)" "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "(.)" De la interpretación de tales numerales se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provengan de autoridades que puedan considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado: ". La Anticonstitucional forma de cobro Extrajudicial y con lujo de Embargo y Amenazas y con palabras altisonantes." Asimismo, en el capítulo atinente a autoridad responsable indicó: "BANCO AZTECA Y/O ELEKTRA DEL MILENIO S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CON BASE CELAYA, GUANAJUATO. DESPACHO JURÍDICO R.D.F. CONCILIACIONES Y EMBARGOS, ZONA CENTRO DE CELAYA, GTO." Es decir, el amparo se promueve contra actos de particulares, bajo la consideración de que éstos realizaron actos equivalentes a los de autoridad, y que estiman violatorio de su garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional. Al respecto, se estima que resulta inexacta la apreciación de la parte quejosa, por las siguientes razones: Tradicionalmente, para identificar los actos de autoridad, se ha considerado que deben presentar las siguientes notas distintivas: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución, ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De lo anterior se desprende, que el acto de autoridad reclamado debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En ese sentido, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra o subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. A fin de establecer si los actos reclamados tiene la naturaleza de "acto de autoridad", se debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, por lo que debe considerarse la posibilidad legal de exigirse su cumplimiento directamente mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades que dispongan de ella, pues de lo contrario, de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquél, porque lo que el particular impugna no es propiamente un "acto de autoridad". En relación con lo anterior, es conveniente precisar que según la doctrina, existen tres clases de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos: a) De coordinación: Se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Son aquellas que se entablan entre particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. b) De supraordenación: Las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) De supra a subordinación: Las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, conforme a la Ley de Amparo en vigor, en algunos casos excepcionales, la instancia constitucional es procedente contra actos de particulares, de conformidad con los artículos 1º, último párrafo y 5, fracción II, último párrafo, de la ley de la materia; por lo que no es exigible siempre la intervención de algún órgano perteneciente al Estado como autoridad responsable. En efecto, los dispositivos de mérito establecen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." (Subrayado añadido). Según se advierte, así como es factible promover el juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados; la ley de la materia actualmente en vigor posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Por tanto, no basta que en la demanda de amparo se designe como "autoridad" responsable a un particular, para que por ese motivo se estime improcedente la acción constitucional. Sin embargo, debe establecerse con toda claridad que la procedencia del amparo contra particulares está condicionada a que éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Además, conforme a la legislación de referencia, sus funciones deberán estar determinadas en una norma general. Precisado lo anterior, es claro que en el presente asunto el acto reclamado a los particulares señalados como autoridades responsables no pueden considerarse equivalentes a los de autoridad, básicamente porque no derivan de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación entre gobernados. En efecto, conforme a lo narrado por los propios quejosos, la relación jurídica existente entre éstos y "Banco Azteca" y/o "Elektra del Milenio" Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple de esta ciudad, tiene su origen en un crédito que le fue otorgado, y respecto del cual actualmente se realizan labores de cobranza extrajudicial, realizadas por el Despacho Jurídico R.D.F. Conciliaciones y Embargos de esta ciudad. Es decir, que su relación tiene origen en un contrato, en el que tanto la parte quejosa como la institución bancaria y el despacho jurídico se encuentran en una situación de igualdad, y cuya regulación se encuentra en el ámbito del derecho privado; razones suficientes para considerar que estamos en presencia de una relación de coordinación. En este contexto, es evidente que la institución de bancaria así como el despacho jurídico que la parte quejosa señala como autoridades responsables no les reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo. Por otra parte, de las disposiciones de la Ley de Amparo se advierte también un aspecto fundamental que es necesario satisfacer para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, consistente en que las funciones de esos particulares estén determinadas por una norma general. De tal suerte, aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Lo anterior, es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la constitución, a la que las autoridades deben sujetar su actuación, porque como se aprecia, si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación. De ahí que, en el caso, se considere que los particulares que la quejosa señala como responsables, no realizaron actos equivalentes a los de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general. Desde luego, el vínculo entre las parte se rige, en principio, por el contrato que celebraron, y no existe una norma general que regule en concreto la actuación o las funciones que a "Banco Azteca" y/o "Elektra del Milenio" Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple y al Despacho Jurídico R.D.F. Conciliaciones y Embargos de esta ciudad, les corresponda observar en su relación con los quejosos. No pasa inadvertido para este juzgador que del análisis de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que establece la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar análisis exhaustivos, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional. Sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia. De lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, consecuentemente, no es susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional. Por ello, puede establecerse que "Banco Azteca" y/o "Elektra del Milenio" Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple y el Despacho Jurídico R.D.F. Conciliaciones y Embargos de esta ciudad, a quienes señala como autoridades responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que se cristaliza la causa de improcedencia invocada, pues para corroborarlo basta con las manifestaciones de la quejosa contenidas en su demanda. De tal suerte, se estima que el sentido de la presente decisión no podría cambiar, aunque la parte quejosa gozara de toda la secuela procesal para aportar pruebas y alegatos de su intención. De ahí que, en el presente asunto se está en presencia de un caso de excepción, en el que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo constituye la actuación procesal oportuna para determinar que el acto reclamado no proviene de una autoridad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con apoyo en lo dispuesto en el arábigo 13 de la ley de la materia se designa como representante común a Eduardo Galicia Hortelano. Téngasele al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. En lo que atañe a la petición de que se le tenga como autorizado al defensor público adscrito a este juzgado, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que la garantía de defensa que prevé el artículo 20 constitucional se refiere a la obligación que tiene el juez que conozca del proceso penal que se le instruya de nombrarle un defensor de oficio, quien tendrá la obligación de realizar todos los actos necesarios con el fin de demostrar su inocencia; de ahí que en el juicio de amparo no sea aplicable dicha prerrogativa, además de que el artículo 12 de la ley de la materia únicamente establece que el quejoso y el tercero interesado tienen la facultad de autorizar personas para oír notificaciones en su nombre, más no refiere que necesariamente que deben ser representados, salvo que se trate de menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, según lo dispuesto en el numeral 8 del ordenamiento legal en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Eduardo Díaz Hernández237/2019
- Eduardo Díaz Hernández498/2014
- Eduardo Domínguez Pérez248/2016
- Eduardo Durán Elizarraga565/2017
- Eduardo Édgar Ángeles González300/2023
- Eduardo Elizondo Hernández641/2021
- Eduardo García García787/2019
- Eduardo García Valseca Isaac759/2016
- Eduardo González Robles960/2015
- Eduardo Gutiérrez Gaytán1027/2017
- Eduardo Israel Guzmán Zúñiga1135/2019
- Eduardo Lazaro Alberto Rincón Gallado Puron109/2021