Eduardo Domínguez Pérez

Expediente 248/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
248/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
13/05/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Domínguez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de veinte de abril de dos mil dieciséis, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que QUEDA FIRME el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En otro orden, como resulta innecesario que en este Juzgado obren las copias certificadas del expediente número 2446/15-10-01-4-OT, constantes en dos tomos, que adjuntó la responsable a su informe justificado, devuélvanse los mismos, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe adjuntó el Presidente de la Sala Regional del Centro III, de esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de las cuales se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del País ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo éstos los siguientes: 1.- Con fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, el Administrador Local de Servicios al Contribuyente de esta ciudad, emitió el oficio 700-41-00-00-00-015-0711, en respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el veintitrés de enero del mismo año, en el que le negó actualizar sus obligaciones fiscales conforme al Régimen de Incorporación Fiscal a partir del uno de enero de dos mil quince. 2.- Inconforme con lo anterior, el doce de agosto de dos mil quince, presentó demanda de nulidad ante la Sala Regional del Centro III de esta ciudad, solicitando a su vez una medida cautelar positiva para el efecto de que se le permitiera tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal y cumplir con sus obligaciones fiscales afectas al mismo. 3.- El trece de agosto de dos mil quince, la responsable admitió a trámite la demanda en cita, quedando registrada bajo el número de expediente 2446/15-10-01-4-OT; de igual forma se formó por separado un cuadernillo relativo a la medida cautelar solicitada, misma que se consideró negar, toda vez que de concederse se estaría resolviendo el fondo del asunto y quedaría sin materia el juicio. 4.- En contra del auto relatado en el punto anterior, el impetrante promovió recurso de reclamación, resolviéndose mediante interlocutoria de veintidós de enero de dos mil dieciséis, en el que determinó confirmar el auto que negó la medida cautelar solicitada, argumentando que de concederle la medida cautelar solicitada, se estaría resolviendo el fondo del asunto, lo que es propio de la sentencia definitiva, lo que traería como consecuencia que el juicio quedara sin materia. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. 5.- Posteriormente, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, la Sala Regional del Centro III, dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad de origen. 6.- Finalmente, mediante escrito presentado el dieciséis de marzo del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, el quejoso Eduardo Domínguez Pérez, presentó demanda de amparo, la que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado. En ese sentido, es de advertirse que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en que se promueve, esto es, con fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva en el juicio contencioso de origen. De ahí que, si la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la resolución interlocutoria que confirmó la negativa de la medida cautelar solicitada dentro del juicio de nulidad de origen, y dado que la responsable dictó sentencia definitiva el catorce de marzo del año en curso, se considera que aún y cuando la resolución reclamada sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia en comento. Lo anterior es así, habida cuenta que, aun y cuando la resolución reclamada subsiste, dado que no ha sido invalidada expresamente por la autoridad responsable, la misma no puede surtir efecto legal y material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma (que se le permitiera tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal), pues como ya se explicó mediante sentencia definitiva de catorce de marzo del año en curso, se resolvió en definitiva la solicitud que hizo ante la autoridad fiscal. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, dado que, se insiste, se resolvió en definitiva el juicio de origen. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio que suscribe el Presidente de la Sala Regional del Centro III, de esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofreciendo como pruebas de su intención las copias certificadas del expediente número 2446/15-10-01-4-OT, constantes en dos tomos, mismas que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional; con las constancias de referencia, se ordena formar dos tomos de pruebas por separado.

  4. Principal

    Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que **********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en proveído de seis de los actuales, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el cinco del mismo mes y año; por tanto, se provee lo siguiente: Agréguese en autos el escrito de cuenta que suscribe el quejoso **********, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, lo que hace manifestando que la responsable le notificó el acto que tilda como inconstitucional el veintitrés de febrero del año en curso. En virtud de lo anterior, se admite la demanda de amparo que presenta **********, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de esta ciudad. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, al que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil días de salario vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa incumplió con lo previsto en el numeral 110 de la ley de la materia, toda vez que únicamente anexó cinco copias de su demanda, de las cuales dos son para emplazar a los terceros interesados, una para la autoridad responsable y una para darle intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por lo que para la apertura de los cuadernos incidentales se requiere un tanto más, habida cuenta que de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, éste debe abrirse por duplicado; por tanto, se posterga la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto exhiba la copia faltante, siempre y cuando no exista sentencia ejecutoriada en el presente expediente. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Se reserva proveer lo conducente respecto al emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Téngasele ofreciendo como pruebas las documentales que anexa, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo.

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