Eduardo Figueroa López
Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eduardo Figueroa López
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense sin mayor proveído los informes justificado y de la suspensión de plano de la Directora y Presidenta del Consejo Interno Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México; lo anterior, virtud a que la información que contienen ya obra en autos (foja 26) y se acordó lo conducente mediante proveído de veinte de los actuales (foja 28).
- Principal
Agréguense los informes justificados y de la suspensión de plano rendidos por la autoridad Directora y Presidenta del Consejo Interno Interdisciplinario del Centro Penitenciario y de Readaptación Social Ecatepec, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar. A lo anterior, sirve de apoyo la Tesis II.2o.P.25 K (10a.), de la Décima Época, publicada en la página 1933 del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO."
- Principal
Vista la demanda promovida por ... con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 588/2019-IVB. ACTO RECLAMADO Se advierte que la parte quejosa señala como uno de los actos reclamados: 1.- El cambio de celda y/o dormitorio, así como su ejecución. DESECHAMIENTO En principio es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable, por el criterio que informa, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 80, agosto de 1994, página 64, con registro 210751, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En ese sentido, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El dispositivo citado establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia requiere: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Asimismo, ha sostenido como excepciones al principio de definitividad, cuando se reclaman: a) Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. b) Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. c) Actos que importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo. a) Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. b) Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. c) Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. d) Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. a) Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia. b) Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. En este sentido, este órgano jurisdiccional advierte que debe desecharse la demanda de amparo respecto del acto reclamado en esta instancia constitucional, porque se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que los promoventes de amparo no acataron el principio de definitividad, pues el acto es susceptible de revocarse ante el Juez de Ejecución Penal, según se explicará a continuación. Como se aprecia de la demanda de amparo, los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México; por tanto, en primer término, deben elevar su petición -sin formalidad- ante el Director de ese Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que el interno pueda ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver lo planteado. La Ley Nacional de Ejecución Penal no sólo es aplicable a quienes compurguen una pena privativa de libertad (sentenciados), sino también rige a los que se hallen sujetos a la prisión preventiva (procesados o imputados), al margen de que tales medidas restrictivas de libertad sean originadas por el sistema tradicional o mixto, o bien, por el diverso penal acusatorio. El artículo tercero transitorio de la legislación en comento dispone que deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio "pro persona" previsto en el artículo 1 constitucional y en términos de la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XIII, octubre de 2012, página 18, con registro 2001988, de rubro siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011". Los artículos 5 y 18 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. De ahí que corresponda al Comité Técnico, presidido por el Titular del Centro, con los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria, (lugar en que se encuentra recluido el quejoso), determinar la ubicación que le corresponde a cada persona privada de la libertad al ingresar al centro, para los efectos del artículo 5 del citado ordenamiento. Aunado a lo anterior, cabe precisar que los artículos 107 al 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece el procedimiento administrativo mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden, sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fuere resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los internos pueden formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la ley indicada, los sujetos legitimados para plantear peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. De igual manera, se destaca que de conformidad con el artículo 2, la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales federales y locales. Con base en lo expuesto, si los quejosos están internos en un centro penitenciario, deben formular su petición al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y de resultar denegada su petición tiene legitimación para formular controversia ante el Juez de Ejecución; en la inteligencia que si los demandantes del amparo consideran que su petición debe ser atendida de inmediato, están en libertad de acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente. Además, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Por tanto, se concluye que este juicio es improcedente en virtud que antes de promover la vía constitucional, la parte quejosa debe elevar su petición al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción de referencia, y de resultar negada su solicitud, deben formular controversia ante el juez de ejecución; sin perjuicio de que acuda; directamente ante éste en caso de que lo estimen oportuno. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 61, diciembre de 2018, página 230, con registro 2018548, de rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo. ADMISIÓN Ahora bien, vista la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase únicamente por lo que respecta a la orden de traslado a diverso centro penitenciario SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado: 1.- La orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. Ahora bien, dado que para ejecutarlo, podría existir una privación a la libertad fuera de procedimiento, incluso una incomunicación en su contra; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto que, si no se ha ejecutado, los quejosos no sean trasladados a diverso centro penitenciario. En el entendido que dicha suspensión no surtirá efectos en los supuestos siguientes: 1.- Si se trata de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables; 2.- Si el traslado obedece al desahogo de alguna prueba admitida en algún procedimiento judicial, o bien si se trata de la integración de una averiguación previa, así como traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial; 3.- Si el traslado obedece a un mandato judicial, o que se trate de la consignación de una averiguación previa; 4.- Si el traslado obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoriada o a una cuestión de competencia definida; 5.- Tratándose de delincuencia organizada o si se requieren medidas especiales de seguridad; y 6.- Si el traslado está sustentado por razones notorias y actuales de seguridad en las prisiones, supuesto en el que la autoridad administrativa deberá informar inmediatamente y por escrito al juez respectivo, debiendo acreditar el seguimiento y convalidación por parte del órgano jurisdiccional correspondiente, además de los supuestos de notoria urgencia, como en los casos en que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos (incluida la parte quejosa) y la seguridad y el orden del centro. Debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibidas de que si al rendir sus informes correspondientes afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, será sancionada en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia. Por tanto, al efecto, remítansele copia de la demanda de amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece el Código Penal aplicable en materia federal. En el entendido que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades penitenciarias la integridad y seguridad física de los impetrantes de garantías. Sin que haya lugar a ordenar tramitar incidente de suspensión por cuerda separada, en virtud de la medida cautelar decretada en párrafos que anteceden. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público de la Federación, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Asimismo, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Para tal efecto, se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 251 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización respectivamente. La información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232); o al correo (segunda.seccion.tramite @correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1242. Por otro lado, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentran recluidos. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita a las quejosas, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sean notificados del presente acuerdo, manifiesten en ese acto, si es su deseo señalar autorizados y domicilio, para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Eduardo Figueroa López, sin perjuicio que designen uno diverso de entre los demás. Quien por su calidad de representante común estará obligado a informa las subsecuentes notificaciones a los diversos quejosos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
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