Eduardo Efraín Butrón Zamora

Expediente 1050/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1050/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Efraín Butrón Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese la promoción de la parte quejosa, por medio de la cual solicita la devolución de todos y cada uno de los documentos que se exhibieron con la demanda de amparo; en atención a su solicitud, dígase que se esté a lo acordado en auto de doce de julio de dos mil dieciocho (foja 56); asimismo, deberá estar a lo asentado en su comparecencia en el local de este Órgano de Control Constitucional, donde recibió diversos de los documentos que anexo a su demanda, de fecha veintiséis de febrero del año en curso. Asimismo, se tiene por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el último párrafo del punto decimoprimero del citado acuerdo general; requiérasele para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles. Apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de julio de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Eduardo Efraín Butrón Zamora, regístrese bajo el número de juicio de amparo 1050/2018-VI-B. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama: a) El auto de exequendo que ordena el emplazamiento del aquí quejoso Eduardo Efraín Butrón Zamora, al juicio ejecutivo mercantil 632/2017, así como el requerimiento de pago o, en su caso, embargo de bienes para hacer pago de lo reclamado. b) La diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago o, en su caso, embargo ordenada en el auto señalado en el inciso que antecede. DESECHAMIENTO La demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente ya que, este juzgado advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El precitado numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, los actos reclamados son susceptibles de impugnarse a través del recurso de revocación y el incidente de nulidad que prevé el Código de Comercio; medios de defensa que la propia ley aplicable al procedimiento natural establece, por lo que al no haberlos agotado previamente a la interposición del amparo, no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En el entendido que el auto que admite la demanda y ordena el mandamiento de exequendo no es apelable en atención a lo dispuesto por el artículo 1339 del Código de Comercio, que dispone que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento cuyo monto sea menor a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Sustenta lo anterior la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Mayo de 1992, visible a página 459, del rubro y texto siguientes: "JUICIOS MERCANTILES. SI EL AUTO RECLAMADO NO ADMITE APELACION DEBE IMPUGNARSE A TRAVES DEL RECURSO DE REVOCACION. Tratándose de juicios mercantiles, si el auto reclamado no admite apelación, debe combatirse a través del recurso de revocación establecido en el artículo 1334 del Código de Comercio, supuesto que si no se agota esa vía ordinaria de defensa, es claro que no se cumple con el principio de definitividad y, por tanto, se actualiza el motivo de improcedencia a que se refiere la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y el sobreseimiento respectivo del juicio con base en lo que establece la fracción III del artículo 74 de la ley de la materia." Así como la jurisprudencia de la Novena Época del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XVI, noviembre de 2002, con el número III.1o.C. J/34 en la página 1041, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Es necesario establecer en primer término, que respecto al recurso de revocación, el artículo 1334 del Código de Comercio establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. Así, el auto de exequendo que ordena el emplazamiento del aquí quejoso Eduardo Efraín Butrón Zamora, al juicio ejecutivo mercantil 632/2017, así como el requerimiento de pago o, en su caso, embargo de bienes para hacer pago de lo reclamado, no es una determinación en contra de la cual proceda el recurso de apelación, tomando en consideración que la suerte principal de lo reclamado no excede de $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional); por lo cual, procede el recurso de revocación. Asimismo, en los juicios mercantiles la nulidad de actuaciones se rige conforme al Código de Comercio, el cual establece las diversas causas por las cuales pueden declararse nulas las actuaciones judiciales, conforme a sus artículos 1055, fracción IV, 1064 y 1080, fracción VI. Además, de la interpretación armónica de los preceptos antes indicados y los diversos 1345, fracción V y 1390 Bis 6, última parte, se advierte que el Código de Comercio prevé la nulidad de las actuaciones cuando se estima que una notificación (inclusive el emplazamiento), carece de las formalidades o requisitos que prevé la ley. Como ya se mencionó, en lo tocante a la diligencia reclamada debió ser combatida mediante el medio ordinario de defensa que prevé el Código de Comercio, antes de acudir a la instancia constitucional, es decir, el incidente de nulidad de actuaciones, pues éste es un medio que puede nulificar esa actuación judicial, por no haberse dictado sentencia aún, es decir, al no existir cosa juzgada que afectar. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/291, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a foja 65, núm. 80, Agosto de 1994, la cual indica: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AMPARO IMPROCEDENTE. (SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Si el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil y la peticionaria de garantías aduce que tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural antes de que se dictara sentencia definitiva en el mismo, teniendo el carácter de parte en éste, es inconcuso que se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el artículo 61, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos del diverso 1051, pues el juicio de garantías como medio extraordinario de defensa, sólo es procedente en contra de actos definitivos, debiendo entenderse por tales, aquéllos respecto de los que no existe ningún medio ordinario de defensa o recurso que hecho valer pudiera producir la modificación, revocación o anulación del acto." Lo anterior es así, tomando en consideración que de los antecedentes del acto reclamado que vierte la parte quejosa en su demanda, señala que en el juicio de origen aún no se dicta sentencia definitiva, lo que obliga al quejoso a agotar el principio de definitividad que debe imperar en el juicio de amparo, pues como ya se señaló, los actos tildados de inconstitucionales pueden ser modificados o nulificados por los medios de defensa correspondientes. Sin que sea obstáculo a lo anterior que en su demanda, la parte quejosa haya señalado que la diligencia le causa perjuicio virtud a que se le pretende desposeer del inmueble que en esta vía defiende, pues el requerimiento de pago y embargo efectuado por la Ejecutora responsable a la empresa aquí quejosa, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, la cual para ese momento procesal es el emplazamiento, que pese a ser acto jurídico distinto, se encuentra estrechamente vinculado con el requerimiento de pago y embargo, por lo que la nulidad del emplazamiento, lógicamente trasciende a los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/96, por contradicción de tesis 16/96, sustentada por la Primera Sala de Nuestro Tribunal Supremo, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página 207, tomo IV, Octubre de 1996, que establece: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento." No se soslaya que la diligencia de embargo sea un acto de ejecución irreparable, en contra del cual procede el juicio de amparo; sin embargo, cuando una persona es parte dentro del procedimiento de origen y en éste no se ha dictado sentencia definitiva, es decir, no existe cosa juzgada, la irreparabilidad del acto reclamado no constituye una excepción al principio de definitividad, ya que para que opere ésta, se requiere, entre otros supuestos enunciados en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que el impetrante del amparo sea una persona extraña al procedimiento de origen, sin que la empresa quejosa se encuentre en ese supuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 350, libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, la cual indica en su rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo en estudio por notoriamente improcedente. Por otro lado, no pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa haya referido en su libelo inicial de demanda que en la demanda que dio origen al juicio natural, la parte actora (aquí señalada como tercero interesado) no tiene la legitimación correspondiente para instar judicialmente lo que se le demanda; sin embargo, del escrito inicial de demanda no se advierte que lo hubiere hecho del conocimiento del juez natural y que no le haya sido atendido por éste. Aunado a que en contra de ese tipo de actos tildados de inconstitucional, el juicio de amparo es improcedente, virtud a que no se trata de un acto de imposible reparación que vulnere derechos sustantivos como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, sino uno que transgrede, en su caso, derechos adjetivos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones los estrados de este recinto judicial. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese por lista a la parte quejosa.Así lo proveyó Francisco Javier Munguía Padilla, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, asistido del Secretario René Elguera Rosas, que da fe.

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